Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 126417
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica la resolución apelada del 12/05/2026, rechazando la pretensión indexatoria y el planteo de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, texto según ley 25.561, y disponiendo que al capital de condena pendiente de pago se le adicionen intereses moratorios conforme la tasa TIM del BCRA desde el 02/05/2026 -fecha del pedido fundado de actualización- y hasta el efectivo pago, conforme punto 2.4. Costas de Alzada por su orden, atento la índole de la cuestión, la forma en que se decide y la ausencia de oposición al planteo revisor ensayado (arts. 68, 69 y 71, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a los 14 días del mes de Julio de 2026, reunidos en Acuerdo Telemático Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "CURIGGIANO FABIANA CLARA C/ DIAZ ARIEL FERNANDO S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" (causa: 126417), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada de fecha 12/05/2026?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez Doctor Sosa Aubone dijo:
1.1. En las presentes actuaciones, la jueza a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n°12 dictó sentencia definitiva el 28/05/2019, haciendo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Fabiana Clara Curiggiano contra Ariel Fernando Díaz, condenando a este último al pago de la suma de pesos setecientos sesenta y cinco mil ($765.000), con más intereses calculados según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, desde la fecha constitución en mora y hasta el efectivo pago.
En dicha oportunidad, asimismo, se rechazó el pedido de actualización monetaria formulado por la parte actora.
La sentencia fue recurrida únicamente por la actora y esta Sala, con fecha 19/02/2020, revocó parcialmente el decisorio en cuanto a la cuantificación de determinados rubros indemnizatorios, fijando el daño físico en la suma de pesos cuatrocientos ochenta mil ($480.000), el daño psíquico en pesos ciento veintiséis mil novecientos cincuenta ($126.950) y el daño moral en pesos doscientos mil ($200.000), confirmándose lo demás resuelto en cuanto había sido materia de recurso y agravios.
1.2. Con fecha 02/05/2026, la actora planteó la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, texto según ley 25.561, y solicitó la aplicación de la doctrina legal emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa “Barrios”, a fin de que se dispusiera la actualización monetaria del capital de condena.
Sostuvo -en prieta síntesis- que el capital reconocido en la causa ha sufrido una marcada depreciación como consecuencia del proceso inflacionario, lo que -a su entender- provoca la licuación del crédito indemnizatorio y afecta el derecho de propiedad y el principio de reparación plena.
1.3. El 12/05/2026 la jueza de la instancia de origen resolvió “Que, nuestro Tribunal Nacional ha dicho que en virtud de los principios de preclusión y cosa juzgada, es inadmisible que se modifique una decisión judicial firme con motivo de un cambio de jurisprudencia posterior (conf. CSJN Fallos 293:531).
En igual sentido la SCJBA se ha expedido decretando la imposibilidad de aplicar una nueva jurisprudencia a un pronunciamiento consentido, por cuanto no se podría prescindir de la cosa juzgada, de los límites de su jurisdicción y de las normas procesales en juego, pues de ello depende el debido proceso y el respeto a otras garantías constitucionales por las cuales se debe velar (conf. doctr. SCBA., causas B. 56.715-2, "Valenti", resol. de 15-VIII-2007; B.61.515-2, "Di Paolo", resol. de 18-XI-2022).
Ahora bien, analizadas que fueran las presentes actuaciones surge que con fecha 28/05/2019 se dictó sentencia definitiva, la que ha sido modificada parcialmente por la Excma. Cámara de Apelaciones y, habiendo adquirido firmeza, fueron devueltas a esta instancia, practicándose con posterioridad liquidaciones que fueron aprobadas, y en virtud de los embargos ordenados, previo reserva de fondos a fin de garantizar los honorarios y aportes de ley de los peritos intervinientes, se efectuaron transferencias en concepto de intereses y honorarios.
Ello así, ante la firmeza de la sentencia y las resoluciones posteriores, las que han pasado ya en autoridad de cosa juzgada, deviene inoportuno ahora tratar las cuestiones traídas, por lo que corresponde rechazar lo peticionado en el escrito a despacho (arts. 7 y 10 de la Ley 23.928; conf. SCBA, causa B 57.146, res. del 7-IX-2.005; causa B. 49.714 bis, res. del 13-VII-2.011, entre otras)”.
