Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 135454 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el apelado proveído de fecha 22/03/2023 en cuanto fuera materia de recurso y agravios, con costas de Alzada al demandado impugnante en su carácter de vencido (arts. 63, 65, 69, 198, 212 inc. 1, 260, 272, CPCC).
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 135454-1; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº22 - LA PLATA
LOPEZ VALLE JHONY WILDER C/ MORENO GUSTAVO FEDERICO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) S/ INCIDENTE DEL ART. 250 DEL CPCC
La Plata, en la fecha de la firma digital.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a fin de tratar el recurso de apelación interpuesto por el codemandado Gustavo Federico Moreno el 10/05/2023, contra el proveído de fecha 22/03/2023. El medio de impugnación, se concedió -con efecto devolutivo- el 18/05/2023, se fundó en el memorial de agravios del 24/05/2023, se ordenó su sustanciación el 30/05/2023, habiendo sido notificado ello de manera automatizada según trámite de Presidencia de esta Alzada del 29/08/2023, mereciendo la respuesta de la parte actora del 05/09/2023.
2. Al momento de dictar el pronunciamiento atacado, el señor juez de la instancia de origen decretó el embargo solicitado por la parte actora sobre el bien denunciado, identificado bajo el dominio OLE352, por la suma de $20.480.000 con más la de $7.000.000 que se presupuestan para responder a intereses y costas siempre que el mismo sea de titularidad del demandado señor Gustavo Federico Moreno (art. 212 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC-), a cuyo efecto ordenó se libre oficio a instancia de la parte, para que luego se cumpla con el art. 198 del CPCC (ver proveído del 22/03/2023).
3. En prieta síntesis, se agravia la parte apelante, con cita del art. 210 inc. 5 del CPCC, sosteniendo que en el caso se ha acreditado su cobertura asegurativa con la garantía otorgada por la “Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA” (quien respondió dicha citación).
Afirma que, tratándose de un reclamo resarcitorio por daños y perjuicios derivados de un incidente de tránsito, impone la doctrina y la jurisprudencia dominante que se acredite la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, lo que no ha ocurrido en estas actuaciones por parte del actor ni por el Juez.
Refiere que al existir un litisconsorcio pasivo y al haber contestado la aseguradora la citación en garantía (estando reconocida la existencia del seguro, otorgada la garantía peticionada y cuestionados la mecánica del incidente de tránsito y los hechos materia de litis por parte de dicha compañía de seguros), no obstante la rebeldía del demandado no puede hacerse efectiva la presunción del art. 63 del CPCC para decretar un embargo.
Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.
Alega que el monto de cobertura de la póliza -con más la aplicación de la tasa BIP digital- sobrepasaría el importe reclamado en demanda, así como que las sumas por las que se decretó la medida son muy superiores al valor del vehículo automotor embargado, calificándola de desproporcionada e injustificada, por lo que solicita su levantamiento (ver memorial del 24/05/2023).
4. En primer lugar, cuadra tratar el planteo de insuficiencia del recurso, deducido por la parte actora en su respuesta del 05/09/2023, contra el embate articulado por el accionado.
En torno a ello, ha de decirse que el escrito de fundamentación de la apelación del impugnante de fecha 24/05/2023 ha superado en general el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (arts. 18 Constitución Nacional -CN-; 260, Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC-; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. 1, pág. 175 a 180), razón por la cual se procede a continuación al tratamiento del recurso.
5. La actora requirió, en el mismo escrito, se declare la rebeldía del demandado y, con pie en ello, la traba del embargo preventivo sobre el automotor de propiedad del mismo, fundamentando su petición en lo dispuesto en los arts. 63 y 212 inc. 1 del CPCC (ver escrito electrónico del 03/03/2023), todo lo que fuera proveído de conformidad según trámite puesto en crisis del 22/03/2023.
Cabe adelantar que los argumentos desarrollados por el quejoso no son de recibo.
En forma liminar y toda vez que los fundamentos iniciales de la apelación bajo análisis giran en torno a lo normado por el art. 210 inc. 5 del CPCC, nótese que dicha cuestión no resultó sometida a la decisión de la instancia anterior, desde que la petición de fecha 03/03/2023 se basó expresamente en lo normado por los arts. 63 y 212 inc. 1 del CPCC; así, el sentenciante de grado admitió la cautelar pretendida con basamento en la referida normativa.
De consuno con ello, habiéndose estimado procedente el embargo del caso por los motivos aludidos, no resulta necesario pues acudir a los términos del art. 210 inc. 5 del Código de rito como pretende el recurrente para analizar la cuestión.
En ese entendimiento, debe destacarse que el ordenamiento procesal establece que en ocasión de un proceso en marcha (art. 212 inc. 1° CPCC), si uno de los litigantes ha sido declarado rebelde, la contraria podrá solicitar las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio (art. 63 CPCC) y, asimismo, que las medidas decretadas así subsistirán hasta la terminación del juicio, a menos que el interesado justificare haber incurrido en rebeldía por causas que no haya estado a su alcance vencer (art. 65 CPCC).
De ello se infiere que con la rebeldía se dan determinadas circunstancias que la ley considera suficientes para tener por acreditados los presupuestos de la medida cautelar -verosimilitud del derecho y peligro en la demora- (conf. Eduardo N. de Lázzari, "Medidas Cautelares" Tomo 1, págs. 279 y ss, Librería Editora Platense, 2ª edición -1995-, 2ª reimpresión -2002-).
Es que, a los fines cautelares y conforme la norma del art. 63 del CPCC, la rebeldía establece una presunción favorable a la pretensión de la actora, por lo cual opera de un modo automático para la procedencia de la medida y no se requiere justificar la verosimilitud del derecho (conf. esta Sala -con anterior integración-, causa 115268, sent. int. del 20/09/2012, RSI 182/12), por lo que no corresponde levantar la medida cautelar si no se dan los supuestos que prevé el artículo 65 CPCC, esto es, terminación del juicio o justificación de haber incurrido en rebeldía por causas que no se podía evitar.
Se añade a lo anterior que el precedente citado en el memorial de agravios, emanado de la Sala Primera de esta Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial departamental (causa de Alzada 133337, sent. int. del 13/12/2022, RR 616-2022) deviene el caso inverso al presente, es decir, en aquél expediente la rebelde era la citada en garantía y no el demandado como en estas actuaciones. Por ende, siendo una situación fáctica disímil, resulta inaplicable a este supuesto particular. Más aún, si bien el litisconsorcio voluntario pasivo (intervención obligada) constituido por el asegurado-asegurador, implica una relación procesal única con pluralidad de partes procesales, cada una de ellas actúa autónomamente. De allí que el apelante deberá asumir por sí mismo la responsabilidad de la propia y voluntaria conducta seguida respecto de la litis.
Por último, cabe remarcar que el monto de cobertura de la póliza, el cálculo de intereses a tasa pasiva digital que efectúa el quejoso y el valor del automotor, no pueden enervar de manera alguna la traba de la medida, que no sólo no luce excesiva -pues afecta únicamente al vehículo del demandado que, además, es el que se denunció como interviniente en el siniestro objeto de estas actuaciones- sino que deviene plenamente justificada en los términos de los mencionados arts. 63 y 212 inc. 1 del CPCC, más aún si se advierte que no se ha invocado por el impugnante la situación de excepción alguna conforme lo previsto en el art. 65 del mismo cuerpo legal.
POR ELLO, se confirma el apelado proveído de fecha 22/03/2023 en cuanto fuera materia de recurso y agravios, con costas de Alzada al demandado impugnante en su carácter de vencido (arts. 63, 65, 69, 198, 212 inc. 1, 260, 272, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
art. 36 ley 5827
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2023 08:01:16 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2023 09:02:18 - HANKOVITS Francisco Agustín - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 26/12/2023 09:28:56 hs. bajo el número RR-676-2023 por DILLON MARIA SOLEDAD
Fin de la sentencia