Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 142687
En la ciudad de La Plata, a los 14 días del mes de Julio de 2026, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "BOGADO MIRTA Y OTRO/A C/ CAPDEVIELLE SANCHEZ JUAN RICARDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" (causa: 142687), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia definitiva del 1/4/2026?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 25 de La Plata dictó sentencia definitiva el 1/4/2026, rechazando la demanda de daños y perjuicios promovida por Pedro Daniel Palacio y Mirta Bogado contra Juan Ricardo Capdevielle Sanchez -hoy sus herederos-, con citación en garantía de Copan Coop. de Seguros Ltda., a raíz del accidente de tránsito ocurrido el 6/7/2018, alrededor de las 17:30 horas, en la intersección de las calles Batalla de Chacabuco y Teodoro Pablo Fels de Florencio Varela, entre la motocicleta Yamaha YBR -de titularidad de la coactora Bogado, conducida por el coactor Palacio y en la que aquélla viajaba como acompañante- y el automóvil Fiat modelo Siena conducido por el demandado.
Para así decidir, el magistrado encuadró el caso en la responsabilidad objetiva por riesgo de la cosa (arts. 1757, 1758 y 1769, C.C.C.N.) y tuvo por configurada la eximente de hecho de la víctima (art. 1729, C.C.C.N.): sobre la base de los relatos concordantes de las partes en cuanto a los sentidos de circulación y de la pericia mecánica -que ubicó el contacto entre la parte frontal izquierda del automóvil y el lateral de la motocicleta-, concluyó que el rodado del demandado se presentaba a la encrucijada por la derecha de la motocicleta y conservaba la prioridad de paso (art. 41, ley 24.449, a la que adhirió la Provincia por ley 13.927), sin que se acreditara transgresión alguna de su parte -la pericia no pudo determinar la velocidad que desplegaba-, interponiéndose el actor de manera imprudente en su trayectoria. Impuso las costas a la parte actora vencida, dejando a salvo la eximición derivada del beneficio de litigar sin gastos concedido en forma definitiva (art. 84, C.P.C.C.), y difirió la regulación de honorarios (arts. 23 y 51, ley 14.967).
1.2. Apeló la parte actora, que expresó agravios el 30/4/2026 cuestionando: a) la atribución de responsabilidad exclusiva, por aplicación -que califica de dogmática- de la prioridad de paso, con omisión de valorar la pericia mecánica y los deberes de cuidado y prevención (arts. 39, ley 24.449; 1710, C.C.C.N.); b) la desatención de la presunción de culpa que pesa sobre el embistente; y c) la omisión de ponderar el exceso de velocidad del demandado (art. 51, ley 24.449). El traslado fue contestado por la citada en garantía el 4/5/2026, quien postuló la insuficiencia del memorial y, subsidiariamente, el rechazo del recurso.
1.3. Se llamaron “autos para sentencia”, providencia firme y consentida.
II. Los agravios. Su tratamiento.
2.1. Suficiencia técnica del memorial. La citada en garantía postula la deserción del recurso (arts. 260 y 261, C.P.C.C.), destacando -con razón- que el memorial exhibe serias imprecisiones: alude a un vehículo “Fiat Palio” cuando la pericia refiere un Fiat Siena -tal vez porque en la demanda y en el “considerando” tercero de la sentencia aluden erróneamente al modelo “Palio”-, menciona como conductor a un tercero ajeno al proceso (“Juan José Rivas Ibarrola”) y sitúa la circulación de la motocicleta en una arteria extraña al hecho (“Camino Gral. Belgrano”), deslices que evidencian el reciclado de una pieza confeccionada para otro pleito. No obstante, con el criterio amplio y flexible que rige la materia en resguardo del derecho de defensa (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.), de la lectura integral del escrito se advierte el núcleo de la protesta -la aplicación de la prioridad de paso sin ponderar la pericia ni la conducta del demandado-, por lo que corresponde ingresar a su tratamiento, sin perjuicio de la incidencia que tales defectos proyectan sobre la eficacia de la crítica (arts. 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
2.2. Normativa aplicable. El accidente ocurrió el 6/7/2018, bajo la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que rige el caso (art. 7, C.C.C.N.), tal como se decidió en la instancia de origen sin controversia.
2.3. Marco jurídico. Tratándose de una colisión entre dos vehículos en movimiento, rige la responsabilidad objetiva por riesgo de la cosa (arts. 1757, 1758 y 1769, C.C.C.N.): al damnificado le basta acreditar el daño y el contacto con la cosa riesgosa, y pesa sobre el dueño o guardián la carga de demostrar la ruptura total o parcial del nexo causal por el hecho de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (arts. 1722, 1729, 1731 y 1736, C.C.C.N.). En autos, la eximente invocada y acogida fue el hecho de la víctima, configurado por la violación de la prioridad de paso del otro vehículo.
