Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132897
Sentencia Definitiva
Causa N° 132897; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - LA PLATA
HOLZMEISTER EZEQUIEL AGUSTIN DEL VALLE Y OTRO/A C/ SANCHEZ JORGE MARCELO ALBERTO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) 2020
En la ciudad de La Plata, a los veintidos días del mes de Diciembre de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 132897, caratulada: "HOLZMEISTER EZEQUIEL AGUSTIN DEL VALLE Y OTRO/A C/ SANCHEZ JORGE MARCELO ALBERTO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) 2020", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada de fecha 9 de agosto de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia obrante en estas actuaciones hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por EZEQUIEL AGUSTÍN DEL VALLE HOLZMEISTER y MARÍA SOL ODO contra JORGE MARCELO ALBERTO SÁNCHEZ y la citada en garantía RÍO URUGUAY SEGUROS COOPERATIVA LTDA. condenando a estos últimos a que paguen la suma de $8.384.550 (PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA) con más los intereses por los rubros indemnizatorios fijados a valores actuales de la fecha de sentencia del 6 % anual desde la fecha del accidente (09/06/2019) hasta la fecha de la sentencia y luego los dispuestos por la tasa pasiva más alta que fije el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a 30 días que se devengará hasta su efectivo pago y respecto de los rubros fijados a valores históricos, calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo diario con igual tasa, desde la fecha histórica fijada en el ítem hasta el día de su efectivo pago; discrimina los montos: Ezequiel Agustín del Valle Holzmeister la suma de $8.305.000 (pesos ocho millones trescientos cinco mil) y María Sol Odo la suma de $79.550 (pesos setenta y nueve mil quinientos cincuenta); impuso las costas a la demandada y a la citada en garantía en su condición de vencidas (art. 68 CPCC) y difirió la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (art. 51 Dec. Ley 8904, art. 51 Ley Provincial 14.967).
2. Esta forma de decidir viene apelada por los actores (presentación electrónica del 16 de agosto de 2022), recurso que posteriormente fue desistido (presentación electrónica del 26 de septiembre de 2022); a su turno también apela la citada en garantía (presentación electrónica del 16 de agosto de 2022), remedio que -previamente concedido (trámite electrónico de fecha 16 agosto de 2022)- fue debidamente fundado en esta instancia (presentación electrónica de fecha 12 de octubre de 2022); corrido el traslado (proveído del 12 de octubre de 2022), recibió la réplica de los legitimados activos (presentación electrónica del 19 de octubre de 2022). Posteriormente, se llamó autos para sentencia (proveído del 25 de octubre de 2022).
3. La apelante se agravia de la atribución de responsabilidad dispuesta por la sentencia de grado, alegando que fue Holzmeister quien provocó la colisión.
Subsidiariamente, se duele de los montos de condena tildándolos de excesivos conforme las particularidades del caso.
Destaca que no se menciona que pauta matemática utilizó el sentenciante, reclamando que se aplique alguna de las existentes.
Agrega que el actor no demostró la realización de una actividad laborativa que requiera de esfuerzos físicos, ni los rasgos de personalidad que se vieron afectados por el accidente.
Realza que el mismo legitimado activo manifiesta que trabajaba antes y después del accidente en la empresa Mc Donalds cuestión que se condice con su afiliación al sindicato de pasteleros.
Pone de manifiesto que Holzmeister es una persona diestra.
Alega que las actividades recreativas que éste hacía antes del accidente fueron discontinuadas por causas ajenas al siniestro (cerraron los lugares donde las practicaba).
Sobre la cervicalgia que dice padecer el reclamante destaca que la misma es una de las molestias más frecuentes hoy en día, que sus causas pueden ser variables, y que afecta a un enorme sector de la población.
Al respecto de las lesiones en el hombro izquierdo realza que no corresponden al miembro no hábil del reclamante, por tratarse de una persona diestra.
Alega que no se debe tomar el salario mínimo vital y móvil para el cálculo siempre que no ha habido disminución laboral alguna.
Se duele asimismo de la tarifación del daño moral por considerarla excesiva.
Finalmente, la disconforma la indemnización por gastos de reparación de la moto a la señora Odo, la desvalorización del rodado y privación de uso, cuando en la realidad no se hicieron efectivas las reparaciones necesarias.
