Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 133028
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada de fecha 19/08/2022 en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios, con costas a la actora en su condición de vencida (art. 68 CPCC).
Sentencia Definitiva
Causa N° 133028; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - LA PLATA
JUSTICIA 2020 BALBIN MEDINA OLGA C/ MARIN GRACIELA S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
En la ciudad de La Plata, a los veintidos días del mes de Diciembre de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 133028, caratulada: "JUSTICIA 2020 BALBIN MEDINA OLGA C/ MARIN GRACIELA S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada dictada en fecha 19 de agosto de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de daños y perjuicios promovida por Olga Balbín Medina contra Graciela Marín y la citada en garantía Mercantil Andina Compañía de Seguros S.A. con costas (arts. 68 ss y cc del CPCC); reguló los honorarios de los letrados intervinientes, Dr. Cristian Ignacio Mendy T°XLI F°403 del CALP, en la suma de Pesos setenta mil ($70.000), del Dr. Juan Carlos Ponz T°XXIX F°373 CALP, en la suma de Pesos cien mil ($100.000), de la Dra. Graciela Silvia Scorians T°XXIX F°374 del CALP en la suma de Pesos cien mil ($100.000), todos ellos con más el aporte de ley (arts.1,13,14,16,21,23, de la ley 8904).
2. Contra esta forma de decidir interpuso recurso de apelación la legitimada activa (presentación electrónica del 22 de agosto de 2022 suscripta por el Dr. Cristian Ignacio Mendy invocando el art. 48 CPCC, ratificado mediante presentación de fecha 27 de octubre de 2022), el que previamente concedido (proveído de fecha 22 de agosto de 2022), fue fundamentado en tiempo y forma en esta instancia (presentación electrónica del 11 de octubre de 2022); corrido el pertinente traslado (proveído del 13 de octubre de 2022) éste fue contestado por la citada en garantía (presentación electrónica del 23 de octubre de 2022). Luego, se llamó autos para sentencia (proveído del 27 de octubre de 2022).
3. La apelante se agravia de la responsabilidad que le atribuyó la sentencia de grado.
Acusa errónea y arbitraria interpretación de la prueba rendida, alegando que se acreditó que la demandada en el cruce de la intersección violó la prioridad de paso consagrada en el art 41 de la ley de tránsito y además reinició la marcha luego de dejar pasar a otros rodados en el lugar de los hechos, sin advertir el paso de la victima de estas actuaciones.
Agrega que ello importó una clara imprudencia, agravada por el reinicio de la circulación súbito y sorpresivo para el señor Guzman Balbin.
Refiere como prueba fehaciente la denuncia del siniestro realizada por Marín a su compañía de seguros.
Insiste en que no hubo discusión en torno a que el cruce fue realizado por la motocicleta desde una arteria situada a la derecha del automóvil, ni que éste último reinició la marcha sin advertir la presencia del motovehículo circulando a su derecha.
Aduna que la accionada reconoce no haber visto a la motocicleta que venía circulando por calle 26 y que el carácter de embistente o embestido mecánico no tiene carácter absoluto, sino que es relativo.
Argumenta que la maniobra de reinicio de la marcha del Fiat para atravesar la intersección es en donde reside principalmente su actuar negligente.
Pone de resalto que no existe ningún elemento de información que permita sostener que la motocicleta circulaba a una velocidad excesiva o que su conductor hubiera formulado un tránsito negligente o desaprensivo.
4. A la luz de lo expuesto en su expresión de agravios, la queja central de la accionante radica en la asignación de la responsabilidad y el consecuente rechazo de la demanda instaurada.
Cabe iniciar el tratamiento del recurso dando cuenta que llega firme a esta instancia la existencia del hecho y sus características de tiempo y lugar.
En efecto, no hay discusión que el 24 de diciembre de 2014 en horas de la tarde se produjo el choque entre en la intersección entre calles 451 y 26 de la localidad de City Bell, entre un movoehículo en el que circulaba Balbín Alexander Guzmán quien lo hacía instantes previos por calle 26 y un Fiat Uno al mando de la demandada que transitaba por 451.
Tampoco se ha debatido que antes de emprender el cruce de calle 26 la accionada frenó su vehículo antes de emprender el cruce (v. denuncia de siniestro fs. 45), ni que la moto circulaba por la derecha.