Sobre esta última, el art. 41 de la ley 24.449 (hubo adhesión provincial por ley 13.927) establece que todo conductor debe ceder espontáneamente el paso en las encrucijadas no semaforizadas al vehículo que cruza desde su derecha, regla que -conforme criterio reiterado de esta Sala en concordancia con la doctrina de la SCBA- reviste carácter absoluto en el sentido de que no depende de quién arriba primero a la bocacalle ni de mediciones de precisión métrica, y sólo cede frente a las excepciones que la propia norma contempla (señalización en contrario, vehículo ferroviario, vehículos de emergencia en cumplimiento de su misión, semiautopista, calle de tierra, paso nivel, detención de la marcha o giro, conducción de animales), o ante circunstancias excepcionales debidamente acreditadas cuya demostración incumbe a quien las invoca (arts. 375 y 384, C.P.C.C.; 1734, C.C.C.N.; conf. esta Sala, causas 121.102, 8/6/2017, “Wilchen”; 121.468, 13/7/2017, “Chavarrito”; 137.828, 30/12/2024, “Mercado”; 139.479, 22/5/25 “Sanguinetti” y doctrina de la SCBA allí citada).
En términos estrictamente normativos el exceso de velocidad no hace perder la prioridad de paso del vehículo que viene por la derecha. El art. 41 de la ley 24.449 declara que la prioridad del que viene por la derecha "es absoluta" y enumera taxativamente los supuestos en que "se pierde" -ya enumerados-. El exceso de velocidad no figura en ese catálogo, de modo que no produce la "pérdida" de la prioridad en el sentido técnico del artículo.
Lo que el exceso de velocidad probado sí produce es otra cosa, situada en el plano de la causalidad y no de la regla de tránsito: neutraliza total o parcialmente la eximente de hecho de la víctima que el preferente invoca. El razonamiento consolidado es que la prioridad de paso presupone arribar a la encrucijada con velocidad precautoria y dominio del rodado (arts. 39, 50 y 51 de la misma ley); quien llega a velocidad excesiva incurre en una infracción causalmente relevante que concurre con la del que no cedió el paso, y esa concurrencia se traduce en distribución de responsabilidad (art. 1729 C.C.C.N.: el hecho del damnificado excluye o limita según su incidencia causal). Solo en hipótesis extremas, donde la velocidad del preferente sea la causa adecuada excluyente, podría absorber la totalidad. Es la doctrina del "no bill de indemnidad": la prioridad no autoriza a arrasar con lo que aparece por la izquierda, pero tampoco se diluye por invocaciones genéricas.
Los agravios vertidos motivan dos precisiones:
a) El exceso debe ser concreto y acreditado por quien lo alega (art. 375 CPCC): pericia con determinación de velocidad, huellas de frenada, proyección de los cuerpos, magnitud de los daños valorada técnicamente. No se infiere del solo hecho del impacto ni de su violencia genéricamente afirmada, porque por esa vía toda colisión en bocacalle desactivaría la regla del art. 41, que es exactamente el argumento con que la Sala viene rechazando estos planteos (conf. esta Sala, "Mercado", "Sanguinetti", "Wilchen" citadas).
b) Efecto típico: concurrencia, no inversión. Aun probado el exceso, la solución habitual no es trasladar toda la responsabilidad al preferente sino distribuirla en función de la velocidad y demás circunstancias del caso.
c) Por último, cuando el recurrente esgrime el principio de prevención del daño con cita del art. 1710 del C.C.C.N., pasa por alto que si hubiera respetado la prioridad de paso el accidente no hubiera ocurrido.
d) La prioridad del que viene por la derecha no está condicionada al arribo simultáneo a la encrucijada (SCBA, Ac. 58.668, 11/3/97; Ac. 64.363, 10/11/98; C. 108.063, 9/5/2012, cit. por esta Sala en la causa 121.468 cit.).
2.4. Primer agravio: aplicación de la prioridad de paso y valoración de la pericia. Sostiene la recurrente que la prioridad de paso no constituye un “bill de indemnidad” y que el fallo la aplicó dogmáticamente, prescindiendo de la pericia mecánica y de los deberes de cuidado y prevención.
La premisa es correcta en abstracto, pero inconducente en el caso analizado. Que la prioridad de paso no sea un salvoconducto significa que puede ser desplazada por circunstancias excepcionales; mas tales circunstancias deben ser probadas por quien pretende valerse de ellas, y no meramente afirmadas (art. 375, C.P.C.C.). En autos, la plataforma fáctica no controvertida indica que la motocicleta se presentó a la encrucijada por la izquierda del automóvil del demandado; y ninguna de las circunstancias de excepción invocadas encuentra respaldo probatorio: la versión del cruce sustancialmente consumado -haber traspasado más de la mitad de la arteria- y de la circulación en caravana tras otros rodados que habrían completado el cruce no fue corroborada por prueba alguna, pues no se produjo prueba testimonial sobre la mecánica del hecho, y el perito ingeniero se limitó a inferir los sentidos de circulación y la zona de contacto, sin poder reconstruir posiciones relativas ni tiempos de ingreso a la bocacalle.
Tampoco es exacto que la pericia haya sido preterida. El sentenciante la valoró expresamente en cuanto aporta: sentidos de circulación coincidentes con los relatos de las partes, contacto entre la parte frontal izquierda del automóvil y el lateral de la motocicleta, e imposibilidad de determinar la velocidad del rodado del demandado (respuesta al punto sexto del dictamen). Lo que la recurrente reprocha, en rigor, es que no se haya asignado carácter dirimente a la respuesta al punto décimo primero, según la cual “el contacto indica que no se han respetado las prioridades de paso ni las velocidades de precaución al arribo de una encrucijada”. Pero esa apreciación, formulada en términos genéricos e impersonales, no individualiza a cuál de los conductores atribuye cada inobservancia ni cuantifica velocidad alguna -lo que el propio experto declaró no poder hacer-, de modo que carece de aptitud para acreditar una infracción concreta del demandado; antes bien, en cuanto alude a la falta de respeto de “las prioridades de paso”, se compadece con la conducta del actor, único a quien la regla del art. 41 imponía ceder el paso en el caso (arts. 384, 457 y 474, C.P.C.C.).
La invocación de los deberes generales de cuidado y prevención (arts. 39, ley 24.449; 1710, C.C.C.N.) no altera la conclusión: tales directivas no pueden ser utilizadas para neutralizar una regla específica de circulación cuando no se ha demostrado ninguna conducta antirreglamentaria de quien gozaba de la prioridad, pues por esa vía la regla quedaría vaciada de contenido y cada encrucijada librada a la conjetura (conf. esta Sala, causas 137.828, 30/12/2024, “Mercado” y 139.479, 22/5/2025, “Sanguinetti”). El agravio se desestima.
Tal como lo explicitara el Dr. Roncoroni en las causas Ac. 76.418, del 12/3/2003 y Ac. 81.595, del 17/12/2003, la norma que otorga el derecho de paso en las encrucijadas no debe ser desvalorizada por un casuismo excesivo que contribuirá, en definitiva, por tornar cada vez mas inviable la convivencia ordenada vehicular en las arterias de la ciudad, acentuando y potenciando los riesgos que, precisamente, esa prioridad estatuida por el legislador busca neutralizar. En el escenario de las ciudades multitudinarias y de gran parque automotor -como la nuestra- la presencia preponderante, invasora y casi omnipotente en sus calles de vehículos preñados de velocidad y cargados de potenciales riesgos, exigen de la comunidad una serie de normas de prevención que se traduzcan en pautas de comportamiento de sus habitantes, como medio de mitigar y evitar, en lo posible, aquéllos riesgos. Algunas normas de este tipo, que hacen a la seguridad y educación vial, aparecen contenidas en los Códigos de Tránsito y reclaman -pese al desdén que hacia su eficacia saben exteriorizar sus destinatarios- un celoso cumplimiento y un rigor creciente en el reproche a su violación. La solidaridad y las necesidades de defensa y preservación de una sociedad organizada, frente a la violencia mecánica presente en su seno y que actitudes u omisiones individuales o conductas desviadas pueden hacerla desbordar en daños, así lo requieren. La norma que consagra la regla de la prioridad de paso (arts. 71 inc. 2 de la Ley 5800; art. 57 inc. 2, ley 11.430; 70 inc. 2, Dec. 40/2007; 41, ley nacional 24.449, a la cual se adhirió la provincia mediante la ley 13.927) juega como cuña del civismo en el desplazamiento urbano de los automotores, desde que objetivamente exige que quién llega a una bocacalle debe ceder espontáneamente el paso a todo vehículo que se presente por su derecha. De lo contrario esa preciosa regla de tránsito (y que la salud de la sociedad necesita que se internalice en todos los ciudadanos conductores) perdería su eficacia y, lo que es más, el desplazamiento vehicular por las calles se sembraría de inseguridad en cada esquina, donde la prioridad no estaría dada por una regla objetiva cual la de las manos de circulación, sino por una regla de juego arbitraria y hasta salvaje, cual la de quien llega primero al punto de colisión y resulta impactado, se libera de culpas o, agrego ahora, por la no menos peligrosa de que quién primero ingresa a la bocacalle está exento de reproches.
2.5. Segundo agravio: presunción de culpa del embistente. Aduce la recurrente que el automóvil fue el agente activo del impacto -su parte frontal contra el lateral de la moto- y que pesa sobre el embistente una presunción de culpa.
