Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132593
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se hace lugar parcialmente a ambos recursos; se revoca la sentencia de grado en lo tocante al rechazo de la cláusula de “no seguro” disponiendo la procedencia de la misma y por lo tanto su operatividad y oponibilidad al actor; se revoca la sentencia de primera instancia en cuanto deniega la indemnización por incapacidad sobreviniente, debiendo receptársela por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000) a valores históricos. En este punto, se determina que esta cuantificación no se traduce en la posibilidad de una doble indemnización por la misma causa disponiendo expresamente que, una vez que se fije indemnización por incapacidad sobreviniente en sede laboral en virtud de las leyes especiales en la materia, deberán deducirse las sumas dispuestas en las actuaciones en la que el rubro en tratamiento hubiera sido menor o bien ejerciéndose las acciones de repetición correspondientes a las partes implicadas; se eleva el monto por el cual procedió el daño moral a la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000) fijados a valores históricos; se confirma la apelada sentencia de fecha 15 de febrero de 2022 en todo lo demás que haya sido materia de recurso y agravios; se dispone que las costas por esta instancia de Alzada sean soportadas en el orden causado por ambos apelantes en función al resultado del recurso (art. 68 CPCC).
HDT/AED
Sentencia Definitiva Causa N° 132596; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 9 - LA PLATA NIETO JULIO ESTEBAN C/ MENENDEZ MARIA EUGENIA S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM.
C/ LES. O MUERTE
En la ciudad de La Plata, a los catorce días del mes de Marzo de Dos mil veintitres, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 132596, caratulada: "NIETO JULIO ESTEBAN C/ MENENDEZ MARIA EUGENIA S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada dictada en fecha 15 de febrero de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia acogió la demanda iniciada por JULIO ESTEBAN NIETO contra MARIA EUGENIA MENENDEZ condenando a esta última al pago de la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($66.480) dentro del término de diez (10) días de adquirir firmeza la resolución, con más los intereses calculados desde la fecha del acaecimiento del evento dañoso (3 de junio de 2014) a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo treinta (30) días vigente para el período comprendido hasta la de efectivo pago -Tasa Pasiva Digital o BIP- (SCBA, C.119.176, sent. del 15/6/2016 in re "Cabrera, Pablo David c/ Ferrari, Adrian Rubén s/ Daños y Perjuicios"; arts. 7, 768 inc. c, arg. 886, 887 y ccs. Cód. Civ. y Com. seg. Ley 26.994; arts. 7 y 10 Ley 23.928 y modif. y art. 163 CPCC); hizo extensivos sus efectos a Federación Patronal Seguros S.A., en la medida del contrato de seguro celebrado con el accionado (art. 118 Ley 17.418); impuso las costas del juicio a la parte demandada y difirió la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes hasta la oportunidad prevista en el art. 51 decreto-ley 8904/77 y art. 51 Ley 14.967 según corresponda.
2. Contra esa forma de decidir interpusieron recurso de apelación el actor (v. presentación electrónica del 17 de febrero de 2022) y la citada en garantía (presentación electrónica del 15 de febrero de 2022), los que fueron concedidos libremente (proveídos de fecha el 21 y 16 de febrero de 2022 respectivamente) y fundados en tiempo y forma en esta instancia (v. presentaciones electrónicas del 22 de septiembre de 2022 el accionante y el 4 de octubre de 2022 la aseguradora); corrido el pertinente traslado (proveído del 5 de octubre de 2022), éste fue contestado por ambos contendientes (presentaciones electrónicas del 14 de octubre de 2022 Nieto, y 18 y 20 de octubre de 2022 la compañía de seguros). Luego de pasar las actuaciones en vista al Señor Fiscal de Cámaras Departamental, se llamó autos para sentencia (proveído del 7 de noviembre de 2022).
3. El legitimado activo apelante se agravia del resultado de la sentencia tildándola de violatoria de los principios sobre la valoración de la prueba, debida fundamentación, de la lógica y la experiencia, además de considerarla contradictoria.
Lo duele que a pesar de que reconozca la responsabilidad del siniestro en cabeza de la demandada, haya disminuido o directamente desconocido rubros indemnizatorios, vulnerando así lo dispuestos por el art. 1113 CC y la teoría de la reparación integral del daño.
Refiere que las acciones iniciadas en sede laboral no cuentan con resolución alguna ni ha hecho cosa juzgada, además de tratarse aquellas actuaciones de un reclamo tasado (sistémico) que no incluye la reparación integral.
Aduna que el criterio del Juez apelado viola con arbitrariedad manifiesta las disposiciones legales vigentes y el derecho del trabajador a establecer, fijar y limitar la reparación integral de la acción judicial Civil que interpuso.
Fundamenta que las indemnizaciones derivadas de la incapacidad parcial temporal o total padecida a consecuencia de las lesiones provocadas por la conducta reprochable de la demandada deben ser indemnizadas en esa sede.
Infiere que el Fisco de la Provincia de Buenos Aires o el demandado de que se trate en el otro fuero tendrá las acciones de recupero o deducciones o compensaciones que hagan a su derecho de ser procedentes.
Señala que ambas pretensiones encuentran basamento en diferentes dispositivos normativos y los elementos que conducen a una u otra, no son iguales ni coextensivos.
Recalca que en su reclamo laboral cuestiona abiertamente la constitucionalidad de las normas acerca de la extensión de la reparación tarifada establecida en la LRT.
Asegura que las regulaciones y decisiones sobre el tema conspiran contra los Derechos Humanos del trabajador, haciendo muy difícil para el abogado que lo representa abarcar todos los planteos posibles y elegir el camino más seguro, dificultando y a veces impidiendo el acceso a reclamar ante el Juez Natural por sus derechos.
Argumenta que al momento de justipreciar la indemnización por incapacidad permanente no cabe ceñirse a evaluar el perjuicio material en cuanto repercute en la minusvalía laboral de la víctima, sino que también corresponde indemnizar la pérdida de "chance" cuando el accidente pueda privar al damnificado de la posibilidad futura de ascender en su carrera y demás consecuencias en su vida de relación.
Sobre el daño emergente se queja de la improcedencia de la reparación por privación de uso y desvalorización de la moto, considerando que se han individualizado los daños materiales con incidencia directa en la utilización de la motocicleta lo que hace que el rubro deba reconocerse. En lo tocante con el menoscabo de carácter moral denuncia la falta de tratamiento específico sobre las consecuencias sufridas por el actor al momento de su determinación.
Arguye que el análisis genérico efectuado por la sentencia apelada no deja ver si efectivamente el rubro pretendido ha sido o no valorado y a partir del monto reconocido se vislumbra que no se ha valorado correctamente.
Finaliza sus quejas solicitando la nulidad parcial de la sentencia y se proceda a la elevación, fijándose las indemnizaciones solicitadas.
Por su parte, la citada en garantía pone en crisis la sentencia apelada en lo que respecta al rechazo de la excepción de “no seguro”. Considera que la exclusión de cobertura determinada en la Cláusula CG-DA, 2.1, inc. 9 pág. 6 condiciones generales de la póliza 18.352.534 contratada, se ha cumplido en este accidente.
Realza que la demandada al contestar el traslado de la excepción opuesta admitió diáfanamente la falta de licencia al momento del hecho, extremo que además se encuentra probado.
Resalta además que ha sido acreditada la autenticidad de la carta documento agregada al contestar la demanda mediante la cual notifica en tiempo oportuno la declinación de la cobertura pactada por las razones señaladas.
Alega que el sentenciante ha confundido la habilidad o no de la señora Menéndez en el manejo automotor, con la configuración expresa de una causal prevista para la procedencia de la exclusión de cobertura pactada.
Trae a colación una cita doctrinal mediante la cual el proceso de "determinación del riesgo" muestra dos fases: una positiva, la "individualización", de enunciado del riesgo genérico que se cubre -incendio, robo, etc.-, y otra negativa, la "delimitación", por la que se colocan fuera del amparo diversas situaciones en las que ese riesgo se acentúa notablemente, ya sea en su probabilidad o bien en su intensidad o amplitud dañosa, por lo que el asegurador las considera insusceptibles de cobertura asegurativa o sólo amparables mediante una prima más elevada que la fijada en el contrato.
Cita la causa Ac. 2078 del 21/12/2011 in re C. 107.403, "Bruno, Alfredo Luis y otra contra Huarte, Omar Alfredo. Daños y perjuicios" y sus acumuladas de nuestro máximo Tribunal Provincial en apoyo a su postura. Alega que la cláusula conformó un típico caso de exclusión de cobertura o "no seguro", resultando a la vez su redacción lo suficientemente clara e inequívoca en orden a su funcionalidad delimitadora del objeto negocial.
Finaliza sus agravios peticionando se revierta lo dispuesto en la instancia y se haga lugar en consecuencia a la cláusula de no seguro.
4. Liminarmente, corresponde señalar, dando respuesta al pedido de nulidad de la actora en su expresión de agravios, que el artículo 253 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC- posibilita tal declaración respecto de las sentencias que adolezcan de vicios extrínsecos por violación de las formalidades previstas para su dictado (arts. 163 y 253 del CPCC).
Así, el recurso de nulidad se encuentra comprendido en el de apelación (art. 253, CPCC) y se halla circunscripto a salvaguardar las exigencias formales impuestas a la sentencia. La nulidad no puede basarse en una discrepancia personal de quien recurre, sobre el modo en que el sentenciante hubo argumentado al fundar sus conclusiones. Tales planteos hacen al acierto o justicia del pronunciamiento, no a su validez (conf. esta Sala, causas 123630, sent. del 13/06/2018, RSD 147/18; 130052, RR 8/21, sent. int. del 05/10/2021).
Pues bien, de la sentencia apelada no se advierte vicio extrínseco o formal alguno, limitándose las quejas de la accionante a sus discrepancias con lo decidido en la instancia anterior y por tanto, solucionables vía recurso de apelación.
Por ello estimo procedente desestimar esta parcela del planteo del legitimado activo, lo que dejo propuesto al acuerdo (art. 253 CPCC).
5. Por un orden lógico, corresponde abocarse primeramente a los agravios relativos a la procedencia de la cláusula de “no seguro” que reclama Federación Patronal.
Emprendiendo esa labor advierto que a fs. 60/92 se presenta a contestar la citación en garantía la aseguradora oponiendo defensa de falta de seguro en virtud a que “María Eugenia Menéndez (demandada en estas actuaciones) carecía de licencia de conducir que la habilitara legalmente a conducir vehículos” (v. esp. fs. 89 vta).
Acompaña al efecto copia de la Carta Documento que enviara a la asegurada notificándole tal circunstancia (v. fs. 62 CD de fecha 04/07/2014 en donde la anoticia sobre declinación de seguro por no hallarse al momento habilitada para conducir y contestación de oficio de Correo Oficial que la informa como auténtica a fs. 323/324) y la copia de la póliza 18.352.534 (v. fs. 64/88).
De este último instrumento surge que, bajo el título “exclusiones de cobertura” [cláusula 6 inc. d, condiciones generales de responsabilidad civil (CG-RC) 2.1 inc. 9 y condiciones generales daños automotores (CG-DA) 2.1 inciso 9], dispone ésta quedará configurada mientras el vehículo asegurado “sea conducido por personas que no estén habilitadas para el manejo en esa categoría de vehículo por autoridad competente”.
Posteriormente, se presenta la accionada a contestar el traslado conferido respecto de la presentación de la aseguradora reconociendo expresamente la ausencia de licencia de conducir habilitante al momento del siniestro. En esta dirección Menéndez alegó: “La circunstancia de encontrarse vencida la licencia de conducir de la suscripta -circunstancia administrativa suplida inmediatamente cuando se advirtiera tal situación- no es de manera alguna óbice para la vigencia de la cobertura respectiva…”, para luego hacer mérito sobre la diferencia entre una licencia vencida y la inexistencia de la misma (v. fs. 119/121).
Cabe agregar que en aquella presentación la legitimada pasiva omitió efectuar las negativas de rigor respecto de la documental acompañada por la compañía (carta documento y póliza), lo que surge de la presentación de fs. 119/121.
Ahora bien, ante esta circunstancia fáctica que llega firme e indiscutida a esta instancia -la ausencia de habilitación administrativa para conducir por parte de la María Eugenia Menéndez a la fecha del siniestrocabe abordar el debate sobre la operatividad de la cláusula de no seguro. Nos hallamos ante una cuestión que no se encuentra exenta de debate jurisprudencial y doctrinario, con posturas que, a grandes rasgos, resumiéndolas y agrupándolas, se pueden concentrar en:
Quienes sostienen -como el Juez de grado en la sentencia apelada- que la obligatoriedad de la licencia de conducir es una cuestión vinculada con una falta administrativa y que por sí no basta para fundamentar la exclusión de cobertura en el seguro automotor, por cuanto su falta no se erige necesariamente en la ineptitud para manejar de quienes infringen esa normativa (en el mismo sentido CNCiv., Sala L, “Giuliani, Mario c/ Khafif, Isaac s/ Sumario”, elDial-AE840, citada por el Sr. Fiscal de Cámaras en su dictamen de fecha 02/11/2022).
Luego, están quienes mantienen que la exclusión no puede ser oponible al damnificado por ser una cláusula abusiva en los términos de la ley de defensa del consumidor, dirección que también toma el decisorio apelado. Dentro de ésta se incluye a quienes entienden que debe rechazarse la cláusula de “no seguro” cuando se trata de seguro automotor obligatorio.
Finalmente, otros autores juzgan procedente la plena aplicación de la exclusión de cobertura cuando se configuran las circunstancias que aquí se debaten (v. CCiv, sala H “Herrera, Verónica c. Portillo, Nélida” 26/12/1996 AR/JUR/1490/1996 y SCBA, 2/5/1989, LA LEY, 1989-E, 129; 15/5/1990 LA LEY, 1990-D, 356).
Sobre este último supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza ha sostenido que “la falta de carnet de conducir, opera como una causal de exclusión de la cobertura y la misma puede ser opuesta al actor por la aseguradora citada en garantía. Un caso de ´no seguro´. El evento no ha sido cubierto por el asegurador, no ha sido tomado a su cargo ni recibió prima alguna por el riesgo de conducir sin carnet" (Suprema Corte de Justicia de Mendoza en autos "Verdejo c. Pagliara", RDCO 1990A279 y No.75.217 "Martínez Hnos. en j Lucero, Oscar Ramón c. Raúl Alberto Martínez y Ot. p/ D. y P. s/ Cas” publicado en La Revista del Foro de Cuyo N° 58, p. 231. Antecedentes citados por la Cámara 4a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza en causa “Araya, Américo Florentino c. Sottano, Florencia Isabel s/ d. y p.”, sent. del 07/03/2014, citas: TR LALEY AR/JUR/2068/2014).
Adhiero a esta última postura y por tanto considero plenamente operativa la cláusula de “no seguro” en el caso en estudio.
En esta dirección, resulta insoslayable destacar que no estamos frente al debate sobre la culpabilidad o responsabilidad de la demandada en la causación o desencadenamiento del accidente -tal como lo afirma tanto la sentencia apelada como el Fiscal de Cámaras en su dictamen extremo que, por otra parte, no llega debatido a esta Alzada- sino que, en este punto, la discusión debe limitarse a la procedencia o improcedencia de una cláusula contractual previamente establecida. En este sentido, encuentro que el tanto Fiscal de Cámaras como el Juez de grado en sus argumentaciones confunden la asignación de responsabilidad o -más específicamente- la incidencia causal de la ausencia de licencia de conducir de la demandada en la producción del choque con la naturaleza jurídica del contrato de seguro y la operatividad de las estipulaciones contractuales en este tipo de convenios.
Las cláusulas de exclusión de cobertura o de “no seguro”, ya sean de fuente normativa o convencional, se caracterizan por describir una hipótesis o circunstancia en la que el siniestro no se encuentra cubierto por la aseguradora (conf. SCBA LP C 122892 sent. del 12/02/2021). En definitiva, describen una situación genérica y abstracta que, cumplida en el caso particular, la vuelve operativa, con prescindencia de que la referida conducta haya tenido relación causal adecuada con el hecho dañoso. Tal es el caso de autos en donde, como se dijo, se encuentra reconocida tanto la cláusula de exclusión (supuesto abstracto convenido) como la circunstancia que la demandada circulaba desprovista de licencia habilitante -por encontrarse vencida- al momento de producirse el hecho (cumplimiento de ese supuesto abstracto).
Y por ello, a partir de la acreditación de la hipótesis determinada en el contrato, la procedencia de la cláusula de “no seguro” se torna aplicable y procedente.
No pone en crisis esta decisión ni obsta a la conclusión arribada el argumento dirigido a que el pago de la prima y la recepción de éste sin protesto por parte de la compañía sin verificar el estado de la licencia del tomador del seguro deja sin efecto la disposición, siempre que no estamos ante la interrupción del vínculo contractual sino ante un típico supuesto de exclusión de cobertura por un incumplimiento imputable al tomador.
Concluir en contrario se traduciría lisa y llanamente en desnaturalizar el contrato de seguro, desoyendo sus disposiciones de manera mecánica, generando que todas las cláusulas puedan ser descalificadas bajo el pretexto de abusivas sin un mínimo análisis previo conforme las circunstancias del caso.
Y aquí es justamente donde vislumbro otro motivo que refuerza la convicción dirigida a la revocación de la sentencia de grado en este sentido: es indudable que este tipo de instrumentos deben ser incluidos dentro de los denominados contratos de consumo y por tanto analizarse bajo la normativa tuitiva del consumidor. A partir de allí, éstos se encuentran amparados por sus principios y leyes, en virtud a la relación de consumo habida (art. 42 CN; 38 CPBA; 7 CCyC; ley 24240).
Ahora bien, ello no implica de modo alguno desnaturalizar o desoír las características propias del contrato, sino que éste debe integrarse con los principios tutelares del ordenamiento consumeril. Así, al asegurado le alcanzarán los principios interpretativos de su condición de consumidor, tutela adicional frente a cualquier forma de abuso y le jugará la interpretación en su favor en caso de duda, pero la naturaleza y esencia del seguro no cambiará, pues éste ha sido el propósito al asociarlo al consumo (conf. esta Sala causa 127767 RSD 178/20 sent. del 14/10/2020 carátula “Villanueva Raúl Alfredo c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ daños y perjuicios).
Consecuencia necesaria de esta interpretación es que la cláusula opuesta no resulte de modo alguno abusiva. Nótese que la misma tiene su correlato en la ley Nacional de Tránsito la que en su art. 40 inc. “a” establece la prohibición de conducir sin licencia habilitante. Sumado a ello no existe otra legislación municipal, provincial o nacional, que autorice el manejo de automóviles en ausencia de esa autorización administrativa. A partir de ello es dable concluir que no se trata de un límite descabellado que se traduzca en el abuso de la posición dominante por parte de la aseguradora o resulte de su mayor su fortaleza negocial. Muy por el contrario, es una típica cláusula de contrato de seguro que encuentra su fundamentación en la normativa de tránsito vigente (art. 40 inc “a” de la Ley 24449).
Además, esa falta se traduce en una conducta antijurídica que no debe ser amparada por el régimen tuitivo del consumidor ni debe ser objeto de protección por parte del seguro, ya que constituye una delimitación objetiva del riesgo, lo que significa que el asegurador no habrá de afrontar el amparo de conductas prohibidas, en contradicción con el ordenamiento legal.
En nada obsta a que la accionada luego del siniestro haya renovado su licencia toda vez que, reitero, en este punto no estamos frente a la discusión sobre la responsabilidad ni la expertiz conductiva de la asegurada, sino sobre la operatividad de una cláusula contractual predispuesta.
Se ha dicho que “Cuando el vehículo es conducido por quien carece de registro habilitante, se produce contractualmente un supuesto de inexistencia de cobertura y no puede la víctima pretender que la condena alcance a la aseguradora que, al momento del accidente, carecía, por ese motivo, de vínculo con el responsable. Se trata de un supuesto de limitación del riesgo o no seguro, donde también resultaban extrañas las consideraciones relativas a la función social del seguro y a la protección de la víctima” (conf. SCBA, 2/5/1989, LA LEY, 1989-E, 129; 15/5/1990 LA LEY, 1990-D, 356; CNCiv, Sala H en autos “Herrera, Verónica c. Portillo, Nélida” sent. del 26/12/1996 AR/JUR/1490/1996; Cámara 4a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza en causa referida). En conclusión, a la luz de lo desarrollado supra, es que propongo al acuerdo la recepción de los agravios de la citada en garantía, revocándose la sentencia apelada en este punto y disponiéndose la procedencia y operatividad en el presente caso de la cláusula de “no seguro” opuesta por la citada en garantía Federación Patronal Seguros S.A. (art. 384 CPCC; art. 1, 2, 3 LDC, 40 inc. “a” ley 24449).
6. Cabe ahora abocarse al tratamiento del agravio del actor dirigido al rechazo de la indemnización por incapacidad física, psíquica y pérdida de chance ante la existencia de un proceso laboral en trámite que tiene como argumento fáctico el mismo accidente, dispuesto por la sentencia apelada.
Adelanto que asiste razón al apelante.
Nótese que el reclamo aquí ventilado se encuentra sustentado por los principios de la responsabilidad aquiliana (art. 1113 CC), mientras que el incoado en sede laboral tiene origen contractual (el contrato de trabajo) y es regido por la ley especial (24557 de accidente de trabajo). A partir de lo expuesto debe avizorarse que la obligación de indemnizar los daños causados al trabajador por un hecho ilícito que se encuadra como accidente in-itinere por parte del autor o responsable del mismo (en el caso la demandada Menéndez) y la del patrón de la relación laboral de solventar la correspondiente, son obligaciones concurrentes que tienen un mismo acreedor, igual objeto, aunque diversidad de causa y de deudor.
La causa es diferente porque en las actuaciones “Nieto, Julio Esteban c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ accidente in intinere” en trámite ante el Tribunal de Trabajo N° 3 de este Departamento Judicial se debate la obligación nacida del contrato de trabajo entre el aquí actor y su empleador; en cambio el presente se centra en la responsabilidad extracontractual por el hecho ilícito.
Y el deudor es diferente porque los obligados al pagó serán el empleador (eventualmente su aseguradora) y la demandada respectivamente.
Por ello corresponde fijar en este fuero la reparación por incapacidad sobreviniente en cabeza de la legitimada pasiva debiéndose, una vez que se haga lo propio en sede laboral en virtud de las leyes especiales en la materia, deducirse las sumas fijadas en las actuaciones en la que el rubro en tratamiento hubiera sido menor o bien ejerciéndose las acciones de repetición correspondientes a las partes implicadas (conf. SCBA Ac. 63.000 del 24/11/98; esta Cámara, Sala 3, causa R. DE L. C. Y. C/M. M. A. Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICOS" sent. del 18/05/2004;
Cámara Primera, Sala 3, La Plata, causa 214467 sent. del 31/08/1993), impidiéndose a partir de esta salvedad la posibilidad de incurrir en una doble indemnización por la misma causa.
7. Lo decidido en el apartado anterior indica que deba emprenderse el estudio sobre la procedencia de la incapacidad física y psicológica reclamada en la presentación de inicio y en su caso su justipreciación.
Al respecto, se ha dicho que en el supuesto de lesiones, el daño patrimonial se configura cuando existe incapacidad o disminución de las aptitudes físicas o psíquicas, que incide en las posibilidades laborales y en tanto genera una restricción a la potencialidad productiva, el que es indemnizado como daño emergente (esta Sala, causas 97.753, sent. del 27/06/2002, RSD 162-2002; 101.097, sent. del 16/08/2005; 104.884, sent. del 18/08/2005, entre otras).
Ahora bien, tomada la incapacidad como el daño que afecta el patrimonio actual y futuro del individuo, al comprometer definitivamente sus potencialidades, se advierte que el mismo puede reconocer diversas manifestaciones, ya sea porque el desmedro se produce en sus aptitudes psíquicas o en la estructura corporal de la persona y, dentro de este aspecto, presentarse como un desorden orgánico, funcional, o aún estético (esta Sala, causas 100508 RSD 111/3; sent. del 27/05/2003, 125904 RDS 264/219 sent. del 01/10/2019 e.o.).
Cuando del contenido de las pruebas producidas se advierta, pese a la patología descripta y a la calificación asignada, la existencia de una incapacidad de carácter transitoria, corresponde rechazar su indemnización bajo este rubro y analizarlo a través de la concesión del importe que se otorgue para el daño moral (arts. 375, 474 CPCC) o, en su caso, si así se acreditara, como lucro cesante.
A contrario sensu (contrariamente), ante la determinación de una dolencia de carácter permanente se la calificará como integrante del daño patrimonial.
Sobre este piso de marcha, se analizan las pruebas colectadas tanto en estas actuaciones como en las radicadas en sede laboral, entre las que cobra significativa relevancia el aporte de las experticias practicadas. Sobre los menoscabos físicos surge de la causa caratulada “Nieto Julio Esteban c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Accidente in itínere” en trámite ante el Tribunal de Trabajo N° 3 de este Departamento Judicial -el que tengo a la vista como prueba- que se le practicó al actor la pericia médica que fue confeccionada por el Dr. Juan Carlos Ayllón (v. presentación electrónica del 22/04/2018 en esas actuaciones).
Allí el experto, luego de evaluar los antecedentes y el estado actual de Nieto constata en la extremidad inferior derecha “un Tobillo Deformado y Edematizado y la presencia de una Cicatriz Quirúrgica de 4 centímetros de longitud, ubicada en el borde externo del Pie” y “una Leve Limitación para los diferentes movimientos del tobillo, encontrándose los siguientes guarismos: -Flexión Dorsal: la misma alcanza los 15º, -Flexión Plantar: es de 35º, -Movimiento de Inversión: corresponde a 20º, Movimiento de Eversión: alcanza 10º” agregando que “la Flexión de los Dedos del Pie, también se encuentra Limitada y exacerba el Dolor presente” (v. ap. 1 pericia mencionada).
Concluye que presenta “secuela post traumática crónica de tobillo y pie derecho intervenido quirúrgicamente” comportando una “Incapacidad parcial del 8% de la T.O” (v. ap. 2 pericia referenciada), adunando que utilizando distintos factores de ponderación lleva a una incapacidad “Parcial y permanente” de 12 % (v. ap. 5 pericia referenciada). Este dictamen obtuvo la impugnación y observación de ambas partes (presentaciones electrónicas del 17 de mayo y 29 de mayo de 2018 en actuaciones referidas), lo que generó la ratificación del experto sobre los informes elevados (v. presentaciones electrónicas del 4 de julio de 2018 a las 12:13:14 y 12:15:45 hs.).
En estas actuaciones, Martín Marchet Perito Médico en Traumatología, realiza un análisis similar al designado por el Tribunal de Trabajo, pero concluye en una incapacidad menor. En efecto dictamina “Consultando el Baremo de uso habitual y teniendo en consideración las lesiones y secuelas que actualmente presenta el Actor, le corresponde el siguiente grado de incapacidad: Fractura expuesta del 5to metatarsiano pie derecho, con lesión de tendones extensores de los dos últimos dedos del pie, metatarsalgia, cicatriz y disminución del rango articular del 4to y 5to dedo: 6% Incapacidad física Parcial, Permanente y Definitiva: 06,00%” (presentación electrónica del 24 de mayo de 2018), informe que es reafirmado ante las impugnaciones a fs. 404.
En la faz psicológica, la Lic. María Eugenia Victoria Guitiérrez Meyer dictaminó en sede laboral que “De acuerdo al análisis del discurso y al material aportado por las técnicas, se pone de manifiesto que el hecho no ha tenido el estatuto de traumático en el psiquismo del sujeto” (fs. 117/121 de las actuaciones en sede laboral referidas, ap. “conclusiones”) el que fue impugnado por la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires (presentación electrónica del 19 de septiembre de 2016, en autos mencionados) generada a partir de una confusión dado que la Psicóloga no detectó afecciones psíquicas y limitándose a calcular que Nieto tendría un 10% de incapacidad física (v. pericia referida respuesta al punto 9 en juicio laboral). En este proceso también se puede observar una pericia psicológica practicada al actor por la Lic. Verónica Giantomasi que coincide en lo medular con la antes citada. En efecto, mediante presentación electrónica de fecha 17 de mayo de 2018 la experta concluye que “En la actualidad no podemos hablar de daño psíquico ya que no presenta trauma, ni alteraciones emocionales, afectivas, sociales, relacionales, laborales” (v. respuesta 1).
Aquí no resulta ocioso recordar que nuestra jurisprudencia ha dicho en reiteradas oportunidades que al apreciar los dictámenes los jueces ejercen facultades propias, no teniendo las conclusiones de los expertos eficacia vinculante (SCBA, Ac. 38915, sent. del 26/04/1988, La Ley 1988-D-100, Acuerdos y sentencias 1988-I-720, D.J.B.A. 1988-134, 345; SCBA, Ac 49735, sent. del 26/10/1993; Ac 56166, sent. del 5/07/1996; Ac. 61475, sent. del 3/03/1998). Aun así, las reglas de la sana crítica indican que para apartarse de un dictamen pericial suficientemente fundado es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir razones científicas fundadas, son insuficientes para provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica (art. 474 del C.P.C.C.; esta Sala, causas 109550, sent. del 22/07/2008; 115511, sent. del 26/03/2013, e.o.).
Es en este ejercicio que vislumbro que los dictámenes referidos cuentan con un grado de detalle y justificación técnica los que generan suficiente fuerza convictiva y probatoria, destacando asimismo que el porcentual de incapacidad fijado por cada experto resulta un elemento orientativo y no de aplicación obligatoria para el Juez (art. 384; 474 CPCC). A partir de ello se dispone que en este apartado debe indemnizarse lo relativo a las dolencias físicas, más no a las psicológicas que no han adquirido el grado de permanentes como para ser reparadas dentro del rubro patrimonial.
Sobre la pérdida de chance, nótese que el actor no lo solicita como rubro independiente, sino que lo subsume en el título genérico dirigido a la incapacidad de carácter patrimonial cuestión por la cual ésta será parte integrante de la reparación dispuesta en este apartado.
Respecto de la cuantificación debe tenerse en miras las características laborales de Nieto: trabajaba al momento del accidente en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires con dos años de antigüedad allí, y personales: 28 años no acreditándose carga de familia. Sumado a ello debe tomarse el Salario Mínimo Vital y Móvil al momento del accidente como una pauta más de análisis.
A partir de ello, propongo que el rubro en tratamiento sea justipreciado en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000) los que son calculados a valores históricos tal como lo hizo la sentencia apelada (arts. 1737, 1738, 1739, 1740 CCyC, 384, 474 CPCC). En este punto, se reitera y confirma lo determinado en el apartado 6 del presente voto en cuanto a que esta cuantificación no se traduce en la posibilidad de una doble indemnización por la misma causa toda vez que se dispone expresamente que, una vez que se fije indemnización por incapacidad sobreviniente en sede laboral en virtud de las leyes especiales en la materia, deberán deducirse las sumas dispuestas en las actuaciones en la que el rubro en tratamiento hubiera sido menor o bien ejerciéndose las acciones de repetición correspondientes a las partes implicadas (conf. SCBA Ac.63.000 del 24/11/98; esta Cámara, Sala 3, causa R. DE L. C. Y. C/M. M. A. Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICOS." sent. del 18/05/2004; Cámara Primera, Sala 3, La Plata, causa 214467 sent. del 31/08/1993).
8. Sobre la privación de uso del rodado y su desvalorización, el legitimado activo se queja de su improcedencia considerando que se han individualizado los daños materiales con incidencia directa en la utilización de la motocicleta lo que hacen que el rubro deba reconocerse.
Al respecto, se ha dicho que todo daño cierto debe ser indemnizado (arts. 519, 520, 1068, 1069, Cód. Civil) y la certeza o realidad del daño atañe no solamente a su existencia sino también a su composición, es decir, a las circunstancias modalidades y gravedad que puede revestir (Trigo Represas, Felix A., “La Prueba del daño emergente y del lucro cesante”, en “Revista Derecho de Daños, La Prueba del Daño I”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999, pág. 42).
Por su parte, el artículo 375 del Código Procesal Civil y Comercial, impone a cada parte la carga de probar las circunstancias de hecho invocadas como sustento de su pretensión, defensa o excepción, a través del aporte de los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo (SCBA, L 95.453, sent. del 18-II-2009, entre otros).
En base a lo expresado, resulta evidente que el Sr. Nieto no ha producido prueba alguna sobre que los daños alegados en su moto afectaron su movilidad, ni sobre los medios alternativos de locomoción, no siendo suficiente que se hayan acreditado las roturas sufridas por el rodado, tal como lo ha destacado la sentencia apelada, por lo que el rechazo allí dispuesto ha de confirmarse en los mismos términos que el pedido de desvalorización del motovehículo (art. 384 CPCC).
9. En lo tocante con el daño moral las quejas se dirigen al tratamiento genérico que efectuó la sentencia apelada.
Conforme lo establece el artículo 1738 y 1741 del CCyC, la obligación de resarcir también lo comprende, además de la indemnización de las pérdidas e intereses.
Se entiende entonces que el responsable del daño debe cubrir el quebranto que supone la privación o disminución de bienes como la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física y, en general, todo menoscabo a los más sagrados afectos (conf. SCBA. AC: 35579 del 22/04/86; esta Sala, causa 96.891, sent. del 2/04/2002, RSD 46/2002).
En virtud de las características del hecho ventilado en autos y las probanzas producidas, tengo por acreditado que a partir del accidente el actor sufrió padecimientos de distinta entidad, fundamentalmente en su tranquilidad personal y vida en relación que deben ser indemnizados. De ello dan cuenta las pericias psicológicas efectuadas tanto en esta sede como en el ámbito laboral.
“Teniendo en cuenta su profesión, mozo, sí se ve perjudicado ya que los días de humedad siente molestias en el pie así también como la sensación de que cualquier golpe le puede perjudicar aún más esa dolencia” (apartado 5, pericia psicológica fs. 117/122 sede laboral).
A los fines de cuantificarlo, no resulta ocioso indicar que su determinación no está sujeta a reglas fijas (conf. SCBA, C 98039, sent. del 18/03/2009) y que para su determinación depende “…Del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral" (S.C.B.A., Ac. 41.539, sent. del 21/11/1989, publicado en D.J.B.A. 1990-138, 15, en “Acuerdos y Sentencias” 1989-IV-219; Ac. 55.648, sent. del 14/06/1996; Ac. 56.328, sent. del 5/08/1997, publicado en “El Derecho” 182-134, “Acuerdos y Sentencias” 1997-IV-9; Ac. 59.834, sent. del 12/05/1998; Ac. 64.247, sent. del 2/03/1999, “Acuerdos y Sentencias” 1999-I-360; Ac. 82.369, sent. del 23/04/2003).
Dentro del contexto indicado, en función a las pruebas emanadas en estas actuaciones, encuentro que la suma fijada en la instancia resulta reducida más no injustificada como lo asegura el actor.
Por ello insto a su ampliación a la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000) fijados a valores históricos tal como lo hizo la sentencia apelada (arts. 1741 CCyC, 384, 474 CPCC).
10. Por lo demás, la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; esta Cámara, Sala III causa B-79.059, reg. sent. 195/94 e.o., esta Sala causa 127749 RSD 164-20 sent. del 25/09/2020 e.o).
11. En tal entendimiento, por las consideraciones vertidas, he de propiciar hacer lugar parcialmente a ambos recursos postulando la revocación de la sentencia de grado en lo tocante al rechazo de la cláusula de “no seguro” disponiendo la procedencia de la misma y por lo tanto su operatividad y oponibilidad al actor; insto a revocar la sentencia de primera instancia en cuanto deniega la indemnización por incapacidad sobreviniente, debiendo receptársela por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000) a valores históricos. En este punto, se determina que esta cuantificación no se traduce en la posibilidad de una doble indemnización por la misma causa disponiendo expresamente que, una vez que se fije indemnización por incapacidad sobreviniente en sede laboral en virtud de las leyes especiales en la materia, deberán deducirse las sumas dispuestas en las actuaciones en la que el rubro en tratamiento hubiera sido menor o bien ejerciéndose las acciones de repetición correspondientes a las partes implicadas; propongo la elevación del monto por el cual procedió el daño moral a la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000) fijados a valores históricos; insto a la confirmación de todo lo demás que haya sido materia de recurso y agravios; propugno que las costas por esta instancia sean soportadas en el orden causado por ambos apelantes en función al resultado del recurso (art. 68 CPCC).
Voto por la NEGATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde hacer lugar parcialmente a ambos recursos; revocar la sentencia de grado en lo tocante al rechazo de la cláusula de “no seguro” disponiendo la procedencia de la misma y por lo tanto su operatividad y oponibilidad al actor; revocar la sentencia de primera instancia en cuanto deniega la indemnización por incapacidad sobreviniente, debiendo receptársela por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000) a valores históricos. En este punto, se determina que esta cuantificación no se traduce en la posibilidad de una doble indemnización por la misma causa disponiendo expresamente que, una vez que se fije indemnización por incapacidad sobreviniente en sede laboral en virtud de las leyes especiales en la materia, deberán deducirse las sumas dispuestas en las actuaciones en la que el rubro en tratamiento hubiera sido menor o bien ejerciéndose las acciones de repetición correspondientes a las partes implicadas; elevar el monto por el cual procedió el daño moral a la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000) fijados a valores históricos; confirmar la apelada sentencia de fecha 15 de febrero de 2022 en todo lo demás que haya sido materia de recurso y agravios; disponer que las costas por esta instancia de Alzada sean soportadas en el orden causado por ambos apelantes en función al resultado del recurso (art. 68 CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se hace lugar parcialmente a ambos recursos; se revoca la sentencia de grado en lo tocante al rechazo de la cláusula de “no seguro” disponiendo la procedencia de la misma y por lo tanto su operatividad y oponibilidad al actor; se revoca la sentencia de primera instancia en cuanto deniega la indemnización por incapacidad sobreviniente, debiendo receptársela por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000) a valores históricos. En este punto, se determina que esta cuantificación no se traduce en la posibilidad de una doble indemnización por la misma causa disponiendo expresamente que, una vez que se fije indemnización por incapacidad sobreviniente en sede laboral en virtud de las leyes especiales en la materia, deberán deducirse las sumas dispuestas en las actuaciones en la que el rubro en tratamiento hubiera sido menor o bien ejerciéndose las acciones de repetición correspondientes a las partes implicadas; se eleva el monto por el cual procedió el daño moral a la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000) fijados a valores históricos; se confirma la apelada sentencia de fecha 15 de febrero de 2022 en todo lo demás que haya sido materia de recurso y agravios; se dispone que las costas por esta instancia de Alzada sean soportadas en el orden causado por ambos apelantes en función al resultado del recurso (art. 68 CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA.
DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia