Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132453
Sentencia Definitiva
Causa N° 132453; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº20 - LA PLATA
FARIAS MARIA BELEN C/ LAFALCE GLADYS HAYDEE Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
En la ciudad de La Plata, a los veintisiete días del mes de Octubre de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 132453, caratulada: "FARIAS MARIA BELEN C/ LAFALCE GLADYS HAYDEE Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" , se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS .
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada de fs. 156 dictada el 21 de junio de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda deducida por María Belén Farías contra Gladys Haydée Lafalce, condenándola a que dentro de los diez días de aprobada la liquidación pertinente le abone a la actora la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($675.000), imponiendo que ese importe devengará un interés puro del 6% anual desde el día en que el hecho dañoso se produjera -11 de diciembre de 2017- y hasta la fecha del pronunciamiento y de allí en más la tasa pasiva más alta fijada por el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado el cálculo debe ser diario con igual tasa. Hizo la salvedad que el Banco Central estableciera eventualmente la tasa aplicable, según lo normado por el artículo 768 del Código Civil y Comercial, en cuyas circunstancias, en la etapa de ejecución de sentencia, podrá revisarse el interés adecuado a la índole de la causa conforme las previsiones y los parámetros valorativos contenidos en el artículo 771 de dicho cuerpo legal; hizo extensiva la condena a la citada en garantía “Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada”, en las condiciones y límite de su cobertura; desestimó la actualización monetaria solicitada; finalmente, impuso las costas a la parte demandada y citada en garantía, difiriendo la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (v. fs. 156 electrónica).
2. Contra esta forma de decidir interpusieron recursos de apelación la legitimada activa (fs. 159) y la citada en garantía (fs. 160), los que previamente concedidos (fs. 161), fueron fundamentados en tiempo y forma en esta instancia (presentaciones electrónicas del 4 y 5 de agosto de 2022 la actora y 18 de agosto de 2022 la citada en garantía); corrido el pertinente traslado (proveído del 19 de agosto de 2022) éste fue contestado por la reclamante (presentación electrónica del 24 de agosto de 2022) y la compañía de seguros (presentación electrónica del 31 de agosto de 2022). Luego, se llamó autos para sentencia (proveído del 31 de agosto de 2021).
3. María Belén Farias se agravia al tildar de insuficiente la indemnización otorgada por incapacidad física en el plano de Ortopedia y Traumatología.
Se duele que el daño estético sufrido no haya sido valorado de modo autónomo de la incapacidad traumatológica. Argumenta que la Juez de grado consideró que las lesiones producidas en el cuerpo de la actora no han producido desmedro patrimonial alguno, a pesar que la experta en la materia determinó una incapacidad del 15%.
Agrega que este modo de resolver quebranta el principio de la reparación integral.
Niega que la recepción de este perjuicio represente una doble indemnización, ni un enriquecimiento indebido ya que su distinción permite una más acertada y justa reparación integral del daño.
Se disconforma del monto asignado a gastos asistenciales y gastos futuros por considerarlo insuficiente.
Reclama que pasaron más de 54 meses de la fecha del accidente y durante todo ese tiempo y hasta el presente debió hacer frente a gastos de medicamentos, tratamientos médicos, traslados, silla de ruedas, muletas (gastos asistenciales y futuros), etc.
Aduna que todas las erogaciones correspondientes al restablecimiento de su salud, fueron, son y serán imprescindibles.
Pone en crisis el monto por el cual se le indemniza el daño moral por exiguo, entendiendo que debe ser el equivalente al 40% del resto de los rubros reparatorios.
Efectúa un cálculo estimativo utilizando el método de la capacidad restante, aplicando pautas matemáticas e informando luego que utilizó como base de cálculo lo que surge en la causa “Fernandez, Martín Víctor Raúl c/ Vergara, Samuel Alejandro y otro/a s/ Daños y perjuicios”.
A su turno, la citada en garantía se agravia porque, en su visión, la sentencia apelada soslayó que el motovehículo en el que circulaba la actora transitaba al momento del siniestro con exceso de ocupantes y, además, carecía de prioridad de paso. Agrega que ambos extremos se encuentran en clara contravención a la ley de tránsito vigente.
Alega que no se encuentra probada la afirmación de la actora consistente en que la demandada hubiese hecho una seña con la mano dándoles paso.
A partir de ello, concluye que la asignación de responsabilidad dispuesta por la sentencia de grado deviene errónea solicitando su modificación y el consiguiente rechazo de la demanda instaurada.
4. Liminarmente, corresponde abordar el planteo relativo a la insuficiencia de los agravios opuesto por María Belén Farías en el traslado del memorial de la contraparte (presentación electrónica de fecha 24 de agosto de 2022).
Al respecto, ha de decirse que la fundamentación del recurso interpuesto por Río Uruguay Seguros (presentación electrónica del 18 de agosto de 2022) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizaron con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
5. De conformidad con lo dispuesto por el decisorio de grado y de conformidad con lo dispuesto por el art. 7 del Código Civil y Comercial (en adelante CCyC) la presente acción habrá de ser analizada conforme a la normativa de dicho ordenamiento, toda vez que ésta es la ley vigente al momento del hecho (11 de diciembre de 2017).
6. A fin de mantener un orden metodológico en el desarrollo del recurso he de abordar primeramente el agravio de la citada en garantía en dirección a la condena de causalidad, dadas las consecuencias que puede generar su análisis en el resto de las quejas esgrimidas por las partes.
Así como sucedía en el marco de lo normado por el Código Civil, el art. 1757 CCyC estipula que toda persona responde por el daño causado por el daño o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización, agregando que la responsabilidad es objetiva. No configura eximente la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención.
A su vez, el art. 1758, establece que el dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial.
A su turno, el art. 1729 refiere que la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo, o de cualquier otra circunstancia especial.
Finalmente, el art. 1769 dispone que los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos.
Es decir que, en materia de responsabilidad extracontractual -en términos similares a los establecidos bajo el régimen del Código Civil hoy derogado-, quien acciona en el marco de un accidente de tránsito debe probar: 1) el daño; 2) la relación causal; 3) el riesgo de la cosa y 4) el carácter de dueño o guardián de los demandados (SCBA; Ac. 86.378 sent. del 9/02/2005; Ac. 93337 sent. del 9/07/2006, C. 85.552 sent. del 22/08/2007), respondiendo en principio el dueño o guardián de la cosa riesgosa productora del daño de manera objetiva.
A su vez, como derivación de lo establecido en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante denominado CPCC), es a cargo de quien reclama el perjuicio la acreditación de la relación de causalidad (SCBA; AC. 88506, sent del 6/07/2005; Ac. 93.684 sent. del 9/08/2006; C. 97.097, sent. del 7/05/2008).
En el decisorio apelado se tuvo por acreditado que el actuar imprudente de la demandada fue el que desencadenó el choque, teniendo por cierta la versión de los hechos expuestas por la accionante en su presentación de inicio.
Ahora bien, más allá de los déficits probatorios expuestos por los litigantes en el proceso, encuentro que la conclusión a la que allí se arriba se condice sólo parcialmente con las evidencias efectivamente producidas.
Nótese que ambos contendientes coinciden sobre la mecánica del hecho, discutiendo en cambio sobre la responsabilidad en su producción: la actora argumenta que la accionada los embistió al acelerar intempestivamente (v. fs. 12/23 vta.), mientras que la citada en garantía alega que el conductor del motovehículo no contaba con la prioridad de paso y que circulaba con exceso de ocupantes en el rodado (v. negativas de fs. 37 y expresión de agravios del 18 de agosto de 2022).
En efecto, María Belén Farias en su descripción de la mecánica del hecho manifiesta, luego de reconocer expresamente que circulaba sobre la moto junto a Lucas Maximiliano Illescas como conductor y su hijo menor de edad, que “… cuando nos encontrábamos cruzando la bocacalle de 73, observamos la presencia de una camioneta marca Volkswagen Fox, que venía por calle 73 con sentido de circulación de calle 6 hacia 4, cuya conductora nos hace una seña con la mano para que continuemos nuestra marcha… que siendo ello así, cruzando la encrucijada de la calle 5 y 73 a baja velocidad, atento a la gran congestión de tránsito que había en ese momento ya que en el lugar mencionado hay una escuela y era el horario de entrada y salida de los alumnos, la conductora de la camioneta aceleró su vehículo y nos embistió violentamente…” (v. esp. fs. 13 de la demanda).
Pero luego, de la prueba producida no se constata que la reclamada les hiciera seña alguna cediendo el paso, extremo que además no fue mencionado por la misma actora a la hora de absolver posiciones (v. CD audiencia fs. 149, min. 2.05), ni por el conductor de la moto al momento del choque (v. CD fs. referidas declaración del testigo Illescas, min. 15.26).
En cambio, si ha logrado acreditar su versión en lo tocante a que la demandada estaba detenida e inició el cruce de calles intempestivamente (arts. 384, 474 CPCC).
Ello surge de su propia absolución (CD fs. referida) y de los testimonios de Illescas y Valverdi.
En este sentido Gonzalo Martín Valverdi depuso que “venía por la calle 73 para el lado de 5 y bueno… sale una camioneta… un vehículo… apresurado y yo tengo que frenar y bueno… y en eso veo que embiste una moto…”, aclara que “...me dirigía de 73 para el lado de 1” atrás del vehículo embistente" (CD fs. referidas min. 7.48). Agrega que “…yo tengo que frenar porque sale el vehículo…” (CD fs. referidas min. 8.40), que la camioneta “…sale apresurada adelante mío…” (min. 9.30), “…estaba parada la camioneta y sale…” (min. 9.55) y que ésta “…no puso una baliza un giño, sale apresuradamente…” (min. 12.30).
Lucas Maximiliano Illescas por su parte refiere que “…veníamos por calle 5 yo la venía trayendo a ella y al nene en moto y al pasar unas cunetas veníamos atrás de un auto al pasar la cuneta veo que una señora parada atrás en una camioneta del lado derecho por 73 en la esquina. Entonces estaba parada en medio de la calle o estacionada no recuerdo bien pero estaba ahí, cuando voy cruzando veo que arranca cuando veo que arranca lo único que reacciono es poner el brazo porque en vez de frenar escucho que acelera yo veníamos circulando atrás de los autos cuando escucho que acelera impacto…” (min. 14.50). Preguntado cuándo vio la camioneta contestó “…cuandoíbamos cruzando veo que estaba parada… por 73 en la esquina… esperando que nosotros circuláramos a parte hay un jardín no se puede ir rápido cuando voy cruzando veo que acelera o sea yo ya estaba por medio de la calle porque arranca no sé si la señora se abatató o no sé pero no frenó…” (min. 15.26), que estaba “dos o tres metros atrás de la calle frenada... del lado derecho… no recuero bien si estaba estacionada o frenada salió de golpe y no nos vio o estaba frenada esperando que nosotros cruzáramos eso no recuerdo pero yo la veo a la camioneta” (min. 16.25), “cuando la veo estaba frenada, no estaba circulando” (min. 16.55) y “cuando voy cruzando veo que arranca” (min. 17.05).
A su vez, el perito ingeniero mecánico actuante -Alejandro Mario Sendin- calificó de “verosímil” el relato efectuado por Farías (v. fs. 120/126, pedidos de explicaciones de fs. 129/130, 131 y contestación de fs. 133).
Sumado a ello, la confesión a partir de la declaración de rebeldía de Gladys Haydee Lafalce es un elemento más que debe ser apreciado en función de los demás datos y probanzas de la causa toda vez que se trata de una presunción simple de efectos relativos cuya eficacia probatoria se remite a la apreciación del Juez, quien debe evitar recurrir a esta ficción de ley cuando concurren otros factores que arrojan un resultado diferente (art. 60 CPCC).
Es decir, que los efectos de la confesión a partir de la rebeldía deben ser evaluados a la luz del plexo probatorio producido y del resto de las constancias de la causa en estudio. Es en este punto en que encuentro que en el presente los efectos de la declaración de rebeldía son una prueba más que se conjuga con el resto de las evidencias proporcionadas y que se detallan en este apartado (art. 384 CPCC).
En lo tocante con el recorrido previo a la colisión, no se encuentra debatido que quien circulaba por la derecha era el vehículo de la demandada y por la izquierda el motovehículo en el que se transportaba a la legitimada activa. Ello surge claramente del croquis ilustrativo obrante a fs. 14 de la causa penal agregada como prueba (IPP 06-00-048177/00) y del informe técnico obrante en el mismo expediente a fs. 39 y vta en cuanto informa que el Volkswagwen presenta en su parte delantera “…signos de impacto concéntrico orientado de adelante hacia atrás de izquierda a derecha …” y la moto “…impacto de derecha a izquierda de adelante hacia atrás”.
Además, no existe controversia que sobre la moto circulaban tres personas, dos mayores de edad y uno menor (v. fs. 12/23 vta., audiencia de vista de causa absolución Farías y testimonial Illescas).
De todo lo expuesto se colige que la prioridad de paso reclamada por la citada en garantía en su expresión de agravios y dispuestas por la primera parte del art. 41 de la ley 24449 (Ley de tránsito) no resulta aplicable al caso en estudio toda vez que del texto de la misma normativa se desprende la pérdida de esa prerrogativa cuando “se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar en otra vía” (inc. “g” punto “3” del art. 41 de la Ley de tránsito), excepción que se cumple en este caso. Nótese que, como se dijo, ha quedado acreditado que la demandada se encontraba detenida antes de emprender el cruce de calle 5 (arts. 384, 474 CPCC).
Es decir que la actitud de Lafalce previo al accidente se traduce en que nos encontramos frente a un hecho que supone una clara y significativa alteración en el devenir del tránsito al perder la prioridad de paso (conf. art. 41 de la Ley de tránsito), creando además una interferencia para aquél que viene circulando por la vía transversal de forma recta.
Hasta aquí su responsabilidad en la causación del siniestro se impone. Resta determinar si la circunstancia que la moto haya circulado previo al accidente con dos mayores y un menor de edad a bordo se erigen como causa generadora de eximente parcial de la responsabilidad de la contraparte, configurándose de ese modo una concausa (arts. 1757, 1758 y 1769 CCyC).
En este sentido, vale dar cuenta que el art. 39 de la ley 2444 dispone -como condiciones para la circulación- que los conductores deben “Antes de ingresar a la vía pública, verificar que tanto él como su vehículo se encuentren en adecuadas condiciones de seguridad, de acuerdo con los requisitos legales, bajo su responsabilidad…” (inc. “a”) y que en la vía pública deben “circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito…” (inc. “b”).
Por su parte, el art. 40 de la misma normativa dispone como requisito para transitar que el número de ocupantes del vehículo en cuestión guarde relación con la capacidad para la que fue construido y no estorben al conductor (conf. inc “g” Ley 24449).
De la interpretación armónica de ambas disposiciones se colige que quien circula en un motovehículo con exceso de ocupantes (conf. art. 40 inc. “g”) incurre en una clara inobservancia de los requisitos dispuestos por el art. 39. Ello en virtud a que el trasladarse 3 personas sobre una moto de 110 cc3 de cilindrada, incluyendo entre esos pasajeros a un menor de edad (Tobías Diaz Farías), se traduce en una inadecuada condición de seguridad del vehículo para transitar conforme sus características, a más de la ausencia de cuidado y prevención en cabeza del conductor que esta infracción implica.
Apelando a las “máximas de experiencia” que integran -junto con los principios de la lógica-, las reglas de la sana crítica a las que el juzgador debe ajustarse para apreciar la prueba y que no son menos que los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano y científico verificables, los que actúan como fundamentos de posibilidad y realidad, concluyo que la conducción de un rodado bi plaza -como lo es una moto- sobrecargado con dos personas mayores de edad y un menor como acompañante, indudablemente afectan la capacidad de manejo correcto y prudente, posición y comodidad para maniobrar y atención a la vicisitudes del tránsito, motivo por el cual la calificación de negligente e imprudente de ese modo de conducir se impone (arts. 39, 40 ley 24449).
Por ello, encuentro que -contrariamente a lo determinado por la sentencia apelada- existe una responsabilidad concurrente del conductor de la moto en el desencadenamiento del accidente.
Es que el transitar con exceso de pasajeros y su consecuente sobrecarga no se traduce en una mera infracción administrativa sino que se erige en un actuar negligente e imprudente, condición de suficiente entidad para conformar una concausa adecuada de los daños sufridos y por tanto una ruptura parcial del nexo causal (art. 384, 474 CPCC).
En base a lo expresado y ponderando la prueba en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, evidencio que ambos partícipes del siniestro no lograron acreditar la culpa exclusiva del otro. Muy por el con
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