Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132596
Sentencia Definitiva
Causa N°132596; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº9 - LA PLATA
NIETO JULIO ESTEBAN C/ MENENDEZ MARIA EUGENIA S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE
En la ciudad de La Plata, a los catorce días del mes de Marzo de Dos mil veintitrés, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 132596, caratulada: "NIETO JULIO ESTEBAN C/ MENENDEZ MARIA EUGENIA S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada dictada en fecha 15 de febrero de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia acogió la demanda iniciada por JULIO ESTEBAN NIETO contra MARIA EUGENIA MENENDEZ condenando a esta última al pago de la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($66.480) dentro del término de diez (10) días de adquirir firmeza la resolución, con más los intereses calculados desde la fecha del acaecimiento del evento dañoso (3 de junio de 2014) a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo treinta (30) días vigente para el período comprendido hasta la de efectivo pago -Tasa Pasiva Digital o BIP- (SCBA, C.119.176, sent. del 15/6/2016 in re "Cabrera, Pablo David c/ Ferrari, Adrian Rubén s/ Daños y Perjuicios"; arts. 7, 768 inc. c, arg. 886, 887 y ccs. Cód. Civ. y Com. seg. Ley 26.994; arts. 7 y 10 Ley 23.928 y modif. y art. 163 CPCC); hizo extensivos sus efectos a Federación Patronal Seguros S.A., en la medida del contrato de seguro celebrado con el accionado (art. 118 Ley 17.418); impuso las costas del juicio a la parte demandada y difirió la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes hasta la oportunidad prevista en el art. 51 decreto-ley 8904/77 y art. 51 Ley 14.967 según corresponda.
2. Contra esa forma de decidir interpusieron recurso de apelación el actor (v. presentación electrónica del 17 de febrero de 2022) y la citada en garantía (presentación electrónica del 15 de febrero de 2022), los que fueron concedidos libremente (proveídos de fecha el 21 y 16 de febrero de 2022 respectivamente) y fundados en tiempo y forma en esta instancia (v. presentaciones electrónicas del 22 de septiembre de 2022 el accionante y el 4 de octubre de 2022 la aseguradora); corrido el pertinente traslado (proveído del 5 de octubre de 2022), éste fue contestado por ambos contendientes (presentaciones electrónicas del 14 de octubre de 2022 Nieto, y 18 y 20 de octubre de 2022 la compañía de seguros). Luego de pasar las actuaciones en vista al Señor Fiscal de Cámaras Departamental, se llamó autos para sentencia (proveído del 7 de noviembre de 2022).
3. El legitimado activo apelante se agravia del resultado de la sentencia tildándola de violatoria de los principios sobre la valoración de la prueba, debida fundamentación, de la lógica y la experiencia, además de considerarla contradictoria.
Lo duele que a pesar de que reconozca la responsabilidad del siniestro en cabeza de la demandada, haya disminuido o directamente desconocido rubros indemnizatorios, vulnerando así lo dispuestos por el art. 1113 CC y la teoría de la reparación integral del daño.
Refiere que las acciones iniciadas en sede laboral no cuentan con resolución alguna ni ha hecho cosa juzgada, además de tratarse aquellas actuaciones de un reclamo tasado (sistémico) que no incluye la reparación integral.
Aduna que el criterio del Juez apelado viola con arbitrariedad manifiesta las disposiciones legales vigentes y el derecho del trabajador a establecer, fijar y limitar la reparación integral de la acción judicial Civil que interpuso.
Fundamenta que las indemnizaciones derivadas de la incapacidad parcial temporal o total padecida a consecuencia de las lesiones provocadas por la conducta reprochable de la demandada deben ser indemnizadas en esa sede.
Infiere que el Fisco de la Provincia de Buenos Aires o el demandado de que se trate en el otro fuero tendrá las acciones de recupero o deducciones o compensaciones que hagan a su derecho de ser procedentes.
Señala que ambas pretensiones encuentran basamento en diferentes dispositivos normativos y los elementos que conducen a una u otra, no son iguales ni coextensivos.
Recalca que en su reclamo laboral cuestiona abiertamente la constitucionalidad de las normas acerca de la extensión de la reparación tarifada establecida en la LRT.
Asegura que las regulaciones y decisiones sobre el tema conspiran contra los Derechos Humanos del trabajador, haciendo muy difícil para el abogado que lo representa abarcar todos los planteos posibles y elegir el camino más seguro, dificultando y a veces impidiendo el acceso a reclamar ante el Juez Natural por sus derechos.
Argumenta que al momento de justipreciar la indemnización por incapacidad permanente no cabe ceñirse a evaluar el perjuicio material en cuanto repercute en la minusvalía laboral de la víctima, sino que también corresponde indemnizar la pérdida de "chance" cuando el accidente pueda privar al damnificado de la posibilidad futura de ascender en su carrera y demás consecuencias en su vida de relación.
Sobre el daño emergente se queja de la improcedencia de la reparación por privación de uso y desvalorización de la moto, considerando que se han individualizado los daños materiales con incidencia directa en la utilización de la motocicleta lo que hace que el rubro deba reconocerse.
En lo tocante con el menoscabo de carácter moral denuncia la falta de tratamiento específico sobre las consecuencias sufridas por el actor al momento de su determinación.
Arguye que el análisis genérico efectuado por la sentencia apelada no deja ver si efectivamente el rubro pretendido ha sido o no valorado y a partir del monto reconocido se vislumbra que no se ha valorado correctamente.
Finaliza sus quejas solicitando la nulidad parcial de la sentencia y se proceda a la elevación, fijándose las indemnizaciones solicitadas.
Por su parte, la citada en garantía pone en crisis la sentencia apelada en lo que respecta al rechazo de la excepción de “no seguro”.
Considera que la exclusión de cobertura determinada en la Cláusula CG-DA, 2.1, inc. 9 pág. 6 condiciones generales de la póliza 18.352.534 contratada, se ha cumplido en este accidente.
Realza que la demandada al contestar el traslado de la excepción opuesta admitió diáfanamente la falta de licencia al momento del hecho, extremo que además se encuentra probado.
Resalta además que ha sido acreditada la autenticidad de la carta documento agregada al contestar la demanda mediante la cual notifica en tiempo oportuno la declinación de la cobertura pactada por las razones señaladas.
Alega que el sentenciante ha confundido la habilidad o no de la señora Menéndez en el manejo automotor, con la configuración expresa de una causal prevista para la procedencia de la exclusión de cobertura pactada.
Trae a colación una cita doctrinal mediante la cual el proceso de "determinación del riesgo" muestra dos fases: una positiva, la "individualización", de enunciado del riesgo genérico que se cubre -incendio, robo, etc.-, y otra negativa, la "delimitación", por la que se colocan fuera del amparo diversas situaciones en las que ese riesgo se acentúa notablemente, ya sea en su probabilidad o bien en su intensidad o amplitud dañosa, por lo que el asegurador las considera insusceptibles de cobertura asegurativa o sólo amparables mediante una prima más elevada que la fijada en el contrato.
Cita la causa Ac. 2078 del 21/12/2011 in re C. 107.403, "Bruno, Alfredo Luis y otra contra Huarte, Omar Alfredo. Daños y perjuicios" y sus acumuladas de nuestro máximo Tribunal Provincial en apoyo a su postura.
Alega que la cláusula conformó un típico caso de exclusión de cobertura o "no seguro", resultando a la vez su redacción lo suficientemente clara e inequívoca en orden a su funcionalidad delimitadora del objeto negocial.
Finaliza sus agravios peticionando se revierta lo dispuesto en la instancia y se haga lugar en consecuencia a la cláusula de no seguro.
4. Liminarmente, corresponde señalar, dando respuesta al pedido de nulidad de la actora en su expresión de agravios, que el artículo 253 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC- posibilita tal declaración respecto de las sentencias que adolezcan de vicios extrínsecos por violación de las formalidades previstas para su dictado (arts. 163 y 253 del CPCC).
Así, el recurso de nulidad se encuentra comprendido en el de apelación (art. 253, CPCC) y se halla circunscripto a salvaguardar las exigencias formales impuestas a la sentencia. La nulidad no puede basarse en una discrepancia personal de quien recurre, sobre el modo en que el sentenciante hubo argumentado al fundar sus conclusiones. Tales planteos hacen al acierto o justicia del pronunciamiento, no a su validez (conf. esta Sala, causas 123630, sent. del 13/06/2018, RSD 147/18; 130052, RR 8/21, sent. int. del 05/10/2021).
Pues bien, de la sentencia apelada no se advierte vicio extrínseco o formal alguno, limitándose las quejas de la accionante a sus discrepancias con lo decidido en la instancia anterior y por tanto, solucionables vía recurso de apelación.
Por ello estimo procedente desestimar esta parcela del planteo del legitimado activo, lo que dejo propuesto al acuerdo (art. 253 CPCC).
5. Por un orden lógico, corresponde abocarse primeramente a los agravios relativos a la procedencia de la cláusula de “no seguro” que reclama Federación Patronal.
Emprendiendo esa labor advierto que a fs. 60/92 se presenta a contestar la citación en garantía la aseguradora oponiendo defensa de falta de seguro en virtud a que “María Eugenia Menéndez (demandada en estas actuaciones) carecía de licencia de conducir que la habilitara legalmente a conducir vehículos” (v. esp. fs. 89 vta).
Acompaña al efecto copia de la Carta Documento que enviara a la asegurada notificándole tal circunstancia (v. fs. 62 CD de fecha 04/07/2014 en donde la anoticia sobre declinación de seguro por no hallarse al momento habilitada para conducir y contestación de oficio de Correo Oficial que la informa como auténtica a fs. 323/324) y la copia de la póliza 18.352.534 (v. fs. 64/88).
De este último instrumento surge que, bajo el título “exclusiones de cobertura” [cláusula 6 inc. d, condiciones generales de responsabilidad civil (CG-RC) 2.1 inc. 9 y condiciones generales daños automotores (CG-DA) 2.1 inciso 9], dispone ésta quedará configurada mientras el vehículo asegurado “sea conducido por personas que no estén habilitadas para el manejo en esa categoría de vehículo por autoridad competente”.
Posteriormente, se presenta la accionada a contestar el traslado conferido respecto de la presentación de la aseguradora reconociendo expresamente la ausencia de licencia de conducir habilitante al momento del siniestro. En esta dirección Menéndez alegó: “La circunstancia de encontrarse vencida la licencia de conducir de la suscripta -circunstancia administrativa suplida inmediatamente cuando se advirtiera tal situación- no es de manera alguna óbice para la vigencia de la cobertura respectiva…”, para luego hacer mérito sobre la diferencia entre una licencia vencida y la inexistencia de la misma (v. fs. 119/121).
Cabe agregar que en aquella presentación la legitimada pasiva omitió efectuar las negativas de rigor respecto de la documental acompañada por la compañía (carta documento y póliza), lo que surge de la presentación de fs. 119/121.
Ahora bien, ante esta circunstancia fáctica que llega firme e indiscutida a esta instancia -la ausencia de habilitación administrativa para conducir por parte de la María Eugenia Menéndez a la fecha del siniestro- cabe abordar el debate sobre la operatividad de la cláusula de no seguro.
Nos hallamos ante una cuestión que no se encuentra exenta de debate jurisprudencial y doctrinario, con posturas que, a grandes rasgos, resumiéndolas y agrupándolas, se pueden concentrar en:
Quienes sostienen -como el Juez de grado en la sentencia apelada- que la obligatoriedad de la licencia de conducir es una cuestión vinculada con una falta administrativa y que por sí no basta para fundamentar la exclusión de cobertura en el seguro automotor, por cuanto su falta no se erige necesariamente en la ineptitud para manejar de quienes infringen esa normativa (en el mismo sentido CNCiv., Sala L, “Giuliani, Mario c/ Khafif, Isaac s/ Sumario”, elDial-AE840, citada por el Sr. Fiscal de Cámaras en su dictamen de fecha 02/11/2022).
Luego, están quienes mantienen que la exclusión no puede ser oponible al damnificado por ser una cláusula abusiva en los términos de la ley de defensa del consumidor, dirección que también toma el decisorio apelado. Dentro de ésta se incluye a quienes entienden que debe rechazarse la cláusula de “no seguro” cuando se trata de seguro automotor obligatorio.
Finalmente, otros autores juzgan procedente la plena aplicación de la exclusión de cobertura cuando se configuran las circunstancias que aquí se debaten (v. CCiv, sala H “Herrera, Verónica c. Portillo, Nélida” 26/12/1996 AR/JUR/1490/1996 y SCBA, 2/5/1989, LA LEY, 1989-E, 129; 15/5/1990 LA LEY, 1990-D, 356).
Adhiero a esta última postura y por tanto considero plenamente operativa la cláusula de “no seguro” en el caso en estudio.
En esta dirección, resulta insoslayable destacar que no estamos frente al debate sobre la culpabilidad o responsabilidad de la demandada en la causación o desencadenamiento del accidente -tal como lo afirma tanto la sentencia apelada como el Fiscal de Cámaras en su dictamen extremo que, por otra parte, no llega debatido a esta Alzada- sino que, en este punto, la discusión debe limitarse a la procedencia o improcedencia de una cláusula contractual previamente establecida.
En este sentido, encuentro que el tanto Fiscal de Cámaras como el Juez de grado en sus argumentaciones confunden la asignación de responsabilidad o -más específicamente- la incidencia causal de la ausencia de licencia de conducir de la demandada en la producción del choque con la naturaleza jurídica del contrato de seguro y la operatividad de las estipulaciones contractuales en este tipo de convenios.
Las cláusulas de exclusión de cobertura o de “no seguro”, ya sean de fuente normativa o convencional, se caracterizan por describir una hipótesis o circunstancia en la que el siniestro no se encuentra cubierto por la aseguradora (conf. SCBA LP C 122892 sent. del 12/02/2021). En definitiva, describen una situación genérica y abstracta que, cumplida en el caso particular, la vuelve operativa, con prescindencia de que la referida conducta haya tenido relación causal adecuada con el hecho dañoso.
Tal es el caso de autos en donde, como se dijo, se encuentra reconocida tanto la cláusula de exclusión (supuesto abstracto convenido) como la circunstancia que la demandada circulaba desprovista de licencia habilitante -por encontrarse vencida- al momento de producirse el hecho (cumplimiento de ese supuesto abstracto).
Y por ello, a partir de la acreditación de la hipótesis determinada en el contrato, la procedencia de la cláusula de “no seguro” se torna aplicable y procedente.
No pone en crisis esta decisión ni obsta a la conclusión arribada el argumento dirigido a que el pago de la prima y la recepción de éste sin protesto por parte de la compañía sin verificar el estado de la licencia del tomador del seguro deja sin efecto la disposición, siempre que no estamos ante la interrupción del vínculo contractual sino ante un típico supuesto de exclusión de cobertura por un incumplimiento imputable al tomador.
Concluir en contrario se traduciría lisa y llanamente en desnaturalizar el contrato de seguro, desoyendo sus disposiciones de manera mecánica, generando que todas las cláusulas puedan ser descalificadas bajo el pretexto de abusivas sin un mínimo análisis previo conforme las circunstancias del caso.
Y aquí es justamente donde vislumbro otro motivo que refuerza la convicción dirigida a la revocación de la sentencia de grado en este sentido: es indudable que este tipo de instrumentos deben ser incluidos dentro de los denominados contratos de consumo y por tanto analizarse bajo la normativa tuitiva del consumidor. A partir de allí, éstos se encuentran amparados por sus principios y leyes, en virtud a la relación de consumo habida (art. 42 CN; 38 CPBA; 7 CCyC; ley 24240).
Ahora bien, ello no implica de modo alguno desnaturalizar o desoír las características propias del contrato, sino que éste debe integrarse con los principios tutelares del ordenamiento consumeril. Así, al asegurado le alcanzarán los principios interpretativos de su condición de consumidor, tutela adicional frente a cualquier forma de abuso y le jugará la interpretación en su favor en caso de duda, pero la naturaleza y esencia del seguro no cambiará, pues éste ha sido el propósito al asociarlo al consumo (conf. esta Sala causa 127767 RSD 178/20 sent. del 14/10/2020 carátula “Villanueva Raúl Alfredo c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ daños y perjuicios).
Consecuencia necesaria de esta interpretación es que la cláusula opuesta no resulte de modo alguno abusiva. Nótese que la misma tiene su correlato en la ley Nacional de Tránsito la que en su art. 40 inc. “a” establece la prohibición de conducir sin licencia habilitante. Sumado a ello no existe otra legislación municipal, provincial o nacional, que autorice el manejo de automóviles en ausencia de esa autorización administrativa. A partir de ello es dable concluir que no se trata de un límite descabellado que se traduzca en el abuso de la posición dominante por parte de la aseguradora o resulte de su mayor su fortaleza negocial. Muy por el contrario, es una típica cláusula de contrato de seguro que encuentra su fundamentación en la normativa de tránsito vigente (art. 40 inc “a” de la Ley 24449).
Además, esa falta se traduce en una conducta antijurídica que no debe ser amparada por el régimen tuitivo del consumidor ni debe ser objeto de protección por parte del seguro, ya que constituye una delimitación objetiva del riesgo, lo que significa que el asegurador no habrá de afrontar el amparo de conductas prohibidas, en contradicción con el ordenamiento legal.
En nada obsta a que la accionada luego del siniestro haya renovado su licencia toda vez que, reitero, en este punto no estamos frente a la discusión sobre la responsabilidad ni la expertiz conductiva de la asegurada, sino sobre la operatividad de una cláusula contractual predispuesta.
Se ha dicho que “Cua
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