Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 138377
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, y demás fundamentos expuestos se rechaza el recurso interpuesto y se confirma la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso y agravios, con costas a los apelantes en su condición de vencidos.
ND
En la ciudad de La Plata, a los 23 días del mes de Diciembre de 2024, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "BARCOS MARCELO VALENTIN C/ ALVAREZ RUBEN GUSTAVO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" (causa: 138377), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es ajustada a derecho la sentencia definitiva del 6/6/2024?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. En las presentes actuaciones se dictó sentencia de primera instancia en la que se RESOLVIO: 1°) Hacer lugar a la demanda articulada por BARCOS MARCELO VALENTIN contra RUBEN GUSTAVO ALVAREZ; 2) Condenando al demandado a pagar en el plazo de 10 días de quedar firme este pronunciamiento la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL ( $ 3.381.000) con más intereses; 3) Hizo extensiva la condena a RIO URUGUAY Seguros Limitada de acuerdo (art. 118 Ley 17.418); 4) Impuso las costas al demandado por su objetiva condición de vencido.
1.2. Apeló la citada en garantía y el demandado, quienes expresó agravios (7/10/2024), los cuales fueron contestados (con invocación de la facultad del gestor), venciendo el plazo para ratificar el 17/2/2025,
Los apelantes limitan sus agravios a los rubros “Lucro Cesante. Pérdida de chance (tratado en el apartado III.a). Incapacidad física y daño psíquico (tratados en el considerando III.b), cuya cuantificación consideran excesiva, infundada, con base en que poco o nada se dice en orden al mecanismo que se empleó a fin de arribar a dicha partida, siendo como única pauta objetiva los porcentuales incapacitantes que arroja la experticia médico y psicológica.
Agregan que la sentenciante de origen consume prácticamente todo el acotado considerando con referencias a principios generales y a la pericia presentada en autos, de cara a una eventual incapacidad para luego, sin más exposición que las breves referencias ya apuntadas, omite hacer una relación con las condiciones particulares del Sr. Barcos y cómo es que realmente entiende que su vida fuera afectada por el acontecimiento de marras.
Consideran que la pericia no es atendible por haber sido realizada mucho tiempo después del accidente, no arrimar los antecedentes médicos que refiere y tener en cuenta el relato del propio actor.
Insisten con diversas argumentaciones sobre la falta de acreditación del nexo causal.
Como segundo agravio cuestiona por excesivo el importe fijado por “Daño moral”.
1.3. Se llamaron “autos para sentencia”, providencia que está firme y consentida.
II. Tratamiento de los recursos.
2.1. Normativa aplicable. Siendo que el accidente de tránsito objeto de la demanda ocurrió el 11/6/2018, esto es bajo la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (C.C.C.N.), dicha normativa rige en el caso de autos (art. 7, C.C.C.N.; 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
Sentado ello, pasaré a analizar los cuestionamientos concretos vertidos (arts. 260 y 261, C.P.C.C.), que se limitan al resarcimiento otorgado.
2.2. El resarcimiento.
2.2.1. Habiendo arribado firme la atribución de responsabilidad a raíz del accidente de tránsito que motiva estos actuados, debo analizar el importe del resarcimiento, a fin de determinar si la indemnización otorgada se ajusta a derecho (3, 1708, 1716, 1717, 1719, 1722, 1725, 1726, 1728, 1729, 1731, 1733, 1734, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1757 y 1758, C.C.C.N.), recordando sobre el particular, que la prueba del daño constituye presupuesto indispensable para la condena indemnizatoria, y cuya demostración incumbe a quien reclama, de conformidad a los principios que gobiernan la carga probatoria (arts. 1744, C.C.C.N.; 375, C.P.C.C.).
Ha de tenerse presente, que en la tarea de fijar el alcance y cuantía de la indemnización, no se debe trasponer el área de la equidad y justicia, acotada, por un lado, por el principio de reparación integral y plena, y por otro, con el que impide lucrar con el daño sufrido, de manera tal que el perjudicado no quede ni más pobre ni más rico de lo que hubiera sido de no acaecer el evento dañoso (conf. arts. 1, 2, 9, 10, 1738, 1739, 1740, 1741 y 1742, C.C.C.N.; CAZEAUX-TRIGO REPRESAS, “Derecho de las Obligaciones”. Editora Platense, 1969, 1ª edición T. I, pág. 247).
2.2.2. Incapacidad psicofisica. Daño estético. La jueza de primera instancia, luego de rechazar el rubro “Lucro cesante”, trata la “Incapacidad psicofísica y Daño estético”.
Hago esta aclaración, ya que los recurrentes aluden a un tratamiento unificado de tales rubros que no emerge de una simple lectura de la sentencia.
La jueza, luego de referir que el actor reclamó que a raíz del accidente de tránsito de autos ocurrido el 11/6/2018, a las 12,50 hs. aproximadamente, en la intersección de las calles 479 y 11 de Gonnet, La Plata, producido con intervención de una moto conducida por el actor y un automóvil manejado por el demandado- sostuvo que el actor sufrió las siguientes lesiones: fractura expuesta de tobillo izquierdo y lesión de tibial posterior. Fue intervenido quirúrgicamente por primera vez en su tobillo por la fractura expuesta, oportunidad en que le colocaron clavos, y una segunda vez por la lesión de tibial posterior, debiendo permanecer internado en ambas ocasiones. Con base en la pericia traumatológica consideró que el actor presenta marcha plantígrada (apoya el pie con la planta), movilidad completa e indolora de tobillo izquierdo y una cicatriz de abordaje quirúrgico de 8 cm. De la radiografía se observa osteosíntesis de fractura de maléolo interno, consolidada con dos tornillos canulados, ponderando por la fractura de tobillo un 5% de incapacidad y por la presencia de material de osteosíntesis, que eventualmente pueda requerir nueva cirugía a mediano o largo plazo una incapacidad del 1,90%. Luego refiere que del informe elaborado por la licenciada Alida Bellizzi, se concluye que el actor presente “Desarrollo Reactivo de grado moderado, lo cual se corresponde con una categoría diagnóstica denominada Reacción Vivencial Anormal Neurótica de grado II.
En función de ello, edad al momento del siniestro -que no indica-, otorga la suma de $ 2.906.000, a valores actuales.
2.2.1. La jueza omitió evaluar el daño conforme lo normado por el art. 1746 del C.C.C.N. (o al menos no indicó el mecanismo de cálculo utilizado para fijar el resarcimiento).
La falta de utilización o de mención de la fórmula o mecanismo matemático que se debe realizar para “la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades” (art. 1746, C.C.C.N.), no sólo constituye un incumplimiento con el deber de valoración que impone la norma citada, sino que importa una falencia de fundamentación que priva al recurrente de una herramienta sumamente útil para controlar el razonamiento utilizado al momento de determinar la reparación (arts. 18, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 1, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 17, 75 inc. 22 de la C.N.; art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 171, Const. Prov.; 3 y 1746, C.C.C.N.).
Ahora bien, la incapacidad sobreviniente comprende las secuelas o disminuciones físicas o psíquicas que pudieren quedar luego de completado el período de recuperación o restablecimiento -lo cual ha sido designado en el nuevo código como la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima (art. 1738)- (conf. SCBA, Ac. 42.528, 19/6/90, “Ac. y Sent.” 1990-II, 539; Ac. 54.767, 11/7/95; Ac. 79.922, 29/10/2003), lo que no puede confundirse con lucro cesante, que consiste en el resarcimiento de las ganancias dejadas de percibir durante el tiempo que haya demandado la curación de la víctima -contemplado en el nuevo código en el art. 1738- (SCBA, Ac. 52.258, 2/8/94; Ac. 75.918, 21/11/2001; C. 96.838, 24/8/2011, por mayoría -el voto de la minoría no propicia el cambio de doctrina-; C. 95.167, 5/12/2012), siendo reparaciones que no resultan excluyentes entre sí (SCBA, Ac. 52.258, 2/8/94).
Sentado ello, la jueza de primer grado consideró que la actora presentaba una incapacidad parcial y permanente del 5% por fractura de tobillo izquierdo, más un 1,90% por la posibilidad de que el material de ostesíntesis requiera una nueva cirugía, más las condiciones personales de la víctima “determinadas en el informe psicológico”, edad al momento del siniestro y otras consideraciones generales, tras lo cual arribó a la suma de condena ($ 2.906.000).
Tales porcentuales no han sido objeto de critica idónea por el apelante, quien se desentiende de los fundamentos de la sentencia, realiza cuestionamientos al contenido del informe pericial que debieron ser introducidos con anterioridad al dictado de la sentencia y que no pasan de ser una mera discrepancia con la juzgadora de origen, por lo que arriban firmes a este sede (arts. 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
Cabe destacar que el perito psicólogo designado en autos, luego de evaluar al actor informó que “de acuerdo al Baremo Neuropsiquiátrico para valorar incapacidades neurológicas y daño psíquico del Prof. Mariano N. Castex, se observa en el Sr. Barcos Desarrollo Reactivo de grado moderado, lo cual se corresponde con una categoría diagnóstica denominada Reacción Vivencial Anormal Neurótica de grado II.”, sin indicar grado de incapacidad alguno. Luego recomienda la realización de un Tratamiento Psicoterapéutico que lo ayude a elaborar las cuestiones que le generan limitación, tensión y angustia, donde pueda elaborar la vivencia traumática del suceso y tramitarlo internamente en forma adecuada para disminuir los mecanismos defensivos de disociación emocional, integrando la emoción a sus vivencias y moderando el sobre esfuerzo que realiza cotidianamente para transitar su vida y retomar su impronta para enfrentar la vida desde un lugar de mayor fuerza y seguridad. Dicho tratamiento debería constar de, por lo menos, una sesión semanal durante un año y luego evaluar, en función de la evolución de la sintomatología, la necesidad de continuarlo o no, observando que en caso de realizar dicho tratamiento tendría un buen pronóstico.
Con estos elementos debo ponderar si la suma otorgada -que no cubre los gastos por tratamiento, los cuales han sido ponderados en el “considerando” D)- por “incapacidad psicofisica y daño estético” se ajusta a derecho, para lo cual las fórmulas matemáticas constituyen un parámetro de suma utilidad, lo cual no descarta la valoración conforme las reglas de la sana crítica, ni las pautas del art. 165 último párrafo a los efectos de cuantificar el daño desde una perspectiva integral (arts. 163, 164, 165, 260, 261, 330, 354 inc. 1, 375 y 384, C.P.C.C.), y me impone actuar ayudado por dos importantes principios, como son la prudencia y la razonabilidad, sin dejar de lado la equidad, que han sido receptados por los arts. 1738, 1739, 1742 y 1750, del C.C.C.N.
Considero razonable que, al otorgar un importe para la realización del tratamiento, en aras de mejorar la calidad de vida del actor, “con buen pronóstico” (conforme el perito), sumado al hecho de que no se ha consignado grado invalidante alguno por la dolencia psíquica, no se incluya la reparación de la minusvalía psíquica como daño permanente en este rubro, por lo que he de tomar un 5% de incapacidad más un 1,90% (arts. 1744, C.C.C.N; 375, C.P.C.C.).
Es aconsejable tomar globalmente los desmedros materiales producidos en forma permanente en el organismo del individuo, para cuyo cómputo he de utilizar la tabla de incapacidades múltiples (Simonin, “Tratado de Medicina Judicial. Incapacidades múltiples”, ed. Juris, 1980, pág. 804), cuya operatividad evitaría un resultado que superara el 100% de minusvalía, con la consecuente incidencia en la cuantificación dineraria.
En función de ello llego a un 6,80% (5+1,80 que se obtienen de multiplicar la incapacidad restante -95%- por el porcentual a considerar -1,90%- y dividirlo por 100) de incapacidad parcial y permanente.
La falencia probatoria del actor en orden a su actividad productiva e ingresos, hace que deba actuar con suma prudencia a fin de no otorgar una reparación excesiva o sin causa, para lo cual es válido tomar como parámetro el salario mínimo vital y móvil (SMVM) al mes de junio de 2024 -fecha de la sentencia que ha ponderado la reparación con criterio de actualidad-, que es de $ 234.315,12 (conforme Resol. 9/2024 del CNEPSMVM).
Como una primera aproximación -o si se quiere como un piso- puedo tomar la fórmula que establece la Ley de Riesgos del Trabajo, ya que en principio la reparación a otorgarse en sede civil al ser integral y no limitada al plano laboral o productivo debería ser superior, donde se utiliza la fórmula que establece el art. 14 de la ley 24.557:
- IPP del 50% o menos: Ingreso base (para lo cual se puede tomar el ingreso mensual probado o el salario mínimo vital y móvil para una persona que tiene ingresos regulares) x 53 x porcentual incapacidad y coeficiente edad (65/edad -el actor nació el 17/4/2001-).
- IPP mayor 50% y menor al 66%: renta periódica determinada por el ingreso mensual multiplicado por el porcentaje de incapacidad.
Así, tomando un salario mensual de $ 234.315,12, multiplicado por 53 por coeficiente de edad (65/17 = 3,82), por un 6,80% de incapacidad, hubiera determinado la suma de $ 3.225.881,87, que es el importe que representa la reparación desde la óptica laboral.
Ello es un parámetro útil a los efectos de realizar un primer análisis sobre la suficiencia de reparación otorgada.
Digo primer análisis, ya que la reparación tarifada de la ley laboral debería ser, tal como ya se adelantó, inferior a la que se otorga en sede civil, donde el ámbito de reparación es mayor, aunque para ello se deben valorar aspectos que hacen a la vida cotidiana del damnificado, en la medida que obren elementos en autos. De no obrar tales elementos -como lo es en el caso de autos-, se debe ser muy cauto a la hora de avanzar sobre dicho terreno (arts. 165, 375 y 384, C.P.C.C.).
Esta Sala considera razonable utilizar la fórmula polinómica que proporciona el Dr. Hugo A. Acciarri, que daría un importe mayor, y que se puede consultar en el siguiente link:- http://www.derechouns.com.ar/formula-y-planilla-de-calculo-de-indemnizacion-por-incapacidad-art-1746-ccyc/
Con tal fórmula, una tasa de descuento del 6%, ingreso mensual de $ 234.315,12, reducido a un 70% a los 65 años (edad jubilatoria), con un tope de 78 años, daría una reparación mayor.
Y ello sin perjuicio -se reitera- de que tal criterio de evaluación, por reducir el análisis al ámbito de los ingresos, resulta insuficiente para el régimen de reparación integral que se pretende aplicar (ya que merma en la capacidad del hombre no sólo resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales o económicos), puesto que no corresponde dejar afuera aspectos que hacen a la vida cotidiana del damnificado fuera de sus ingresos, aunque ello debe evaluarse en función de la prueba producida (arts. 1744, C.C.C.N.; 375, C.P.C.C.).
De lo expuesto surge sin hesitación alguna que la reparación otorgada por el rubro en análisis no ha sido excesiva, por lo que debe ser confirmada (arts. 1, 2, 3, 7, 1737, 1738, 1739, 1740, 1744 y 1746, C.C.C.N.; 163, 164, 165, 260, 261, 375, 384 y 474, C.P.C.C.)
2.2.3. Daño moral. La demandada cuestiona el importe otorgado ($ 400.000 a valores actuales) por considerarlo excesivo.
2.2.3.1. Este rubro tiende a reparar un bien extrapatrimonial que merece protección jurídica, relacionado con los sentimientos negativos que originan perjuicios para la tranquilidad y ritmo normal de la vida del damnificado y se manifiesta -entre otros- a través del dolor, la angustia, la tristeza y la afectación del deseo de vivir. Tiene un carácter resarcitorio y no punitivo ni sancionatorio -lo cual emerge del art. 1741 cuando alude a “satisfacciones sustitutivas y compensatorios”-, no requiere de prueba directa cuando -situación que no es la de autos- tiene como base el daño en la integridad psicofísica de un individuo, supuesto en el que cabe tenerlo por acreditado por el solo hecho de la acción antijurídica -daño “in re ipsa”- y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral (conf. arts. 1, 2, 1734 y 1741, Código Civil y Comercial; SCBA, L. 36.489, 2/9/86; L. 36.625, 14/1/86).
En este sentido, tiene dicho la SCBA, con valor de doctrina legal, que tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor, y los más sagrados -rectius: consagrados- afectos (conf. SCBA, Ac. 35.579, 22/04/86; Ac. 39.019, 31/05/88, Ac. 40.197, 21/02/89; Ac. 40.082, 9/05/89; Ac. 46.353, 22/12/92; Ac. 52.258, 2/8/94; Ac. 54.767, 11/7/95; Ac. 55.774, 14/5/96), lo cual no se puede extender sin más a los daños sufridos por el automotor de la peticionante.
Sentado ello, los agravios vertidos prescinden de las lesiones provocadas por el accidente en la vía pública, donde el actor se cayó de la moto y sufrió las lesiones ya descriptas, que le originaron dos intervenciones quirúrgicas, que le generaron incapacidad permanente.
2.2.3.2. En consecuencia, valorando el importe otorgado conforme las reglas de la sana crítica y la facultad otorgada por el art. 165 “in fine” del ordenamiento ritual, corresponde su confirmación (arts. 1, 2, 3, 7 y 1741, C.C.C.N.; 163, 164, 260, 261, 375 y 384, C.P.C.C.).
Voto por la AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo:
Adhiero al voto que antecede y doy mi opinión por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
Atendiendo al acuerdo alcanzado corresponde y así lo propongo confirmar en cuanto ha sido materia de recurso y agravios la sentencia recurrida. Postulo que las costas de segunda instancia se impongan al apelante en su condición de vencido (art. 68, C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos se rechaza el recurso interpuesto y se confirma la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso y agravios, con costas a los apelantes en su condición de vencidos. REG. NOT. DEV.
Fin de la sentencia