1.4. Contra dicha forma de decidir, el 18/05/2026 la Sra. Curiggiano interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.
Refiere que no pretende revisar la sentencia firme dictada ni alterar los rubros indemnizatorios reconocidos, sino únicamente preservar el contenido económico real del crédito judicial frente al extraordinario proceso inflacionario sobreviniente acontecido con posterioridad al dictado de la sentencia.
Señala que el planteo introducido no persigue modificar la condena firme sino evitar su desnaturalización económica; que la afectación constitucional denunciada surge con posterioridad al dictado de la sentencia, producto del mantenimiento nominal del capital frente a un fenómeno inflacionario extraordinario que licuó sustancialmente el valor adquisitivo del crédito reconocido judicialmente, por lo que no existe vulneración alguna a la cosa juzgada, toda vez que el objeto del planteo no consiste en revisar lo decidido sino en resguardar la efectividad material de la condena firme.
Enfatiza que resolución recurrida omite considerar que la doctrina legal emanada del precedente “Barrios” de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires recepta precisamente situaciones como la presente, donde la aplicación rígida del art. 7 de la Ley 23.928 conduce a resultados manifiestamente inequitativos y confiscatorios.
Aduce que el planteo de inconstitucionalidad articulado reviste carácter actual y concreto, pues la depreciación monetaria sufrida por el crédito se produjo durante la etapa de ejecución y cumplimiento de sentencia.
El 20/05/2026 la jueza desestimó el primer remedio intentado, concediendo la apelación en subsidio y ordenando el traslado a los interesados por el término de cinco días (arts. 133 y 246 del Cgo. de Proc.)
2.1. La cuestión a revisar consiste en determinar si, frente al precedente “Barrios” de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -causa C. 124.096, sentencia del 17/04/2024-, corresponde admitir en esta etapa del proceso la actualización monetaria del capital de condena y declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, texto según ley 25.561.
Esta Sala ha sostenido que los efectos del citado precedente deben ser interpretados con cuidado y prudencia, pues son las lecturas posteriores las que van delimitando sus alcances, sin incurrir en ampliaciones o abstracciones que excedan los supuestos que aquél estuvo destinado a amparar.
En tal sentido, se ha dicho que la doctrina legal emanada de “Barrios” se vincula con la irrupción de una cuestión sobreviniente relacionada con el otorgamiento de una reparación como deuda de valor y su cuantificación en dinero, debiendo observarse, en todos los casos, los principios de congruencia, buena fe, equidad, interdicción del enriquecimiento sin causa y morigeración de resultados excesivos (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164, 253, 260, 261, 266 y 384, CPCC; esta Sala, causas 137112, RS-352-2024; 131625, e.o.).
2.2. En el caso -como se expusiera- no puede soslayarse que la sentencia de mérito rechazó expresamente el pedido de actualización monetaria y fijó el régimen de intereses aplicable al crédito reconocido. Dicha decisión quedó firme, en tanto la posterior intervención de esta Alzada sólo modificó la cuantificación de ciertos rubros indemnizatorios, confirmando lo demás resuelto en cuanto había sido materia de recurso y agravios.
Desde esa perspectiva, no corresponde admitir una actualización monetaria del capital desde la fecha del hecho, desde la sentencia o desde liquidaciones anteriores, pues ello implicaría alterar lo decidido con autoridad de cosa juzgada y revisar aspectos que quedaron firmes en el proceso.
Tampoco corresponde declarar en esta instancia la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 con los alcances pretendidos, ni disponer la indexación del capital de condena mediante IPC, CER, RIPTE u otro mecanismo semejante, pues tal solución importaría reabrir cuestiones definitivamente decididas y excedería los límites derivados del principio de congruencia y de la estabilidad de las decisiones judiciales.
2.3. Sin embargo, lo expuesto no impide ponderar que, a partir del pedido formulado con fecha 02/05/2026, la parte actora introdujo una cuestión sobreviniente vinculada con la doctrina legal emanada del precedente “Barrios” y con la necesidad de preservar, hacia el futuro, la razonable eficacia económica del crédito judicial aún pendiente de satisfacción.