El planteo no puede prosperar. La condición de embistente es un dato físico que sólo adquiere relevancia jurídica cuando no está establecida la causa del contacto; cuando -como aquí- la mecánica indica que el vehículo embestido se interpuso en la línea de marcha de quien gozaba de prioridad de paso, la localización del impacto es precisamente la consecuencia esperable de esa interposición y no genera presunción alguna en contra del preferente. Así lo ha resuelto esta Sala en supuestos análogos de motocicletas embestidas por automóviles que circulaban por la derecha, atribuyendo no obstante la responsabilidad exclusiva al conductor del birrodado que violó la prioridad (causas 121.102, “Wilchen” y 137.828, “Mercado”, citadas). A ello se suma que, en este capítulo, el memorial discurre sobre un vehículo, un conductor y una arteria ajenos al proceso, lo que priva a la queja de toda referencia concreta a las constancias de esta causa (arts. 260, 261 y 384, C.P.C.C.). Por último, la prioridad de paso del que viene por la derecha impone al conductor que llegue a la bocacalle desde la izquierda la obligación de reducir sensiblemente la velocidad y la de ceder el paso al vehículo que se presente a su derecha, sin discriminar quién fue el que arribó primero a dicho sitio (conf. SCBA, Ac. 72.652, 30/8/2000; Ac. 81.595, 17/12/2003; C. 108.063, 9/5/2012; entre muchas otras), por lo que no es relevante el carácter de embistente (calidad que se podría revertir aumentando la velocidad, lo cual traería consecuencias peores al tránsito). El agravio se rechaza.
2.6. Tercer agravio: exceso de velocidad. Denuncia la apelante la omisión de ponderar el exceso de velocidad del demandado, que reputa acreditado por la respuesta al punto décimo primero de la pericia, con cita del art. 51 de la ley 24.449.
La queja se construye sobre una premisa fáctica inexistente. El propio dictamen declaró la imposibilidad de determinar la velocidad del automóvil (cláusula sexta), y la referencia genérica del punto décimo primero -según se analizó- no cuantifica velocidad ni individualiza infractor. No existe, pues, prueba del hecho que se dice omitido, y su acreditación pesaba sobre la actora (art. 375, C.P.C.C.). El exceso de velocidad apto para desplazar la prioridad de paso debe ser concreto y probado, no conjeturado a partir del solo acaecimiento del impacto, pues de otro modo toda colisión en encrucijada neutralizaría la regla del art. 41. El agravio se desestima.
2.7. La situación de la coactora Bogado. Cabe señalar, finalmente, que el memorial no introduce agravio ni distinción alguna respecto de la coactora Mirta Bogado, quien viajaba como acompañante en la motocicleta de su titularidad (arts. 260, 266 y 272, C.P.C.C.). Pese a dicha deficiencia, como la parte actora apeló el rechazo total de la demanda y cuestionó la atribución causal exclusiva al conductor de la motocicleta, el agravio puede entenderse extendido a ambos actores, aunque no haya desarrollado separadamente la situación de la acompañante. Sentado ello, respecto de la coactora Bogado, quien viajaba como acompañante, la conclusión causal es idéntica aunque difiera la calificación jurídica de la eximente. La violación de la prioridad de paso por el conductor de la motocicleta configura hecho de la víctima respecto de Palacio pero con relación a Bogado sería el hecho de un tercero por quien el demandado no debe responder respecto por lo que, no habiédose acreditado una conducta causalmente relevante del conductor del automóvil, corresponde confirmar también el rechazo de la pretensión de esta última (arts. 1729, 1731 y 1736, C.C.C.N.).
2.8. Colofón En suma, la eximente de hecho de la víctima -respecto del coactor Palacio- y de un tercero por el cual no debe responder el demandado -respecto de la coactora Bogado- ha quedado configurada con los caracteres exigidos para desplazar íntegramente la responsabilidad objetiva del demandado, tal como se decidió en la instancia de origen (arts. 7, 1722, 1729, 1731, 1734, 1736, 1757, 1758 y 1769, C.C.C.N.; 163, 164, 260, 261, 266, 375, 384, 457 y 474, C.P.C.C.).
III. Conclusión.
Propongo al acuerdo confirmar la sentencia apelada del 1/4/2026 en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios, con costas de segunda instancia a la parte actora en su condición de vencida (arts. 68 y 274, C.P.C.C.), sin perjuicio de la eximición emergente del beneficio de litigar sin gastos concedido en forma definitiva (art. 84, C.P.C.C.).
Voto por la AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo:
Atendiendo al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior, corresponde y así lo propongo: confirmar la sentencia definitiva apelada del 1/4/2026 en cuanto ha sido materia de recurso y agravios, imponiendo las costas de segunda instancia a la parte actora vencida (arts. 68 y 274, C.P.C.C.), sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 84 del C.P.C.C.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.