Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 139715
En la ciudad de La Plata, a los 19 días del mes de Junio de 2025, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro, Ricardo Daniel Sosa Aubone y por disidencia, el Señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits (art. 36 de la ley 5827), para dictar sentencia en los autos caratulados: "LACUNZA FABIAN MARCELO C/ MEDRANO CARLOS MIGUEL y otro/a S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " (causa: 139715 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es ajustada a derecho la apelada sentencia definitiva de fecha 20/12/2024?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. En las presentes actuaciones se dictó sentencia de primera instancia que 1º) Hizo lugar a la demanda articulada por Lacunza Fabian Marcelo contra Carlos Miguel Medrano; 2) Condenó al demandado a pagar en el plazo de 10 días de quedar firme la suma de PESOS VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA $ 20.134.990 con más los intereses computables de acuerdo a las pautas indicadas en el considerando respectivo; 3) Hizo extensiva la condena a PROVIDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. (art. 118 Ley 17418); 4) Impuso las costas a las demandadas por su objetiva condición de vencido (art. 68 CPCC); 5) Difirió las regulaciones de honorarios para su oportunidad (conf. art. 51 ley 14967).
1.2. Apelaron la actora (23/12/2024) y la citada en garantía (26/12/2024), quienes expresaron agravios, los que fueron contestados.
1.3. Se llamaron “autos para sentencia”, providencia que está firme y consentida.
II. Tratamiento del recurso.
2.1. Normativa aplicable. Siendo que el accidente ocurrió el 3/11/2021, esto es bajo la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.C.N.), dicha normativa rige en el caso de autos (art. 7, C.C.C.N.).
Sentado ello, pasaré a analizar los agravios.
2.2. Los agravios. Su tratamiento.
2.2.1. Agravios. La citada cuestiona la admisión de la demanda con base en la ausencia de responsabilidad del demandado y corresponsabilidad de la víctima.
Asimismo, cuestiona los rubros admitidos por incapacidad física, estética y psíquica, y daño moral, los gastos médicos, farmacéuticos y de traslado y los daños al rodado, privación de uso, los que impugna por excesivos y la ausencia de pronunciamiento sobre la limitación de cobertura.
La actora, pone en crisis por insuficiencia los montos por incapacidad, gastos médicos y daño moral, la tasa de interés y la ausencia de actualización monetaria.
2.2.2. Responsabilidad. En primer lugar corresponde tratar la temática de la responsabilidad, por la incidencia que ello puede tener en las restantes cuestiones (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
2.2.2.1. No se discute que el día 3 de noviembre de 2021, aproximadamente a las 19:00 horas, mientras el Sr. Lacunza conducía una motocicleta Motomel 849GXW por calle Alem, en San Miguel del Monte, al intentar sobrepasar al vehículo Peugeot 405, conducido por el Sr. Medrano que viajaba en la misma dirección y sentido, este realizó una maniobra de giro -o si se quiere desvío- a la izquierda, oportunidad en que cierra la línea de marcha de la moto, que desde atrás colisiona con su parte frontal la parte trasera del auto (sector inferior derecho del paragolpes trasero), provocando que el motociclista cayera al asfalto y sufriera diversas lesiones (arts. 59, 63, 260, 261, 330 inc. 4, 354 inc. 1 y 384, CPCC).
El sector pasivo invocó la culpa de la víctima como causal exonerativa de la responsabilidad con base en la excesiva velocidad de la moto y ausencia de su dominio por parte del conductor y el juez de primera instancia no encontró elemento probatorio alguno que lo persuada en tal sentido. Es más, de la pericia mecánica surge que no es posible el calculo de velocidades por falta de elementos, pero se infiere por los daños, que la velocidad de la moto no debería superar los 30 km/h; lo cual se agrega la presunción favorable a los dichos del actor que emerge de la rebeldía del demandado (art. 60, C.P.C.C.) y que el desvío a la izquierda es una maniobra riesgosa razón por la cual debe realizarse con suma precaución, pues representa un obstáculo al tránsito para el que lleva idéntico sentido de circulación de quien efectúa tal maniobra y se desplaza detrás de él, en cuyo caso, la normativa de tránsito imparte expresas y concretas directivas (arts. 43 y 45, ley 24.449), tales como advertir la maniobra con suficiente antelación mediante señal luminosa.
Frente a la colisión entre una moto conducida por la actora y el auto conducido por el demandado, que asumen la condición de cosas generadoras de riesgo, el factor de atribución de responsabilidad es objetivo (arts. 1722, 1757 y 1769, C.C.C.N.), por lo que quien generó el daño -esto es el conductor de la moto respecto de los daños que pudiera haber ocasionado al automóvil y/o a su conductor; y/o el conductor del auto por los daños ocasionados a la moto y/o a quien la manejaba- deben responder -en autos solo demanda el conductor de la moto-, salvo que se pruebe alguna eximente legal (arts. 1722, 1729, 1731, 1734, 1757 y 1769, C.C.C.N.), lo cual reposa sobre quien la alega (arts. 1734, C.C.C.N.; 375, C.P.C.C.), esto es sobre el sector pasivo.
Sentado lo expuesto, frente a la ausencia de pruebas que permitan tener por acreditada la causal de exoneración alegada, queda enhiesta la responsabilidad del asegurado y habilitada la reparación total de las consecuencias dañosas que tengan nexo adecuado de causalidad adecuado con el hecho productor del daño (arts. 59, 60, 163, 164, 260, 261, 330, 354 in. 1384 y 474, C.P.C.C.; 1, 2, 3, 7, 1716, 1717, 1721, 1722, 1723, 1725, 1726, 1727, 1729, 1730, 1731, 1734, 1736, 1737, 1739, 1746, 1749, 1757, 1758 y 1769, C.C.C.N.; 1, 36, 43, 45, 64 y 77, ley 24.449, aplicable conf. ley 13.927).
2.2.3. Quantum debeatur.
Establecida la responsabilidad del demandado, corresponde analizar los daños y perjuicios objeto de agravios.
2.2.3.1. Incapacidad sobreviniente.
2.2.3.1.1. En primer lugar corresponde destacar que bajo el vocablo incapacidad he de computar a los efectos de una reparación plena o integral -que ha sido receptada expresamente por el art. 1740, C.C.C.N. y encuentra base en los arts. 17 y 19, C.N.- a) la lesión en sí misma como ofensa a la integridad corporal del individuo (incapacidad estrictamente física); b) el detrimento que ello produce en su aptitud de trabajo (incapacidad laboral o productiva); c) el menoscabo que además, apareja en su vida de relación toda, al amenguar y dificultar sus interrelaciones con los otros en el plano social, cultural, hogareño, lúdico, sexual, etc., al lado de similares inconvenientes e impedimentos en sus relaciones con las cosas (para lo que puede utilizarse la denominación de incapacidad o disminución de la capacidad integral del sujeto); d) el daño estético; y e) el daño o incapacidad psíquica o psicológica (ver en este sentido voto del Dr. Roncoroni en las causas L. 70.185, del 23/10/2002 y Ac. 90.471, del 24/5/2006). Dicho criterio amplio ha sido receptado por el art. 1740 del C.C.C.N., que establece que la reparación del daño debe ser plena y por el art. 1738, del C.C.C.N. que realiza una enumeración meramente ejemplificativa de la indemnización que es contenido del resarcimiento por daños, y descarta la aplicación de la jurisprudencia invocada por el recurrente, que limita la reparación a las lesiones que afectan la capacidad productiva.
Ello, sin perjuicio de que el daño a la persona ("daño a la persona misma") puede obrar sus consecuencias en dos planos de interés jurídico, igualmente tutelables (indemnizables): el material y el moral. En tal sentido, la afectación estética, al igual que la incapacidad física y la psíquica, pueden influir en uno y en otro aspecto, o no. Esta repercusión es una cuestión concreta propia de cada caso. De ahí que, distinguir el daño estético, físico y psíquico a los fines de resarcir la incapacidad resultante, obra solamente como una cuestión de buen orden y claridad en la pretensión contenida en la demanda (o en la reconvención) en la medida que no se superpongan, ya que no se trata estrictamente de daños autónomos: uno y otro convergen (o pueden convergir) para determinar la secuela de incapacidad, que es lo indemnizable (daño causado).
A su vez, todos los sufrimientos o privaciones que el damnificado haya padecido en sus más "altos afectos" (plano extrapatrimonial), pueden ser también valorados para la reparación del daño moral (es útil en este rumbo, acudir a la segunda parte del art. 1738 del C.C.C.N., que le asigna la calidad de bienes jurídicos tutelables a los derechos personalísimos de la víctima, integridad personal, salud psicofísica, afecciones espirituales legítimas y al proyecto de vida de la persona, que viene a reafirmar reafirma lo que sostenía la jurisprudencia). Y no hay en esto doble indemnización por la misma causa, sino que se trata de resarcir a la persona por la totalidad de menoscabos que la hayan afectado en la integridad material y espiritual que constituye (art. 5-1, convención Americana sobre Derechos Humanos) (conf. esta Cámara, Sala I, causas B-87.389, del 31/10/98, RSD. 64/98, según voto del Dr. Sosa; 95.640, del 13/9/2001, según voto del Dr. Marroco).
Cabe agregar que la incapacidad sobreviniente comprende las secuelas o disminuciones físicas o psíquicas que pudieren quedar luego de completado el período de recuperación o restablecimiento -lo cual ha sido designado en el nuevo código como la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima (art. 1738)- (conf. SCBA, Ac. 42.528, 19/6/90, “Ac. y Sent.” 1990-II, 539; Ac. 54.767, 11/7/95; Ac. 79.922, 29/10/2003), lo que no puede confundirse con lucro cesante, que consiste en el resarcimiento de las ganancias dejadas de percibir durante el tiempo que haya demandado la curación de la víctima -contemplado en el nuevo código en el art. 1738- (SCBA, Ac. 52.258, 2/8/94; Ac. 75.918, 21/11/2001; C. 96.838, 24/8/2011, por mayoría -el voto de la minoría no propicia el cambio de doctrina-; C. 95.167, 5/12/2012), siendo reparaciones que no resultan excluyentes entre sí (SCBA, Ac. 52.258, 2/8/94).
2.2.3.1.2. Sentado ello, paso a tratar la incapacidad física sobreviniente reclamada en autos.
2.2.3.1.3. La jueza de la instancia de origen luego de analizar las pruebas colectadas, dijo que del informe del perito médico traumatólogo Dr. Ignacio Guillen obrante en el tramite de fecha 1/8/2023 surge que Lacunza Fabian Marcelo, porta consolidación en deseje (Varo) de fractura multifragmentaria de tibia derecha con una angulación de entre 10 a 20 grados, realizo tratamiento con yeso y aprox. 40 sesiones de FKT. Al examen traumatológico presenta marcha plantígrada, alteración del eje longitudinal pierna derecha en varo (Deformidad por consolidación viciosa) leve edema de tobillo, Signo Godet, lo cual determina una incapacidad parcial y permanente del 20%.
También ponderó que la Lic. Alida Bellizzi (4/8/2023) informó que de acuerdo al Baremo Neuropsiquiátrico para valorar incapacidades neurológicas y daño psíquico del Prof. Mariano N. Castex, se observa en el Sr. Lacunza una Depresión Reactiva de grado moderado (grado II). Desde el DSM-IV y V Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (que se correlaciona con el manual CIE 10) estamos hablando de un Trastorno Adaptativo con manifestación depresiva (F 43.20). Añadió que el cuadro que presenta el actor sugiere un tratamiento que debería constar de, por lo menos, una sesión semanal durante un año mínimo y luego que, entre el profesional a cargo y el actor evalúen, en función de la evolución de la sintomatología descripta, y señala que el honorario promedio ronda los $2.700 a $ 4000 por sesión, y en la audiencia preliminar puntualiza que el grado de incapacidad por dicha afección asciende al 20 %.
Por último, con pie en lo informado por la Perito Medica especialista en cirugía estética en su dictamen obrante en el trámite de fecha: 4/10/2024, asignó al actor un 11% (Once por ciento) de incapacidad estética, que no comprende cuestiones traumatológicas.
Con base a ello, tomando como pauta orientadora a la hora de cuantificar el rubro el salario mínimo vital y móvil mensual vigente a la fecha de la sentencia (Resolución 9/2024 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil); y las condiciones personales de la victima, de 43 años a la fecha de la sentencia, siendo actividad laboral remisero, considera que corresponde otorgarle la suma de $17.487.990 -a valores actuales-, importe que contempla el tratamiento psicológico que fuera sugerido por la perito interviniente.
2.2.3.1.4. La citada critica lo resuelto, sobre la base de la insuficiencia de las pericias, con argumentaciones que resultan inaudibles por tratarse de cuestionamientos que han precluido a partir del “autos para sentencia” (art. 482, C.P.C.C.) y sólo pueden ser renovados en esta instancia por vía del replanteo de prueba del art. 255 inc. 2 del ritual, lo cual no se da en la especie.
Tampoco tiene peso el cuestionamiento realizado sobre la base que las cicatrices no pueden constituir incapacidad indemnizable, ya que ello carece de sustento legal y desconoce el principio de reparación integral (art. 1740, C.C.C.N.), que tiene raigambre constitucional (arts. 17, 19 y 75 inc. 22, Const Nac.). Es indudable que una cicatriz permanente es un daño a la integridad corporal del individuo que debe ser reparada desde el punto de vista material.
La actora argumenta sobre la insuficiencia del monto otorgado, aunque no arrima elementos concretos al respecto.
2.2.3.1.5. Considero que la incapacidad sobreviniente debe ser analizada a partir de los porcentuales aludidos (20%, 20% y 11%), los cuales no han sido desvirtuados a raíz de las observaciones realizadas por la citada en garantía, quien no arrimó elementos que permitan sustentar un porcentual distinto ni socavar los fundamentos del peritaje que ha receptado el juez (arts. 163, 164, 260, 261, 384 y 474, C.P.C.C.).
Dichos porcentajes con la regla de las incapacidades múltiples o fórmula Balthazard hace un total de 51,94% (20+16+5,94).
Según la “Fórmula Balthazard”, también llamada de la “incapacidad restante”, cuando existen diferentes patologías físicas que producen incapacidad laboral, se deberá calcular la misma, comenzando por la dolencia que produce mayor porcentaje, siendo ésta calculada sobre el 100% de la capacidad laborativa total. Mientras que la segunda dolencia física que ocasiona incapacidad laboral, deberá calcularse sobre el porcentaje de capacidad laboral remanente una vez restado el primer porcentaje de incapacidad laboral del aludido 100%. Y así, sucesivamente, en el supuesto caso de existir otras patologías relacionadas con el accidente.
2.2.3.1.6. Establecido el porcentual invalidante, cabe referirse a la reparación fijada de $ 17.487.990 a la fecha de la sentencia (20/12/2024).
Para analizar el monto otorgado -que ha sido cuestionado por ambas partes-, debo acudir al art. 1746 que establece que “En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. …”, lo cual lleva a realizar cálculos o aplicar fórmulas matemáticas a fin de determinar el valor presente de una renta futura no perpetua, constituyendo un parámetro orientativo (de lo contrario no habría “evaluación”) que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de cuantificar los daños personales por lesiones o incapacidad (esta Sala, causa 121.819, 5/10/2017, “Lastiris, Aldo c/Flores Valsechi, Diego Ariel s/Daños”, RSD. 226Z/2017).
Y si bien recurrir a fórmulas de matemática financiera o actuarial ofrece, como ventajas, algún criterio rector más o menos confiable, cierto piso de marcha al formular o contestar reclamos, o el aventamiento de la inequidad, la inseguridad o la incerteza (SCBA, C. 117.926, 11/2/2015), esas ventajas no deben llevarnos a olvidar que tales fórmulas juegan, por un lado, como un elemento más a considerar -cuando de mensurar un daño y su reparación se trata- junto a un haz de pautas fundamentales ajenas al mundo de las matemáticas y con todas las cuales el juzgador ha de trabajar para aquella determinación. Y, por otro lado, que su aplicación desprovista de prudencia puede llevar a verdaderos despropósitos, como en el caso de la muerte de un recién nacido (tal como se juzgó en la causa Ac. 83.961, 1/4/2004) o como ocurriría de tratarse de un trabajador de 66 años donde, según la fórmula “Vuoto” se arribaría a un resultado negativo (SCBA, C. 117.926, 11/2/2015).
No debe perderse de vista que, en la determinación del quantum indemnizatorio, los jueces deben individualizar y ponderar los elementos de juicio que sirven de base a su decisión, a fin de garantizar un eventual control de legalidad, certeza y razonabilidad de lo resuelto (SCBA, L. 34.068, 27/12/84; L. 36.401, 26/8/86; L. 37.437, 2/6/87; L. 52.908, 23/11/93; L. 94.556, 7/4/2010, “Schidt”; C. 106.323, 19/9/2012, “V., N.B.”), lo cual se facilita con la utilización de fórmulas matemáticas en la reparación del daño patrimonial físico (lo cual comprende, en su caso, el daño psíquico y/o estético).
Ahora bien, la idoneidad de las fórmulas matemáticas para obtener el quantum de la indemnización debida, depende no sólo de la correcta elección de sus componentes, sino de la precisión con que se haya determinado la entidad del daño producido (disminución de ganancias), lo cual no descarta la valoración conforme las reglas de la sana crítica en función de los elementos aportados por las partes, ni las pautas del art. 165 último párrafo a los efectos de cuantificar el daño (arts. 163, 164, 165, 260, 261, 330, 354 inc. 1, 375 y 384, C.P.C.C.), e impone actuar ayudado por dos importantes principios, como son la prudencia y la razonabilidad, sin dejar de lado la equidad, que han sido receptados por el derecho positivo en los arts. 1738, 1739, 1742 y 1750, del C.C.C.N.
En el caso de autos, se está frente a una persona que sufrió un accidente de tránsito cuando tenía 40 años y que no existen elementos que permitan inferir a cuánto ascendían sus ingresos, ya que si bien dijo que trabajaba como remisero no indicó cual era su remuneración ni arrimó elementos que permitan inferir la cuantía de sus ingresos, por lo que estimo razonable tomar el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha de la sentencia (20/12/2024: $ 271.571,22 conforme Res. 13/2024 CNSMVM), para analizar la indemnización a otorgar.
Como una primera aproximación -o si se quiere como un piso, ya que la reparación en sede civil es integral, pues no está limitada al plano laboral o productivo, por lo que podría ser superior- puedo partir de la fórmula que establece la Ley de Riesgos del Trabajo, en el art. 14 de la ley 24.557:
IPP del 50% o menos: Ingreso base (para lo cual se puede tomar el ingreso mensual probado o el salario mínimo vital y móvil para una persona que tiene ingresos regulares) x 53 x porcentual incapacidad y coeficiente edad (65/edad).
IPP mayor 50% y menor al 66%: renta periódica determinada por el ingreso mensual multiplicado por el porcentaje de incapacidad.
Así, tomando un salario mensual de $ 271.571,22, multiplicado por 53 por coeficiente de edad (65/40= 1,62), por un 51,94% de incapacidad, hubi
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