Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 138999 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe desestima el recurso de queja por retardo de justicia, interpuesto el 17/04/2026 por el letrado Diego Ariel Ravelli.
La Plata, 30 de Abril de 2026.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Con fecha 17/04/2026 el letrado Diego Ariel Ravelli dedujo, por derecho propio, un recurso de queja por retardo de justicia.
A tal fin, afirmó que el 13/02/2026 había impugnado el prorrateo practicado por la demandada “Unión Platense SRL”; y solicitado el embargo preventivo sobre los fondos depositados en la cuenta judicial, para asegurar el cobro de sus estipendios profesionales.
Refirió que ante el holgado vencimiento del plazo para el dictado de la resolución, el 30/03/2026 había pedido el pronto despacho de las actuaciones.
Agregó que el 13/04/2026 había presentado un nuevo escrito donde había advertido sobre la inminencia de la formulación de la presente queja, en caso de que no se proveyera la medida cautelar que había sido requerida.
La quejosa señaló que al momento de la interposición del recurso en cuestión, el expediente continuaba a despacho para resolver; por lo que se encontraba en un estado de total indefensión ante el riesgo inminente de que se ordenara la liberación del dinero existente sin audiencia de parte.
Manifestó que la demora denunciada no era un hecho aislado, sino la continuidad de un modo de proceder negligente por parte del Juzgado que ya había tenido consecuencias irreparables.
A ese respecto, sostuvo que a pesar de sus reiterados pedidos de pronto despacho y recursos de revocatoria incoados -en los que invocó las 100 Reglas de Brasilia y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ante el deterioro de la salud de su clienta, quien que en ese entonces tenía 87 años-, la desidia del órgano judicial había generado una dilación antijurídica que había culminado con el fallecimiento de la actora sin que hubiera podido percibir una justa indemnización.
Adujo que frente a la medida cautelar solicitada, la inacción injustificada de la magistrada de grado permitía que se licuaran sus honorarios; lo cual atentaba contra el carácter alimentario de éstos, y vulneraba la garantía de la tutela judicial efectiva.
Finalmente, requirió que se ordenara a la Titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N°4 Departamental a que informara los motivos de la tardanza en un plazo perentorio; y que oportunamente se la intimara a dictar de manera inmediata la resolución respecto del pedido de la medida cautelar de embargo de fondos en salvaguarda de sus emolumentos.
Inicialmente, cabe destacar que el art. 166 cuarto párrafo de la Constitución de la Pcia. de Bs. As. prescribe que la ley establecerá un procedimiento expeditivo de queja por retardo de justicia.
Ahora bien -a diferencia del régimen reglado en el art. 110 del Código Procesal Penal-, en el actual ordenamiento procesal civil y comercial no se encuentra previsto un recurso de queja por retardo o denegación de justicia.
En efecto, el art. 167 del Código de rito reza que: “Los jueces o tribunales que por recargo de tareas u otras razones atendibles, no pudieren pronunciar las sentencias definitivas, dentro de los plazos fijados por este Código, deberán hacerlo saber a la Suprema Corte con anticipación de 10 días al vencimiento de aquéllos. El superior, si considerare admisible la causa invocada, señalará el plazo en que la sentencia debe dictarse por el mismo juez o tribunal o por otros del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren…”.
Asimismo, determina que: “…El juez o tribunal que no remitiere oportunamente la comunicación a que se refiere el párrafo anterior y no sentenciare dentro del plazo legal, o que habiéndolo efectuado no pronunciare el fallo dentro del plazo que se le hubiese fijado, perderá automáticamente la jurisdicción para entender en el juicio y deberá remitir el expediente al Superior para que éste determine el juez o tribunal que deba intervenir…”.
Es decir, dicha norma sólo regula el instituto de la pérdida de la competencia por no dictarse sentencia dentro de los plazos legales; sustituyendo así al recurso de queja por denegación o retardo de justicia contemplado en el art. 312 y siguientes del Código adjetivo derogado -ley 2.958- (conf CC0102 MP 162735 139-S S 08/06/2017; CC0002 ME 34793 RR 429/2023 S 21/09/2023; MORELLO, Augusto Mario Morello - SOSA, Gualberto Lucas Sosa - BERIZONCE, Roberto Omar Berizonce, “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación”, 4ta Ed, CABA: Abeledo Perrot; La Plata: Librería Editora Platense, 2015, T. III).
En síntesis, la referida disposición constitucional no tiene desarrollo legislativo en materia civil y comercial en la actualidad, sin perjuicio de las prevenciones que sobre pérdida de jurisdicción contiene el art. 167 del Código ritual al regular el retardo de justicia, las que no contemplan la “queja por retardo de justicia” a raíz de la demora de un órgano jurisdiccional inferior (conf. KOGAN, Hilda - SORIA, Daniel F. - TORRES, Sergio G. (directores), “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, 1° Ed, Buenos Aires, Hammurabi, 2026, Tomo I, p.850).
Así entonces, no obstante que el ordenamiento ritual bonaerense prevé el retardo de justicia en el art. 167, no regula lo expresamente exigido por la Constitución Provincial en el art. 166 citado (“queja por retardo de justicia”); ni la demora en pronunciar providencias simples y/o resoluciones interlocutorias, ya que la pérdida de jurisdicción comprende únicamente el supuesto de las sentencias definitivas, como emana claramente de todo su texto, no siendo viable efectuar interpretaciones analógicas conforme a la materia de que se trata (conf. Ob. cit, p. 851; CC0102 MP 79107 RSI-481-91 I 02/07/1991, CC0102 MP 162735 139/2017 S 08/06/2017, CC0001 QL 1191 RSI-77-97 I 18/06/1997).
Por ello, lo normado por el párr. 4º del art. 166 de la Carta Magna Bonaerense impone la necesidad de legislar un mecanismo de queja por retardo de impartir justicia en el ámbito no penal, cumpliendo así el mandato constitucional, dada la insuficiencia de lo establecido en actual sistema procesal en vigor (arts. 167 y 168, CPCC; conf. Ob. ref.).
Por lo demás, se advierte que concierne a la Suprema Corte de Justicia Provincial la potestad de superintendencia respecto de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ante el incumplimiento de los plazos dispuestos para el dictado de las providencias simples, sentencias interlocutorias y definitivas; sin que hubiera sido delegada a las Cámaras de Apelación (arts. 164 Const. Pcia. Bs. As; 32 incs. “c”, “i” y “s” ley 5.827; 34 inc. 3 CPCC; 9 inc. “d”, 15, 36 inc. “a”, 37 y cctes. Ac. N°3354/2007 SCBA-texto según Ac. N°4087/2022 SCBA-; Anexo II Ac. N°3536/2011 SCBA).
De ahí que la Alzada no se encuentra facultada para ordenarles a los magistrados de la instancia previa que se expidan en determinado plazo; en tanto que la aplicación analógica de las normas del Código de rito penal implicaría la asunción de atribuciones funcionales que el legislador no le ha conferido.
En esa línea, se advierte que carece de toda posibilidad de andamiento la vía recursiva intentada por derecho propio por el abogado Diego Ariel Ravelli para subsanar la mora endilgada a la Juzgadora interviniente, dado que carece de fundamento jurídico que la sustente.
Ciertamente, la protesta no encuentra cobijo en lo normado por el art. 167 del CPCC, ni tampoco en lo regulado por el art. 275 y siguientes del mismo ordenamiento, ya que ninguna de tales preceptos contempla un supuesto como el denunciado (conf. CC0001 SI 58489 RSI-143-92 I 31/03/1992).
En consecuencia, corresponde desestimar por improcedente el recurso de queja por retardo de justicia, interpuesto el 17/04/2026 por el mentado letrado Diego Ariel Ravelli (arts. 163, 164, 167, 275, 276 y cctes. CPCC).
POR ELLO, y fundamentos expuestos, se desestima el recurso de queja por retardo de justicia, interpuesto el 17/04/2026 por el letrado Diego Ariel Ravelli. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. ARCHÍVESE.
Fin de la sentencia