Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 133577
Sentencia Definitiva
Causa N°133577; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 9 - LA PLATA
MATEO PATRICIA ELISABET C/ HIRACHE NINACONDOR ABAAD Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
En la ciudad de La Plata, en la fecha de la firma digital, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 133577, caratulada: "MATEO PATRICIA ELISABET C/ HIRACHE NINACONDOR ABAAD Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada dictada en fecha 13 de octubre de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda respecto de ABADD NINACONDOR HIRACHE y la citada en garantía ORBIS COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.; acogió la demanda impetrada por PATRICIA ELIZABET MATEO contra el Sr. HECTOR GASTON PONCE y LORENA GABRIELA MORALES; condenó a estos últimos al pago de la suma de PESOS UN MILLÓN DOCIENTOS DIEZ MIL ($1.210.000) dentro del término de diez (10) días de adquirir firmeza el decisorio, con más los intereses calculados a la alícuota del 6% anual -la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio desde la fecha del hecho dañoso 09/07/2014 y hasta el momento de la sentencia (arts. 772 y 1.748 CCyC)- y de allí en más la tasa de interés más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires (SCBA causas C. 101.774, "Ponce"; L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21/10/2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15/06/2016); hizo extensiva la condena a "PROVINCIA SEGUROS S.A."; impuso las costas del juicio a los codemandados vencidos Héctor Gastón Ponce y Morales Lorena Gabriela (art. 68 CPCC) y difirió la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes hasta la oportunidad prevista en el art. 51 Dec. ley 8904/77 y art. 51 Ley 14.967.
2. Contra esa forma de decidir interpusieron recurso de apelación la actora (v. presentación electrónica del 17 de octubre de 2022), el demandado condenado y su citada en garantía (presentación electrónica del 19 de octubre de 2022), los que fueron concedidos libremente (proveído de fecha 20 de octubre de 2022) y, previo depósito del art. 29 de la ley 13.133, fundados en tiempo y forma en esta instancia (ver presentaciones electrónicas del 14 de diciembre de 2022 la accionante y el 22 de diciembre de 2022 el accionado y citada en garantía); corrido el pertinente traslado (proveído del 26 de diciembre de 2022), éste fue contestado por el demandado y Provincia Seguros (presentación electrónica de fecha 27 de diciembre de 2022), por la legitimada activa (presentación electrónica de fecha 10 de enero de 2023) y la demandada Abaad Hirache Ninacondor y Orbis Compañía de Seguros (escrito de fecha 2 de febrero de 2023). Luego, previo pase a la Fiscalía de Cámaras y su contestación (proveído de fecha 6 de febrero de 2023 y presentación electrónica de fecha 10 de febrero de 2023), se llamó autos para sentencia (proveído de fecha 13 de febrero de 2023).
3. Patricia Elisabet Mateo se agravia de los montos indemnizatorios reconocidos por la sentencia de grado.
Alega que liminarmente el Juez hizo saber que las sumas otorgadas en cada caso serían plasmadas con criterio de actualidad, pero luego incumple con esa premisa y los cuantifica a valores de julio de 2014.
Al referirse al daño moral asegura que la suma que pidiera en su presentación de inicio no cumple con las funciones resarcitoria y de costo de compensación que caracteriza el rubro de daño extrapatrimonial o moral en la actualidad.
Agrega que el pronunciamiento no valoró que ella -a raíz del siniestro- perdió la tranquilidad de espíritu, que ingresó en un escenario dominado por la inquietud, la angustia y la zozobra y que por su condición de único sostén de su hija adoptiva menor de edad y con síndrome de down, se vio impedida, por el espacio de recuperación y tratamiento, de atenderla mínimamente.
Aduna que el estrés diario por verse impedida de atender sus ocupaciones habituales, y sobre todo en atención a su rol maternal, le genera episodios frecuentes de ansiedad, insomnio, intensas contracturas musculares, etc.
Traza un paralelo entre el costo de vida y la cotización del dólar estadounidense en la fecha de iniciada la demanda y la actualidad para ilustrar lo disminuido de la indemnización en este apartado.
Respecto del daño patrimonial, por incapacidad física y a la vida en relación, denuncia ausencia de pautas objetivas en la determinación del resarcimiento. Da cuenta que la parcela del fallo transcripta deja ver que el Juez sólo ha volcado un párrafo de la pericia médica para establecer el resarcimiento, sin alusión alguna a otros elementos que debió ponderar, omisión que se erige en notorio error.
Reclama que se debieron analizar sus ingresos e incluir en el análisis la repercusión de la incapacidad en otras actividades no retribuidas desde el punto de vista patrimonial.