4. A fin de mantener un orden metodológico en el desarrollo del recurso he de abordar primeramente los agravios relativos a la condena de causalidad.
Al respecto, de la confrontación entre la sentencia apelada (dictada en fecha 9 de agosto de 2022) y la fundamentación del recurso en tratamiento (presentación electrónica de fecha 12 de octubre de 2022), encuentro que no surge que la recurrente brinde argumentos que permitan controvertir las premisas en las que el sentenciante de grado sustenta el modo en que resuelve la cuestión.
En efecto, la citada en garantía no formula una crítica que pueda considerarse suficiente para conmover el fallo en lo tocante con la responsabilidad en la causación del siniestro, sino que opone una tibia defensa basada en argumentaciones sin sustento probatorio, exteriorizando su disconformidad con lo decidido, aludiendo a aspectos que han sido debidamente tratados y por ende no soslayados por la sentencia -como el carácter de embistente y embestido de cada rodado- y expresiones no sustentadas como que el legitimado activo “provocó la colisión” (v. punto “B.a” de la expresión de agravios referida; arts. 260 y 261 del CPCC).
La función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de primera instancia con el que se desconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos. De lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (conf. esta Sala causa 100098, RSD 167/15, sent. del 1/12/2015; arts. 260, 261, 34, inc. 5, ap. “c”, CPCC).
En consecuencia, en cuanto en este extremo en particular la pieza impugnativa no cumple con los parámetros mínimos antedichos, corresponde que se declare desierto el recurso de apelación interpuesto específicamente en los relativo a la atribución de responsabilidad (arts. 68, 69, 260, 261, CPCC).
5. El resto de las quejas de la apelante giran en torno de la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios otorgados en favor de actores.
Dentro de las disconformidades se desataca el reclamo sobre la ausencia, o más bien falta de individualización, de la pauta matemática utilizada a la hora de calcular las reparaciones.
Sobre esta temática -la que he abordado en reiterados antecedentes de esta Sala (causas 125951, RSD 291-19, sent. del 5/11/2019; 126110 RDS 309/2019 sent. del 25/11/2019; 126361 RSD 332-19, sent. del 17/12/2019; 127098 RSD 101-20, sent. del 14/07/2020, e.o)- el art 1746 CCyC dispone que “En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades…”.
La aplicación de fórmulas aritméticas a los fines de indemnizar la incapacidad sobreviniente, ha despertado y despierta distintas posturas doctrinarias y jurisprudenciales, existentes aún desde antes de la sanción del Código Civil y Comercial.
A partir de esos desarrollos, encontramos las posturas receptivas, las que se resisten a la aplicación de las fórmulas matemáticas y quienes la receptan como una pauta orientadora pero no vinculante.
Adhiero a esta última corriente, toda vez que considero que el art. 1746 CCyC contempla una serie de circunstancias que debe ser necesariamente tenidas en cuenta para la determinación de la indemnización, pero de ningún modo una pauta matemática o financiera a la que deba atarse el Magistrado de forma obligatoria y única.
Es que, cuando el artículo 1740 CCyC desarrolla el concepto de reparación, indica expresamente que ésta debe ser “plena”, agregando que debe contemplar “la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie”.
De la interpretación armónica de ambas normativas y de los principios generales en la materia, se desprende que no basta con la aplicación de una fórmula que determine un capital en base a la actividad productiva o económicamente valorable del damnificado, sino que el resarcimiento en materia civil debe tener un marco de valoración más basto y amplio. No tiene como objeto -tal como las reparaciones en el ámbito del derecho del trabajo- sólo las limitaciones del orden laborativo, relacionadas con la edad y grado de incapacidad, sino que debe incluir necesariamente las implicancias de la persona tanto desde su faz individual como desde su inserción social, su vida en relación, sus relaciones amorosas, familiares, deportivas, lúdicas, etc. Las que deben ser analizadas detalladamente en cada caso individual.
En este sentido, un aspecto importante de la nueva norma es la referencia a una pauta o criterio matemático de ponderación para determinar una suma global definitiva a título de capital que, invertido adecuadamente, produzca renta o ganancia que le permita al damnificado continuar percibiendo durante su vida útil un monto equivalente al que cobraba antes del hecho nocivo. Si bien la redacción de la norma podría dar margen a otra interpretación, concluyo que mantienen vigor los criterios interpretativos que confieren al razonable arbitrio judicial la función por excelencia de cuantificar los daños. Tanto los parámetros matemáticos como los porcentajes de incapacidad resultantes de prueba pericial han de ser valiosos aportes, pero no obligan matemáticamente al juez, porque -insisto- la cuantía por incapacidad sobreviniente no debe ceñirse a cálculos matemáticos rígidos, cerrados y herméticos, sino que debe fijarse sujeta al prudente arbitrio judicial ponderando la multiplicidad factores particulares de cada caso (enunciadas por el art. 1746 CCyC).
Asimismo, no resulta ocioso destacar que las fórmulas matemáticas predispuestas no están exentas de generar arbitrariedades por su nivel de abstracción.
La Justicia Nacional Civil tiene dicho sobre este tópico “La reparación, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias de cada caso y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza de un margen de valoración amplio, ello concuerda con las pautas de valoración establecidas en el art. 1746 del Código Civil y Comercial” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re: “A. A. R. c. G. A. M. s/ daños y perjuicios”, sent. del 28/10/2015, publicado en: RCCyC 2016 (abril), 150; RCyS 2016-VII, 155, cita online: AR/JUR/63674/2015).
En tanto que “Para decidir el monto de la indemnización, además de acudir a las fórmulas matemáticas y cálculos actuariales que surgieron como una herramienta de orientación para proporcionar mayor objetividad al sistema y reflejar de una manera más exacta en lo posible el perjuicio patrimonial experimentado por el damnificado, el Juzgador debe ponderar los elementos vitales que surjan acreditados en la causa, a fin de evitar que la frialdad de una ecuación aritmética cierre la mirada a lo justo en concreto que es, en definitiva, aquello que los jueces deben resolver mediante una resolución razonablemente fundada” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re: “PONCE, Graciela Evelina c/ BALAGNA, Reynaldo Alberto y otros s/ daños y perjuicios”, sent. del 19/10/2018).
Por su parte, el Dr. De Lázzari, en un criterio que encuentro plenamente aplicable a la indemnización por incapacidad sobreviniente a partir de la sanción del Código Civil y Comercial ha dicho que “Para la determinación de la indemnización es útil recurrir a fórmulas de matemática financiera o actuarial como son aquellas contenidas en las tablas de amortizaciones vencidas a interés compuesto y de uso habitual en los Tribunales de Trabajo. Ello ofrece, como ventajas, algún criterio rector más o menos confiable, cierto piso de marcha al formular o contestar reclamos, o el aventamiento de la inequidad, la inseguridad o la incerteza. Pero esas ventajas no deben llevarnos a olvidar que tales formulas juegas, por un lado, como un elemento más a considerar -cuando mensurar un daño y su reparación se trata- junto a un haz de pautas fundamentales ajenas al mundo de las matemáticas y con todas las cuales el juzgador ha de trabajar para aquella determinación. Y por otro lado, que su aplicación desprovista de prudencia puede llevar a verdaderos despropósitos” (SCBA LP C 117926 S 11/02/2015 Juez De Lázzari SD).
En el mismo antecedente de nuestro máximo Tribunal Provincial ha concluido que “Nada impide que se utilicen cálculos matemáticos o tablas actuariales como una orientación, pero los jueces no estamos constreñidos a la aplicación de fórmula alguna para la determinación de una indemnización. Esto no debe interpretarse como que repruebo la racionalidad -ni siquiera que me aparto de ella-; pero ha de advertirse que la acepto cuando puede ser pasada por el tamiz de la razonabilidad, cuando refleja una verdadera adecuación de medios a fines o cuando se nutre de la experiencia vital y de la realidad humana concreta. Puedo aceptar y adoptar esta racionalidad del cálculo aritmético como una directriz o como un instructivo, pero lo haré siempre bajo la reserva del sentido común. Una reserva que -entre otras cosas- me avisa de juzgar los fríos cómputos como lo que son: configuraciones aritméticas y económicas llevadas a cabo a partir de las personales y subjetivas apreciaciones de sus creadores y operadores” (causa citada, voto Juez De Lázzari SD).
Por ello, al tratar la indemnización por daños físicos considero aplicable -tal como lo hizo la sentencia de grado- un criterio elástico de valoración, que contenga los parámetros otorgados por el art. 1746 CCyC, mas no atado a una fórmula matemática financiera que prescinda de las circunstancias particulares de la víctima de autos, en ejercicio de los principios de la valoración de la prueba y la sana crítica (art. 384 CPCC).
Por ello, los agravios en esta dirección no prosperan (art. 1740, 1746 CCyC).
6. En lo tocante con la incapacidad física, esta Sala ha resuelto que en el supuesto de lesiones, el daño patrimonial se configura cuando existe incapacidad o disminución de las aptitudes físicas o psíquicas, que incide en las posibilidades laborales y en tanto genera una restricción a la potencialidad productiva, el que es indemnizado como daño emergente (esta Sala, causas 97.753, sent. del 27/06/2002, RSD 162-2002; 101.097, sent. del 16/08/2005; 104.884, sent. del 18-8-2005, entre otras).
Es decir que, probada la merma de esa aptitud para generar un trabajo, el daño ya existe, pues su anterior plena potencialidad se encuentra limitada en el porcentaje que la experticia indique, lo que trasluce un perjuicio ya sea para trabajar o buscar una nueva labor.
Resulta central entonces dilucidar el carácter de las lesiones para determinar y encasillar su procedencia dentro del daño patrimonial o extra patrimonial, ya sea que se traten de dolencias de carácter consolidado o temporario respectivamente.
En tal sentido, cuando de la pericia se advierta que pese a la patología descripta y a la calificación asignada, la existencia de una incapacidad de carácter transitoria, corresponde rechazar su indemnización bajo este rubro y analizarlo a través de la concesión del importe que se otorgue para el daño moral (arts. 375, 474 CPCC) o, en su caso, si así se acredita, como lucro cesante.
A contrario sensu, ante la determinación de una dolencia de carácter permanente cabe considerarla como integrante del daño patrimonial.
Vale destacar aquí que no importa para la procedencia del rubro que el actor haya probado qué trabajo realizaba antes y luego del accidente, ni su mano hábil (diestro o zurdo), cuestiones que podrán ser evaluadas al momento de la cuantificación pero que no obstan de modo alguno a su procedencia (arts. 384, 474 CPCC).
Ahora bien, encuentro que el análisis de la pericia médica practicada en estas actuaciones por el Dr. Oscar Eduardo Alvarez (v. presentación electrónica de fecha 23 de marzo de 2021) ha sido correctamente evaluada por el Juez apelado como así también las restantes pruebas producidas (arts. 384, 474 CPCC).
En lo tocante con la cuantificación, la citada en garantía no ha puesto en crisis las características personales y familiares tenidas en miras para evaluar la procedencia y cuantía del rubro, limitando las quejas a lo dicho antes sobre la implicancia de las lesiones en el ámbito laboral, de la condición de diestro del accionante y la aplicación del Salario Mínimo Vital y Móvil como un parámetro orientativo.
Sobre esta última queja, encuentro procedente evidenciar lo correcto de su utilización por parte de la sentencia de grado, siempre que en estas actuaciones no se han probado de modo alguno los ingresos efectivos del actor por sus labores. En este caso bien vale entonces echar mano a valores fijados como parámetros mínimos de forma oficial (art. 384 CPCC).
Pues bien, analizando cada una de las circunstancias aludidas encuentro que la reparación fijada en la instancia resulta elevada. A partir de esta conclusión y en función a las características del proceso y las pruebas rendidas, propongo su reducción al monto de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($2.500.000) a valores actuales al momento del dictado de la sentencia de grado (arts. 1740 y 1746 CCCN; 384, 456, 474, CPCC.).
De tal forma se fija una reparación plena e integral que permita a la accionante contar con un recurso económico que cubra la merma que el hecho de autos provocó en su vida (art. 1746, CCCN.).
7. Relativo al daño moral reconocido por la sentencia de grado, destaco que conforme lo establece el artículo 1738 y 1741 del CCyC, la obligación de resarcir también lo comprende, además de la indemnización de las pérdidas e intereses.
Se entiende entonces que el responsable del daño debe cubrir el quebranto que supone la privación o disminución de bienes como la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física y, en general, todo menoscabo a los más sagrados afectos (SCBA. AC: 35579 del 2
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