En cambio, discrepa la actora en la atribución de la responsabilidad en cabeza de su hijo, endilgándosela a cambio a la señora Marín por conductas imprudentes y negligentes.
Llegado a este punto se hace necesario determinar el protagonismo que cupo a cada uno de los partícipes, ya que sólo mediante un análisis global de lo ocurrido se posibilitará comprobar si ha acontecido, en esta hipótesis, la eximente invocada y, en su caso, en qué medida o por el contrario si resulta probada la responsabilidad objetiva del demandado. Para ello, se impone ponderar cuál era el comportamiento exigible, de conformidad con las particularidades del hecho y en mérito de la normativa ordenatoria del tránsito vehicular.
Este análisis posibilitará comprobar si ha acontecido en esta hipótesis la eximente invocada en la sentencia y, en su caso, en qué medida. Ello frente a las particularidades del presente caso, acorde la evidencia producida (arts. 375, 384, CPCC).
Nuestro Máximo Tribunal provincial ha dicho en este sentido que “Para establecer la causa del daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquel se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las costas (art. 901, Cód. Civ.; conf. causas C.98.691, sent. de 18/05/2011; C97.827, sent. de 9/04/2010; e.o.). Frente a una pluralidad de condiciones necesarias, es menester saltar por sobre el plano de la causalidad natural o simple, para aislar e individualizar de entre todas esas condiciones a aquélla que, en el plano estrictamente jurídico, posee la idoneidad y relevancia suficiente para erigirse en la causa adecuada del daño (Ac. 91.215, sent. de 5/04/2006). Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño; éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla” (SCBA causa C 121.608, sent. del 08/08/2018. Juez Pettigiani SD).
En este menester, encuentro que efectivamente la moto circulaba por la derecha, pero también que fue el occiso con su imprudente actuar quien desencadenó el luctuoso siniestro (art. 384 CPCC).
Nótese que de la pericia mecánica obrante en la causa penal que tengo a la vista como prueba, acredita fehacientemente -contrariamente a lo sostenido en la expresión de agravios- que el conductor de la moto circulaba a exceso de velocidad en contravención de lo dispuesto por el art. 51 (inc. “a” y “e” punto 1) de la ley de tránsito (v. fs. 85/87 causa penal referida).
En efecto, el Ingeniero Mecánico Diego Juan Fasano da cuenta que “de los datos aportados por la pericia planimétrica de fs. 47, por aplicación del principio de conservación de la energía, se puede calcular una velocidad de la motocicleta de 45,3 km/h y una velocidad del Fiat Uno menor a 30 Km/h”.
Además, de estas constancias y del informe mecánico obrante a fs. 43 del expediente tramitado en sede represiva se deprende que el impacto se dio entre la parte delantera de la moto con el lateral trasero derecho del auto (v. fs. 43, 85/87 causa penal referida).
De ello se desprende claramente que no llegaron juntos a la intersección sino que el rodado menor ingresó en la bocacalle cuando el automóvil ya había transitado prácticamente su totalidad el cruce entre esquinas (art. 384, 474 CPCC).
La actual Ley de Tránsito y su modificatorias (en adelante ley 24.449) en su art. 36 dispone que “en la vía pública se debe circular respetando las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales de tránsito y normas legales, en ese orden de prioridad”, mientras que el art. 39 da cuenta que los conductores deben “en la vía pública circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito”.
Asimismo, el art. 41 de la misma normativa establece que “todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante: a) la señalización específica en contrario, b) los vehículos ferroviarios, c) los vehículos del servicio público de urgencia en cumplimiento de su misión, d) los vehículos que circulan por una semiautopista, e) los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal, f) las reglas especiales para rotondas, g) cualquier circunstancia cuando se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada, se circule al costado de vías férreas respecto del que sale del paso a nivel, se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía y por último, cuando se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre”.
Ahora bien, se tiene dicho que esta pauta legal agudiza la prioridad con que cuenta el vehículo que en una encrucijada arriba a la intersección proviniendo de la derecha, constituyendo una pauta de conducta que tiende a preservar la seguridad en el tránsito vehicular y que genera una presunción de culpa de quien la hubiera infringido, siendo que tal presunción sólo puede ser desvirtuada comprobando que quien arribó a la intersección proveniente de la derecha, por su parte, hubiera infringido otras normas de tránsito y que tal conducta guarde relación de causalidad adecuada con el accidente (art. 902 del CC., esta Sala, causa 99.597, sent. del 27/02/2003, RSD 31/2003; 106.412, sent. del 19/10/2006, RSD 241/2006; 12784, sent. del 22/09/2020 RSD 162/20, e.o.).
Si bien la prioridad de paso es una regla que no tiene en cuenta el anterior o posterior arribo a la intersección (SCBA, Ac. 58668, sent. del 11/03/97 y Ac 66334, sent. del 13/05/97, entre otras; esta Sala causas referidas) es lo cierto que en el presente fue el actor quien a partir del exceso de velocidad constatado por la causa penal y la conducta desaprendida desplegada (la que se desprende de ese incumplimiento) es quien generó el siniestro (arts. 384, 474 CPCC).
En suma, mediante la prioridad de paso lo que se persigue es establecer mecanismos que brinden cierta seguridad en el tránsito automovilístico, lo que no lleva a soslayar el resto de las particularidades que pudieran darse, como ser, verbigracia excesos de velocidad u otras violaciones a normas de tránsito establecidas en la legislación.
Y esto último, por cuanto en palabras de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y en consonancia con lo reclamado por el actor, la regla derecha antes que izquierda no representa ningún bill de indemnidad que autorice al que aparece por la derecha de otro vehículo a arrasar con todo lo que encuentre a su izquierda pues el art. 57 de la ley 11.430 (art. 47 Ley Nacional 24.449 y sus modificatorias) impone al conductor que llegue a una bocacalle la obligación de reducir sensiblemente la velocidad, la que rige tanto para el que se aproxima por la derecha como para el que lo hace por la izquierda (conf. Ac. 87.606, sent. del 1/12/2004) y que si bien es cierto que estas reglas fijan rígidos criterios hermenéuticos, tales pautas deben conjugarse con todas las pruebas del juicio (arts. 384, 456 y 474 del Código Procesal Civil; conf. Ac. 70.193, sent. del 3/5/2000; Ac. 94577, sent. del 9/5/2007).
En resumen, afirmar que el conductor del rodado que circulaba por la derecha se halla exento de toda responsabilidad en el accidente por esa sola circunstancia prescindiendo de otros elementos o circunstancias acreditadas se traduce sin dudas en un juicio de valor apresurado, en estas actuaciones no se encuentra probada negligencia, impericia o responsabilidad alguna del demandado (como por ejemplo exceso de velocidad, ausencia de luces prendidas, etc.) que ponga en crisis esa conclusión.
Pues bien, aquí encuentro acreditado que por el exceso de velocidad con el que circulaba y el hecho de acceder a la bocacalle cuando el otro vehículo ya había prácticamente culminado su tránsito por la misma, prueba que echa por tierra el esfuerzo argumental del actor a los fines de revertir el fallo de la instancia (arts. 384, 474 CPCC).
A partir de ello, el recurso no ha de ser receptado en cuanto a lograr el acogimiento de la demanda por haberse operado la interrupción del nexo causal por parte del hijo de la accionante y por culpa de la víctima del siniestro. Por ende, la confirmación de la sentencia de grado se impone (arts. 384 CPCC; 36, 39 y 41 ley 24449).
5. Por lo demás, esta Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; esta Cámara, Sala III causa B-79.059, reg. sent. 195/94 e.o., esta Sala causa 127749 RSD 164-20 sent. del 25/09/2020 e.o).
6. Por las razones precedentemente brindadas, se propone confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios, con costas a la actora en su condición de vencida (art. 68 CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia apelada de fecha 19/08/2022 en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios, con costas a la actora en su condición de vencida (art. 68 CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada de fecha 19/08/2022 en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios, con costas a la actora en su condición de vencida (art. 68 CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA; y a la demandada rebelde Graciela Marin en su domicilio real -conforme hojas 28/29 y trámites del 06/02/2018 y 10/04/2018-, con copia como "documento adjunto" (en formato ".pdf") de la sentencia de la instancia anterior de fecha 19/08/2022, y como "trámite adjunto" de la presente, teniendo en cuenta que resulta confirmatoria de aquélla que rechazara la demanda entablada en su contra (arts. 59, 62, 138 y concs., del CPCC; 11 inc. "a" del Anexo I y Anexo III del Ac. 4013/21 texto según Ac. 4039/21 de la SCBA.). DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia