Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 131712
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la sentencia de fecha 29 de agosto de 2022 -primer párrafo- en cuanto declara inoficiosa la actividad profesional del Dr. Calleja y lo priva de su derecho a percibir honorarios, sin costas.
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 133054; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 5 - LA PLATA
LOPEZ LEONARDO JORGE Y OTRO/A C/ MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
La Plata, 18 de octubre de 2022.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a efecto de tratar el recurso de apelación interpuesto, en forma subsidiaria del de revocatoria, el 2 de septiembre de 2022, por el mediador Dr. José María Calleja, contra la providencia del 29 de agosto de 2022. Rechazada la reposición, el remedio fue concedido en fecha 9 de septiembre de 2022, no obrando réplica de sus fundamentos.
2. La decisión apelada resolvió -de oficio en el párrafo primero- declarar inoficiosa la actividad profesional realizada por el mediador en la etapa prejudicial y dio por perdido su derecho a percibir honorarios, tuvo en consideración para ello que el artículo 4 inciso 10 de la ley 13.951 exceptúa de la mediación a las acciones, como la presente, promovidas por menores de edad, las que requieren de la intervención obligatoria del Ministerio Público Fiscal.
3. Se agravia el recurrente quien advierte una drástica decisión de la juzgadora sin siquiera haberle dado el derecho a ser oído.
Explica los motivos por los cuales a los mediadores -en general- y a él -en particular- les resulta inaccesible, en el momento oportuno, cierta información relevante a los fines de discernir y determinar si la disputa en la que se les requiere su actuación se encuentra o no exceptuada por ley de la mediación prejudicial: sosteniendo que este ha sido el supuesto del caso.
Así, relata que el primer contacto que tomó con este conflicto fue el 1ro de marzo de 2021 a través de un email que lo ponía en conocimiento del sorteo del juzgado pertinente y del suyo como mediador, adjunto a ello una planilla y declaración jurada, ambas con precaria información del juicio, completada por la abogada de la parte requirente quien, solo detalló como parte actora a los Sres. López Leonardo Jorge - DNI 21786837- y López Patricio Manuel - DNI 24061214-, sin ninguna mención a que los mismos actuaban, también, en representación de un menor de edad; con lo cual, no le resultó posible en dicha oportunidad determinar que el caso se encontraba exceptuado conforme la letra del art. 4 de la ley 13.951.
Continúa diciendo que, es a partir de tal situación -y en épocas donde las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones prácticamente no diligenciaban piezas-, que realizó exitosamente las citaciones bajo la modalidad de notificador ad hoc (esto es, como notificador designado especialmente a dicho fin) a todos los requeridos y al tercero, fijando audiencia para el 18 de marzo de 2021, fecha en la que la misma fue celebrada con todos los requirentes y requeridos, quienes no llegaron a ningún acuerdo. Ese mismo día, cerrada la etapa, remitió el acta de cierre y la de la audiencia, conforme lo disponía en ese momento la Resolución N 788/21.
Sostiene que, del relato de lo actuado nada puede reprocharse a su actuación profesional y menos adjudicarle el desconocimiento del derecho, tal como se desprende de la decisión apelada en tanto encuentra fundamento en el artículo 8 del Código Civil y Comercial de la Nación -CCyC-, entre otros.
Cita jurisprudencia favorable a su pretensión y solicita se haga lugar al recurso disponiéndose la revocación de la providencia apelada.
4. Tratamiento del recurso.
4.1. Conforme lo establecido en el artículo 4 inciso 10 de la ley 13.951, quedan exceptuadas de la mediación previa obligatoria las acciones promovidas por menores de edad que requieran la intervención del Ministerio Público. Ahora bien, el recurrente ha acreditado mediante prueba documental (ver pdf adjunto al escrito del 2 de septiembre de 2022) que, al momento de tomar contacto con la información de la presente causa, a los fines de iniciar su actuación profesional, ningún dato aludía a la existencia de un menor de edad. Como puede observarse, solo fue consignado en la planilla correspondiente, la carátula del juicio, objeto, monto, datos de los requirentes (solo de los mayores de edad) y requeridos. Así tampoco, se hizo mención de ello en los emails intercambiados entre el mediador y la abogada de los requirentes, quedando evidenciada la imposibilidad del mediador de acceder a tal información fundamental, por lo menos hasta la celebración de la audiencia.
Por lo tanto, la actividad desplegada por aquél -hasta dicha oportunidad- con estricto apego al procedimiento impuesto en los artículos 6 a 18 de la ley, se encuentra probada con las cédulas de notificación, el acta de cierre y de la audiencia, la que ha sido cumplida en el desconocimiento de la excepción dispuesta legalmente y por un motivo que le resulta ajeno y no imputable, razón por la cual no puede ser privado de su correspondiente retribución (art. 384, 385 del C.P.C.C. y art. 31 Ley 13.951).
4.2. Por otra parte, atendiendo a la finalidad de la norma en cuestión -ley 13.951- (art. 1ro y 2do CCyC) y realizando una interpretación armónica de todo su articulado, se puede aseverar que lo que se intenta alcanzar a través de su aplicación es la autocomposición de los conflictos entre las partes como método alternativo de resolución (arts. 1 y 2 de la citada ley), ya sea acudiendo de modo obligatorio -en cuanto no se trate de casos exceptuados- o de modo voluntario siempre y cuando la materia no sea de orden público sino disponible para las partes (art. 36 de la ley). En este entendimiento, siendo que en el presente caso la parte actora -requirente- la conforma un litisconsorcio facultativo (art. 88 del C.P.C.C.) compuesto -además del menor de edad- por dos sujetos con plena capacidad de hecho y derecho, podría haberse arribado a un acuerdo parcial, solo respecto de estos últimos, sin embargo, incluso alcanzando sus efectos al niño, la actividad desplegada hubiese resultado igual beneficiosa ya que el acuerdo podría haber sido sometido, luego, a homologación judicial por la vía del art. 823 del C.P.C.C. y con la intervención del Ministerio Pupilar (100, 101 inciso b y 103 inciso a del CCyC). Es decir, la tramitación de la etapa mediatoria no ha sido inoficiosa, independientemente del resultado arrojado, pudo haber dado sus frutos.
4.3. En razón de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y revocar la providencia apelada en cuanto declara inoficiosa la tarea profesional del mediador -Dr. Calleja- y lo priva del derecho a percibir honorarios.
5. Sin imposición de costas por tratarse de un agravio generado de oficio y la intervención del letrado en causa propia (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
POR ELLO, se revoca la sentencia de fecha 29 de agosto de 2022 -primer párrafo- en cuanto declara inoficiosa la actividad profesional del Dr. Calleja y lo priva de su derecho a percibir honorarios, sin costas. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia