Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132977
Sentencia Definitiva
Causa N° 132977; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 8 - LA PLATA
SIMCHUK GERASIMCHUK GABRIEL NICOLAS C/ DELGADO CARLOS IVAN S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
En la ciudad de La Plata, a los dos días del mes de Febrero de Dos mil veintitres, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 132977, caratulada: "SIMCHUK GERASIMCHUK GABRIEL NICOLAS C/ DELGADO CARLOS IVAN S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada dictada en fecha 1 de agosto de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia dictada por el Juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 8 de este Departamento Judicial hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por GABRIEL NICOLAS SIMCHUK GERASIMCHUK contra CARLOS IVAN DELGADO, condenando a éste último a pagar dentro de los diez días de haber adquirido firmeza el decisorio la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO SETNTEA Y DOS ($2.107.172) monto que comprende: $1.400.000 por daño físico y psicológico, $500.000 por daño moral, $168.000 por gastos médicos y farmacológicos y $39.172 por daño material; ordenó que a las sumas de condena se les aplique la alícuota del 6% anual desde el día en que aconteciera el hecho (27 de Abril de 2014) hasta la fecha del pronunciamiento, por la cuantificación de los rubros a valores actuales. Y de allí en más, dispuso la aplicación de la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días que resulte vigente durante los diversos períodos a liquidar, hasta su efectivo pago; hizo extensiva la condena a la citada en garantía AGROSALTA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA; impuso la totalidad de las costas del juicio al demandado y citada en garantía y postergó la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta la oportunidad procesal dispuesta por el art. 51 del Decreto Ley 8904/77 y de la Ley 14.967.
2. Contra esa forma de decidir interpusieron recurso de apelación el actor (presentación electrónica del 3 de agosto de 2022) y el demandado y la citada en garantía (presentación electrónica del 1 de agosto de 2022), los que fueron concedidos libremente (proveídos del 4 y 2 de agosto respectivamente). Previo a la elevación de las actuaciones a esta Cámara se tuvo por no presentado el recurso respecto del accionado Delgado (proveído del 24 de agosto de 2022); los restantes remedios fueron fundamentados en tiempo y forma en esta instancia (presentaciones electrónicas del 3 de octubre de 2022 el legitimado activo y 13 de octubre de 2022 la citada en garantía); corrido el pertinente traslado (proveído del 14 de octubre de 2022) éste fue contestado únicamente por el accionante (presentación electrónica del 18 de octubre de 2022). Luego, se llamó autos para sentencia (resolución del 26 de octubre de 2022).
3. El legitimado activo se agravia centralmente de la cuantificación de los daños efectuada por el sentenciante.
Sobre la incapacidad física y daño psíquico califica la reparación de exigua, disconformándose que se hayan tratado ambas parcelas de modo conjunto.
Sin embargo acepta ese modo de proceder, siempre que se cumpla con el principio de la reparación integral el que -según su visión- se encuentra vulnerado en el fallo.
Entiende que para la fijación de los montos debió aplicarse el Código Civil y Comercial y no el código velezano que debió emplearse sólo para la atribución de la responsabilidad.
Agrega que se encuentra probada la gravedad de las lesiones, entidad que no se condice con el monto reconocido.
Opina que la pericia médica practicada indica que Simchuk Gerasimchuk debió abandonar la práctica habitual de deportes y se vieron modificadas las acciones sencillas de su vida cotidiana como vestirse, su higiene personal y limpieza de su hogar.
Aduna que se constató un 35,2% de incapacidad física, sumado ello a los 27 años con los que contaba a la fecha del hecho.
Estima que el fallo en crisis omitió ponderar las explicaciones brindadas por el perito Médico Deportólogo a fs. 375 de las que se desprenden también derivaciones en el ámbito estético, califica de probable la posibilidad de someterse a nuevas cirugías y constata desmineralización ósea.
Se vale de los mismos argumentos para solicitar la ampliación de la reparación en el ámbito psicológico.
Reclama que no se ha explicitado la utilización, al menos de modo orientativo, de pautas matemáticas. Propone como ejemplos un cálculo con la aplicación de la “Fórmula Méndez” y “Vuotto”.
Tilda de probado que es empleado de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires.
Lo agravia la cuantificación del daño moral calificándola de exigua y acusando la ausencia de un fundamento objetivo y cierto que permita sustentar con precisión el monto establecido.
Argumenta que el fallo se limita a citas genéricas y una breve referencia a las lesiones acreditadas.
Erige que, sin perjuicio que el daño moral surge por vía de presunciones, en el supuesto se ha incorporado abundante prueba que en su conjunto acredita el evidente quebrantamiento en ese ámbito que ha experimentado el que justifica la elevación de la parcela cuestionada.
Desarrolla las prácticas y tratamiento que debieron efectuarle luego del accidente que le produjeron malestar y pesar que debe ser correctamente indemnizado.
Pone en crisis también la extensión de la condena, señalando que la compañía de seguros no acompañó copia de la póliza, ni ha producido medio de prueba alguno que acredite los límites de cobertura.
Da cuenta del papel de consumidor de quien contrata un seguro de estas características.
Discurre que las cláusulas limitativas de responsabilidad en materia de seguros, especialmente aquéllas que delimitan el riesgo asegurable, en tanto cláusulas de no seguro, deben ser nuevamente evaluadas en sus efectos respecto de la víctima del siniestro, considerando que la ley de seguros 17.418 ha sido afectada por las modificaciones ulteriores de la ley de tránsito 24.449 (art. 68), la de defensa del consumidor 24.240 y sus modificatorias (ley 26.361), y por la reforma constitucional de 1994 (ver art. 42).
Insiste en que no puede admitirse que el asegurador, amparándose en la libertad de contratar y ejercer la industria y acatando las normativas de la Superintendencia de Seguros de la Nación se libere en gran medida de las obligaciones emergentes del contrato de seguro, vaciándolo de sustancia.
Destaca que el asegurador y el asegurado, en cuanto a la temática poseen intereses antagónicos y contrapuestos que a partir de un contrato de consumo los mismos bajo ningún punto de vista quedarían resguardados, toda vez que se ha omitido su debido traslado al demandado para que haga valer sus derechos como consumidor
Aduna que pretender la aplicación de un límite que no fuera informado, y mucho menos probado, tomando como referencia la época del siniestro, vulnera los principios del debido proceso.
Finalmente, se duele de la aplicación de intereses detallando que en los rubros gastos farmacológicos y daños materiales se han fijado, contrariamente a lo dicho por la sentencia, a valores vigentes a la fecha de los dictámenes y no con criterio de actualidad.
Solicita la aplicación al presente de la tasa activa desde el día de la sentencia de grado y hasta el efectivo pago alegando que el mantener la tasa pura del 6% anual estaría otorgando indirectamente una enorme e injustificada ventaja al deudor, quien tendría un evidente incentivo en postergar el cumplimiento del fallo a fin de licuar su obligación dineraria.
A su turno, la citada en garantía se agravia de los montos por los cuales procede la indemnización en concepto de incapacidad física y psicológica por considerarlos desmesurados y carentes de todo sustento.
Alega que, de acuerdo a lo que surge de las pruebas rendidas, el accionante no ha quedado imposibilitado de realizar tarea y/o actividad alguna.
La disconforma la justipreciación del daño moral por no contar los menoscabos sufridos en este orden por el actor la magnitud suficiente para su procedencia.
Refiere que no puede simplemente fundarse en molestias o alteraciones ínfimas por el hecho de no contar con el vehículo. Agrega que el padecimiento debe ser preciso, concreto y estar ocasionado por una situación grave de indisponibilidad física.
Finalmente, pone en crisis la indemnización dispuesta en concepto de gastos porque ciertamente no se ha acreditado ninguno de ellos.
4. Previo a abordar la tarea revisora, corresponde dar respuesta el planteo relativo a la insuficiencia del recurso opuesto por Simchuk Gerasimchuk en el traslado del memorial de la contraparte (presentación electrónica del 18 de octubre de 2022).
Al respecto, ha de decirse que el escrito de expresión de agravios de la Compañía de Seguros (presentación electrónica del 13 de octubre de 2022) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
5. Al igual que lo decidido en la instancia anterior, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil anterior por ser la ley aplicable al momento de la ocurrencia del evento (arts. 3 CC; 7 CCyC).
Empero, aun cuando el hecho dañoso se consumó durante la vigencia de la norma referida, no así las consecuencias que de él derivan. Por ello, se impone diferenciar la existencia del daño de su cuantificación. Como reseña Aída Kemelmajer de Carlucci, la segunda de estas operaciones debe realizarse acorde la ley vigente al momento en que la sentencia fija su extensión o medida (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, segunda parte, Editorial Rubinzal - Culzoni Editores, pág. 234).
Éste deviene un criterio ya compartido también por la jurisprudencia. Así se ha expresado que: “El art. 1746 del Código Civil y Comercial es aplicable a una acción de daños intentada antes de su entrada en vigencia, en tanto la norma no se refiere a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar) sino sólo a las consecuencias de ella (art. 7, CCyC), máxime cuando la regla no varía la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, sino que únicamente sienta una pauta para su liquidación” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re: “A. A. R. c. G. A. M. s/ daños y perjuicios”, sent. del 28/10/2015, publicado en: RCCyC 2016 (abril), 150; RCyS 2016-VII, 155, cita online: AR/JUR/63674/2015).
Por lo tanto para el abordaje de los agravios relativos a la procedencia y cuantificación de las indemnizaciones -tal como lo solicita el actor en su presentación ante esta Cámara- se acudirá a los artículos pertinentes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (conf. esta Sala causas 121.394, sent. del 1/6/2017; 124.349, sent. del 19/02/2019 entre otras).
6. Emprendiendo la tarea revisora, encuentro que las quejas esgrimidas por las partes se direccionan a la procedencia y cuantificación de las parcelas indemnizatorias.
6.1. Primeramente, evidencio que dentro de las disconformidades se destaca el reclamo sobre la ausencia -o bien falta de individualización- de la pauta matemática utilizada a la hora de calcular las reparaciones.
Sobre esta temática -la que he abordado en reiterados antecedentes de esta Sala (causas 125951, RSD 291-19, sent. del 5/11/2019; 126110 RDS 309/2019 sent. del 25/11/2019; 126361 RSD 332-19, sent. del 17/12/2019; 127098 RSD 101-20, sent. del 14/07/2020, e.o)- el art 1746 CCyC dispone que “En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades…”.
La aplicación de fórmulas aritméticas a los fines de indemnizar la incapacidad sobreviniente, ha despertado y despierta distintas posturas doctrinarias y jurisprudenciales, existentes aún desde antes de la sanción del Código Civil y Comercial.
A partir de esos desarrollos, encontramos las posturas receptivas, las que se resisten a la aplicación de las fórmulas matemáticas y quienes la receptan como una pauta orientadora pero no vinculante.
Adhiero a esta última corriente, toda vez que considero que el art. 1746 CCyC contempla una serie de circunstancias que debe ser necesariamente tenidas en cuenta para la determinación de la indemnización, pero de ningún modo una pauta matemática o financiera a la que deba atarse el Magistrado de forma obligatoria y única.
Es que, cuando el artículo 1740 CCyC desarrolla el concepto de reparación, indica expresamente que ésta debe ser “plena”, agregando que debe contemplar “la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie”.
De la interpretación armónica de ambas normativas y de los principios generales en la materia, se desprende que no basta con la aplicación de una fórmula que determine un capital en base a la actividad productiva o económicamente valorable del damnificado, sino que el resarcimiento en materia civil debe tener un marco de valoración más basto y amplio. No tiene como objeto -tal como las reparaciones en el ámbito del derecho del trabajo- sólo las limitaciones del orden laborativo, relacionadas con la edad y grado de incapacidad, sino que debe incluir necesariamente las implicancias de la persona tanto desde su faz individual como desde su inserción social, su vida en relación, sus relaciones amorosas, familiares, deportivas, lúdicas, etc. Las que deben ser analizadas detalladamente en cada caso individual.
En este sentido, un aspecto importante de la nueva norma es la referencia a una pauta o criterio matemático de ponderación para determinar una suma global definitiva a título de capital que, invertido adecuadamente, produzca renta o ganancia que le permita al damnificado continuar percibiendo durante su vida útil un monto equivalente al que cobraba antes del hecho nocivo. Si bien la redacción de la norma podría dar margen a otra interpretación, concluyo que mantienen vigor los criterios interpretativos que confieren al razonable arbitrio judicial la función por excelencia de cuantificar los daños. Tanto los parámetros matemáticos como los porcentajes de incapacidad resultantes de prueba pericial han de ser valiosos aportes, pero no obligan matemáticamente al juez, porque -insisto- la cuantía por incapacidad sobreviniente no debe ceñirse a cálculos matemáticos rígidos, cerrados y herméticos, sino que debe fijarse sujeta al prudente arbitrio judicial ponderando la multiplicidad factores particulares de cada caso (enunciadas por el art. 1746 CCyC).
Asimismo, no resulta ocioso destacar que las fórmulas matemáticas predispuestas no están exentas de generar arbitrariedades por su nivel de abstracción.
La Justicia Nacional Civil tiene dicho sobre este tópico “La reparación, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias de cada caso y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza de un margen de valoración amplio, ello concuerda con las pautas de valoración establecidas en el art. 1746 del Código Civil y Comercial” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re: “A. A. R. c. G. A. M. s/ daños y perjuicios”, sent. del 28/10/2015, publicado en: RCCyC 2016 (abril), 150; RCyS 2016-VII, 155, cita online: AR/JUR/63674/2015).
En tanto que “Para decidir el monto de la indemnización, además de acudir a las fórmulas matemáticas y cálculos actuariales que surgieron como una herramienta de orientación para proporcionar mayor objetividad al sistema y reflejar de una manera más exacta en lo posible el perjuicio patrimonial experimentado por el damnificado, el Juzgador debe ponderar los elementos vitales que surjan acreditados en la causa, a fin de evitar que la frialdad de una ecuación aritmética cierre la mirada a lo justo en concreto que es, en definitiva, aquello que los jueces deben resolver mediante una resolución razonablemente fundada” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re: “PONCE, Graciela Evelina c/ BALAGNA, Reynaldo Alberto y otros s/ daños y perjuicios”, sent. del 19/10/2018).
Por su parte, el Dr. De Lázzari, en un criterio que encuentro plenamente aplicable a la indemnización por incapacidad sobreviniente a partir de la sanción del Código Civil y Comercial ha dicho que “Para la determinación de la indemnización es útil recurrir a fórmulas de matemática financiera o actuarial como son aquellas contenidas en las tablas de amortizaciones vencidas a interés compuesto y de uso habitual en los Tribunales de Trabajo. Ello ofrece, como ventajas, algún criterio rector más o menos confiable, cierto piso de marcha al formular o contestar reclamos, o el aventamiento de la inequidad, la inseguridad o la incerteza. Pero esas ventajas no deben llevarnos a olvidar que tales formulas juegas, por un lado, como un elemento más a considerar -cuando mensurar un daño y su reparación se trata- junto a un haz de pautas fundamentales ajenas al mundo de las matemáticas y con todas las cuales el juzgador ha de trabajar para aquélla determinación. Y por otro lado, que su aplicación desprovista de prudencia puede llevar a verdaderos despropósitos” (SCBA LP C 117926 S 11/02/2015 Juez De Lázzari SD).
En el mismo antecedente de nuestro máximo Tribunal Provincial ha concluido que “Nada impide que se utilicen cálculos matemáticos o tablas actuariales como una orientación, pero los jueces no estamos constreñidos a la aplicación de fórmula alguna para la determinación de una indemnización. Esto no debe interpretarse como que repruebo la racionalidad -ni siquiera que me aparto de ella-; pero ha de advertirse que la acepto cuando puede ser pasada por el tamiz de la razonabilidad, cuando refleja una verdadera adecuación de medios a fines o cuando se nutre de la experiencia vital y de la realidad humana concreta. Puedo aceptar y adoptar esta racionalidad del cálculo aritmético como una directriz o como un instructivo, pero lo haré siempre bajo la reserva del sentido común. Una reserva que -entre otras cosas- me avisa de juzgar los fríos cómputos como lo que son: configuraciones aritméticas y económicas llevadas a cabo a partir de las personales y subjetivas apreciaciones de sus creadores y operadores” (causa citada, voto Juez De Lázzari SD).
Por ello, al tratar la indemnización por daños físicos considero aplicable -tal como lo hizo la sentencia de grado- un criterio elástico de valoración, que contenga los parámetros otorgados por el art. 1746 CCyC, mas no atado a una fórmula matemática financiera que prescinda de las circunstancias particulares de la víctima de autos, en ejercicio de los principios de la valoración de la prueba y la sana crítica (art. 384 CPCC).
Por ello, los agravios expuestos por el actor en esta dirección no han de tener andamiaje (ar
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.