Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 140201
ND
En la ciudad de La Plata, a los 19 días del mes de Agosto de 2025, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "ZAGLIO ROSANA PAOLA C/ GODOY CESAR ERALDO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" (causa: 140201), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es ajustada a derecho la apelada sentencia definitiva de fecha 31/03/2025?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. En las presentes actuaciones se dictó sentencia de primera instancia que: 1) Hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por ROSANA PAOLA ZAGLIO contra CESAR ERALDO GODOY, condenando a este último para que abone al primero, dentro de los diez días de notificado de la presente sentencia, la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($75.050.000), con más las que serán valuadas en la etapa de ejecución de sentencia; valores a los que se deberán adicionar intereses a calcular a una alícuota del 6% anual, desde el día en que aconteciera el hecho (21 de septiembre de 2015), hasta la fecha de la sentencia (31/3/2025), en la que se cuantifican tales indemnizaciones a valores actuales para los rubros contemplados en los apartados 1.- A); B); y 2. A) y respecto del apartado 1.- C) será con la misma tasa pura anual desde la fecha del siniestro hasta la fecha en la que se cuantifique tal indemnización; y de aquí en más, resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días que resulte vigente durante los diversos períodos a liquidar, hasta su efectivo pago en lo concerniente a los rubros tratados en los 1.- A); B); y 2. A). Y en lo vinculado con lo establecido en el punto 1.- C); la aludida tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días que resulte vigente durante los diversos períodos a liquidar, comenzará a computarse desde que el monto sea establecido en esta instancia hasta el efectivo pago.
2. Hizo extensiva la condena a la citada en garantía "LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA" en los límites de la cobertura oportunamente contratada.
3. Impuso las costas del juicio al demandado vencido y su aseguradora.
1.2. Apelaron la actora (3/04/2025) y el demandado y la citada en garantía (8/4/2025), quienes expresaron agravios, los que fueron contestados.
1.3. Se llamaron “autos para sentencia”, providencia que está firme y consentida.
II. Tratamiento del recurso.
2.1. Normativa aplicable. Siendo que el accidente ocurrió el 21/09/2015, esto es bajo la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.C.N.), dicha normativa rige en el caso de autos (art. 7, C.C.C.N.).
Sentado ello, pasaré a analizar los agravios.
II. Los Agravios.
2.1. Agravios del demandado y la citada en garantía.
2.1.1. Responsabilidad. Anuncian que la sentencia es nula tras lo cual indica que el accidente se produjo en una intersección semaforizada y que la confesión ficta en base al pliego de fs. 287 posición 5 es el único sustento del fallo que su parte recurre y dice que la referida prueba no se produjo, porque nunca se acreditó la notificación del demandado y por haber desistido de la misma la parte actora, acto que puede verificarse incluso en la certificación realizada por el Juzgado.
Sostiene que mediante la presentación de fecha 08/06/2021 (fs. 354/355), la parte actora desistió de la prueba confesional del demandado GODOY, lo cual fue receptado por el juez el 14/6/2021.
En consecuencia, con lo dicho considera que la única prueba en la que se sustentó la sentencia atacada en realidad no se produjo, y por lo tanto, resulta nulo.
Esgrime la calidad de embistente de la motociclista y la prevalencia de denuncia del siniestro formulada ante la aseguradora, donde el demandado señala que fue la demandante quien violó la luz roja del semáforo que le prohibía avanzar y que ZAGLIO circulaba a gran velocidad (estima que es una documentación no desconocida).
2.1.2. Quantum de condena.
Se agravia de la indemnización fijada en la sentencia por incapacidad sobreviniente y daño no patrimonial, por considerarla elevada y carecer de las razones que permitan ponderar su determinación. Pide su reducción.
2.2. Agravios del actor: quantum de condena. Intereses.
Cuestionó la sentencia con relación a los valores cuantificados en los rubros: a) Incapacidad sobreviniente; b) Gastos de movilidad y médicos; c) Intereses de condena, los intereses a calcular a una alícuota del 6% anual, y la aplicación de la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días que resulte vigente durante los diversos períodos a liquidar.
Como PRIMER AGRAVIO (Incapacidad sobreviniente), la critica comienza con un descalificación del importe otorgado, que no da razones concretas que apuntalen las afirmaciones generales realizadas.
Luego alude a las lesiones comprobadas pericialmente a la actora por el accidente de tránsito de autos mediante una descripción que si bien se corresponde con las constancias de la causa, no constituye crítica concreta, la cual recién comienza cuando denuncia que se omitió ponderar el resultado de la pericia psicológica, que dictaminó una INCAPACIDAD PSICOLÓGICA del 10% y pide una ponderación de un daño sufrido del 73,5 % (INCAPACIDAD FÍSICA del 63,5% + INCAPACIDAD PSICOLÓGICA del 10%).
Culmina expresando que el valor de condena, en cuanto engloba tanto el daño traumatológico físico (63,5%), el daño estético, como también el daño psicológico, es por demás exiguo. Denuncia que el 5 de marzo del 2024 debió someterse a otra intervención quirúrgica en la que le sacaron la placa que tenía, le hicieron una cuña en el hueso y pusieron otra placa con 14 tornillos en la tibia y peroné, ello, para poder estabilizar el tobillo y quede un poco más en eje.
Considera -con cita de un precedente de esta Sala- que en la determinación del quantum indemnizatorio, los jueces deben individualizar y ponderar los elementos de juicio que sirven de base a su decisión, a fin de garantizar un eventual control de legalidad, certeza y razonabilidad de lo resuelto (SCBA, L. 34.068, 27/12/84; L. 36.401, 26/8/86; L. 37.437, 2/6/87; L. 52.908, 23/11/93; L. 94.556, 7/4/2010, "Schidt"; C. 106.323, 19/9/2012, "V., N.B."), lo cual se facilita con la utilización de fórmulas matemáticas en la reparación del daño patrimonial físico (CC0201 LP 134137 204 S 11/07/2023 Juez SOSA AUBONE (SD) Carátula: CROCE MARIA SOLEDAD C/ ARES CESAR RICARDO S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”), y propicia la utilización de fórmulas matemáticas a tenor del art. 1746 del C.C.C.N.
Como SEGUNDO AGRAVIO (Gastos de movilidad y médicos), cuestiona por insuficiente el importe otorgado. Si bien reconoce que no obran en autos otras constancias de gastos que los agregadas a fs. 8/40, 45/47 y 55/56, dice nada obsta a efectuar una ponderación de las erogaciones realizadas por la parte, la cual debe ser efectuada con suma prudencia y teniendo en cuenta las afecciones padecidas.
Aduce que los gastos reclamados en este rubro gozan de la presunción establecida en el Art. 1746 in fine del C.C.C.N., que acompañó como prueba documental los comprobantes de tales gastos y que el valor fijado por el a quo es un valor que no tiene relación con los valores actuales. Dice que es imposible que con la suma de $50.000,00 se puedan costear los gastos de médicos, de movilidad y de farmacia afrontados
Como TERCER AGRAVIO (Intereses de condena), cuestiona la tasa pura del 6% a aplicar al valor de condena desde el día en que aconteciera el hecho (21 de septiembre de 2015), hasta el 31/03/2025 (fecha de sentencia) y de aquí en más la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días que resulte vigente durante los diversos períodos a liquidar, hasta su efectivo pago.
En este punto el a quo no tuvo en cuenta la depreciación monetaria, producto del acelerado proceso inflacionario que vive nuestro país, siendo insuficiente para resarcir la demora.
Por ultimo invoca la adición al importe de condena de la tasa activa restantes operaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, como tasa diferencial, desde la fecha en que fuera pedida la actualización como consecuencia de la nueva doctrina legal surgente del caso "Barrios" el 26/5/2024 (en reemplazo de la tasa pasiva digital) y hasta la de su efectivo pago (CC0201 LP 131625 409 S 29/10/2024 Juez HANKOVITS (MA) Carátula: 131625 - LASAGA LAURA IRMA C/ RICARDO NINI S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)”).
III. Tratamiento de los agravios.
3.1. Responsabilidad. En primer lugar corresponde tratar la temática de la responsabilidad, por la incidencia que ello puede tener en las restantes cuestiones (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
No se discute que el día 21 de septiembre de 2015, aproximadamente a las 17.20 hs., en la ciudad de La Plata, la Sra. Rosana Paola Zaglio conducía su motocicleta, desplazándose por la avenida 532 con sentido de circulación ascendente desde la calle 12 hacía 14. Por su parte, el automóvil marca Volkswagen conducido por el Sr. Cesar Eraldo Godoy, se desplazaba por la avenida 13 con sentido de circulación descendente desde la Av. 32 a calle 531.
Tampoco se pone en tela de juicio que se trató de una colisión acaecida en una intersección en donde existían semáforos funcionando correctamente, lo que impone determinar cuál de los conductores de los rodados que protagonizaron el choque tenía habilitado el cruce, pues ambas partes sostienen que en aquella ocasión, la señal los habilitaba para avanzar.
Tal como lo destaca el sentenciante de origen, el art. 44, inc. "c" de la ley 24.449 -operativa en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires conforme la adhesión formulada por la ley provincial 13.927-, dispone que en las vías reguladas por semáforos no rigen las normas comunes sobre el paso de encrucijada, por lo que la prioridad de paso del que viene por la derecha no es operativa.
De la pericia mecánica surge que no es posible el calculo de velocidades por falta de elementos, pero se infiere por los daños, que la velocidad de la moto no debería superar los 30 km/h.
Frente a la colisión entre una moto conducida por la actora y un automóvil conducido por el demandado, que asumen la condición de cosas generadoras de riesgo, el factor de atribución de responsabilidad es objetivo (arts. 1, 2, 7, 1722, 1757 y 1769, C.C.C.N.), por lo que la culpa del agente es irrelevante para atribuir responsabilidad y, quien generó el daño -esto es el dueño y/o guardián de la moto respecto de los daños que pudiera haber ocasionado al automóvil y/o a su conductor; y/o el dueño y/o guardián del auto por los daños ocasionados a la moto y/o a quien la manejaba-, debe responder -en autos solo demanda el conductor de la moto-, salvo que se pruebe alguna eximente legal -v.gr causa ajena como podría ser el hecho del damnificado- (arts. 1722, 1729, 1730, 1731, 1734, 1757 y 1769, C.C.C.N.), lo cual reposa sobre quien la alega (arts. 1734, C.C.C.N.; 375, C.P.C.C.), esto es sobre el sector pasivo.
La errónea referencia a la absolución de posiciones del demandado no tiene incidencia alguna para modificar la atribución de responsabilidad, ya que no apunta a sostener eximente legal alguna, lo mismo que el carácter de embistente de la moto ya que ello es insuficiente para probar la culpa de la damnificada, para lo cual sería necesario probar quién violó la señal lumínica que prohibía avanzar y no hay elemento alguno que permita probar la exoneración de responsabilidad invocada por el sector pasivo y la citada (arts. 163, 164, 260, 261, 375, 384 y 474, C.P.C.C.).
Sentado lo expuesto, frente a la ausencia de pruebas que permitan tener por acreditada la causal exonerativa alegada, queda enhiseta la responsabilidad del asegurado y habilitada la reparación total de las consecuencias dañosas que tengan nexo adecuado de causalidad adecuado con el hecho productor del daño (arts. 163, 164, 260, 261, 330, 354 inc. 1, 384 y 474, C.P.C.C.; 1, 2, 3, 7, 1716, 1717, 1721, 1722, 1723, 1725, 1726, 1727, 1729, 1730, 1731, 1734, 1736, 1737, 1739, 1746, 1749, 1757, 1758 y 1769, C.C.C.N.; 1, 36, 43, 44, 45, 64 y 77, ley 24.449, aplicable conf. ley 13.927).
3.2. Quantum debeatur.
Establecida la responsabilidad del demandado, corresponde analizar los daños y perjuicios objeto de agravios.
3.2.1. Incapacidad sobreviniente.
3.2.1.1. En primer lugar corresponde destacar que bajo el vocablo incapacidad he de computar a los efectos de una reparación plena o integral -que ha sido receptada expresamente por el art. 1740, C.C.C.N. y encuentra base en los arts. 17 y 19, C.N.- a) la lesión en sí misma como ofensa a la integridad corporal del individuo (incapacidad estrictamente física); b) el detrimento que ello produce en su aptitud de trabajo (incapacidad laboral o productiva); c) el menoscabo que además, apareja en su vida de relación toda, al amenguar y dificultar sus interrelaciones con los otros en el plano social, cultural, hogareño, lúdico, sexual, etc., al lado de similares inconvenientes e impedimentos en sus relaciones con las cosas (para lo que puede utilizarse la denominación de incapacidad o disminución de la capacidad integral del sujeto); d) el daño estético; y e) el daño o incapacidad psíquica o psicológica (ver en este sentido voto del Dr. Roncoroni en las causas L. 70.185, del 23/10/2002 y Ac. 90.471, del 24/5/2006). Dicho criterio amplio ha sido receptado por el art. 1740 del C.C.C.N., que establece que la reparación del daño debe ser plena y por el art. 1738, del C.C.C.N. que realiza una enumeración meramente ejemplificativa de la indemnización que es contenido del resarcimiento por daños, y descarta la aplicación de la jurisprudencia invocada por el recurrente, que limita la reparación a las lesiones que afectan la capacidad productiva.
Ello, sin perjuicio de que el daño a la persona ("daño a la persona misma") puede obrar sus consecuencias en dos planos de interés jurídico, igualmente tutelables (indemnizables): el material y el moral. En tal sentido, la afectación estética, al igual que la incapacidad física y la psíquica, pueden influir en uno y en otro aspecto, o no. Esta repercusión es una cuestión concreta propia de cada caso. De ahí que, distinguir el daño estético, físico y psíquico a los fines de resarcir la incapacidad resultante, obra solamente como una cuestión de buen orden y claridad en la pretensión contenida en la demanda (o en la reconvención) en la medida que no se superpongan, ya que no se trata estrictamente de daños autónomos: uno y otro convergen (o pueden convergir) para determinar la secuela de incapacidad, que es lo indemnizable (daño causado).
A su vez, todos los sufrimientos o privaciones que el damnificado haya padecido en sus más "altos afectos" (plano extrapatrimonial), pueden ser también valorados para la reparación del daño moral (es útil en este rumbo, acudir a la segunda parte del art. 1738 del C.C.C.N., que le asigna la calidad de bienes jurídicos tutelables a los derechos personalísimos de la víctima, integridad personal, salud psicofísica, afecciones espirituales legítimas y al proyecto de vida de la persona, que viene a reafirmar reafirma lo que sostenía la jurisprudencia). Y no hay en esto doble indemnización por la misma causa, sino que se trata de resarcir a la persona por la totalidad de menoscabos que la hayan afectado en la integridad material y espiritual que constituye (art. 5-1, convención Americana sobre Derechos Humanos) (conf. esta Cámara, Sala I, causas B-87.389, del 31/10/98, RSD. 64/98, según voto del Dr. Sosa; 95.640, del 13/9/2001, según voto del Dr. Marroco).
Cabe agregar que la incapacidad sobreviniente comprende las secuelas o disminuciones físicas o psíquicas que pudieren quedar luego de completado el período de recuperación o restablecimiento -lo cual ha sido designado en el nuevo código como la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima (art. 1738)- (conf. SCBA, Ac. 42.528, 19/6/90, “Ac. y Sent.” 1990-II, 539; Ac. 54.767, 11/7/95; Ac. 79.922, 29/10/2003), lo que no puede confundirse con lucro cesante, que consiste en el resarcimiento de las ganancias dejadas de percibir durante el tiempo que haya demandado la curación de la víctima -contemplado en el nuevo código en el art. 1738- (SCBA, Ac. 52.258, 2/8/94; Ac. 75.918, 21/11/2001; C. 96.838, 24/8/2011, por mayoría -el voto de la minoría no propicia el cambio de doctrina-; C. 95.167, 5/12/2012), siendo reparaciones que no resultan excluyentes entre sí (SCBA, Ac. 52.258, 2/8/94).
3.2.1.2. Sentado ello, paso a tratar la incapacidad física sobreviniente reclamada en autos.
3.2.1.2.1. El juez de la instancia de origen luego de analizar las pruebas colectadas y en especial el dictamen del perito médico, del que surge traumatismo de miembro inferior izquierdo que le provocó fractura expuesta de tibia y peroné izquierdos. Esto significa que la pérdida de continuidad ósea se acompañó de una herida que provocó que los huesos tomen contacto con el exterior por lo que debió ser sometida a una toilette (limpieza) mecánico quirúrgico y tratamiento antibiótico con el objetivo de disminuir los riesgos de una posible infección. Una vez realizada dicha limpieza, la lesión fue tratada con un tutor externo para luego ser estabilizada en forma definitiva con placa y tornillos. Lesiones de este tipo suelen demorar entre 2 y 3 meses promedio en consolidar (o sea, que los huesos suelden) para luego requerir una etapa de carga de peso parcial y progresiva hasta llegar a una carga total de peso. En dicho período, se trabaja en mejorar la movilidad y fortalecimiento del miembro, tratar el dolor y recuperar en la medida de lo posible una marcha lo más cercana posible a la normalidad.
Agrega que la actora presenta acortamiento de 15/20 mm respecto a la pierna derecha. Cicatrices múltiples, todas normocoloreadas y eutróficas entre las que sobresalen cara anterointerna de pierna 90x5mm, cara interna de tobillo 60x5mm y cara anterior te tobillo 30x15 mm. El perímetro bimaleolar es de 27cm (contralateral 26 cm). La movilidad del tobillo presenta una flexión plantar de 60°, flexión dorsal de -10° (llega a 0° en forma pasiva), eversión 20°, inversión 40/50°. La articulación se encuentra estable ante maniobras de lateralidad y cajones anterior/posterior. Fuerza muscular conservada al igual que la sensibilidad. Realiza marcha con rotación externa de pie izquierdo en fase de balanceo y despegue.
Culmina estimando una incapacidad del 63,5% en base a lo referido y documentación aportada.
En función de ello, a fin de cuantificar la indemnización por el rubro que se está tratando, el juez dijo considerar los diversos factores personales referidos por la actora en su escrito de inicio, tales como: -la edad de la víctima (27 años a la fecha del evento); -las condiciones socioeconómicas expresadas en el escrito de inicio (impedimento para desarrollar actividades en forma normal a raíz del acortamiento de una pierna) y de las que dan cuenta los testimonios de fs. 295 y 297; -el porcentaje de incapacidad (63,5%), teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por la actora a la época del hecho, la gravitación de las lesiones sufridas y la incapacidad sobreviniente, considera equitativo fijar el presente rubro en la suma de Pesos $50.000.000 estimado
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.