Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 142036
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO: se modifica la apelada resolución de fecha 25/09/2025 y se deja establecido que la base arancelaria del presente se establece en la cantidad de $60.534.914.- Y, siendo ello así se fija el estipendio del perito ingeniero mecánico Alejandro Mario Sendin, en la suma de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS ($1.200.000.- ; art. 1255 CCCN). Sin costas, atento tratarse de agravios generados de oficio que no merecieron oposición de a contraria (arts. 68, 69 CPCC).
Causa: 142036
La Plata, 3 de Marzo de 2026
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1. Que mediante resolución de fecha 25/09/2025 la Jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 17 tomando en cuenta para el cálculo de los honorarios el monto de Pesos ocho millones ciento cuarenta y seis mil novecientos ($8.146.900,00) por demanda rechazada, reguló los estipendios de los distintos profesionales actuantes (letrado, mediadora y peritos).
2. Que contra la base regulatoria fijada por la sentenciante el perito ingeniero mecánico Alejandro Mario Sendin, sin asistencia letrada, dedujo recurso de apelación subsidiario, que fundamentó el 26/09/2025, y no fue replicado luego del traslado ordenado en Cámara el 05/02/2026.
3. Que de manera preliminar hemos de recordar que el Tribunal de Apelación es Juez del recurso tanto en su faz intrínseca como extrínseca, y puede revisar, aún de oficio, las condiciones de su admisibilidad como las de comprobar si fue interpuesto en término, si la resolución es apelable, la personería, la legitimación o el interés de quien recurra, entre otras, y sin estar atado ni por lo resuelto por el Juez de primera Instancia ni por lo acordado por las partes (conf. SCBA, Ac. 73.617, sent. del 12/09/2001; 84043, sent. del 06-09-2004).
4. Que ha sido criterio sostenido por la Sala que cuando se trata de requerimientos formulados por peritos ante el órgano jurisdiccional que exceden la labor específica encomendada o de asesoramiento técnico-científico que deben prestar como auxiliares del juez, deviene necesario que las peticiones cuenten con patrocinio letrado, no sólo para garantizar el eficaz derecho de defensa en juicio, sino también porque la participación de un profesional del derecho le asegura el correcto planteamiento de sus pretensiones y evita que las mismas sean mal ejercitadas por desconocimiento de las normas jurídicas y principios del derecho aplicables al caso (causas 94.604 reg. int. 112/03, sent. del 15/04/20031, 109.724 reg. int. 82/08, sent. del 27/03/20082; esta Cámara, Sala III, causa 120172, del 1/7/2025, RR 354-2025)3.
Si bien ello tiene por fundamento un precedente de la SCBA, en materia de fundamentación de un recurso en la instancia extraordinaria, donde se sostiene que los jueces deben velar porque las actuaciones de los peritos que excedan los trámites vinculados al cumplimiento de su tarea y cobro de sus honorarios, cuenten con el debido patrocinio letrado en razón que la imposición del control letrado, es la de asegurar la eficaz defensa, aún contra la pretensión del propio interesado de valerse por sí mismo, al evitar que esa tarea sea mal ejercitada por desconocimiento de las normas jurídicas y principios del derecho aplicable al caso. Por tanto, su obligatoriedad comprende la asistencia y dirección jurídica del patrocinado durante el curso del proceso y su omisión acarrea el estado de indefensión de aquél -arts. 14 bis y 18 de la Constitución nacional- (SCBA, conf. causa L. 60.919, sent. del 28-IV-1998).
En idéntico sentido la SCBA en la causa C-73.725 del 19/12/2007, con voto del doctor Hitters, sostuvo que: “…la imposición del art. 56 del ordenamiento adjetivo no sólo responde a la tutela del debido proceso de la parte que debe actuar con asesoramiento, sino a una adecuada administración de los litigios y a una eficiente prestación del servicio de justicia, que se vería obstruido ante la permisión de postulaciones de deficiente técnica. Es por ello que el consentimiento de las partes en el sentido de prescindir del auspicio letrado no obsta al cumplimiento de la manda establecida, que el juez puede verificar aún oficiosamente (arts. 56 y 57, Cód. cit.; 92 y 93, ley 5177)…”.
5. Que en ese orden, en la especie y en relación al recurso del perito Alejandro Mario Sendin, más allá de cualquier consideración sobre su suficiencia y resultado que en definitiva obtenga su pretensión, se advierte que ella si bien excede el propio marco de su actuación profesional, hace a su retribución profesional y a la facultad de cuestionar en la instancia ordinaria el auto regulatorio lo cual comprende la base regulatoria, por tanto no requiere, para ser abordada por la Alzada, del necesario patrocinio letrado que establece en artículo 56 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante CPCC.
Además, imponerle al perito el patrocinio letrado cada vez que cuestione la base regulatoria, genera las siguientes consecuencias adversas para el perito: a) Si se requiere que en el plazo de cinco (5) obtenga patrocinio letrado, no es al efecto de que mejore sus argumentos, sino que un abogado los sostenga, por lo que no mejora en términos reales -al menos en esta instancia- su derecho de defensa; b) Si la presencia de un letrado no hace más eficaz su defensa ni incide en el servicio de justicia, tales postulados no sirven para exigir el patrocinio letrado; c) Además de la carga económica que ello puede tener para el perito, podría originar ciertos gastos como, la apertura de carpeta (art. 9.5.11), el pago del anticipo previsional art. 13, ley 6716 y el bono 8480, que podrían superar el importe de la regulación al perito; d) Si a todo ello se agrega un mayor tiempo de tramitación y que no es lo mismo la actuación de un perito en las instancias ordinarias de un proceso que en la vía extraordinaria local o federal, no encontramos de utilidad ni que sea razonable exigirle a un perito que cuando cuestiona sus honorarios y pone en crisis la base regulatoria, deba cumplir con el patrocinio letrado obligatorio que impone el art. 56 del ordenamiento ritual a las partes.
Una última razón se puede agregar: la disminución del número de peritos en las listas, que se podría ver agravada si este criterio se extiende.
6. Que sobre la base de lo expuesto, se impone un cambio en el criterio que había sostenido esta Sala (causas 94604 RI 112/03, del 15/4/2003, y 109724, RI 82/08, del 27/03/2008).
cuestionada base regulatoria y al respecto tratándose los presentes de un
juicio por cobro de sumas de dinero cuya demanda fue íntegramente
desestimada, cabe a los fines arancelarios la aplicación del art. 23, tercer
párrafo de la ley 14967 tal como sostiene el apelante . En ese sentido la ley
pide se acompañen elementos que permitan estimar razonablemente es
ta cuestión, que es carga de las partes. Incumplida, corresponde requerir a las pautas legales.
Atendiendo a que el monto utilizado por la sentenciante fue sólo el de la demanda, sin incluir los intereses expresamente solicitados, y que por tanto integran la pretensión, corresponde conforme lo prescribe el art. 23 LHP se los pondere y así liquidarlos a la tasa TIM del BCRA desde la fecha de la interposición de la demanda 08/03/2022 hasta la fecha del auto regulatorio en revisión 25/09/2025, reducido en un 50 % conforme lo autoriza la citada norma, lo cual arroja el resultado final de $ 60.534.914 según cálculo efectuado conforme datos extraídos de la calculadora del BCRA ( https://www.bcra.gob.ar/calculadora-de-tasa-de-intereses-moratorios-tim/) (arg. causa 135803, RS-397-2024, del 22/10/2024).
POR ELLO: se modifica la apelada resolución de fecha 25/09/2025 y se deja establecido que la base arancelaria del presente se establece en la cantidad de $60.534.914.- Y, siendo ello así se fija el estipendio del perito ingeniero mecánico Alejandro Mario Sendin, en la suma de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS ($1.200.000.- ; art. 1255 CCCN). Sin costas, atento tratarse de agravios generados de oficio que no merecieron oposición de a contraria (arts. 68, 69 CPCC). REG. NOT. Y vuelvan al acuerdo para tratar los recursos por honorarios.
Fin de la sentencia