En el caso, además, reviste particular relevancia que, según surge de las constancias de la causa, si bien se efectuaron pagos parciales vinculados con intereses y honorarios, no se encuentra acreditada la cancelación del capital de condena. De allí que corresponde examinar si la tasa fijada en la sentencia firme continúa brindando una respuesta razonable frente al escenario económico sobreviniente, sin que ello importe alterar liquidaciones firmes, pagos ya realizados ni tramos temporales consolidados.
En precedentes análogos, esta Sala ha entendido que, sin admitir la indexación del capital ni declarar la inconstitucionalidad del régimen legal prohibitivo, resulta posible adecuar la tasa aplicable desde la petición expresa de recomposición y hacia el futuro, a fin de evitar una merma irrazonable del crédito y mantener una razonable correspondencia entre la condena pendiente y su efectivo cumplimiento (ver causa 142885). Dicha solución resulta aquí procedente, pues no implica revisar la sentencia firme ni sustituir retroactivamente el régimen de accesorios ya consolidado, sino ajustar la tasa moratoria aplicable al capital pendiente desde el momento en que la parte interesada formuló un planteo concreto y actual fundado en la doctrina legal de “Barrios”.
2.4. El Código Civil y comercial ha brindado una respuesta que, entiendo, permite dar una solución que es razonable en cuanto preserva el crédito: se trata de la tasa TIM elaborada por el Banco Central, medio que busca equiparar las prestaciones afectadas por el proceso inflacionario y que ha concitado aceptación generalizada.
Dicha tasa, publicada periódicamente por el Banco Central de la República Argentina y accesible mediante calculadora oficial (https://www.bcra.gob.ar/calculadora-de-tasa-de-intereses-moratorios-tim/), constituye un índice idóneo para preservar el contenido económico del crédito sin incurrir en una indexación plena.
En consecuencia, corresponde modificar la resolución apelada, rechazando la pretensión indexatoria y el planteo de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, texto según ley 25.561, disponiendo que al capital de condena pendiente de pago se le adicionen intereses conforme la tasa TIM del BCRA, en reemplazo de la tasa pasiva establecida en la sentencia, desde el 02/05/2026 -fecha del pedido fundado de actualización- y hasta el efectivo pago, sin capitalización.
La solución propuesta no afecta los pagos parciales ya efectuados en concepto de intereses y honorarios, ni habilita la revisión de liquidaciones firmes o períodos ya consolidados, sino que se proyecta exclusivamente sobre el saldo de capital aún impago y desde la petición expresa de recomposición hacia el futuro.
Por las razones expuestas, voto por la NEGATIVA.
A la misma primera cuestión planteada, el Señor Juez Doctor López Muro dijo: que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta; y, en consecuencia, también votaba por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez Doctor Sosa Aubone dijo: En atención al acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, modificar la resolución apelada del 12/05/2026, rechazando la pretensión indexatoria y el planteo de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, texto según ley 25.561, y disponiendo que al capital de condena pendiente de pago se le adicionen intereses moratorios conforme la tasa TIM del BCRA desde el 02/05/2026 -fecha del pedido fundado de actualización- y hasta el efectivo pago, conforme punto 2.4.
Postulo que las costas de Alzada sean impuestas por su orden, atento la índole de la cuestión, la forma en que se decide y la ausencia de oposición al planteo revisor ensayado (arts. 68, 69 y 71, CPCC).
ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada, el Señor Juez Doctor López Muro dijo: que por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, fundamentos expuestos, se modifica la resolución apelada del 12/05/2026, rechazando la pretensión indexatoria y el planteo de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, texto según ley 25.561, y disponiendo que al capital de condena pendiente de pago se le adicionen intereses moratorios conforme la tasa TIM del BCRA desde el 02/05/2026 -fecha del pedido fundado de actualización- y hasta el efectivo pago, conforme punto 2.4. Costas de Alzada por su orden, atento la índole de la cuestión, la forma en que se decide y la ausencia de oposición al planteo revisor ensayado (arts. 68, 69 y 71, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia