Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 133021
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se hace lugar parcialmente a los agravios de la citada en garantía, reduciendo el rubro gastos terapéuticos, de farmacia y traslados, a la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) a valores actuales a la fecha de dictada la sentencia de grado (arts. 1746 CCyC; 384 CPCC); se confirma el pronunciamiento apelado de fecha 29/08/2022 en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios; se imponen las costas a los demandados y la citada en garantía en su esencial condición de vencidos (art. 68 CPCC).
Sentencia Definitiva
Causa N° 133021; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº14 - LA PLATA
GOMEZ DE ANDRADE JOSE LUIS C/ GRAU ARCE ARMINDA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
En la ciudad de La Plata, a los quince días del mes de Diciembre de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 133021, caratulada: "GOMEZ DE ANDRADE JOSE LUIS C/ GRAU ARCE ARMINDA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada de fecha 29 de agosto de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia dictada por el titular del Juzgado Civil y Comercial N°14 de este Departamento Judicial admitió la demanda por indemnización de daños y perjuicios iniciada por José Luis Gómez de Andradre, condenando a Arminda Grau Arce, junto a la citada en garantía Agrosalta Cooperativa de Seguros, en la medida del seguro, a pagar la suma de $2.613.000 en el término de diez (10) días de quedar firme o consentida la decisión, con más los intereses conforme la doctrina legal emanada de la Suprema Corte de Justicia (cfr. SCBA, causas C. 120.536, "Vera", sent. de 18/04/2018; C. 121.134, "Nidera SA", sent. de 3/05/2018; C. 123.090, "Paredes", sent. de 10/09/2020) a la tasa pura del 6% anual, sobre el capital de condena, desde la fecha del hecho -14 de diciembre de 2017- hasta el dictado del decisorio y por el lapso que transcurra entre allí y hasta el total y efectivo pago, la doctrina legal emanada de la Suprema Corte de Justicia (causa C. 119.176, "Cabrera", sent. de 15/06/2016), que dispone adicionar -únicamente sobre el capital de condena- la tasa pasiva más alta que paga el Banco Provincia en sus depósitos a 30 días, vigente en cada uno de los períodos comprendidos, y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (cfr. SCBA, causas Ac. 101.774, "Ponce"; L.94.446, "Ginossi", ambas sents. de 21/10/2009; C. 119.176, "Cabrera", sent. de 15/062016; C. 122.687, "Rodríguez", sent de 17/11/2020; arts. 622 y 623, Cód. Civil; 7 y 768, inc. "c", CCCN; 7 y 10, ley 23.928 y modif.); impuso las costas a los demandados vencidos y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
2. Esta forma de decidir viene apelada por la citada en garantía (presentación electrónica de fecha 29 de agosto de 2022), recurso que fue concedido libremente (proveído de fecha 30 de agosto de 2022) y posteriormente fundado en esta instancia (presentación electrónica del 11 de octubre de 2022); corrido el pertinente traslado (proveído del 13 de octubre de 2022), recibió la réplica del actor (presentación electrónica del 16 de octubre de 2022). Posteriormente, se llamó autos para sentencia (proveído del 17 de octubre de 2022).
3. Agravian al apelante los montos reconocidos por incapacidad física y daño psicológico, al considerarlos desmesurados y carentes de todo sustento.
Alega que de acuerdo a lo que surge de las probanzas el accionante no ha quedado imposibilitado de realizar tarea y/o actividad alguna, por lo que no existe fundamento de la reparación.
Acusa que la sentencia efectúa un simple cálculo matemático sin justificar el guarismo reconocido en concepto de indemnización física y psicológica, en función de la incapacidad otorgada por el experto en su dictamen.
Aduna que no ha encuentra demostrada actividad laboral alguna del accionante, ni que haya existido disminución en sus ingresos.
Se disconforma asimismo del -a su modo de ver- elevado monto reconocido en concepto de daño psicológico, solicitando su reducción, con costas.
Se duele de la procedencia y justipreciación del daño moral, por no contar los supuestos padecimientos de Gómez con magnitud suficiente.
Finalmente, pone en crisis las sumas otorgadas en concepto de gastos cuando no se ha acreditado erogación alguna.
Agrega al respecto que ninguna prueba se aportó más que haber sido atendido a través de su obra social.
4. Liminarmente, corresponde meritar el planteo relativo a la insuficiencia de los agravios opuesto por el actor en el traslado del memorial de la contraparte (presentación electrónica de fecha 13 de octubre de 2022).
Al respecto, ha de decirse que la fundamentación del recurso interpuesto por la citada en garantía (escrito del 11 de octubre de 2022) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 CN; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. 1, pág. 175 a 180).
5. Abordando la tarea revisora he de recordar que -en lo tocante con la incapacidad física y psicológica- esta Sala ha resuelto que en el supuesto de lesiones, el daño patrimonial se configura cuando existe incapacidad o disminución de las aptitudes físicas o psíquicas, que incide en las posibilidades laborales y en tanto genera una restricción a la potencialidad productiva, el que es indemnizado como daño emergente (causas 97.753, sent. del 27/06/2002, RSD 162-2002; 101.097, sent. del 16/08/2005; 104.884, sent. del 18/08/2005, entre otras).
Es decir que, probada la merma de esa aptitud para generar un trabajo, el daño ya existe, pues su anterior plena potencialidad se encuentra limitada en el porcentaje que la experticia indica, lo que trasluce un perjuicio ya sea para trabajar o buscar una nueva labor.
Ahora bien, resulta central determinar el carácter permanente de las lesiones para determinar y encasillar su procedencia dentro del daño patrimonial o extrapatrimonial, extremo que claramente ha sido acreditado en estas actuaciones mediante las diferentes pericias practicadas (v. fs. 107 IPP referida, 272/275, 277/285, 291/292, 294 estos actuados).
Nótese que no se encuentra compulsada la existencia de lesiones sufridas por el actor a partir del accidente, su gravedad, ni las conclusiones de los peritos actuantes, limitándose las quejas a la cuantificación de esas incapacidades y a que Gómez de Andrade no acreditó haber perdido ingresos por actividad laboral (v. expresión de agravios, fs. referidas).
Sobre el agravio direccionado a la falta de exposición de la Juez de grado sobre los criterios utilizados para la cuantificación de los rubros, he desarrollado la temática en distintos antecedentes de esta Sala (causas 125951, RSD 291-19, sent. del 5/11/2019; 126110 RDS 309/2019 sent. del 25/11/2019; 126361 RSD 332-19, sent. del 17/12/2019; 127098 RSD 101-20, sent. del 14/07/2020, e.o). Allí he concluido, definición que resulta plenamente aplicable al presente, que al tratar la indemnización por daños físicos debe aplicarse -tal como lo hizo la sentencia de grado- un criterio elástico de valoración, que contenga los parámetros otorgados por el art. 1746 CCyC, mas no atado a una fórmula matemática financiera que prescinda de las circunstancias particulares de la víctima de autos, en ejercicio de los principios de la valoración de la prueba y la sana crítica (esta Sala causas citadas).
Relativo a las quejas que el legitimado activo no acreditó pérdidas en su actividad remunerada, vale recordar que la indemnización por incapacidad en sede civil no se limita al campo laboral sino que debe ser fijada de modo tal que la reparación sea plena y se produzca “la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie” (art. 1740 CCyC).
Es decir que no basta a los fines indemnizatorios estarse a la actividad productiva o económicamente valorable del damnificado, sino que el resarcimiento en materia civil debe tener un marco de valoración más basto y amplio. No tiene como objeto -tal como las reparaciones en el ámbito del derecho del trabajo- sólo las limitaciones del orden laborativo, relacionadas con la edad y grado de incapacidad, sino que debe incluir necesariamente las implicancias de la persona tanto desde su faz individual como desde su inserción social, su vida en relación, sus relaciones amorosas, familiares, deportivas, lúdicas, etc. Las que deben ser analizadas detalladamente en cada caso individual.
En lo tocante con la cuantificación, conforme las conclusiones y grado de incapacidad informada por los expertos actuantes (incapacidad física parcial y permanente en el orden traumatológico de 12% conf. pericia de fecha 30 de marzo de 2022 y la recomendación sobre la realización de un tratamiento psicológico, conf. experticia de fecha 23 de agosto de 2021), en virtud al adecuado análisis efectuado por la sentencia apelada y la ausencia de observaciones técnicas referentes a la calidad de los informes periciales realizados, encuentro que las sumas otorgadas por la Juez de grado en este concepto han sido prudentemente cuantificadas y deben confirmarse (arts. 1740 CCyC; 384, 474 CPCC).
6. Sobre el daño moral he de destacar que conforme lo establece los artículos 1738 y 1741 del CCyC, la obligación de resarcir también lo comprende, además de la indemnización de las pérdidas e intereses. Se entiende entonces que el responsable del daño debe cubrir el quebranto que supone la privación o disminución de bienes como la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física y, en general, todo menoscabo a los más sagrados afectos (conf. SCBA. AC: 35579 del 22/04/86).
En virtud de las características del hecho ventilado en autos y las probanzas producidas, tengo por acreditado que a partir del accidente el actor sufrió padecimientos de distinta entidad, fundamentalmente en su tranquilidad personal y vida en relación que deben ser indemnizados. Ello se encuentra acreditado por la pericia psicológica obrante en estas actuaciones (v. experticia de fs. referidas; arts. 384, 474 CPCC).
A los fines de su justipreciación, no resulta ocioso indicar que su determinación no está sujeta a reglas fijas (conf. SCBA, C 98039, sent. del 18/03/2009) y que para su determinación depende “… Del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral (S.C.B.A., Ac. 41.539, sent. del 21/11/1989, publicado en D.J.B.A. 1990-138, 15, en “Acuerdos y Sentencias” 1989-IV-219; Ac. 55.648, sent. del 14/06/1996; Ac. 56.328, sent. del 5/08/1997, publicado en “El Derecho” 182-134, “Acuerdos y Sentencias” 1997-IV-9; Ac. 59.834, sent. del 12/05/1998; Ac. 64.247, sent. del 2/03/1999, “Acuerdos y Sentencias” 1999-I-360; Ac. 82.369, sent. del 23/04/2003).
Dentro del contexto indicado, encuentro que la extensión dispuesta por la Juez de grado ha sido prudentemente establecida por lo que propongo confirmarla (arts. 1738 y 1741 del CCyC; 384, 474 CPCC).
7. Para dar tratamiento al rubro gastos por atención médica, ha de destacarse que la pericia respectiva da cuenta de atenciones y requerimientos de este tipo a las que tuvo que someterse el actor (v. experticia referida).
Para determinar la procedencia de este rubro debe estarse al actual art. 1746 del CCyC que en su parte pertinente dispone “… Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad…”.
De la letra del mencionado artículo se deprende que los gastos médicos y farmacológicos se presumen a partir de la producción de un daño mensurable, y no requieren de una prueba expresa, excepto que su monto sea oneroso y requiera de una demostración especial.
Es decir que probado el daño físico se presume que el actor realizó erogaciones en medicamentos y traslados para el tratamiento de las dolencias, siempre que revistan el carácter de prudentes, en tanto que las sumas mayores deben ser debidamente alegadas y acreditadas.
No resulta óbice que la víctima del siniestro haya sido tratada por profesionales y centros asistenciales públicos toda vez que los gastos efectuados no se limitan a esas atenciones puntuales, sino a los gastos producidos en este aspecto a partir de las dolencias padecidas.
En este punto, la SCBA en aplicación de la ley antes vigente pero que resulta vigente y procedente en la actualidad, ha dicho que “aun cuando la víctima de un accidente de tránsito haya sido atendida en un establecimiento asistencial público debe incluirse en la indemnización una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen erogaciones que deben ser solventados por el paciente: el resarcimiento debe guardar concordancia con la lesión, sin que resulte indispensable que su importe se encuentre documentado” (SCBA S. 18/12/1979 “Petruzzi de Rogero, Rosa M. c/ Martins Mogo, Carlos” DJJ 118/1974).
Aun así, la presunción en este punto (gastos médicos y farmacéuticos), alcanza a los gastos menores y corrientes que pudo haber incurrido el damnificado en atenciones médicas, analgésicos, traslados desde y hasta el centro de atención, etcétera, debiéndose probar las erogaciones mayores, de una cuantía que exceda lo que en el curso normal de una lesión puede surgir. Va de suyo que la carga de esas acreditaciones se encuentra en cabeza de quien reclama la indemnización en virtud de lo dispuesto por el art. 375 CPCC.
Es en función a lo expuesto que, encontrándose acreditadas las lesiones, mas no el detalle de los gastos en los que incurrió el actor, concluyo que la suma otorgada por este concepto en la sentencia apelada luce elevada por lo que propongo reducirla a la de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) a valores actuales a la fecha de dictada la sentencia de grado (arts. 1746 CCyC; 384 CPCC).
8. En tal entendimiento, propongo hacer lugar parcialmente a los agravios de la citada en garantía proponiendo que el rubro gastos terapéuticos, de farmacia y traslados sea reducido a la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) a valores actuales a la fecha de dictada la sentencia de grado (arts. 1746 CCyC; 384 CPCC); confirmar el pronunciamiento apelado de fecha 29/08/2022 en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios; propicio que las costas sean soportadas por los demandados y la citada en garantía en su esencial condición de vencidos (art. 68 CPCC).
Con el alcance referido, voto por la NEGATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde hacer lugar parcialmente a los agravios de la citada en garantía, reduciendo el rubro gastos terapéuticos, de farmacia y traslados, a la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) a valores actuales a la fecha de dictada la sentencia de grado (arts. 1746 CCyC; 384 CPCC); confirmar el pronunciamiento apelado de fecha 29/08/2022 en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios; imponer las costas a los demandados y la citada en garantía en su esencial condición de vencidos (art. 68 CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se hace lugar parcialmente a los agravios de la citada en garantía, reduciendo el rubro gastos terapéuticos, de farmacia y traslados, a la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) a valores actuales a la fecha de dictada la sentencia de grado (arts. 1746 CCyC; 384 CPCC); se confirma el pronunciamiento apelado de fecha 29/08/2022 en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios; se imponen las costas a los demandados y la citada en garantía en su esencial condición de vencidos (art. 68 CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia