Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 133337
JS
MONSALVO AVENDAÑO PABLO MARTIN Y OTRO/A C/ GUIDOBALDI JUAN PABLO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
Causa: 133337
La Plata, 13 de Diciembre de 2022.-
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1.a. Mediante resolución dictada el 4 de marzo de 2022, el Magistrado tuvo a la citada en garantía por presentada y constituido el domicilio procesal, cesando así el trámite en rebeldía oportunamente decretado en autos; y, al mismo tiempo, desestimó el levantamiento de embargo sobre fondos que se requiriera. Para ello, tuvo en cuenta el estado de contumacia que tenía dicha parte y la falta de verificación de los presupuestos del art. 65 del CPCC, esto es, terminación del juicio o justificación de haber incurrido en rebeldía por causas que no se podían evitar.
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzó la citada en garantía, a través del recurso que viene fundado en la pieza del 22 de marzo del corriente año, donde comenzó por referir que las circunstancias que el Magistrado ha considerado "suficientes para tener por acreditados los presupuestos de la medida cautelar -verosimilitud del derecho y peligro en la demora” podrían ser ciertas en el eventual supuesto de que no se hubiese negado el hecho por parte del demandado, pero en el caso, este último contestó y negó haber tocado con el auto a la víctima, la que cayó por sí sola al pavimento.
En esa línea, continuó diciendo que la rebeldía de la citada en garantía, analizada conjuntamente con la presentación del accionado, no importó reconocer los hechos, sino solamente tener por reconocida la existencia del seguro, por lo que esas circunstancias descartan la verosimilitud del derecho; agregando que tampoco se hace presente el peligro en la demora, dada la solvencia económica de la aseguradora.
Finalmente, discurrió sobre los antecedentes que motivaron la decisión del 11 de noviembre de 2021, con el objeto de sostener que medió una cuestión dudosa respecto a su citación en garantía, lo que -entiende- debe ser meritado a los fines de analizar el levantamiento requerido.
1.c. Dicha postura mereció la respuesta de la contraria, a través del escrito que presentara el 29 de marzo de 2022.
2.a. Con fecha 28 de diciembre de 2021 y a partir del pedido de la parte actora, el Magistrado dispuso trabar embargo sobre los fondos obrantes en la cuenta del BBVA de titularidad de la citada en garantía; ello en virtud de la rebeldía decretada el 5 de noviembre de 2021, lo normado en el art. 63 del CPCC y hasta cubrir el monto total de Pesos $9.414.960 ($7.314.960,00 por capital reclamado y $2.100.000,00, que se presupuestó para responder a intereses y costas).
No obstante ello, también es necesario poner de resalto que una vez notificado el traslado de la demanda, se presentó en tiempo y forma el Sr. Juan Pablo Guidobaldi, quien, además de efectuar la negativa particular del rito, en su contestación del 22 de octubre de 2021 adujo no haber embestido ni tocado a la víctima, sugiriendo que fue ella quien cayó de la bicicleta.
Así pues, la jurisprudencia tiene dicho que al haberse declarado rebeldía sólo respecto de la citada en garantía, el hecho que el asegurado, demandado y partícipe del evento hubiera contestado la demanda, desconociendo su ocurrencia y dando una versión bien disímil del mismo -al punto, como se viera, de negarlo- constituye un obstáculo por demás relevante al mantenimiento del embargo que se peticionara.
Es que si bien a los fines cautelares la rebeldía establece una presunción favorable a la pretensión de la actora, por lo cual opera de un modo automático para la procedencia de la medida precautoria (cfr. De Lázari, Eduardo N., Medidas Cautelares, LEP, T°I, pág. 288) y no se requiere justificar, en tal supuesto, la verosimilitud del derecho (cfr. Novellino, Embargo y desembargo..., La Ley, pág. 160), no resulta menos cierto que la existencia de un litisconsorcio impide efectivizar -por regla- esa presunción si los demás accionados contestaron la demanda argumentando contra la pretensión actora, lo que aparta la cuestión de lo previsto por los artículos 63 y 212 del CPCC y la sujeta a los requisitos generales sobre procedencia de medidas cautelares (cfr. CNCivil, Sala I, en "Fallone de Tkacsuk c/Sanatorio del Sur SRL s/Sumario", del 4-02-91; CNCivil, Sala D, en "González, Ana María c. Fillipon, Carlos Alberto", del 08/04/2010; pub. en DJ 15/09/2010, 2545; CNCivil, Sala G, en "Gonzalez Orlando Gabriel c/ Aruchari David Ernesto s/ Incidente Civil", del 26/02/2020).
En el mismo sentido se ha dicho que si en una demanda por daños y perjuicios existe un litisconsorcio pasivo y la citada en garantía contestó la demanda, no obstante la rebeldía de uno de ellos, no puede hacerse efectiva la presunción del artículo 63 del CPCC para decretar un embargo. En tal supuesto, deben ponderarse si se encuentran configurados los recaudos genéricos para la procedencia de la cautela (cfr. CNCivil, Sala L, en "Moreno Carlos Marcelo c/Sevillano Facundo y otros s/Daños y Perjuicios", del 16-04-09).
2.b. En esas condiciones, es preciso dejar sentado que los requisitos relativos a las medidas cautelares deben examinarse a la luz de criterios y elementos objetivos, que permitan evidenciar -con el estricto prisma tutelar- que el derecho y el peligro que invocan los interesados no se desprende de meras consideraciones subjetivas o construcciones carentes de piso de marcha, sino de posturas que encuentran -a primera vista- sustento en los hechos, las normas vigentes y las pruebas aportadas al tiempo de decidir la viabilidad de la cautelar, ello en el limitado marco que las mismas permiten (art. 195 y ccs. del CPCC; esta Sala, causas 130973, RR 113/22, del 29-3-2022; 131230, RR 58/22, del 03/03/2022; 130630, RR 102/21, del 30/11/2021; e.o.).
Así pues, en el estadio actual de la causa y frente a los argumentos que sobre la materia expone la parte actora, se alzan también -con igual grado de relevancia- aquellos sostenidos por el demandado Guidobaldi en su escrito postulatorio (ver, en particular, el pto. IV), tan respetables y atendibles en esta instancia unos como los otros.
Si bien las copias de las declaraciones testimoniales rendidas en sede penal que acompañaran los accionantes en su escrito de inicio podrían llegar a avalar parte de su relato -lo relativo al encierro, pero no la embestida-, no resulta menos cierto que no se advierte configurado en la especie el peligro en la demora; toda vez que, ante la presunción favorable al reconocimiento de la cobertura -en virtud de la falta de tempestiva presentación de la compañía y la rebeldía oportunamente declarada (art. 60 y ccs. del CPCC)-, no se ha invocado -ni se advierte por ahora- un concreto y real peligro que, durante el lapso que inevitablemente transcurre entre la demanda y la sentencia definitiva, sobrevenga cualquier circunstancia que pudiese tornar inoperante el hipotético y eventual pronunciamiento judicial de mérito (art. 195 y ccs. del CPCC).
En virtud de todo lo expuesto y no habiéndose satisfecho en la especie los requisitos que hacen viable mantener la medida cautelar trabada, forzoso es concluir que el embargo dispuesto en autos deberá levantarse (arts. 202 y ccs. del CPCC).
2.c. Resuelto el punto, por otro lado y antes de concluir, consideramos preciso aclarar que si bien la resolución del 11 de noviembre de 2021 fue apelada por el demandado (ver escrito del 9 de diciembre de 2021), lo cierto es que tal recurso fue declarado abstracto a través de la providencia que se dictara el día 11 de marzo de 2022, la cual fue notificada y llega inimpugnada a esta instancia; por lo que no corresponde tratamiento alguno de aquella pretensión recursiva.
POR ELLO, y fundamentos expuestos, corresponde: 1) revocar la resolución del día 4 de marzo de 2022 y, en su mérito, proceder al levantamiento del embargo que se decretara el día 28 de diciembre de 2021; 2) Declarar que el recurso interpuesto el 9 de diciembre de 2021 no habrá de ser tratado, en virtud de la inimpugnada decisión del 11 de marzo de 2022 (ver considerando 2.c); y 3) Imponer las costas en el orden causado, atento que la parte actora bien pudo creerse con derecho a peticionar como lo hiciera, en virtud de lo previsto en el art. 65 del CPCC (art. 68, 69 del Cód. cit.). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia