Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 134333
Sentencia Definitiva
Causa N 134333; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 8 - LA PLATA
PORREZ CARLOS RODOLFO C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOP.LTDA S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
En la ciudad de La Plata, en la fecha de la firma digital, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 134333, caratulada: "PORREZ CARLOS RODOLFO C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOP.LTDA S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada dictada en fecha 12 de diciembre de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia apelada hizo lugar a la demanda iniciada por Carlos Roberto Porrez (DNI 5.529.807) contra Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada (CUIT 30-50005031-0) por daños y perjuicios derivados de la violación de los derechos del consumidor (arts. 42 C.N., 38 Const. Provincia de Buenos Aires, ley 13.133; 1, 2, 3, 4, 8 bis, 40, 52, 52 bis, Ley 24.240 y sus modif.; dec. 1798/94; arts. 1092 sig. y cds. del C.C.C.N.), condenándola a abonar al actor en el plazo de diez días de quedar firme la sentencia, bajo apercibimiento de ejecución (art. 163 inc. 7 del CPCC) la suma de Pesos Ciento noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete con veintinueve centavos ($198.457,) con más los intereses calculados a la tasa pasiva digital (BIP) los que se liquidarán desde la fecha de mora (21/6/2015) y hasta su efectivo pago; impuso las costas a la accionada vencida (arts. 68 y 77 del CPCC) y postergó la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta la oportunidad de la liquidación definitiva (arts. 51 ley 8904, actual ley 14.967) -v. sent. del 12 de diciembre de 2022-. Posteriormente, al advertir un error involuntario, aclara el monto de la condena expresado en números consignado que el monto correcto es $198.457,29 (proveído del 15 de diciembre de 2022).
2. Contra dicha forma de decidir interpuso la demandada recurso de apelación (presentación electrónica de fecha 13 de diciembre de 2022) el que, previamente concedido (proveído de fecha 15 de diciembre de 2022), fue sustentado en esta instancia con la expresión de agravios de fecha 14 de abril de 2023. Corrido el pertinente traslado (proveído de la misma fecha), mereció contestación de la contraparte (presentación electrónica de fecha 18 de abril de 2023 ratificada el 24 de abril de 2023). Luego de correrse en vista al Fiscal de Cámaras (proveído de fecha 18 de abril de 2023 y presentación electrónica de fecha 25 de abril de 2023) se llamó autos para sentencia (proveído de fecha 25 de abril de 2023).
3. La legitimada pasiva, por medio de su letrada apoderada, objeta el rechazo de la defensa de culpa grave del asegurado opuesta en su conteste.
Argumenta que declinó adecuadamente la cobertura en virtud de lo dispuesto por la cláusula CG-CO 7.1, en el art. 70 de la Ley de Seguros y por violación de la obligación de salvamento (art 72 Ley de Seguros).
Acusa que la sentencia de grado al referir que “…la actora en este caso no contó con un debido asesoramiento legal por parte de la demandada (argumento arts. 56 y 57 CPCC). Por tanto, en este caso puede dudarse que el declarante comprendiera cabalmente las implicancias del acto en cuestión y la razonabilidad de las clausulas contratadas y a las que se acoge el asegurador para rechazar el resarcimiento reclamado que ya me refiriera en párrafos anteriores” es poco clara y genérica lo que le impide rebatir el planteo.
No comprende al respecto qué omitió informar la empresa, cuál fue la falta de asesoramiento legal en la que incurrió, cuáles son los alcances que no comprendió el actor, entre otros cuestionamientos.
Aduna que no hubo falta de información a la contraparte en el caso y que siempre tuvo la póliza en su poder.
Aclara que las cláusulas contenidas en la póliza contratada por el Sr. Porrez son completamente legales y aprobadas por la autoridad competente (SSN) por lo que no parece acertado cuestionar su razonabilidad sin fundamento alguno.
Realza que la circunstancia de dejar el auto abierto y con las llaves puestas sin dudas fue una negligencia grave por parte de los reclamantes.
Se duele de la procedencia de la indemnización por privación de uso y su cuantificación toda vez que, tal como lo establece el mismo sentenciante, el accionante no aportó elementos de prueba suficientes.
Además, afirma que la cláusula CG-CO 6.2 dispone que “El asegurador se obliga a resarcir, conforme el presente contrato, el daño patrimonial que justifique el asegurado, causado por el siniestro, sin incluir el lucro cesante”, mientras que la CG-CO 8.1 reza “El Asegurador no indemnizara los perjuicios que sufra el Asegurado por la privación de uso del vehículo, aunque fuera consecuencia de un acontecimiento cubierto”.
Entiende que complementando las estipulaciones referidas con el art. 61 de la Ley de Seguros, se impide cualquier tipo de interpretación en contario tal como lo hace la sentencia.
Subsidiariamente, se disconforma de la cuantificación del rubro en virtud a la orfandad probatoria que éste adolece.
Pone en crisis la tasa de interés que aplica el sentenciante, argumentando que la doctrina legal impone que, cuando la valuación haya sido dispuesta a valores actuales debe aplicarse la tasa pura del 6% anual y solo luego de la fecha de la cuantificación mantener la tasa BIP dispuesta en “Ponce”, “Gnossi” y “Cabrera”.
Sustenta su criterio en que se trata de una deuda de valor que se cristaliza en dinero al momento del dictado de la sentencia definitiva transformándola en una deuda de dinero, fijándose las indemnizaciones al momento del fallo que se dicta y así el importe determinado reconoce criterios de actualidad.
4. Para abordar el primero de los agravios se impone destacar que llega firma a esta instancia y no resulta materia de agravios las circunstancias de modo y lugar en el que se produce el hurto del automotor.
Las partes son contestes en señalar que el 21 de junio de 2015 alrededor de las 15.00 horas, cuando el actor se hallaba en la casa de su hija sita en calle 74 n° 2060 de la ciudad de La Plata y en circunstancias en que el vehículo Ford K dominio LLY 415 se encontraba detenido en la vereda -y ante un descuido de esta- un sujeto masculino lo aborda, lo enciende y se escapa del lugar a toda velocidad.
Ambos contendientes reconocen asimismo que el automotor estaba abierto y con las llaves puestas al momento que se produjera la sustracción.
Justamente, aquí radica el desacuerdo de las partes. Mientras el actor califica su modo de actuar como un simple y normal descuido, la aseguradora concluye que existe culpa grave del asegurado en los términos acordados en la póliza y la ley específica.
Sobre la temática en debate el art. 70 de la ley de seguros dispone en su parte pertinente que “El asegurador queda liberado si el tomador o el beneficiario provoca el siniestro dolosamente o por culpa grave”, mientras que, en el mismo sentido, el art. 114 determina que “El asegurado no tiene derecho a ser indemnizado cuando provoque dolosamente o por culpa grave el hecho del que nace su responsabilidad”. En la misma dirección legisla el art. 72 cuando se refiere a la obligación de salvamento.
Nótese que la ley 17418 hace referencia en diferentes supuestos a la culpa grave como excepción a la obligación de responder ante el acaecimiento de siniestros.
Por su parte, entre las condiciones generales del contrato de seguro contratado por el actor se establece (en el Capítulo “CG-CO. Comunes a responsabilidad civil, daños, incendio y Robo o hurto”) que “El asegurador queda liberado si el Asegurado o Conductor provoca, por acción u omisión, el siniestro dolosamente o por culpa grave…” (v. cláusula CG-CO 7.1 del contrato de fs. 47/62 y pericia fs. 154/156).
Ahora bien, ¿Qué se entiende por culpa grave en materia de seguros? “En general se puede decir que existe cuando se omite la diligencia elemental de las personas menos previsoras, y más esencialmente, cuando se incurre en ella por estar asegurado. Es, en esencia, aplicación del criterio establecido por los arts. 512 y 902 del Código Civil vigente a la fecha de producido el hecho” (Halperín, Isaac, Seguros. Exposición crítica de las leyes 17418, 20091 y 22400. Tercera edición actualizada y ampliada por Nicolás H. Barbato. Editorial Depalma. Pág. 980).
Es decir que cuando la ley establece la culpa grave como pauta de valoración de la conducta, debe revestir una gravedad tal que desborde el concepto de negligencias, imprudencias e impericias habituales.
Esta causal “debe ser interpretada de forma restrictiva y severa a fin de evitar abusos y tornar ilusoria a la garantía, de tal suerte que solo pueden invocarlas el asegurador cuando el asegurado ha actuado con manifiesta y grave despreocupación, cuando ha obrado con una negligencia en la que no hubiera incurrido de no mediar seguro” (Stiglitz, Rubén - Stiglitz, Gabriel. Derecho de Seguros. Tomo IV, parte especial, Seguros contra la responsabilidad civil. Editorial la Ley. Pág. 375).
En el mismo sentido, los mismos autores tienen dicho que “Si el concepto de culpa grave se extendiese a la mera negligencia o al simple descuido, ello equivaldría a limitar el seguro a los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, lo que le quitaría al seguro toda funcionalidad” (Stiglitz, Rubén – Stiglitz, Gabriel. Obra citada. Pág. 376).
Esta delimitación del concepto de culpa grave fue receptado por nuestro Tribunal Supremo en cuanto tiene dicho que “La exoneración de la responsabilidad de la aseguradora por culpa grave del asegurado (art. 70 ley 17418), supone la conducta que excede la regular graduación de la negligencia -amparada en los contratos de seguro-, de modo que la actitud del sujeto resulta cercana a la intencionalidad en la producción del evento dañoso o, por lo menos, traduce su grave despreocupación ante el eventual resultado perjudicial aunque este no haya sido deliberadamente buscado por el causante del daño. Por ende, la liberación del asegurador no puede tener origen en el grave descuido del asegurado, sino en cuanto a su actitud consciente en cuanto a la producción del siniestro y desaprensiva respecto de sus consecuencias, por la certeza de hallarse amparado por la cobertura. Se trata, en efecto, de una responsabilidad asumida por el asegurador en virtud de un contrato comercial cuyo riesgo se encuentra rigurosamente calculado sobre la base y la proporción y frecuencia de los siniestros y el pago de las primas y que sólo cede cuando la conducta del asegurado supera las previsiones de riesgo propias del contrato e incursiona en un margen de participación que desarticula sus bases convencionales” (CSJN, “Olmos, Paula Eva c/ Strapoli, Juan Antonio Rosario y Otro s/ recurso de hecho” sent. del 19/12/1992. Del voto en disidencia del Dr. Rodolfo C. Barra).
De las posiciones doctrinarias y jurisprudenciales citadas surge pacíficamente el punto rector para la determinación de la culpa grave en caso como el de autos: Que sea de una entidad tal que desborde el concepto de negligencias, imprudencias e impericias habituales, resultando de una peligrosa y manifiesta despreocupación.
Como se dijo, Porrez reconoce que al momento de la sustracción el automóvil estaba abierto y sin llaves, pero asegura que fue un lapso de tiempo disminuido en el que llevaba los elementos de lavado del automotor dentro de la casa (tarea que asegura que estaba haciendo en la oportunidad). Estas afirmaciones no sólo que no cuentan con prueba en contrario sino que tampoco son abiertamente desconocidas por la demandada (art. 384 CPCC).
Llegado a este punto, cuadra establecer si esta circunstancia basta para erigirse como culpa de entidad suficiente como para hacer operativas las cláusulas de exoneración de responsabilidad.
En esta labor concluyo que el actor (o en el caso su cónyuge) no incurrió en exagerada negligencia o desidia en el cuidado del automotor de su propiedad.
Véase que dejar el automotor con llaves puestas y abierto por el ínfimo lapso de tiempo entre que su responsable ingresa a la propiedad a dejar un objeto y vuelve a salir a la vereda para continuar con el lavado del mismo no es condición de gravedad suficiente. Se trata más bien de una práctica habitual en este tipo de ciudades en donde lavar el auto propio en horas del día es una actividad común y ordinaria que no cuenta con cuidados específicos (art. 384 CPCC).
Agrego a la conclusión que el hecho se produjo a las 15.00 horas, a plena luz del día y con circulación de gente por el lugar, circunstancia que colabora con cierto relajamiento de las medidas de seguridad.
En definitiva, se trata de una conducta que bien puede calificarse como culposa, pero de modo alguno puede traducirse en una culpa grave que impida la efectiva operatividad del seguro contratado y su garantía (art. 384 CPCC).
De concluir en contrario se estaría reduciendo la garantía contratada de un modo drástico e injustificado, limitando la procedencia del seguro por robo o hurto a casos de excepción.
Además, no debe soslayarse que la culpa grave del asegurado es alegada como defensa por la legitimada pasiva y por lo tanto es a ésta a quien le correspondía la carga de probar el extremo, despliegue que no se ha efectuado en el presente.
En definitiva, no encuentro que la actitud del asegurado rebase la conducta normal y usual requerida para este tipo de contratos, no incurriendo de modo alguno en un actuar que exceda la regular graduación de la negligencia ni menos aún de una actitud cercana a la intencionalidad en la producción del evento dañoso, o al menos de grave despreocupación ante el eventual resultado perjudicial (art. 384 CPCC).
En nada obsta los reclamos de la aseguradora quien exige por argumentos vagos e indeterminados en la sentencia apelada, toda vez que la presente incidencia se resuelve conforme la no configuración de culpa grave por parte del asegurado.
En consecuencia, entiendo que el agravio esgrimido por la demandada no debe ser de recibo por lo que propicio que la sentencia de grado sea confirmada en este aspecto (arts. 70, 72 Ley 17418; 384, 474 CPCC).
5. En lo tocante con las quejas relativas a la procedencia del rubro privación de uso, principio por remarcar la confusión en la que incurre el Juez de grado cuando aborda su análisis.
Nótese que en su desarrollo hace referencia a los gastos de movilidad citando antecedentes desarrollados a partir de gastos médicos, farmacéuticos y de traslado en virtud a un accidente de tránsito y no al rubro en tratamiento.
Sobre la efectiva procedencia de la privación de uso se ha dicho que “La privación del uso del automotor no escapa a la regla de que todo daño debe ser probado, ni constituye un supuesto de daño "in re ipsa", por lo que quien reclama por este rubro debe probar que efectivamente esa privación le ocasionó un perjuicio” (conf. SCBA, Ac. 44.760 del 2/8/94, 54.878, del 25/11/97, e.o.).
En virtud de ello, no resulta adecuado fijar indemnización por privación de uso conforme una mera valoración presuncional o conjetural del perjuicio tal como lo hace el sentenciante, sino que los deméritos económicos denunciados deben contar con prueba concreta y concluyente tanto de su existencia como de su extensión.
No debe soslayarse que en el caso no se hallan acreditados los gastos efectivamente realizados ante la indisponibilidad del automotor, ni el plazo por el cual no pudo utilizarlo, lo que se traduce en una ausencia de elementos para estimar la procendencia y cuantificación el rubro en cuestión.
Nótese que la misma sentencia reconoce la orfandad probatoria en este punto pero de todos modos otorga una reparación, lo que resulta improcedente.
A partir de ello concluyo que, habiendo el actor incumplido con la carga de la prueba respecto de la efectiva existencia y medida del menoscabo en este punto, corresponde que se haga lugar al reclamo de la citada en garantía, revocándose la indemnización fijada por el Juez apelado en esta parcela y rechazándose por ende el rubro en cuestión (arts. 375, 384, 474 CPCC).
6. El último de los agravios expuestos por la compañía de seguros es la tasa de interés establecida en la sentencia, la cual solicitan sea fijada según la doctrina legal de la Suprema Corte Provincial en causas “Vera Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios” y “Nidera S.A. c/ Provincia de Bueons Aires s/ Daños y Perjuicios”.
Acorde tiene dicho esta Sala, los intereses buscan resarcir el perjuicio que al actor le ocasiona el incumplimiento. Sin embargo, la tasa de interés no puede ser considerada como una cláusula de ajuste, ya que su función económica no es la de mantener el poder adquisitivo del capital adeudado.
Nuestro superior Tribunal provincial ha declarado reiteradamente que a partir del 1º de abril de 1991, los intereses moratorios serán liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623, Cód. Civil) con arreglo a la tasa de interés que pague el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprometidos, y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561, 622, Cód. Civil; conf. causas Ac. 57.803, “Banco de la Provincia de Buenos Aires”, sent. del 17/02/1998; Ac. 72.204, “Quinteros Palacio”, sent. del 15/03/2000; Ac. 68.681, “Mena de Benítez”, sent. del 5/04/2000; L. 76.276, “Vilchez”, sent. del 2/10/2002; L. 77.248, “Talavera”, sent. del 20/08/2003; L. 79.649, “Sandes”, sent. del 14/04/2004; L. 88.156, “Chamorro”, sent. del 8/09/2004; L. 87.190, “Saucedo”, sent. del 27/10/2004; L. 79.789, “Olivera”, sent. del 10/08/2005; L.80.710, “Rodríguez”, sent. del 7/09/2005; Ac. 92.667, “Mercado”, sent. del 14/09/2005; entre otras).
En definitiva, siguiendo la doctrina -mayoritaria- que se reseñó, -sin perjuicio de las consideraciones que sobre el particular se pudieran realizar-, se ha sostenido la procedencia de la fijación de los intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días (“tasa pasiva”, SCBA C. 101.774 “Ponce” y L. 94.446 “Ginossi”).
Empero, conforme la causa “Zócaro”, también de nuestro superior Tribunal local, no se vulnera la doctrina legal, antes citada si, al formular una simple ecuación económica -utilizando para ello las distintas variantes que puede ofrecer el aludido tipo de tasa-, se aplica una determinada alícuota por sobre las demás existentes (SCBA, Ac. L-118.615, sent. del 11/03/2015).
A mayor abundamiento, puede adicionarse el aporte que a este tema ha dado la causa "Cabrera, Pablo David contra Ferrari, Adrián Rubén. Daños y perjuicios" (SCBA, causa C. 119.176, sent. del 15/06/2016), en la cual nuestro Superior Tribunal provincial analizó su doctrina legal en vista a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en especial del contenido del artículo referido.
Con un análisis pormenorizado se explicaron los antecedentes sobre el tema, la evolución de las tasas de interés y la interpretación de la doctrina legal, llegando a una postura -si bien por mayoría de fundamentos- en pos de la referida finalidad uniformadora de la jurisprudencia.
Tal como se refirió en el voto de la doctora Kogan “…el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, dispone en su art. 768 inc. "c"
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.