Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 143180
En la ciudad de La Plata, a los 6 días del mes de octubre de dos mil veintiséis, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "ARGUELLO DANIEL C/ MECCICO LILIANA S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" (causa 143.180), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia definitiva del 12/2/2026?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. Daniel Eduardo Arguello y Rosana Lorena Rodríguez promovieron demanda de daños y perjuicios contra Jorge Pablo Urbanavicius y Liliana Meccico, con citación en garantía de Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., con motivo del accidente de tránsito ocurrido el 26/9/2016, aproximadamente a las 17 horas, en la rotonda de avenida 520 y calle 19 de esta ciudad, oportunidad en la que el Renault Duster dominio LGW053, conducido por el actor y en el que viajaba la coactora como acompañante, fue embestido en su parte trasera por el Fiat Palio dominio DCC216, conducido por Urbanavicius y de titularidad registral de Meccico.
La jueza de primera instancia encuadró el caso en el régimen de responsabilidad objetiva por el riesgo de las cosas (arts. 1757, 1758 y 1769, C.C.C.N.), ponderó la rebeldía de la codemandada Meccico (arts. 59, 60 y 354 inc. 1, C.P.C.C.) -que cesó el 25/8/2022-, tuvo por acreditados el hecho y su mecánica con base en la documental, las fotografías, las constancias médicas y la prueba testimonial, y atribuyó la responsabilidad a los demandados en su calidad de conductor y titular del rodado embistente, haciendo extensiva la condena a la citada en garantía en los términos del art. 118 de la ley 17.418, con el alcance del límite de cobertura que allí determinó.
Admitió los siguientes rubros: incapacidad sobreviniente, $800.000 para cada actor; daño moral, $250.000 para cada actor; daño psicológico (incapacidad y tratamiento), $500.000 para cada actor; gastos terapéuticos y de farmacia, $150.000 para cada actor —todos ellos a valores actuales—; y reparación del rodado, $215.532 a valores del 26/9/2016, a favor del actor. Rechazó el lucro cesante, la privación de uso y la desvalorización del automotor.
La condena ascendió a $3.615.532 ($1.915.532 para Arguello y $1.700.000 para Rodríguez), con intereses a la tasa pura del 6% anual desde el hecho hasta la sentencia —para la reparación del rodado, desde la fecha del hecho—, y desde allí hasta el efectivo pago a la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) del B.C.R.A. Las costas fueron impuestas a la demandada y a la citada en garantía.
1.2. Apelaron los demandados y la citada en garantía (13/2/2026), quienes expresaron agravios (17/8/2026), los que fueron contestados por la parte actora (31/8/2026), cuyo letrado actuó en los términos del art. 48 del Código Procesal, gestión que fue ratificada.
Apeló también la coactora Argüello (24/2/2026), quien expresó agravios (4/8/2026), los que fueron contestados por los demandados y la citada (28/8/2026).
1.3. Se llamaron "autos para sentencia" (1/9/2026), providencia que está firme y consentida (consintió el 14/9/2026).
II. Tratamiento de los recursos.
2.1. Normativa aplicable. Siendo que el accidente ocurrió el 26/9/2016, esto es bajo la vigencia del Código Civil y Comercial (C.C.C.N.), dicha normativa rige para el análisis del caso (art. 7, C.C.C.N.), tal como se hizo en la instancia de origen.
2.2. Los agravios.
2.2.1. Agravios de los demandados y la citada en garantía. Se pueden extraer los siguientes:
a) Incapacidad sobreviniente. Sostienen que los peritos médico y psicólogo no constataron secuelas, que la propia sentencia reconoce que las lesiones fueron transitorias —curadas en menos de treinta días— y que, a falta de incapacidad permanente, el rubro no procede; la afectación temporaria sólo podría resarcirse como lucro cesante, que no fue alegado ni probado. Piden su rechazo o, subsidiariamente, su reducción.
b) Gastos médicos y de traslado. Afirman que no se probó erogación alguna, que los actores fueron atendidos en hospitales públicos y gratuitos, y que se otorgaron $300.000 a cada uno de ellos sin respaldo. Piden su rechazo o reducción.
c) Daño psíquico. Postulan que no tiene entidad autónoma respecto del daño material y del moral, que la sentencia lo computa cuatro veces (incapacidad física, daño moral, incapacidad psíquica y tratamiento) y que, al prescribirse tratamiento, la secuela es transitoria. Piden su rechazo o reducción.
d) Daño moral. Lo consideran excesivo ("$500.000 a cada uno"), carente de sustento probatorio, y sostienen que el hecho, de haber existido, fue menor. Piden su rechazo o reducción.
e) Reparación del rodado. Aducen que la sentencia se funda en instrumentos privados, sin firma, emanados de terceros y desconocidos, sin pericia mecánica que acredite la existencia, la cuantía y la causalidad de los daños. Piden su rechazo o reducción.
f) Tasa de interés. Sostienen que la TIM no es una tasa de interés sino un mecanismo que contiene componentes indexatorios, vedados por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, y que, habiéndose cuantificado a valores actuales, corresponde aplicar la tasa pura del 6% anual desde la mora hasta el pago o, subsidiariamente, desde la cuantificación, la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
2.2.2. Contestación de la actora. Solicita que se declare desierto el recurso por no contener una crítica concreta y razonada. Subsidiariamente, defiende la sentencia en cada uno de los rubros cuestionados y la tasa aplicada.
2.2.3. Agravios de la parte actora. El coactor Arguello cuestiona: a) el rechazo del lucro cesante, pues utilizaba el automóvil para trabajar y las lesiones le impidieron laborar; b) el rechazo de la privación de uso, que considera derivación lógica de los daños acreditados en el rodado; c) el rechazo de la desvalorización del automotor; y d) los intereses, pidiendo que se declare la inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la ley 23.928, se actualicen las sumas por IPC desde el hecho, con más un interés compensatorio del 6% anual capitalizado conforme el art. 770 incs. "b" y "c" del C.C.C.N., con invocación de la doctrina de la S.C.B.A. en la causa "Barrios".
2.2.4. Contestación de los demandados y la citada. Remiten a sus propios agravios, sostienen que las quejas de la actora son una mera reedición de su postura, que la capitalización de intereses es una pretensión novedosa introducida en la alzada y prohibida por el art. 770 del C.C.C.N., y que el precedente "Barrios" no resulta análogo, pues la deuda fue cuantificada a valores actuales.
2.3. Suficiencia. Las expresiones de agravios vertidas, analizadas en su totalidad con un criterio amplio por estar en juego el derecho de defensa en juicio (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.), superan el test de admisibilidad, más allá de la insuficiencia respecto de algún agravio en particular, por lo que corresponde desestimar el pedido de deserción formulado por la actora (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
2.4. Aclaraciones preliminares.
2.4.1. La atribución de responsabilidad no ha sido objeto de agravio, por lo que ha arribado firme a esta instancia (arts. 260, 261 y 266, C.P.C.C.). En consecuencia, los cuestionamientos que reiteran la negativa del hecho o la inexistencia de nexo causal entre éste y las lesiones deben ser examinados sólo en cuanto se proyectan sobre la procedencia y cuantía de cada rubro.
2.4.2. Los rubros cuyo rechazo cuestiona la parte actora (lucro cesante, privación de uso y desvalorización) conciernen al coactor Daniel Arguello y al automotor de su propiedad, por lo que lo que aquí se decida respecto de ese recurso sólo aprovechará a él (arts. 260, 261 y 266, C.P.C.C.).
2.4.3. Los apelantes demandados parten de cifras equivocadas en varios de sus agravios: la sentencia no otorgó $300.000 a cada actor por gastos, sino $150.000 a cada uno ($300.000 en total), ni $500.000 a cada uno por daño moral, sino $250.000 a cada uno ($500.000 en total). Tampoco es exacto que no obren historias clínicas: la sentencia valoró las de ambos actores (fs. 63 y 78), que dan cuenta de su atención en la guardia del Hospital Italiano de La Plata el mismo día del hecho, con diagnóstico de latigazo cervical.
2.5. Quantum debeatur.
Establecida la responsabilidad del sector demandado, debo analizar los daños otorgados y rechazados en la medida de los agravios vertidos (arts. 163, 164, 260, 261, 266 y 384, C.P.C.C.), recordando que la prueba del daño constituye presupuesto indispensable para la condena indemnizatoria y que su demostración incumbe a quien reclama (arts. 1744, C.C.C.N.; 375, C.P.C.C.), y que en la tarea de fijar su alcance y cuantía no se debe trasponer el área de la equidad y la justicia, acotada, por un lado, por el principio de reparación plena y, por otro, por el que impide lucrar con el daño sufrido (arts. 1, 2, 9, 10, 1738, 1739, 1740 y 1741, C.C.C.N.).
2.5.1. Incapacidad sobreviniente (física).
2.5.1.1. La jueza de primera instancia, con base en la pericia médica del Dr. Javier Adrián Bardón (19/2/2024 y explicaciones del 5/3/2024), al tratar el rubro “incapacidad sobreviniente” tuvo por acreditado que ambos actores padecieron lesiones cervicales leves compatibles con un latigazo cervical sin desplazamiento, sin lesiones óseas traumáticas, que determinaron una incapacidad física parcial y transitoria por un lapso menor a treinta días, sin secuelas objetivables atribuibles al hecho, sin déficit neurológico y con rangos de movilidad, fuerza y reflejos conservados. No obstante, consideró que la lesión en sí misma debía ser resarcida aun sin secuelas y fijó $800.000 para cada actor.
2.5.1.2. Bajo el vocablo incapacidad he de computar, a los efectos de una reparación plena o integral —receptada por el art. 1740 del C.C.C.N. y con base en los arts. 17, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional—, la lesión en sí misma como ofensa a la integridad corporal, el detrimento que ella produce en la aptitud productiva y el menoscabo que apareja en la vida de relación (ver voto del Dr. Roncoroni en las causas L. 70.185, del 23/10/2002 y Ac. 90.471, del 24/5/2006).
Ahora bien, la incapacidad sobreviniente comprende las secuelas o disminuciones físicas o psíquicas que pudieren quedar luego de completado el período de recuperación o restablecimiento (conf. SCBA, Ac. 42.528, 19/6/90; Ac. 54.767, 11/7/95; Ac. 79.922, 29/10/2003), lo que no puede confundirse con la incapacidad transitoria, que abarca las limitaciones temporales luego curadas, ni con el lucro cesante, que consiste en el resarcimiento de las ganancias dejadas de percibir durante el tiempo que haya demandado la curación de la víctima (SCBA, Ac. 52.258, 2/8/94; Ac. 75.918, 21/11/2001; C. 95.167, 5/12/2012).
Ello se refleja en el art. 1746 del C.C.C.N., que manda evaluar la indemnización sobre la base de una incapacidad definitiva, mediante la determinación de un capital cuyas rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizándolas, lo que presupone una disminución que se proyecta en el tiempo.
La limitación transitoria, en cambio, tiene una doble proyección: en el plano patrimonial, se traduce en las ganancias dejadas de percibir o en las erogaciones realizadas durante la convalecencia —lucro cesante y gastos—, y en la afectación de la integridad física más allá de que no deje secuelas, lo cual que debe ser alegado y probado (arts. 1738 y 1744, C.C.C.N.; 375, C.P.C.C.); y en el plano extrapatrimonial, en el dolor, las molestias y la alteración de la vida cotidiana durante ese período, que integran el daño moral (art. 1741, C.C.C.N.).
2.5.1.3. En el caso, el perito descartó secuelas físicas y precisó que no existen impedimentos médicos para la realización de actividades laborales, recreativas o deportivas (arts. 384 y 474, C.P.C.C.). Durante el breve período de convalecencia, los actores no alegaron ni probaron actividad productiva alguna afectada —como lo destacó la propia sentencia y constituye el fundamento del rechazo del lucro cesante, que se confirma más adelante—; los gastos derivados de las lesiones han sido resarcidos en su rubro específico; y el padecimiento que la lesión y su curación les provocaron fue expresamente considerado por la jueza al fijar el daño moral, al ponderar "las lesiones padecidas".
En consecuencia, lo afirmado en la demanda en orden a que los dolores y afecciones producto del accidente se mantenían, ha sido desmentido a través de la prueba producida en autos.
En tales condiciones, otorgar además una suma autónoma por "incapacidad sobreviniente", sin secuela incapacitante alguna y sin repercusión patrimonial acreditada, importa resarcir un rubro incapacitante no probado, que no puede otorgarse como incapacidad transitoria por no haber sido peticionado e importaría no sólo violar el principio de congruencia, sino otorgar una reparación sin causa, lo que desorbita irrazonablemente el marco de la reparación plena y se traduce en un enriquecimiento sin causa (arts. 10, 1738, 1740, 1741, 1744 y 1746, C.C.C.N.).
La respuesta de la actora, que invoca la protección constitucional de la integridad psicofísica, no conmueve lo expuesto, pues no se trata de negar la tutela de ese bien jurídico, sino de reconocer que en el caso sus consecuencias ya fueron reparadas por las vías que correspondía (gastos médicos y de farmacia), sin que en la demanda se haya reclamado reparación de la incapacidad transitoria, más allá de lo alegado respecto del lucro cesante (arts. 18, Const. Nac.; 163, 164, 260, 261, 266, 272, 330 y 384, C.P.C.C.).
2.5.1.4. Por ello, corresponde hacer lugar a este agravio y dejar sin efecto la suma de $800.000 otorgada a cada uno de los actores por incapacidad sobreviniente física (arts. 163, 164, 260, 261, 375, 384 y 474, C.P.C.C.; 1, 2, 3, 7, 1716, 1737, 1738, 1740, 1741, 1744 y 1746, C.C.C.N.).
2.5.2. Daño psíquico y tratamiento.
2.5.2.1. Con base en la pericia de la médica psiquiatra Mirta Julia Álvarez (dictámenes del 7/9/2023 y 2/10/2023), que fue impugnada y ratificada en sus explicaciones, la jueza tuvo por acreditado que el actor presenta un trastorno adaptativo con ansiedad de tipo crónico y la actora un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo, ambos vinculados causalmente con el accidente, con afectación moderada, un 15% de incapacidad y la recomendación de un tratamiento de seis meses. Tomando en cuenta la entidad del daño, lo otorgado por daño moral y el costo del tratamiento según el nomenclador del Colegio de Psicólogos ($34.000 por sesión), fijó $500.000 para cada actor.
2.5.2.2. Como la pericia parece responder a una realidad muy diferente de la que surge de la prueba de autos, he de transcribirla en lo pertinente: “… Daniel Eduargo Arguello… ENTREVISTA PSIQUIATRICA: El actor concurre a la evaluación a la hora acordada, conoce los motivos y presta su consentimiento. Respecto a sus antecedentes personales y familiares refiere que convivió con sus padres y 7 hermanos, no relata antecedentes psicopatológicos personales ni heredofamiliares. Realizó su escolaridad sin inconvenientes; comenzó a trabajar a los 11 años vendiendo empanadas y tortas fritas para colaborar con la economía familiar. A los 18 años se casó con Rosana, 48 años, tienen tres hijos: Hernán, 28 años; Sofía, 26 años y Patricio, 25 años.
Actualmente y desde hace 26 años se desempeña laboralmente en Astilleros, realiza tareas de caldedería. Al interrogarlo sobre el hecho que originó estas actuaciones rememora con alto grado de angustia y signos de ansiedad las circunstancias de la situación, refiriendo que se desplazaba en la camioneta que había comprado hacía dos meses acompañado por su esposa y fueron chocados en la parte trasera de su vehículo, como consecuencia delo relatado presentó un síndrome del “latigazo cervical” por el que fue asistido en el Hospital Italiano. Paralelamente a las lesiones físicas padecidas presentó intenso temor sobre todo vinculado a las consecuencias de este hecho en la salud de su esposa que lo acompañaba; también padeció dificultades para conciliar y mantener el sueño, imágenes intrusivas que lo sobresaltaban, dificultades en la concentración, pocos deseos de realizar sus actividades cotidianas.
Dejó de conducir durante un tiempo, en la actualidad y debido a la necesidad de desplazarse para concurrir a su trabajo, conduce, pero lo realiza con excesiva aprehensión, evita circular por zonas muy transitadas y verificando frecuentemente por el espejo retrovisor la distancia de otros vehículos. Actualmente, presenta ansiedad, angustia, sensación de impotencia y de injusticia ante lo sucedido y las secuelas por lo que se ha visto resentida su salud, su actividad laboral, familiar, social y deportiva. Tristeza y preocupación ya que había logrado adquirir con esfuerzo el vehículo que deseaba y no poseer los medios económicos para poder repararlo. El Sr. Argüello se presenta colaborador durante la evaluación, su conducta es procedente, concurre con vestimenta acorde a la situación, se encuentra vigil, lúcido, orientado globalmente.
Atención: dirigida a la interlocutora, con dificultades en la concentración. Memoria: algunas fallas en la evocación. Pensamiento y lenguaje: el discurso del actor es de cantidad adecuada, tono normal, pensamiento lógico, coherente. Presenta ideas de minusvalía; no se detectan ideas de autoeliminación ni planificación suicida. Dificultades para la realización de sus actividades habituales, de esparcimiento y recreativas. Evitación de situaciones o actividades que le recuerden el episodio y ansiedad anticipatoria. No presenta antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas. En el plano afectivo presenta ansiedad, angustia, irritabilidad, inestabilidad emocional, impotencia, sentimiento de injusticia, tendencia al aislamiento, tristeza por las pérdidas.
Escala de evaluación de la actividad global: El actor presenta una puntuación de 60, correspondiente a: Síntomas moderados o dificultades moderados en la actividad social, laboral o escolar. Conclusión diagnóstica: En el examen psiquiátrico realizado al actor, se evaluó que sobre una personalidad de base bien integrada se asienta la sintomatología actual en relación específicamente al factor estresor, en este caso el trauma vivido, que por mecanismos psicológicos de desplazamiento irrumpe en el área afectiva. La patología psiquiátrica que presenta el Sr. Argüello es coherente, novedosa en su biografía, está relacionada causalmente con el accidente vivido y le ha provocado una disminución en sus aptitudes psíquicas previas, por lo que se ha visto resentida su salud, su actividad laboral, familiar, social y artística.
La patología que presenta el examinado se clasifica como Trastorno Adaptativo con ansiedad, de tipo crónico.”
“Actora Nº 2: DATOS PERSONALES: Nombre y apellido: Rosana Lorena Rodriguez. … Estudios cursados: Secundarios. Ocupación: Empleada doméstica. ENTREVISTA PSIQUIATRICA: La examinada concurre a la hora acordada, comportándose en forma adaptativa en la situación de evaluación. No se evidenciaron actitudes de simulación ni inclinación a sobredimensionar los hechos de autos, como así tampoco las consecuencias de índole psicológica de los mismos. La organización de su vocabulario permite estimar una capacidad intelectual normal. Respecto a algunos aspectos de su historia vital, convivió con sus padres y dos h
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