Suma que para consagrar el principio de reparación plena e integral, la sentencia debió asegurarle disponer de las sumas que abarquen el menoscabo que el evento dañoso en estudio suscitó en su vida, haciendo cita y exigiendo la aplicación del art. 1746 CCyC.
Finalmente, se pone en crisis la tasa de interés dispuesta, asegurando que a pesar de lo dicho expresamente al comienzo del tratamiento de los rubros que serían fijados a valores actuales, se dispuso a valores históricos y que a partir de allí la tasa del 6% anual es improcedente y reclama la aplicación de la tasa activa.
Por su parte, el demandado y la citada en garantía Provincia Seguros se agravian de la atribución de responsabilidad exclusiva en cabeza del accionado y en forma refleja de la aseguradora.
Dan cuenta que para ello el Juez apelado se basó únicamente en los testimonios rendidos en sede penal los que carecen de efectividad y eficacia probatoria, sin analizar las circunstancias que rodearon al accidente y que determinan a su modo de ver la culpa concurrente.
Los duele que no se haya tenido en cuenta la velocidad a la que circulaba el taxi, que colaboró con la mecánica y opera como agravante del accidente al no haber podido evitarlo.
Además, alegan que no se encuentra probado que Ponce haya cruzado con el semáforo en rojo.
Los agravia también la concesión a la parte actora de la suma de $900.000 en concepto de incapacidad sobreviniente tildándola de elevada en función del perjuicio efectivamente sufrido y por la desestimación de las impugnaciones efectuadas por su parte a la pericia médica sin fundamento alguno, poniendo en crisis la valoración económica de la incapacidad.
Estiman evidente que el sentenciante no tuvo en cuenta el salario de la actora, ni su edad, y condiciones personales, considerando sólo el grado de incapacidad advertido por el perito en su dictamen y arribando a un monto indemnizatorio exagerado.
Evalúan que conforme jurisprudencia unánime, no pueden tomarse pautas fijas, fórmulas matemáticas o cálculos actuariales para determinarse los montos de condena quedando los mismos precisamente sujetos a la valoración judicial la que conforme las normas procesales deben ser tomadas de los elementos aportados en el expediente. Sin embargo, concluyen que eso no permite arribar a cifras totalmente arbitrarias como las determinadas en autos.
Recalcan que no se trata en la especie de indemnizaciones tarifadas establecidas en el derecho laboral. Por el contrario, el monto asignado debe guardar proporción con el perjuicio efectivamente sufrido.
Sobre la justipreciación del daño moral, se disconforman del monto por elevado y por no contar con razón o justificación en la sentencia.
En lo tocante con el tratamiento psicológico califican de excesiva la suma otorgada alegando que el perito da cuenta que la accionante padece un daño moderado, que además es indemnizado por partida separada.
Finaliza su exposición, agraviándose del rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva basada en la culpa de la víctima y su estado de ebriedad, con el único fundamento de que, no se probó en autos el estado de embriaguez del conductor del vehículo asegurado, sin tener en cuenta la presunción que genera la negativa a la extracción de sangre para el control de alcoholemia.
4-A- Al igual que lo decidido en la instancia anterior, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil anterior por ser la ley aplicable al momento de la ocurrencia del evento (arts. 3 CC; 7 CCyC).
Empero, aun cuando el hecho dañoso se consumó durante la vigencia de la norma referida, no así las consecuencias que de él derivan. Por ello, se impone diferenciar la existencia del daño de su cuantificación. Como reseña Aída Kemelmajer de Carlucci, la segunda de estas operaciones debe realizarse acorde la ley vigente al momento en que la sentencia fija su extensión o medida (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, segunda parte, Editorial Rubinzal - Culzoni Editores, pág. 234).
Este deviene un criterio ya compartido también por la jurisprudencia. Así se ha expresado que: “El art. 1746 del Código Civil y Comercial es aplicable a una acción de daños intentada antes de su entrada en vigencia, en tanto la norma no se refiere a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar) sino sólo a las consecuencias de ella (art. 7, CCyC), máxime cuando la regla no varía la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, sino que únicamente sienta una pauta para su liquidación” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re: “A. A. R. c. G. A. M. s/ daños y perjuicios”, sent. del 28/10/2015, publicado en: RCCyC 2016 (abril), 150; RCyS 2016-VII, 155, cita online: AR/JUR/63674/2015).
Por lo tanto para el abordaje de los agravios relativos a la procedencia y cuantificación de las indemnizaciones se acudirá a los artículos pertinentes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (conf. esta Sala causas 121.394, sent. del 1/6/2017; 124.349, sent. del 19/02/2019 entre otras).
4-B- Sentado lo anterior, por un orden lógico, corresponde abocarse primeramente a las quejas relativas a la procedencia de la cláusula de exclusión de cobertura (presentado también por la aseguradora como falta de legitimación pasiva) que reclama Provincia Seguros en el final de su expresión de agravios.
Emprendiendo esa labor advierto que a fs. 304/319 vta. se presenta a contestar la citación en garantía la nombrada aseguradora del Fiat Siena, oponiendo exclusión de cobertura y falta de legitimación pasiva en virtud a que, al momento del siniestro, el asegurado conducía en estado de ebriedad, circunstancia que no estaba cubierta por la póliza contratada y constituye una exclusión de cobertura (v. presentación de fs. referidas esp. 35 vta punto 16).
A fin de acreditar su posición acompañó como prueba documental la copia de la póliza N°6769602 cuyo tomador es Ponce Héctor Gastón -demandado en este expediente- la que establece bajo el título “exclusiones de cobertura responsabilidad civil” el caso en el que “10) cuando el vehículo asegurado sea conducido por una persona bajo la influencia de cualquier droga desinhibidora, alucinógena o somnífera, o en estado de ebriedad. Se entiende que una persona se encuentra en estado de ebriedad si se niega a practicarse el examen de alcoholemia (u otro que corresponda) o cuando habiéndose practicado éste, arroje un resultado igual o superior a un gramo de alcohol por mil miligramos de sangre al momento del accidente…” (v. fs. 308/313, cláusula Clausula CG-RC 2.1).
En la misma pieza, ofrece prueba pericial contable a los fines de acreditar sus dichos (ap. VII. E, fs. referidas), la que fue efectivamente producida y glosada en estas actuaciones a fs.647/648.
En ella la experta designada informa que “La póliza 6769602, corresponde al vehículo dominio BRV969, con vigencia 22/02/2014 al 22/08/2014 (por lo cual vigente al momento del accidente 9/07/2014)” (ver cuestionario parte actora respuesta 2 y cuestionario parte demandada Provincia Seguros respuesta 2 fs. referidas); dentro de las exclusiones de cobertura constata que -según la póliza- se da “10) Cuando el vehículo asegurado sea conducido por una persona bajo la influencia de cualquier droga desinhibidora, alucinógena o somnífera, o en estado de ebriedad. Se entiende que una persona se encuentra en estado de ebriedad si se niega a practicarse el examen de alcoholemia (u otro que corresponda) o cuando habiéndose practicado éste, arroje un resultado igual o superior a un gramo de alcohol por mil gramos de sangre al momento del accidente, A los fines de su comprobación queda establecido que la cantidad de alcohol en la sangre de una persona, desciende a razón de 0,11 gramos por mil por hora” (respuesta 2 cuestionario provincia seguros de fs. referidas) y que “El siniestro fue rechazado, no adjuntando constancia de ello por las razones expuestas en el punto anterior” (punto 5 respuesta Provincia seguros de fs. referidas).
A partir de lo expuesto surge, como primera conclusión, la efectiva existencia y suscripción entre la compañía de seguros y el demandado del contrato de seguros con la cláusula de exclusión de cobertura que incluye la negativa a realizarse el test de alcoholemia como causa por la que la aseguradora no ha de responder (art. 384 CPCC).
Sentado ello, cabe analizar las constancias de la causa penal agregada como prueba y que tengo en este momento en vista.
De la IPP N° 06-00-027375-14 se desprende el informe del Cuerpo médico departamental La Plata sobre Héctor Ponce (fs. 12, de fecha 09/07/14) el que da cuenta que “Al momento del examen se presenta vigil, ubicado en tiempo y espacio, con aliento etílico, signo de Romberg negativa y prueba de índice naríz negativo… Se realiza acta de extracción sanguínea en presencia de testigo Dos Santos DNI 34529684, la cual se niega”, mientras que a fs. 13 se encuentra glosada el acta de extracción sanguínea la que destaca la “negativa de autorización del causante” y que a partir de allí “no procede a la extracción sanguínea ni de muestra de orina” (fs. 13 causa penal referida).
Del análisis de ambos extremos no cabe duda alguna que los hechos debatidos en este apartado se subsumen en la conducta establecida por el contrato (negativa de realizarse el control).
En esta dirección, resulta insoslayable destacar que no estamos frente al debate sobre la culpabilidad o responsabilidad de la demandada en la causación o desencadenamiento del accidente sino que, en este punto, la discusión debe limitarse a la procedencia o improcedencia de una cláusula contractual previamente establecida.
En éste orden debe destacarse que las cláusulas de exclusión de cobertura, ya sean de fuente normativa o convencional, se caracterizan por describir una hipótesis o circunstancia en la que el siniestro no se encuentra cubierto por la aseguradora (conf. SCBA LP C 122892 sent. del 12/02/2021). En definitiva, describen una situación genérica y abstracta que, cumplida en el caso particular, la vuelve operativa, con prescindencia de que la referida conducta haya tenido relación causal adecuada con el hecho dañoso.
Tal es el caso de autos en donde, como se dijo, se encuentra reconocida tanto la cláusula de exclusión (supuesto abstracto convenido) como la negativa del demandado de realizarse el control de alcoholemia luego del siniestro (cumplimiento de ese supuesto abstracto).
Y por ello, a partir de la acreditación de la hipótesis determinada en el contrato, la procedencia de la cláusula de exclusión de cobertura se torna aplicable y procedente.
Concluir en contrario se traduciría lisa y llanamente en desnaturalizar el contrato de seguro, desoyendo sus disposiciones de manera mecánica, generando que todas las cláusulas puedan ser descalificadas bajo el pretexto de abusivas sin un mínimo análisis previo conforme las circunstancias del caso.
Y aquí es justamente donde vislumbro otro motivo que refuerza la convicción dirigida a la revocación de la sentencia de grado en este sentido: es indudable que este tipo de instrumentos deben ser incluidos dentro de los denominados contratos de consumo y por tanto analizarse bajo la normativa tuitiva del consumidor. A partir de allí, éstos se encuentran amparados por sus principios y leyes, en virtud a la relación de consumo habida (art. 42 CN; 38 CPBA; 7 CCyC; ley 24240).
Ahora bien, ello no implica de modo alguno desnaturalizar o desoír las características propias del contrato, sino que éste debe integrarse con los principios tutelares del ordenamiento consumeril. Así, al asegurado le alcanzarán los principios interpretativos de su condición de consumidor, tutela adicional frente a cualquier forma de abuso y le jugará la interpretación en su favor en caso de duda, pero la naturaleza y esencia del seguro no cambiará, pues éste ha sido el propósito al asociarlo al consumo (conf. esta Sala causa 127767 RSD 178/20 sent. del 14/10/2020 carátula “Villanueva Raúl Alfredo c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ daños y perjuicios).
Consecuencia necesaria interpretación es que la cláusula opuesta no resulte de modo alguno abusiva. Nótese que la misma tiene su correlato en la ley Nacional de Tránsito la que en su art. 73 al referirse al control preventivo pero que es de aplicación para los supuestos de accidentes de tránsito como el presente. En este sentido la norma dispone que “Todo conductor debe sujetarse a las pruebas expresamente autorizadas, destinadas a determinar su estado de intoxicación alcohólica o por drogas, para conducir. La negativa a realizar la prueba constituye falta, además de la presunta infracción al inciso a) del artículo 48. En caso de accidente o a pedido del interesado, la autoridad debe tomar las pruebas lo antes posible y asegurar su acreditación…”, mientras que el art. 48 inc. a) reza que “Queda prohibido conducir… Cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. …la autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario”.
A partir de ello es dable concluir que no se trata de un límite descabellado que se traduzca en el abuso de la posición dominante por parte de la aseguradora o resulte de su mayor su fortaleza negocial. Muy por el contrario, es una típica cláusula de contrato de seguro que encuentra su fundamentación en la normativa de tránsito vigente (arts. 48 inc. "a", 73 de la Ley 24449).
Además, esa falta se traduce en una conducta antijurídica y de mala fe mediante la cual el asegurado intenta desentenderse de sus responsabilidades y que por lo tanto no debe ser amparada por el régimen tuitivo del consumidor ni debe ser objeto de protección por parte del seguro, ya que constituye una delimitación objetiva del riesgo, lo que significa que el asegurador no habrá de afrontar el amparo de conductas prohibidas, en contradicción con el ordenamiento legal.
Llegado a este punto no considero aplicable al caso particular la conclusión del Juez de grado incluyendo a las víctimas de siniestros como terceros expuestos a la relación de consumo.
Si bien el art. 1° de la ley 24.240 incluye dentro de la definición de consumidor "a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo" por lo que cabe incluir a la víctima de un siniestro vial en ese supuesto, el reclamo contra la aseguradora debe estar ligado a la me
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.