Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 134137
En la ciudad de La Plata, a los 11 días del mes de Julio de 2023 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "CROCE MARIA SOLEDAD C/ ARES CESAR RICARDO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " (causa: 134137 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia definitiva del 21 de diciembre de 2022?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. En las presentes actuaciones se dictó sentencia de primera instancia que admitió la demanda de daños y perjuicios promovida por MARIA SOLEDAD CROCE contra CÉSAR RICARDO ARES, y se hizo extensiva la condena contra la citada en garantía ORBIS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., a quienes condenó a pagar la suma de $ 1.910.000, más intereses al 6% anual desde la fecha del hecho (04/09/2017) y hasta la sentencia (17/8/2022), y de allí en más la tasa pasiva más alta que establece el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días. Impuso las costas a la demandada en su calidad de vencida.
1.2. Apelaron la actora y la demandada y citada en garantía, quienes expresaron agravios, los que no fueron contestados.
1.3. Se llamaron “autos para sentencia”, providencia que está firme y consentida.
II. Tratamiento del recurso.
2.1. Normativa aplicable. Siendo que el accidente ocurrió el 4/09/2017, esto es bajo la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.C.N.), dicha normativa rige en el caso de autos (art. 7, C.C.C.N.).
Sentado ello, pasaré a analizar los agravios.
2.2. Los agravios. Su tratamiento.
2.2.1. Agravios de la citada en orden a la responsabilidad. La citada afirma que la sentencia no valora aspectos de vital importancia, que a su modo de ver prueban claramente la falta de responsabilidad del demandado en el siniestro que nos ocupa, aunque luego no indica concretamente cuál es la prueba o premisas que sustentan dicha afirmación y deja, a través de tal omisión, sin cumplir la carga de fundamentación que impone el art. 260 del ordenamiento ritual, lo cual determina que el recurso quede desierto en este punto (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
2.2.2. Quantum debeatur.
Habiendo quedado desierta la crítica sobre la atribución de responsabilidad y por ende confirmado lo resuelto en este punto, corresponde analizar los daños y perjuicios reclamados en función de los agravios vertidos por ambas partes (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
2.2.2.1. Incapacidad sobreviniente (comprensiva del daño físico y psíquico).
2.2.2.1.1. La citada en garantía cuestiona por considerar elevado el monto otorgado por incapacidad sobreviniente ($ 1.100.000).
Afirma “Respecto a la incapacidad física que el perito médico de oficio le otorgó al actor del 8% de la T.O. a raíz de una cervicalgia que sufrió el actor, si bien la misma fue acogida por el Juez de grado, siendo que la incapacidad dictaminada por el experto nos parece verosímil, entendemos que el monto de condena otorgado por él a quo resulta completamente desproporcionado y excesivo, máxime cuando el actor no sufrió daño psicológico…”. Culmina considerando excesiva la indemnización otorgada una cervicalgia sin complicaciones, con relación a la incapacidad determinada en autos.
2.2.2.1.2. Por su parte el actor considera que la indemnización es baja en relación al costo de vida actual y la inflación que atraviesa el país. Agrega que la tasa pasiva digital desde la fecha de sentencia, no alcanza para contrarrestar los datos actuales de inflación de año 2023, de 6 % enero y 6,6% febrero.
Dicha argumentación pierde de vista que la reparación se ha otorgado a valores actuales (a la fecha de la sentencia), que la actualización por desvalorización monetaria esta prohibida (arts. 7 y 10, ley 23.928) y que la tasa de interés ha sido otorgada desde la fecha del hecho.
También funda la insuficiencia del reclamo con base en la aplicación del precedente “Santa Coloma c. Ferrocarriles” (sentencia del 8/5/86), en el cual la CSN se ocupó de descalificar las bajas indemnizaciones (en dicha sentencia la Corte nacional descalificó la sentencia que estableció una indemnización por daño moral a través de una suma que se calificó de “nominal” y consideró arbitraria la sentencia que negó la indemnización a título de “chance” del daño material a los padres de tres niñas que fallecieron en un choque de dos trenes), que por tratarse de un supuesto diferente al aquí analizado no resulta aplicable.
En cuanto al “daño psicológico”, cuestiona su rechazo, con argumentos que se desentienden de lo resuelto en autos, donde el juez desestimó lo informado por el perito por haberse basado en un informe de otro profesional no designado en autos, y pierde de vista que el perito debe cumplir la labor pericial personalmente (conf. Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos…”, t. V-B, 1992, pág. 394),
Como la pericia médica realizada en autos se limita a describir un informe psicológico que no ha sido realizado por un perito designado en autos -y por ende carece del recaudo de imparcialidad- y que contiene juicios de valor que exceden lo que se puede considerar un estudio complementario, lo dictaminado carece de fuerza probatoria por lo que corresponde confirmar lo resuelto en orden a la desestimación de esta parcela de la pericia y el consiguiente rechazo del “daño psicológico” y de los “gastos por tratamiento” psicológico por falta de prueba idónea (arts. 163, 164, 260, 261, 375, 384, 473 y 474, C.P.C.C.).
A continuación he de tratar los demás agravios sobre el rubro.
2.2.2.1.3. Incapacidad sobreviniente. Bajo el vocablo incapacidad he de computar a los efectos de una reparación plena o integral -que ha sido receptada expresamente por el art. 1740, C.C.C.N. y encuentra base en los arts. 17 y 19, C.N.- a) la lesión en sí misma como ofensa a la integridad corporal del individuo (incapacidad estrictamente física); b) el detrimento que ello produce en su aptitud de trabajo (incapacidad laboral o productiva); c) el menoscabo que además, apareja en su vida de relación toda, al amenguar y dificultar sus interrelaciones con los otros en el plano social, cultural, hogareño, lúdico, sexual, etc., al lado de similares inconvenientes e impedimentos en sus relaciones con las cosas (para lo que puede utilizarse la denominación de incapacidad o disminución de la capacidad integral del sujeto); d) el daño estético; y e) el daño o incapacidad psíquica o psicológica (ver en este sentido voto del Dr. Roncoroni en las causas L. 70.185, del 23/10/2002 y Ac. 90.471, del 24/5/2006). Dicho criterio amplio ha sido receptado por el art. 1740 del C.C.C.N., que establece que la reparación del daño debe ser plena y por el art. 1738, del C.C.C.N. que realiza una enumeración meramente ejemplificativa de la indemnización que es contenido del resarcimiento por daños, y descarta la aplicación de la jurisprudencia invocada por el recurrente, que limita la reparación a las lesiones que afectan la capacidad productiva.
Ello, sin perjuicio de que el daño a la persona ("daño a la persona misma") puede obrar sus consecuencias en dos planos de interés jurídico, igualmente tutelables (indemnizables): el material y el moral. En tal sentido, la afectación estética, al igual que la incapacidad física y la psíquica, pueden influir en uno y en otro aspecto, o no. Esta repercusión es una cuestión concreta propia de cada caso. De ahí que, distinguir el daño estético, físico y psíquico a los fines de resarcir la incapacidad resultante, obra solamente como una cuestión de buen orden y claridad en la pretensión contenida en la demanda (o en la reconvención) en la medida que no se superpongan, ya que no se trata estrictamente de daños autónomos: uno y otro convergen (o pueden convergir) para determinar la secuela de incapacidad, que es lo indemnizable (daño causado).
A su vez, todos los sufrimientos o privaciones que el damnificado haya padecido en sus más "altos afectos" (plano extrapatrimonial), pueden ser también valorados para la reparación del daño moral (es útil en este rumbo, acudir a la segunda parte del art. 1738 del C.C.C.N., que le asigna la calidad de bienes jurídicos tutelables a los derechos personalísimos de la víctima, integridad personal, salud psicofísica, afecciones espirituales legítimas y al proyecto de vida de la persona, que viene a reafirmar reafirma lo que sostenía la jurisprudencia). Y no hay en esto doble indemnización por la misma causa, sino que se trata de resarcir a la persona por la totalidad de menoscabos que la hayan afectado en la integridad material y espiritual que constituye (art. 5-1, convención Americana sobre Derechos Humanos) (conf. esta Cámara, Sala I, causas B-87.389, del 31/10/98, RSD. 64/98, según voto del Dr. Sosa; 95.640, del 13/9/2001, según voto del Dr. Marroco).
Cabe agregar que la incapacidad sobreviniente comprende las secuelas o disminuciones físicas o psíquicas que pudieren quedar luego de completado el período de recuperación o restablecimiento -lo cual ha sido designado en el nuevo código como la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima (art. 1738)- (conf. SCBA, Ac. 42.528, 19/6/90, “Ac. y Sent.” 1990-II, 539; Ac. 54.767, 11/7/95; Ac. 79.922, 29/10/2003), lo que no puede confundirse con lucro cesante, que consiste en el resarcimiento de las ganancias dejadas de percibir durante el tiempo que haya demandado la curación de la víctima -contemplado en el nuevo código en el art. 1738- (SCBA, Ac. 52.258, 2/8/94; Ac. 75.918, 21/11/2001; C. 96.838, 24/8/2011, por mayoría -el voto de la minoría no propicia el cambio de doctrina-; C. 95.167, 5/12/2012), siendo reparaciones que no resultan excluyentes entre sí (SCBA, Ac. 52.258, 2/8/94).
Sentado ello, paso a tratar la incapacidad sobreviniente reclamada en autos.
2.2.2.1.4. Conforme se dijo en el punto 2.2.2.1.2, corresponde confirmar lo resuelto en orden al rechazo del daño psicológico y tratamiento psicológico, por lo que la incapacidad indemnizable se ha de limitar al 8% determinado por el perito y reparada bajo el título “incapacidad sobreviniente”.
En el informe pericial se tuvo en cuenta que la actora fue atendida en el Hospital Rossi, donde le diagnosticaron esguince de columna cervical y uso de collar, habiendo evaluado el experto limitación funcional con dolor en los movimientos y la necesidad de toma de analgésicos, y dictaminado la presencia de cervicalgia que tiene relación de causalidad con el accidente de autos y una incapacidad parcial y permanente del 8%, lo cual no mereció impugnación alguna y hace a la convicción del suscripto (arts. 384 y 474, C.P.C.C.).
Sentado ello, tengo como piso de marcha para analizar el monto otorgado el 8% de incapacidad informado por el perito médico, con fundamentos que hacen a la convicción del suscripto (arts. 1, 2, 7, 1737, 1738, 1739, 1740, 1744, 1746, C.C.C.N.; 163, 164, 260, 261, 330, 354 inc. 1, 375, 384 y 474, C.P.C.C.).
2.2.2.1.5. Establecido el porcentual invalidante, cabe referirse a la reparación fijada de $ 1.100.000 sobre la base de un único parámetro objetivo: 8% de incapacidad (no se aludió a la edad, capacidad de ganancia, ocupación ni demás circunstancias personales de la actora).
Para analizar el monto otorgado -cuya suficiencia ha sido cuestionado por ambas partes-, debo acudir al art. 1746 del C.C.C.N. que establece que “En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. …”, lo cual lleva a realizar cálculos o aplicar fórmulas matemáticas a fin de determinar el valor presente de una renta futura no perpetua, constituyendo un parámetro orientativo (de lo contrario no habría “evaluación”) que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de cuantificar los daños personales por lesiones o incapacidad (esta Sala, causa 121.819, 5/10/2017, “Lastiris, Aldo c/Flores Valsechi, Diego Ariel s/Daños”, RSD. 226Z/2017).
Y si bien recurrir a fórmulas de matemática financiera o actuarial ofrece, como ventajas, algún criterio rector más o menos confiable, cierto piso de marcha al formular o contestar reclamos, o el aventamiento de la inequidad, la inseguridad o la incerteza (SCBA, C. 117.926, 11/2/2015), esas ventajas no deben llevarnos a olvidar que tales fórmulas juegan, por un lado, como un elemento más a considerar -cuando de mensurar un daño y su reparación se trata- junto a un haz de pautas fundamentales ajenas al mundo de las matemáticas y con todas las cuales el juzgador ha de trabajar para aquella determinación. Y, por otro lado, que su aplicación desprovista de prudencia puede llevar a verdaderos despropósitos, como en el caso de la muerte de un recién nacido (tal como se juzgó en la causa Ac. 83.961, 1/4/2004) o como ocurriría de tratarse de un trabajador de 66 años donde, según la fórmula “Vuoto” se arribaría a un resultado negativo (SCBA, C. 117.926, 11/2/2015).
No debe perderse de vista que, en la determinación del quantum indemnizatorio, los jueces deben individualizar y ponderar los elementos de juicio que sirven de base a su decisión, a fin de garantizar un eventual control de legalidad, certeza y razonabilidad de lo resuelto (SCBA, L. 34.068, 27/12/84; L. 36.401, 26/8/86; L. 37.437, 2/6/87; L. 52.908, 23/11/93; L. 94.556, 7/4/2010, “Schidt”; C. 106.323, 19/9/2012, “V., N.B.”), lo cual se facilita con la utilización de fórmulas matemáticas en la reparación del daño patrimonial físico.
Ahora bien, la idoneidad de las fórmulas matemáticas para obtener el quantum de la indemnización debida, depende no sólo de la correcta elección de sus componentes, sino de la precisión con que se haya determinado la entidad del daño producido (disminución de ganancias), lo cual no descarta la valoración conforme las reglas de la sana crítica en función de los elementos aportados por las partes, ni las pautas del art. 165 último párrafo a los efectos de cuantificar el daño (arts. 163, 164, 165, 260, 261, 330, 354 inc. 1, 375 y 384, C.P.C.C.), e impone actuar ayudado por dos importantes principios, como son la prudencia y la razonabilidad, sin dejar de lado la equidad, que han sido receptados por el derecho positivo en los arts. 1738, 1739, 1742 y 1750, del C.C.C.N.
En el caso de autos, se está frente a una persona que sufrió un accidente de tránsito cuando tenía 37 años (conf. copia DNI de fs. 4) y que al efectuar el reclamo no indicó cuál era su actividad, ni ingresos, ni brindo otros elementos que permitan proyectar, desde el punto de vista patrimonial, las consecuencias dañosas del accidente, lo cual me lleva a actuar con suma prudencia -a fin de no consagrar un enriquecimiento indebido-, por lo que estimo razonable tomar el salario mínimo vital y móvil vigente a la ponderación del daño, esto es la fecha de la sentencia (21/12/2022: $ 47.850 tomando como base la Res. 4/2022 CNSMVM), para analizar la indemnización a otorgar.
Como una primera aproximación -o si se quiere como un piso, ya que la reparación en sede civil no está limitada al plano laboral o productivo, por lo que debería ser el piso de marcha- puedo partir de la fórmula que establece la Ley de Riesgos del Trabajo, en el art. 14 de la ley 24.557:
IPP del 50% o menos: Ingreso base (para lo cual se puede tomar el ingreso mensual probado o el salario mínimo vital y móvil para una persona que tiene ingresos regulares) x 53 x porcentual incapacidad y coeficiente edad (65/edad).
IPP mayor 50% y menor al 66%: renta periódica determinada por el ingreso mensual multiplicado por el porcentaje de incapacidad.
Así, tomando un salario mensual de $ 47.850, multiplicado por 53 por coeficiente de edad (65/37= 1,75), por un 8% de incapacidad, hubiera determinado la suma de $ 355.047?, que es el importe que le correspondería a un trabajador con un ingreso regular igual al SMVM (sin perjuicio de que dicha suma podría aumentar en función de la antigüedad y la presencia de otros básicos y adicionales).???
Ello es un parámetro útil a los efectos de realizar un primer análisis de la reparación otorgada.
Digo primer análisis, ya que la reparación tarifada de la ley laboral se limita a este último plano, a diferencia de la reparación integral que consagra la normativa civil incluye aspectos que excede dicho ámbito y comprende el plano social, cultural, deportivo, lúdico, sexual, etc., conforme se afirmara al principio de este punto, aunque ello dependerá de la prueba arrimada, que -no es ocioso destacar- ha sido escasa (arts. 1738, 1739 y 1740, C.C.C.N.; 163, 164, 165, 260, 261, 375 y 384, C.P.C.C.).
También se podría acudir a la fórmula matemática que proporciona el Dr. Hugo A. Acciarri -que esta Sala ha considerado como la más conveniente, ya que contempla la variación de los ingresos (causas 124.850, RSD. 171/2019; 125.194, RSD. 185/2019, 118.431, RSD. 37/2019), que con una edad inicial de 37 años, 8% de incapacidad, una tasa de descuento del 6% anual, un ingreso anual de $ 574.200 ($47.850x12) y se mantiene constante hasta los 50 años en que sube un 10% ($ 631.620) y continúa hasta los 65 años, en que baja a $ 401.940 (70% como jubilado), lo cual da un importe de $ 683.041,26.
Dicha fórmula se puede consultar en el siguiente link:
http://www.derechouns.com.ar/formula-y-planilla-de-calculo-de-indemnizacion-por-incapacidad-art-1746-ccyc/
Siendo que tal importe sólo mide la afectación de ingresos, dejando de lado las demás consecuencias materiales que afectan la personalidad y la vida del damnificado en aras de la reparación integral, cuya tutela ha sido consagrada por el art. 1740 del C.C.C.N. y encuentra sustento constitucional (arts. 1, 8 y 25, Convención Americana de Derechos Humanos; 17, 75 inc. 22, Const. Nac.; 1 y 2, C.C.C.N.), corresponde analizar la afectación en la vida de relación, tareas hogareñas, tiempo destinado al esparcimiento y actividades culturales, chances perdidas valoradas en función de la edad, ocupación y estudios -tal como se destaca en la sentencia de origen-, lo cual requiere alegación concreta en la demanda y de cierta actividad probatoria, aspectos que no han sido debidamente cubiertos por el reclamante, por lo que cabe estar principalmente a dicho importe a los efectos de la reparación de la incapacidad sobreviniente.
2.2.2.1.6. En virtud de lo expresado, elementos de autos (edad de la actora al momento del accidente, grado invalidante), estimo que la indemnización por “incapacidad sobreviniente”, debe ser fijada en el importe de PESOS SETECIENTOS MIL ($ 700.000) (arts. 163, 164, 165, 260, 261, 266, 330, 354 inc. 1, 375, 384, 456 y 474, C.P.C.C.; 7, 1716, 1717, 1718, 1719, 1721, 1722, 1725, 1726, 1727, 1729, 1731, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1744, 1746, 1757, 1758 y 1769, C.C.C.N.).
2.2.2.2. Daño moral.
2.2.2.2.1. Con relación al daño extrapatrimonial, con base en que “el daño moral se encuentra supe
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.