Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 141732
En la ciudad de La Plata, a los 12 días del mes de marzo de dos mil veintiseis, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, y por disidencia, el Señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits (art. 36 de la ley 5827), para dictar sentencia en los autos caratulados: “ANDRADA OCTAVIO MAURO C/ ROMERO TOMAS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” (causa 141.732), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es ajustada a derecho la apelada sentencia de fecha 03/11/2025?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. La sentencia de primera instancia.
En autos “Andrada Octavio Mauro c/ Romero Tomás y otros s/ Daños y Perjuicios”, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 27 de La Plata dictó sentencia rechazando la demanda promovida por el actor contra el conductor del automóvil, su titular registral y la citada en garantía.
La magistrada tuvo por no controvertida la existencia del accidente, su fecha, lugar y la participación de los vehículos involucrados, encuadrando el caso dentro de la responsabilidad objetiva por riesgo creado (arts. 1757, 1758 y 1769 CCCN). Sin embargo y pese a reconocer la existencia de la colisión, consideró que no se encontraba acreditada la mecánica del hecho ni la relación causal entre el obrar de los demandados y los daños invocados.
Destacó la orfandad probatoria existente, señalando en particular:
La ausencia de testigos presenciales, tanto en sede penal como civil.
La falta de prueba pericial mecánica que permitiera reconstruir la dinámica del siniestro.
La insuficiencia del material obrante en la causa penal (acta policial, croquis e informe accidentológico) para generar un grado de certeza suficiente sobre la responsabilidad atribuida.
Concluyó que el actor no cumplió con la carga probatoria que le incumbía (art. 375 CPCC), especialmente en lo relativo a la relación de causalidad, razón por la cual la acción no podía prosperar. En consecuencia, rechazó la demanda en todas sus partes, extendiendo dicho rechazo a la citada en garantía, e impuso las costas a la parte actora, dejando a salvo la incidencia del beneficio de litigar sin gastos.
1.2. La expresión de agravios de la parte actora.
La parte actora interpuso recurso de apelación y expresó agravios contra la sentencia, cuestionando el rechazo de la demanda y la imposición de costas.
Sostuvo que la decisión resulta arbitraria y absurda, por cuanto la jueza de grado habría incurrido en una errónea valoración de la prueba, omitiendo considerar un elemento esencial: el Informe de Visu Mecánico Accidentológico obrante en la causa penal.
Argumentó que dicho informe, elaborado en el lugar del hecho y con los vehículos aún en su posición final, acredita:
Que el automóvil demandado fue el vehículo embistente.
Que el impacto se produjo sobre la parte media y trasera lateral izquierda de la motocicleta.
Que el actor había iniciado y prácticamente concluido el cruce de la encrucijada, gozando de prioridad de paso conforme el art. 41 de la Ley 24.449.
Que no se acreditaron eximentes de responsabilidad ni culpa de la víctima.
Afirmó que la jueza incurrió en contradicción al afirmar la inexistencia de prueba sobre la mecánica del accidente, cuando el informe accidentológico permite reconstruirla con claridad, configurándose así un supuesto de omisión de valoración de prueba decisiva.
En cuanto a las costas, solicitó su revocación, o subsidiariamente su imposición por su orden, alegando que el actor litigó con legítima razón en virtud de los daños sufridos, aun en el hipotético caso de confirmarse el rechazo de la acción.
1.3. La contestación de agravios.
La parte demandada y la citada en garantía contestaron el traslado de la expresión de agravios solicitando su rechazo íntegro y la confirmación de la sentencia.
En primer término, sostuvieron que el escrito de agravios no satisface la exigencia de crítica concreta y razonada prevista por el art. 260 CPCC, limitándose —a su criterio— a reiterar argumentos ya expuestos y a manifestar un mero desacuerdo con el fallo.
En cuanto al fondo, defendieron la valoración probatoria efectuada por la jueza de grado, señalando que:
El actor no produjo prueba suficiente para acreditar la mecánica del accidente ni la responsabilidad del demandado.
El informe accidentológico de la causa penal no constituye prueba concluyente, ni suple la falta de pericia mecánica producida en autos.
La causa penal fue archivada, sin que de ella surjan conclusiones firmes sobre la responsabilidad atribuida.
Reafirmaron que la carga de la prueba recaía sobre el actor y que, ante su incumplimiento, correspondía el rechazo de la demanda, conforme los principios del onus probandi y la doctrina y jurisprudencia citadas en la sentencia.
Finalmente, respecto de las costas, sostuvieron que su imposición a la actora resulta correcta por aplicación del criterio objetivo de la derrota, dado que no se acreditaron los extremos fácticos que sustentaban la pretensión indemnizatoria.
1.4. Se llamaron “autos para sentencia”, providencia que está firme y consentida.
II. Tratamiento del recurso.
2.1. Normativa aplicable. Siendo que el accidente ocurrió el 07/06/2017, esto es bajo la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (CCCN), dicha normativa es la que rige en el caso de autos (art. 3, 7, C.C.C.N.; art. 1, ley 27.077), tal como se ha decidido en la instancia de origen.
Sentado ello, pasaré a analizar los agravios, previo a lo cual destaco que la expresión de agravios vertida supera el test de suficiencia, por lo que cabe desestimar el pedido de deserción articulado por la contraria (arts. 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
2.2. Responsabilidad.
2.2.1. No se controvierte que el día 7 de junio de 2017, siendo aproximadamente las 14 hs., en la intersección de las calles 141 y 42, La Plata, que son de doble sentido de circulación, sin rambla divisoria, no semaforizadas y asfaltadas, colisionaron una motocicleta marca Gilera Smasch 110, conducida por el actor, que circulaba por la calle 141 y un vehículo Chevrolet Corsa Clasic 4 puertas que circulaba por la arteria 42, que transitaba a la izquierda de la motocicleta (arts. 260, 261, 330, 354 inc. 1 y 384, C.P.C.C.).
No se ha probado la velocidad de circulación de los móviles, ni la de contacto. Se sabe, en función de los daños de los vehículos intervinientes, que el automóvil venía por la izquierda y que embistió el sector izquierdo de la motocicleta. Del croquis obrante en la causa penal (fs. 18) se observa una huella de frenado atribuible al Chevrolet Corsa, el lugar donde quedaron los móviles luego del accidente y se puede inferir el sitio del impacto por los restos plásticos y signos de arrastre que indica la planimétria (arts. 260, 261, 330, 354 inc. 1, 384, 401, 421, 422 y 474, C.P.C.C.).
2.2.2. Sentada dicha plataforma fáctica, corresponde destacar que cuando en la producción del daño interviene una cosa que presenta riesgo o vicio -tal como sucede con los móviles que intervinieron en el accidente-, el dueño o guardián responde de manera objetiva. Por lo tanto, la culpa, la negligencia o la falta de previsión no constituyen elementos exigidos por el precepto para realizar la imputación. Aun cuando se probase la falta de alguno de tales supuestos, ello carece de incidencia para impedir su responsabilidad, porque para ello y a partir de la prueba de la colisión, quien pretenda exonerarse debe acreditar la concurrencia del supuesto de exclusión o limitación por la incidencia del damnificado o de un tercero por quien no se deba responder (arts. 1757, 1758, 1729 y 1731 del C.C.C.N.; (conf. SCBA, Ac. 40.464, 13/6/89; Ac. 42.358, 17/4/90; Ac. 43.189, 22/10/91; Ac. 49.583, 5/5/92; Ac. 46614, 26/5/93; Ac. 61.908, 15/7/97; Ac. 64.363, 10/11/98; Ac. 71.560, 15/3/2000; Ac. 75.756, 4/4/2001; Ac. 88.159, 20/12/2006).
Esto último no excluye un análisis integral del comportamiento de todos los protagonistas (SCBA, Ac. 38.745, 10/5/88; Ac. 39.105, 28/2/89; Ac. 41.166, 10/9/91; Ac. 55.922, 6/9/94; Ac. 58.349, 16/6/98; Ac. 68.819, 12/7/2000; Ac. 83.140, 3/12/2003; C. 102.351, 25/3/2009), que se impone cuando se invoca la culpa de la víctima (art. 1729, C.C.C.N.), recayendo la carga de la prueba de la eximente legal en quien la alega (art. 1734, C.C.C.N.; 375, C.P.C.C.).
2.2.3. Siendo que el accidente ocurrió en una encrucijada, no semaforizada, el vehículo que se presentó por la derecha -esto es la motocicleta- gozaba de prioridad de paso (conf. art. 41, ley 24.449).
Mientras el actor dijo que fue embestido por el automóvil y que emprendió el cruce de la encrucijada entendiendo que tenía prioridad de paso; la demandada dice que hubo culpa de la víctima, que se interpuso en su marcha violando la normativa vigente.
La juez de primer grado consideró que no obran elementos que permitan reconstruir el accidente y pese a que rige la responsabilidad objetiva que desplaza la carga de la prueba en el sector demandado (arts. 375. C.P.C.C.; 1734, C.C.C.N.), rechazó la demanda, sin analizar correctamente el régimen de responsabilidad objetivo que rige el caso, la prioridad de paso de la que gozaba la moto, que venía por la derecha y resultó embestida por el automóvil, y que la ausencia de elementos sobre la mecánica del accidente cuando no se discute el contacto de los vehículos intervinientes, no permite borrar la presunción objetiva de responsabilidad (arts. 1, 2, 1722, 1723, 1734, 1736, 1757 y 1758, C.C.C.N.; ).
2.2.4. La prioridad de paso del actor, al provenir por la derecha del automóvil, no se pierde por el hecho de no haberse podido probar la mecánica del accidente, ya que no hay norma en la ley de tránsito que así lo disponga. Es más, el art. 41 precitado dice que la prioridad de quien viene por la derecha es “absoluta”.
No es ocioso destacar que el art. 15 del decreto reglamentario de la ley 13.927 establece que no importa quien ha ingresado primero a la intersección.
Frente a ello, el conductor del automóvil, al no tener prioridad sobre la motocicleta, debió evitar interponerse en el trayecto del vehículo del actor, lo que permite concluir que no tuvo el pleno dominio de su rodado en violación del art. 50 precitado, y presumir su responsabilidad según la ley de tránsito (art. 64, ley 24.449). Además, cuando dice que se vio sorprendido por la presencia del vehículo del actor, ello permite inferir que iba distraído, ya que un conductor atento no puede verse sorprendido ante la falta de obstáculos en la visión (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
Sentada la existencia del hecho dañoso entre los dos vehículos en cuestión y la prioridad de paso del vehículo del actor, los diversos argumentos que despliega la sentenciante carecen de respaldo en el régimen legal vigente (arts. 1722, 1723, 1734, 1736, 1757, 1758 y 1769, .C.C.C.N.), puesto que el factor de atribución es objetivo y se requiere la prueba de las circunstancias eximentes alegadas por el sector demandado, la falta de precisión en la mecánica del hecho no puede desembocar en el rechazo de la demanda (arts. 3, Código Civil; 1, 2, 7, 257, 260, 1708, 1709, 1719, 1722, 1723, 1726, 1727, 1729,1734, 1735, 1736, 1757, 1758 y 1769, C.C.C.N.; 163, 164, 260, 261, 330, 354 inc. 1, 375 y 384, C.P.C.C.; 1, 36, 39 inc. “b”, 41, 50, 51 y 64, ley 24.449, aplicable conf. ley 13.927).
2.2.5. Siguiendo lo expresado por la Suprema Corte provincial en la causa C. 108.063, del 9/5/2012, “Palamara”, la prioridad de paso del que viene por la derecha impone al conductor que llegue a la bocacalle desde la izquierda la obligación de reducir sensiblemente la velocidad y la de ceder el paso al vehículo que se presente a su derecha, sin discriminar quién fue el que arribó primero a dicho (conf. Ac. 72.652, 30/8/2000; Ac. 81.595, 17/12/2003; entre muchas otras).
Dicha regla que, en principio, es absoluta, no puede ser evaluada en forma autónoma sino por el contrario imbricada en el contexto general de las normas de tránsito, analizando su vigencia en correspondencia con la simultánea existencia de otras infracciones y en correlación, también con los preceptos específicos del Código Civil que disciplinan la responsabilidad por daños (SCBA, Ac. 94.337, 12/3/2008, “Guilloti”; C. 102.367, 18/2/2009, “Fernández”; C. 102.703, 18/3/2009, “Pellegrino”; C. 101.536, 9/6/2010, “Iribarne”; C. 108.063, 9/5/2012, “Palamara”; C. 118.719, 19/10/2016, “Letamendia”; C. 120.758, 29/8/2017, por mayoría, “Del Palacio” -el voto de la minoría no propicia el cambio de dicha doctrina- C. 120.890, 18/4/2018, por mayoría, “Canales” -el voto de la minoría no propicia el cambio de dicha doctrina-; C. 122.276, 5/6/2019, “Salomón”), situación que no se observa desatendida en la sentencia puesta en crisis.
Tal jurisprudencia, vale señalar, resulta coincidente con la doctrina sentada por la Suprema Corte provincial, según la cual la prioridad del que viene por la derecha no está condicionada al arribo simultáneo a la encrucijada (conf. SCBA, Ac. 58.668, 11/3/97, “Marzio”; Ac. 66.334, 13/5/97, “Fernández”; Ac. 59.835, 14/7/98, “Nicolaci de Mónaco”; Ac. 64.363, 10/11/98, “Romero”; Ac. 71.179, 22/12/99, “Malbos”; Ac. 72.652, 30/8/2000; Ac. 81.595, 17/12/2003, “Landaida”, por mayoría -el voto de la minoría no propicia el cambio de doctrina-; Ac. 89.702, 24/5/2006, “I., H.A.A.”; C. 85.285, 8/7/2008, “Tracchia”, por mayoría -el voto de la minoría no propicia el cambio de doctrina-; C. 101.536, 9/6/2010, “Iribarne”; C. 104.558, 11/5/2011, “Ríos”; C. 108.063, 9/5/2012; esta Cámara, sala III, 118.526, 28/6/2015, RSD. 92/2015; Cám. Civ. y Com. Sala I, Quilmes, 106.604, 10/11/2014, RSD. 98/2014).
En consecuencia, el conductor del automóvil no debió acometer el cruce frente a la presencia de la moto, que tenía prioridad de paso, ya que sólo podía avanzar cuando no constituyera un obstáculo para el otro vehículo. Si se hubiera detenido y dejado pasar a la moto que tenía prioridad, el accidente no habría ocurrido.
Lo expuesto permite concluir que quien conducía el automóvil ha sido el agente activo del choque y no actuó con la diligencia debida, ya que obstruyó el paso de quien tenía prioridad (art. 41, ley 24.449, aplicable conforme ley 13.927), realizando una maniobra que creó riesgos al tránsito al constituirse en un obstáculo para el vehículo del demandado (arts. 1, 36, 39 inc. “b”, 41 y 64, ley 24.449 citada), con lo cual no conservó el dominio efectivo de su rodado (art. 39 inc. “b”, ley citada), y ha provocado el accidente, lo que refuerza la presunción que emerge de la responsabilidad objetiva del dueño o guardián de la cosa que produjo el daño.
No está demás destacar, como se dijo en el fallo de la Suprema Corte provincial (causa Ac. 58.668), que “... Se imponía así una obligación a todo conductor que enfrenta una encrucijada o bocacalle: disminuir sensiblemente la velocidad, que en buen romance significa casi detener la marcha. Ello apareja una obligación adicional a quien se presenta por la izquierda: la de ceder el paso. A contrario de lo que sostiene la alzada tales obligaciones no están condicionadas al arribo simultáneo, desde que comprobar tal circunstancia impondría -en los hechos- la colocación de sensores para constatarlo...”.
Tal como lo explicitara el Dr. Roncoroni en las causas Ac. 76.418, del 12/3/2003 y Ac. 81.595, del 17/12/2003, la norma que otorga el derecho de paso en las encrucijadas no debe ser desvalorizada por un casuismo excesivo que contribuirá, en definitiva, por tornar cada vez más inviable la convivencia ordenada vehicular en las arterias de la ciudad, acentuando y potenciando los riesgos que, precisamente, esa prioridad estatuida por el legislador busca neutralizar. En el escenario de las ciudades multitudinarias y de gran parque automotor -como la nuestra- la presencia preponderante, invasora y casi omnipotente en sus calles de vehículos preñados de velocidad y cargados de potenciales riesgos, exigen de la comunidad una serie de normas de prevención que se traduzcan en pautas de comportamiento de sus habitantes, como medio de mitigar y evitar, en lo posible, aquellos riesgos.
Algunas normas de este tipo, que hacen a la seguridad y educación vial, aparecen contenidas en los Códigos de Tránsito y reclaman -pese al desdén que hacia su eficacia saben exteriorizar sus destinatarios- un celoso cumplimiento y un rigor creciente en el reproche a su violación. La solidaridad y las necesidades de defensa y preservación de una sociedad organizada, frente a la violencia mecánica presente en su seno y que actitudes u omisiones individuales o conductas desviadas pueden hacerla desbordar en daños, así lo requieren. La norma que consagra la regla de la prioridad de paso (arts. 71 inc. 2 de la Ley 5800; art. 57 inc. 2, ley 11.430 -invocada por la actora a fs. 214 que no es aplicable por no estar vigente a la fecha del accidente, donde regía la ley 13.927-; 70 inc. 2, Dec. 40/2007; 41, ley nacional 24.449, a la cual se adhirió la provincia mediante la ley 13.927) juega como cuña del civismo en el desplazamiento urbano de los automotores, desde que objetivamente exige que quién llega a una bocacalle debe ceder espontáneamente el paso a todo vehículo que se presente por su derecha.
De lo contrario esa preciosa regla de tránsito (y que la salud de la sociedad necesita que se internalice en todos los ciudadanos conductores) perdería su eficacia y, lo que es más, el desplazamiento vehicular por las calles se sembraría de inseguridad en cada esquina, donde la prioridad no estaría dada por una regla objetiva cual la de las manos de circulación, sino por una regla de juego arbitraria y hasta salvaje, cual la de quien llega primero al punto de colisión y resulta impactado, se libera de culpas o, agrego ahora, por la no menos peligrosa de que quién primero ingresa a la bocacalle está exento de reproches.
2.2.6. En virtud de lo expuesto, corresponde revocar lo resuelto y establecer la responsabilidad del demandado (arts. 163, 164, 260, 261, 266, 330, 354 inc. 1, 375, 384, 401, 456, 473 y 474 C.P.C.C.; 1, 2, 7, 257, 260, 1708, 1709, 1719, 1722, 1723, 1726, 1727, 1729,1734, 1735, 1736, 1757, 1758 y 1769, C.C.C.N.; 1, 36, 39 inc. b, 41, 50 y 64, ley nacional 24.449, aplicable conforme ley provincial 13.927).
Establecida la responsabilidad de la parte demandada, corresponde determinar la misma en el conductor del automóvil, Sr. Tomás ROMERO y al titular dominial, Sr. Rodrigo Martín MONTIEL (arts. 1, 2, 3, 7, 1751, 1753, 1757, 1758 y 1769, C.C.C.N.), que se hace extensiva a la citada en garantía PROVIDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., en los términos del seguro (art. 118, ley 17.418).
2.3. Quantum debeatur.
2.3.1. Incapacidad sobreviniente. En primer lugar corresponde destacar que bajo el vocablo incapacidad he de computar a los efectos de una reparación plena o integral -que ha sido receptada expresamente por el art. 1740, C.C.C.N. y encuentra base en los arts. 17 y 19, C.N.- a) la lesión en sí misma como ofensa a la integridad corporal del individuo (incapacidad estrictamente física); b) el detrimento que ello produce en su aptitud de trabajo (incapacidad laboral o productiva); c) el menoscabo que además, apareja en su vida de relación toda, al amenguar y dificultar sus interrelaciones con los otros en el plano social, cultural, hogareño, lúdico, sexual, etc., al lado de similares inconvenientes e impedimentos en sus relaciones con las cosas (para lo que puede utilizarse la denominación de incapacidad o disminución de la capacidad integral del sujeto); d) el daño estético
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.