Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 134926
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada de fecha 27/03/2023 en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. Las costas se imponen a la actora en su condición de vencida (art. 68, CPCC).
Sentencia Definitiva
Causa N°134926; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº11 - LA PLATA
MARTORELLI CELIA NOEMI C/ ADAM PATRICIO ALEJANDRO y otros S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
En la ciudad de La Plata, en la fecha de la firma digital, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36, ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 134926, caratulada: "MARTORELLI CELIA NOEMI C/ ADAM PATRICIO ALEJANDRO y otros S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Se encuentra ajustada a derecho la sentencia apelada de fecha 27 de marzo de 2023?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda impetrada por Celia Noemí Martorelli contra Emir José Musa, Silvia Rosalba Negro, María Isabel Lizarraga y Patricia Alejandro Adam; impuso las costas a la parte actora vencida (art. 68 CPCC) teniendo en cuenta el beneficio de litigar sin gastos concedido a su favor; postergó la regulación de honorarios de los letrados intervinientes y de los peritos médico, ingeniero, psicólogo y martillero para la oportunidad en que adquiera firmeza el decisorio.
2. La sentencia fue apelada por la actora (presentación electrónica del 30 de marzo de 2023) recurso que, previamente concedido, fue fundado en tiempo y forma en esta instancia (presentación electrónica de fecha 16 de junio de 2023). Debidamente sustanciado (proveído del 22 de junio de 2023), mereció la réplica de Silvia R. Negro y Emir José Musa (presentación electrónica del 26 de junio de 2023) y de Patricio Alejandro Adam (presentación electrónica de fecha 28 de junio de 2023). Luego, se llamó autos para sentencia (proveído del 4 de julio de 2023).
3. La apelante se agravia del rechazo de la acción, asegurando que la jueza realiza una inadecuada consideración de los efectos jurídicos otorgados al expediente por diligencias preliminares caratulados "Martorelli Celia Noemí c/ Musa, Emir José y otros s/Diligencias Preliminares" en tanto los argumentos se dirigen a que el traslado y notificación de la mencionada expertíz es necesaria para su validez.
De allí que sostiene que los alcances que parece habérsele concedido a la medida, ajustándose a la terminología utilizada por la juzgadora, se encuadrarían en un supuesto de nulidad absoluta del acto, lo que no se constata en aquellas actuaciones ya que ninguna resolución nulificante surge de dicho expediente.
Alega que la juzgadora se apartó del thema decidendum al resolver sobre cuestiones no planteadas específicamente por las partes. Agrega que las demandadas nunca articularon ningún planteo de nulidad y mucho menos que ese haya sido el decisorio final de esas actuaciones.
Aduna que las partes se encontraban perfectamente anoticiadas de la existencia concreta de las actuaciones preliminares, en tanto se les notificó la demanda principal conteniendo el ofrecimiento de prueba respectiva (remisión de expediente preliminar). Ante este panorama, si bien las accionadas efectuaron sus reservas sobre la inoponibilidad de dicha medida anticipada, opina que no se desprende que hayan efectuado ninguna presentación tendiente a obtener algún pronunciamiento positivo.
En segundo lugar, se queja de la total falta de eficacia y validez probatoria que la jueza le otorga al informe técnico producido por el Ingeniero en Construcciones Jorge Daniel Jurado.
Niega que éste se haya limitado a remitirse a la pericia confeccionada en el expediente por diligencias preliminares.
Refiere que el experto constató personalmente, mediante observación directa, las diversas reparaciones de los daños halladas en la vivienda a través de los vestigios y hallazgos concretos que percibió mediante sus sentidos.
Infiere que el razonamiento acerca del rigor científico de la peritación realizada no guarda relación con lo que se desprende del informe técnico aportado por el ingeniero Jurado; califica de claro que el profesional informa que ha constatado signos inequívocos de filtraciones de agua hacia la propiedad de esta actora proveniente de las propiedades de los encartados. Agrega que la comprobación que efectúa es directa y actual al momento de peritar; constató que el tanque se encuentra en mal estado, fuera de uso, con rajaduras y con signos de pérdidas de agua.
Insiste en que las aseveraciones del Perito Ingeniero Jurado no sólo se basan en lo dictaminado anteriormente por el Ingeniero Capra. De ser así, Jurado podría haber omitido inspeccionar el inmueble, y emitir su informe lisa y llanamente desde su estudio, remitiendo a lo ya dicho por Capra, lo que así no ocurrió.
Finalmente, la agravia que la sentencia sostenga en su decisorio que la circunstancia de haber aclarado la actora (fs. 334) que la propiedad se encontraba "totalmente reparada" con la manifestación de que el ingeniero debía remitirse a la prueba anticipada ya producida existente en el juzgado nro. 5 de esta departamental habría resultado un acto determinante para sellar la suerte del pleito. Insiste en que la funcionaria actuante hace mención en sus considerandos a esta presentación realizando una interpretación errada, otorgándole un alcance inexacto y que no implicó un desistimiento de la prueba pericial en construcciones, ni buscó renunciar a la inspección in situ al inmueble ni menos a sus efectos probatorios.
Reitera que es claro que el peritaje se concretó mediante inspección. Va de suyo entonces, que esa actora mantuvo siempre interés en la producción de ese medio probatorio.
Denuncia que pese a ello, sorpresivamente la jueza apelada empleó un término no utilizado por su parte en la presentación mentada, toda vez que señala equivocadamente “…remitirse a la prueba anticipada ya existente…” lo cual nunca fue manifestado. Asegura que esa palabra no surge del escrito de fs. 334, sino que se refirió a que el perito “recurra” a la prueba anticipada.
4. Comenzando la tarea revisora, cuadra primeramente abordar lo relativo a la invalidez o nulidad de la prueba anticipada que el actor desarrolla en sus agravios.
Adelanto que la queja no ha de prosperar. Nótese que Martorelli pretende dar a las palabras utilizadas por la juez apelada un alcance que no surge del desarrollo integral de su argumentación.
En su presentación del 16 de junio de 2023, utilizó potenciales como “…parece haberle concedido…” y “… encuadraría en un supuesto de nulidad absoluta del acta…” para fundamentar el reclamo.
Ahora bien, más allá de los términos utilizados por la sentenciante que bien pueden resultar confusos o inadecuados (cuando habla de “invalidez” por ejemplo), resulta evidente que lo que se decide es -de conformidad con lo dispuesto por el art. 327 CPCC- la inoponibilidad de la prueba anticipada a la contraparte que no ha sido notificado y por lo tanto su ineficacia probatoria en estas actuaciones (arts. 326, 326, 384, 474 CPCC).
Ese es el criterio que surge del análisis integral de la sentencia apelada y es el que se evidencia adecuado en virtud de lo dispuesto en el mencionado art. 327 CPCC el que dispone en su último párrafo que: “Si hubiere de practicarse la prueba se citará a la contraria, salvo cuando resultare imposible por razón de urgencia, en cuyo caso intervendrá el defensor oficial. El diligenciamiento se hará en la forma establecida para cada clase de prueba, salvo en el caso de la pericial, que estará a cargo de un perito único, nombrado de oficio” (art. 327 CPCC in fine).
En interpretación de esa normativa se ha dicho que “En tanto las medidas cautelares se decretan y cumplen sin audiencia de la otra parte, las medidas conservatorias de la prueba -contempladas en nuestro Código Procesal como una especie de las diligencias preliminares de los procesos de conocimiento-, deben practicarse con citación de la contraria (SCBA, Ac. y Sent., 1972-III-266 o DJBA 97-299 o LL 150-198 o JA 1973-18-599, citado por Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Tomo VIII. Augusto Mario Morello, Gualberto Lucas Sosa, Roberto Omar Berizonce).
Corresponde, por lo tanto, dar satisfacción al principio de contradicción tratándose de la prueba anticipada. Se impone así la pertinente injerencia de la contraria a los fines del contralor de la prueba anticipada, salvo que mediaren razones de urgencia, en cuyo caso intervendrá el Defensor de Pobres y Ausentes, según así lo edicta el artículo 327 del ordenamiento procesal (C. 2ª sala I, La Plata, causa B-42.512, reg. sent. 17/77, citado por Augusto Mario Morello, Gualberto Lucas Sosa, Roberto Omar Berizonce en obra referida).
A partir de ello, tratándose el agravio sobre la producción de prueba anticipada mediante una diligencia preliminar, la regla que debe aplicarse al caso es la de dar intervención a la parte contraria de modo oportuno en las mismas actuaciones en la que la efectivamente ha de producirse, no subsanándose por su notificación o anoticiamiento posterior. El objeto de lo normado por el art. 327 CPCC es permitir el contralor de la contraparte sobre su producción e incidencias. La única excepción prevista es el supuesto de urgencia cuando la posibilidad de que la medida se frustre por la demora que ocasione la notificación, extremo que no se cumple en este caso dado que la prueba estuvo destinada al peritaje de la propiedad exclusiva de la actora en estas actuaciones (arts. 326, 327, 384, 474 CPCC).
Debe agregarse a ello, que -contrariamente a lo alegado por la quejosa- los demandados reclamaron oportunamente se dicte la inoponibilidad de la prueba anticipada, lo que se traduce en que no han indicado expresa ni tácitamente su conformidad con su agregación a estos actuados. Por ello, el argumento en dirección a que los accionados fueron debidamente notificados con la interposición de la demanda en este proceso tampoco ha de ser procedente (v. contestaciones de demanda de fs. 178/191 esp. ap. “v” y fs. 203/206 esp. ap. “VI”).
A partir de lo expuesto, los agravios de la actora en este punto no han de ser de recibo y, por lo tanto, la inoponibilidad de la pericia confeccionada en el expediente por diligencias preliminares se impone (arts. 326, 327, 384, 474 CPCC).
5. En lo tocante con la pertinencia y fuerza probatoria de la pericia confeccionada por el Ingeniero en Construcciones Jorge Daniel Jurado en este expediente (fs. 382/ 386), resulta necesario precisar que los dictámenes periciales deben valorarse de conformidad a las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso (SCBA, B 50984, sent. del 4/07/1995, “Acuerdos y Sentencias” 1995-II-810; SCBA, B 52359, sent. del 14/11/2007) y que incluso, al sopesar las experticias los jueces ejercen facultades propias, no teniendo sus conclusiones eficacia vinculante (SCBA, Ac. 38915, sent. del 26/04/1988, “La Ley” 1988-D-100, “Acuerdos y sentencias” 1988-I-720, D.J.B.A. 1988-134, 345; SCBA, Ac 49735, sent. del 26/10/1993; Ac 56166, sent. del 5-VII-1996; Ac. 61475, sent. del 3/03/1998). En el mismo aspecto, conforme ha resuelto esta Sala, las reglas de la sana crítica indican que para el desplazamiento de la pericia suficientemente fundada, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir razones científicas fundadas, son insuficientes para provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica (art. 474 del CPCC; esta Sala, causas 109.550, sent. del 22/07/2008; 115.940, sent. del 30/06/2015, RSD 83/2015; 127.048, sent. del 27/04/2020, entre muchas otras).
En esta dirección, encuentro que el experto -tal como lo constató la Juez de grado- se remite en sus argumentos a la pericia efectuada por el Ing. Capra en el expediente caratulado "Martorelli Celia Noemí c/ Musa, Emir José y ot. s/ Diligencias Preliminares", no contando con una independencia técnica y fáctica que permita probar los daños alegados en la presentación de inicio (arts. 384, 474 CPCC).
Es decir, la expertiz del Ing. Jurado no se basta a sí misma, sino que se remite permanentemente a un instrumento ajeno a estas actuaciones.
Aún en los casos en los que intenta dar una respuesta independiente, termina vinculándola a lo dicho por el Ing. Capra. Ejemplo de ello es la respuesta 10 dictamina que “Se observa que se han efectuado las reparaciones sobre los sectores dañados” sin determinar por sí mismo cuáles son; y agrega que “si bien se han realizado los mismos se puede precisar los revoques que fueron reparados sobre la medianera en cuestión y la pintura efectuada sobre el mismo muro medianero. También efectuado un relevamiento del baño en correspondencia con el muro medianero en cuestión se observan que golpeando al mismo se pueden apreciar que han quedado oquedades en el mismo. Con esto se puede afirmar que aún después de las reparaciones han quedado vestigios de los mismos” omitiendo aquí también constatar por sí mismo cuales han sido los daños (v. pericia fs. referidas).
En esta dirección es que no encuentro de la experticia referida elementos con la fuerza convictiva suficiente como para tener por probados los daños reclamados por lo cual esta parcela de los agravios tampoco han de tener andamiaje (arts. 384, 474, CPCC).
6. Por lo demás, la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; esta Cámara, Sala III causa B-79.059, reg. sent. 195/94 e.o., esta Sala causa 127749 RSD 164-20 sent. del 25/09/2020 e.o).
7. En tal entendimiento, por las consideraciones vertidas, he de propiciar no hacer lugar a los agravios de la actora, proponiendo en consecuencia la confirmación de la sentencia apelada en todo lo que fuera materia de recurso y agravios; postulo que las costas sean impuestas a la actora en su condición de vencida (art. 68, CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia apelada de fecha 27/03/2023 en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. Las costas cabe que sean impuestas a la actora en su condición de vencida (art. 68, CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada de fecha 27/03/2023 en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. Las costas se imponen a la actora en su condición de vencida (art. 68, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE de manera automatizada en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA, y al codemandado Consorcio de Propietarios de Calle 10 n° 1043 por ministerio de la ley, conforme la excepción prevista en el art. 11 inc. "a" del Ac. citado, teniendo en cuenta para ello que con fechas 15/10/2021 -en la instancia anterior- y 15/06/2023 punto 1 -por Presidencia de esta Alzada- se le tuvo por constituido el domicilio en los estrados del tribunal (arts. 40, 41, 133, CPCC). DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Funcionario Firmante: 02/10/2023 07:15:25 - HANKOVITS Francisco Agustín - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2023 08:49:45 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 02/10/2023 10:52:33 hs. bajo el número RS-279-2023 por VIOLINI DARIO.
Fin de la sentencia