Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 142760
En la ciudad de La Plata, a los 16 días del mes de Julio de 2026, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "RUTIGLIANO CRISTIAN RAUL Y OTRO/A C/ LA BIUNDA ROCIO AILEN S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" (causa: 142760), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia definitiva del 8/4/2026?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 17 de La Plata dictó sentencia definitiva el 8/4/2026, haciendo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Cristian Raúl Rutigliano y Adriana Elizabeth Spalletti contra Rocío Ailén La Biunda, con extensión de la condena a la citada en garantía Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada, a raíz del hecho ocurrido el 28/9/2022, alrededor de las 12:00 horas, en la calle 5 bis de Ringuelet, partido de La Plata, cuando la apertura de la puerta delantera derecha del automóvil Fiat Uno, estacionado sobre la mano izquierda, generó la embestida de la motocicleta Motomel DLX Deluxe 125 que circulaba conducida por el coactor Rutigliano y con la coactora Spalletti como acompañante, provocando la caída de ambos al pavimento.
La condena comprendió: a favor de Rutigliano, $ 733.950 por los daños materiales de la motocicleta -a valores del 19/8/2025- y $ 1.762.000 por su porción del daño moral; a favor de Spalletti, $ 4.561.503,07 por incapacidad sobreviniente -integrada por $ 3.114.072,56 de ingresos futuros frustrados calculados mediante la fórmula del art. 1746 del C.C.C.N. (S.M.V.M. de $ 352.400 por trece períodos, hasta los 60 años, con incrementos del 15% por cada período decenal y tasa de descuento del 4%), $ 687.180 de “ingresos pasados caídos” y un 20% adicional por aptitudes vitales genéricas-, $ 1.000.000 por lesión a la integridad psíquica -minusvalía del 10% calificada como transitoria-, $ 100.000 por gastos terapéuticos y $ 1.762.000 por su porción del daño moral. Rechazó la desvalorización del rodado y la privación de uso. En materia de intereses, dispuso una tasa pura del 12% anual desde el hecho hasta la firmeza del fallo -apartándose expresamente del 6% de la doctrina de las causas “Vera”, “Nidera” y “Paredes” de la Suprema Corte-, declaró la inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la ley 23.928 con sustento en la doctrina “Barrios” y ordenó la actualización del capital por el Índice de Precios al Consumidor (I.P.C./C.E.R.) desde el vencimiento del plazo de cumplimiento, con más los intereses moratorios a la tasa que fijen las reglamentaciones del B.C.R.A. o, en su defecto, la pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Impuso las costas a la demandada y a la citada en garantía vencidas y difirió la regulación de honorarios.
1.2. Apelaron la demandada y la citada en garantía (10/4/2026), quienes expresaron agravios el 18/5/2026 cuestionando: a) la cuantía de la incapacidad sobreviniente, tanto en su resultado como en las variables de la fórmula empleada; b) los gastos terapéuticos, otorgados sin comprobante alguno; c) la lesión a la integridad psíquica y su tratamiento, por contradictoria y superpuesta con la incapacidad; d) el monto del daño moral; y e) el régimen de intereses y actualización.
Los actores contestaron el traslado el 27/5/2026, postulando la deserción del recurso (art. 260, C.P.C.C.) y, en subsidio, su rechazo. La responsabilidad y el rubro daños materiales de la motocicleta llegan firmes a esta instancia.
1.3. Se llamaron “autos para sentencia”, providencia firme y consentida. Fecha vencimiento plazo dictar sentencia: 8/9.
II. Los agravios. Su tratamiento.
2.1. Suficiencia técnica del memorial. La deserción postulada por los actores no puede prosperar. Más allá de sus imperfecciones de redacción -incluida la reiterada alusión a “el actor” cuando las lesiones conciernen a la coactora-, el memorial individualiza con claridad los tramos del fallo que ataca, las variables de cálculo que reputa infundadas y la doctrina legal que estima vulnerada en materia de intereses, superando así el umbral de la crítica concreta y razonada con el criterio amplio que rige la materia en resguardo del derecho de defensa (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.; 260 y 261, C.P.C.C.).
2.2. Normativa aplicable. El hecho ocurrió el 28/9/2022, bajo la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que rige el caso (art. 7, C.C.C.N.), tal como se decidió en la instancia de origen sin controversia.
2.3. Incapacidad sobreviniente (primer agravio). Bajo el vocablo incapacidad he de computar a los efectos de una reparación plena o integral -que ha sido receptada expresamente por el art. 1740, C.C.C.N. y encuentra base en los arts. 17, 19 y 75 inc. 22, C.N.- a) la lesión en sí misma como ofensa a la integridad corporal del individuo (incapacidad estrictamente física); b) el detrimento que ello produce en su aptitud de trabajo (incapacidad laboral o productiva); c) el menoscabo que además, apareja en su vida de relación toda, al amenguar y dificultar sus interrelaciones con los otros en el plano social, cultural, hogareño, lúdico, sexual, etc., al lado de similares inconvenientes e impedimentos en sus relaciones con las cosas (para lo que puede utilizarse la denominación de incapacidad o disminución de la capacidad integral del sujeto); d) el daño estético -más allá de que tenga incidencia en su aptitud funcional o productiva, ya que hace la integridad corporal-; y e) el daño o incapacidad psíquica o psicológica (ver en este sentido voto del Dr. Roncoroni en las causas L. 70.185, del 23/10/2002 y Ac. 90.471, del 24/5/2006). Dicho criterio amplio ha sido receptado por el art. 1740 del C.C.C.N., que establece que la reparación del daño debe ser plena y por el art. 1738, del C.C.C.N. que realiza una enumeración meramente ejemplificativa de la indemnización que es contenido del resarcimiento por daños.
A su vez, todos los sufrimientos o privaciones que el damnificado haya padecido en sus más "altos afectos" (plano extrapatrimonial), pueden ser también valorados para la reparación del daño moral o extrapatrimonial (es útil en este rumbo, acudir a la segunda parte del art. 1738 del C.C.C.N., que le asigna la calidad de bienes jurídicos tutelables a los derechos personalísimos de la víctima, integridad personal, salud psicofísica, afecciones espirituales legítimas y al proyecto de vida de la persona, que viene a reafirmar reafirma lo que sostenía la jurisprudencia). Y no hay en esto doble indemnización por la misma causa, sino que se trata de resarcir a la persona por la totalidad de menoscabos que la hayan afectado en la integridad material y espiritual que constituye (art. 5.1, convención Americana sobre Derechos Humanos) (conf. esta Cámara, Sala I, causas B-87.389, del 31/10/98, RSD. 64/98, según voto de mi padre el Dr. Sosa; 95.640, del 13/9/2001, según voto del Dr. Marroco).
Cabe agregar que la incapacidad sobreviniente comprende las secuelas o disminuciones físicas o psíquicas que pudieren quedar luego de completado el período de recuperación o restablecimiento -lo cual ha sido designado en el nuevo código como la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima (art. 1738)- (conf. SCBA, Ac. 42.528, 19/6/90, “Ac. y Sent.” 1990-II, 539; Ac. 54.767, 11/7/95; Ac. 79.922, 29/10/2003), lo que no puede confundirse con lucro cesante, que consiste en el resarcimiento de las ganancias dejadas de percibir durante el tiempo que haya demandado la curación de la víctima -contemplado en el nuevo código en el art. 1738- (SCBA, Ac. 52.258, 2/8/94; Ac. 75.918, 21/11/2001; C. 96.838, 24/8/2011, por mayoría -el voto de la minoría no propicia el cambio de doctrina-; C. 95.167, 5/12/2012), siendo reparaciones que no resultan excluyentes entre sí (SCBA, Ac. 52.258, 2/8/94), aunque requieren petición expresa.
Las recurrentes no logran conmover el porcentaje de incapacidad -el 5% dictaminado por el perito médico legista sobre la base del electromiograma que objetivó compromiso radicular C7 en el miembro superior izquierdo, de grado leve, dictamen consentido en lo sustancial en la etapa probatoria (arts. 473 y 474, C.P.C.C.)- ni el nexo causal, afirmado por el experto y no desvirtuado con razones técnicas atendibles. En cambio, asiste razón a las apelantes en cuanto a las variables de cuantificación, que carecen de sustento en las constancias de la causa y conducen a un resultado que no se ajusta a la normativa aplicable.
2.3.1. En efecto, la demanda no alegó ocupación ni ingresos de la coactora Spalletti; ninguna prueba se produjo sobre el punto, y la propia sentencia reconoció esa orfandad al adoptar el Salario Mínimo, Vital y Móvil como piso. Siendo ello así, la proyección de incrementos del 15% del ingreso por cada período decenal futuro establecido en la sentencia, carece de todo respaldo: la probabilidad de progreso económico que autoriza a computar rentas variables crecientes (art. 1746, C.C.C.N.) exige alguna base fáctica -un empleo acreditado, una calificación, una trayectoria, algún concepto favorable sobre su capacidad de progresar- que la interesada no aportó (art. 375, C.P.C.C.; 1744, C.C.CN.). Sin esa base, el ingreso computable debe mantenerse constante en el S.M.V.M.
Otro tanto ocurre con el rubro autónomo de “ingresos pasados caídos” ($ 687.180). El escrito de demanda no contiene reclamo alguno de lucro cesante por el período de convalecencia o posterior -la liquidación del punto X se integra sólo con daño material, desvalorización, privación de uso, daño moral, gastos terapéuticos, incapacidad sobreviniente y daño psíquico-, de modo que su reconocimiento oficioso excede los términos de la litis (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 272, C.P.C.C.); y, a todo evento, ninguna prueba se rindió sobre una merma efectiva de ingresos durante ese lapso -la pérdida del empleo doméstico sólo aparece en el relato efectuado por la actora a la perito psicóloga, que no constituye prueba del hecho (art. 384, C.P.C.C.); por su parte en el beneficio dijo que trabaja vendiendo ropa que compra-. El tramo debe suprimirse.
2.3.2. También lleva razón la queja en cuanto a la tasa de descuento del 4% empleada en la fórmula. Esta Sala utiliza la tasa del 6%, coherente con el interés puro que se aplica al capital durante el período anterior a la cuantificación: la tasa de descuento de la fórmula y la tasa pura de los intereses moratorios expresan el mismo precio de la intertemporalidad del dinero -una hacia el futuro, la otra hacia el pasado-, por lo que su divergencia carece de justificación y distorsiona el resultado en perjuicio del deudor (arts. 772, 1746 y 1748, C.C.C.N.).
2.3.3. Para analizar el monto otorgado por incapacidad sobreviniente, se debe acudir al art. 1746 precitado que establece: “En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. …”, lo cual lleva a realizar cálculos o aplicar fórmulas matemáticas a fin de determinar el valor presente de una renta futura no perpetua, constituyendo un parámetro orientativo (de lo contrario no habría “evaluación”) que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de cuantificar los daños personales por lesiones o incapacidad. Empero no debe perderse de vista que si bien recurrir a fórmulas de matemática financiera o actuarial ofrece, como ventajas, algún criterio rector más o menos confiable, cierto piso de marcha al formular o contestar reclamos, o el aventamiento de la inequidad, la inseguridad o la incerteza (SCBA, C. 117.926, 11/2/2015), esas ventajas no deben llevarnos a olvidar que tales fórmulas juegan, por un lado, como un elemento más a considerar -cuando de mensurar un daño y su reparación se trata- junto a un haz de pautas fundamentales ajenas al mundo de las matemáticas y con todas las cuales el juzgador ha de trabajar para aquella determinación. Y, por otro lado, que su aplicación desprovista de prudencia puede llevar a verdaderos despropósitos, como en el caso de la muerte de un recién nacido (tal como se juzgó en la causa Ac. 83.961, 1/4/2004) o como ocurriría de tratarse de un trabajador de 66 años donde, según la fórmula “Vuoto” se arribaría a un resultado negativo (SCBA, C. 117.926, 11/2/2015).
Corresponde entonces recalcular el valor presente de la renta frustrada con las variables adecuadas: ingreso anual constante de $ 4.228.800 (S.M.V.M. de $ 352.400 x 12 meses, pauta mínima que el recurrente no ha logrado desvirtuar), porcentaje de incapacidad del 5% y tasa de descuento del 6% anual. El horizonte temporal se integra con dos tramos: el primero, desde los 32 años de edad de la damnificada a la fecha del fallo de grado hasta los 60 años -edad jubilatoria de la mujer (art. 19, ley 24.241)-; y el segundo, desde los 60 hasta los 78 años -expectativa de vida promedio-, pues la capacidad económicamente mensurable de la persona no se extingue con el cese de la etapa laboral activa: subsisten los quehaceres domésticos, la autosuficiencia y actividades con contenido patrimonial, además de un ingreso previsional reducido; para este tramo se computa una base equivalente al 70% del ingreso -reducida, pues, en un 30% ($ 2.960.160)-, lo que arroja un valor presente de $ 3.215.291 (art. 1746 del C.C.C.N. aplicado con la fórmula Acciarri que se puede consultar en el siguiente link: 11.FORMULA-ACCIARRI-PLANILLA-DE-CALCULO-2.xlsx )
La recomposición del horizonte temporal no vulnera la medida del agravio ni la prohibición de reformatio in pejus: la queja atacó el quantum del rubro por excesivo -objetando, entre otras variables, la proyección a los 60 años como hipotética y la posterior que contiene la sentencia- y el resultado que aquí se alcanza es sensiblemente inferior al fijado en la instancia de origen, que opera como techo ante la falta de recurso de la parte actora (arts. 260, 266 y 272, C.P.C.C.).
Ahora bien, la incapacidad del art. 1746 no se agota en la faz estrictamente laborativa: comprende la proyección del menoscabo sobre los restantes planos de la vida de la víctima con contenido económico mensurable -entre ellos, los quehaceres domésticos y las actividades cotidianas que demandan esfuerzo físico-, por lo que la fórmula matemática resulta insuficiente. En autos, empero, la actora nada probó de manera concreta sobre esa proyección, más allá de lo que naturalmente cabe inferir de la índole de la secuela cervical constatada, por lo que la adición debe ser moderada: estimo prudente incrementar el capital en un 10% -y no en el 20% dispuesto en la instancia de origen-, lo que arroja la suma de $ 3.536.820 (arts. 17, 31, 75 inc. 22, Const. Nac.; 1, 8 y 25, CADH; 1, 2, 1738, 1740 y 1746, C.C.C.N.; 163, 164, 165, 260, 261, 266, 375 y 384, C.P.C.C.).
En consecuencia, propongo reducir el rubro incapacidad sobreviniente a la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 3.536.820), a valores de la fecha de la sentencia de grado.
2.4. Gastos médicos, farmacia y traslado (segundo agravio). La queja no prospera. Acreditadas las lesiones y su atención en el Hospital “Ricardo Gutiérrez” -historia clínica, placas radiográficas, yeso en mano por 3/4 semanas, tratamiento traumatológico y kinésico, y suministro de calmantes-, los gastos médicos, farmacéuticos y de traslado razonables en función de la índole de las lesiones se presumen (art. 1746 in fine, C.C.C.N.), sin que la atención en un hospital público excluya erogaciones a cargo del paciente, máxime cuando en la sentencia se alude al hecho notorio de la situación de carencia que los centros asistenciales públicos padecen, argumento que arriba indiscutido. La suma de $ 100.000 a la Sra. Spalletti, fijada a valores de la sentencia de primera instancia sobre un reclamo formulado en agosto de 2023 con la fórmula “o lo que en más o en menos”, guarda prudente proporción con las lesiones constatadas y no luce excesiva (arts. 165, 375 y 384, C.P.C.C.). Se confirma.
2.5. Lesión a la integridad psíquica (tercer agravio). El planteo de las recurrentes -la pretendida contradicción entre permanencia y tratamiento- yerra el blanco, pues la sentencia no calificó la minusvalía como permanente: expresamente la tuvo por transitoria, ante la falta de prueba específica de su permanencia (art. 375, C.P.C.C.). Secuela y tratamiento, por lo demás, no se excluyen: el tratamiento procura mitigar o revertir el cuadro, lo que es plenamente compatible con una incapacidad de carácter temporario.
Sí es exacto, en cambio, que el encuadre del rubro requiere corrección. La vía del art. 1746 del C.C.C.N. -capitalización de rentas futuras frustradas- está reservada a las incapacidades permanentes; la minusvalía transitoria se indemniza computando el ingreso mensual de la víctima -en el caso, ante la falta de prueba de ingresos, el S.M.V.M.- en función del porcentaje de afectación (10%, conforme dictamen psicológico aprobado y no desvirtuado) y del tiempo de subsistencia de la invalidez. En autos, el cuadro de estrés postraumático se instaló con el hecho (28/9/2022) y subsistía a la fecha de la pericia (9/2/2025) -unos 28 meses-, a lo que se añade el lapso de tratamiento de 6 meses indicado por la experta para su elaboración; computado ese período de aproximadamente 34 meses sobre el 10% del S.M.V.M. mensual vigente ($ 352.400), se obtiene una suma ($ 1.198.160) que supera la otorgada en la instancia de origen. No mediando recurso de la parte actora, el monto de $ 1.000.000 constituye el límite de esta alzada (arts. 266 y 272, C.P.C.C.), por lo que -con el encuadre corregido- se confirma, desestimándose la pretensión de supresión o reducción (arts. 165, 375, 384 y 474, C.P.C.C.; 1, 2, 1738 y 1740, C.C.C.N.).
2.6. Daño extrapatrimonial (cuarto agravio). El agravio prospera parcialmente. La sentencia fijó el rubro en la suma común de $ 3.524.000, equivalente al valor de 10 SMVM y la distribuyó por mitades entre ambos actores, sin diferenciar situaciones que son claramente diversas -aun cuando la fórmula “o lo que en más o en menos” y el carácter de deuda de valor autorizan a superar aquella cifra, la ponderación debe guardar proporción con los padecimientos acreditados de cada damnificado (arts. 165 y 272, C.P.C.C.; 772 y 1741, C.C.C.N.)-.
Respecto de la coactora Spalletti, el rubro está sólidamente fundado: sufrió lesiones físicas con secuela incapacitante -esguince con inmovilización enyesada de 3/4 semanas, tratamiento traumatológico y kinésico, cervicalgia con compromiso radicular- y un cuadro de estrés postraumático temporal pericialmente constatado, todo ello derivado de los golpes propios de una caída desde una motocicleta en movimiento. Como supo señalar la Corte Suprema, se trata de encontrar sucedáneos que produzcan placeres y alegrías que logren compensar los padecimientos sufridos; aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido (C.S., causa B.140.XXXVI.ORI, sent. del 12/04/2011, “Baeza, Silvia Ofelia c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, Fallos: 334:376). Ponderando la entidad de las lesiones y de la repercusión
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.