Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 143474
En la ciudad de La Plata, a los 8 días del mes de Octubre de 2026, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "SOÑEZ BRIAN NICOLAS C/ VAMPA RODOLFO ALFREDO y otros S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" (causa: 143474), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ª. ¿Es justa la sentencia apelada del 26 de junio de 2026?
2ª. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOSA AUBONE DIJO:
1. El 27/5/2021 Brian Nicolás Soñez demandó a Juan Francisco Vampa y a Rodolfo Alfredo Vampa por los daños derivados del choque ocurrido el 19/5/2020, alrededor de las 20:20 horas, en la avenida 7 entre las calles 505 y 506 de La Plata. Sostuvo que conducía su Fiat Palio, dominio BTT852, cuando el Fiat Argo, dominio AC581XQ, que circulaba unos diez metros adelante, en igual sentido pero por la mano rápida, giró intempestivamente y sin señalización para ingresar a un garaje, constituyéndose en un obstáculo insalvable.
2. El 20/9/2021 los demandados negaron los hechos y reconvinieron. Afirmaron que Juan Francisco Vampa se aproximaba a su domicilio, colocó la luz de giro para ingresar y fue embestido desde atrás por el Palio, que circulaba a alta velocidad. Reclamaron incapacidad sobreviniente, gastos médicos y de farmacia, daño psíquico, pérdida de chance, daño moral y daños al automotor.
3. El 24/2/2022 Escudo Seguros S.A., citada en garantía como aseguradora del Palio, contestó la reconvención y opuso falta de legitimación pasiva por inexistencia de seguro.
4. La sentencia del 26/6/2026: (i) rechazó la demanda de Soñez; (ii) hizo lugar a la reconvención; (iii) admitió la excepción de la citada en garantía; (iv) condenó a Soñez a pagar $17.450.000, con un interés puro del 6% anual desde el hecho hasta el pronunciamiento y, de allí en más, la tasa pasiva digital; y (v) impuso las costas al actor reconvenido.
El capital de condena se integró así: "daño sufrido en su persona" de Juan Francisco Vampa, $1.250.000; gastos médicos y de farmacia, $200.000; daño moral, $2.000.000 para Juan Francisco y $1.000.000 para Rodolfo Alfredo; daño psíquico —comprensivo de los tratamientos aconsejados—, $5.000.000 y $3.000.000, respectivamente; reparación del rodado, $4.000.000; y privación de uso, $1.000.000. Se rechazaron la pérdida de chance y la desvalorización del rodado.
5. Apelaron ambas partes. El actor reconvenido expresó agravios el 17/8/2026 (gestión ratificada el 18/8/2026, art. 48, CPCC), contestados el 30/8/2026. Los demandados reconvinientes lo hicieron el 16/8/2026, con respuesta del 18/8/2026. La citada en garantía, notificada del traslado, no lo contestó. El 4/9/2026 se llamó autos para sentencia, providencia que quedó consentida el 16/9/2026.
1. Del actor reconvenido. Solicita que se revoque la sentencia, se admita su demanda y se rechace la reconvención; en subsidio, que se declare la responsabilidad concurrente, con una participación de los demandados no inferior al 50%. Sus críticas pueden ordenarse del siguiente modo:
a) Mecánica y responsabilidad. Afirma que no fue un mero choque por alcance: el Argo provenía del carril rápido y cruzó en diagonal el carril lento para ingresar a un garaje situado a su derecha. Sostiene que la presunción que pesa sobre el embistente se aplicó automáticamente, que no se juzgó la maniobra de giro (arts. 39 inc. b y 43, ley 24.449), que la velocidad que se le atribuye no excluye la incidencia causal de aquella, que los testimonios fueron descartados con una fórmula genérica, que se sobrevaloró la pericia mecánica y que la duda sobre la señalización no podía favorecer a quienes debían probar la eximente.
b) Derecho aplicable. Señala que el hecho es de 2020 y se rige por el Código Civil y Comercial, pese a lo cual el fallo invoca la "normativa anterior" y los arts. 901 a 904, 1078, 1109 y 1113 del Código Civil derogado.
c) Citada en garantía. Entiende que los comprobantes de la póliza n° 8.206.628, con vigencia entre el 29/1/2020 y el 29/5/2020, constituyen principio de prueba por escrito; que la carga de acreditar la inexistencia del contrato o la suspensión de cobertura pesaba sobre la aseguradora; y que el acta de infracción del 22/5/2020 sólo prueba que no portaba el recibo.
d) Rodolfo Alfredo Vampa. Afirma que es un damnificado indirecto, sin legitimación para reclamar daño moral (art. 1741, CCCN), y que el daño psíquico que se le reconoce es, en sustancia, un sufrimiento reflejo.
e) Rubros de Juan Francisco Vampa y del rodado. Cuestiona la "incapacidad transitoria" por contradecir la pericia traumatológica; el daño psíquico por falta de pautas objetivas y superposición con el tratamiento y el daño moral; el daño moral por dogmático; los gastos médicos por carecer de base; la reparación del rodado por actualizarse sin método; y la privación de uso por desproporcionada.
f) Congruencia, intereses y costas. Destaca que la reconvención se promovió por $2.007.224 y se concedieron $17.450.000 sin método identificable; pide que los intereses se adecuen a la fecha de valuación de cada rubro y que se revise la imposición de costas.
2. De los demandados reconvinientes. Piden que se eleven todos los rubros admitidos —lesiones, gastos, daño moral, daño psíquico, reparación y privación de uso—, mencionan la desvalorización del rodado y cuestionan la tasa de interés: solicitan la tasa activa desde el hecho, con invocación del precedente "Barrios" de la Suprema Corte.
3. Contestaciones. El actor reconvenido pide que se declare desierto el recurso contrario, al menos en lo relativo a la desvalorización y a los pedidos de incremento carentes de cuantificación, y en subsidio su rechazo. Los reconvinientes sostienen que la maniobra que se les atribuye es inexistente, que la mecánica fue reconstruida por el perito y que el memorial del actor sólo trasunta disconformidad.
Ambas partes se imputan recíprocamente la insuficiencia de sus memoriales (arts. 260 y 261, CPCC). El del actor reconvenido contiene una crítica concreta de los fundamentos del fallo y supera con holgura el umbral legal. El de los reconvinientes es marcadamente más genérico; no obstante, con el criterio amplio que esta Sala aplica en resguardo del derecho de defensa, lo consideraré en todo aquello que permita identificar el motivo de la queja. La excepción es el capítulo de la desvalorización del rodado, sobre el que volveré (ap. 5.4.b).
En este punto el actor reconvenido tiene razón. El hecho ocurrió el 19/5/2020, casi cinco años después de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (1/8/2015; ley 27.077). La relación jurídica nació bajo la ley nueva y se rige íntegramente por ella (art. 7, CCCN). No hay aquí cuestión alguna de derecho transitorio, y la invocación de la "normativa anterior" y de los arts. 901 a 904, 1078, 1109 y 1113 del Código Civil derogado constituye un error.
El error, sin embargo, no conduce por sí solo a la revocación. En materia de atribución de responsabilidad y de eximentes el resultado es el mismo bajo los arts. 1722, 1726, 1729, 1734, 1757, 1758 y 1769 del CCCN, que son los que corresponde aplicar. Donde la diferencia de régimen sí es decisiva es en la legitimación para reclamar el daño moral, y allí la corrección tendrá consecuencias (ap. 5.2.a).
3.1. Marco. El choque entre dos automotores en movimiento se rige por el factor objetivo de atribución (arts. 1757, 1758 y 1769, CCCN). Los riesgos recíprocos no se neutralizan ni se compensan: cada dueño o guardián responde por los daños que su cosa causó al otro, salvo que acredite una causa ajena (SCBA, Ac. 33.155, "Sacaba de Larosa", sent. del 8/4/1986, doctrina que se mantiene bajo el nuevo Código). La eximente invocada -y por ende relevante- es el hecho del damnificado, que excluye o limita la responsabilidad según su incidencia causal (art. 1729, CCCN), y su prueba incumbe a quien la invoca (arts. 1734, CCCN; 375, CPCC), con valoración conforme a la sana crítica y sin exclusión de la prueba indiciaria (arts. 163 inc. 5 y 384, CPCC).
De ello se sigue un reparto de cargas que el memorial del actor desdibuja. Frente a la demanda de Soñez, eran los Vampa quienes debían probar que la conducta de aquel fue la causa del choque. Frente a la reconvención, era Soñez quien debía probar que lo fue —en todo o en parte— la maniobra de Juan Francisco Vampa.
3.2. Lo acreditado. No se discuten el día, la hora, el lugar, los vehículos ni sus conductores. Tampoco que ambos circulaban por la avenida 7 en el mismo sentido, que el Argo iba adelante y se disponía a ingresar a un inmueble situado a su derecha, y que el contacto se produjo entre el frente del Palio y el extremo trasero derecho del Argo.
La planimetría de la causa penal (fs. 44, IPP 06-00-016731-20/00) registra una huella de frenada del Palio de 27,70 metros en su lado derecho y de 14,10 metros en el izquierdo. El perito ingeniero mecánico Alejandro Mario Sendin, en su dictamen del 25/10/2022, concluyó que el Fiat Argo detuvo su marcha a mitad de cuadra para ingresar a un domicilio ubicado a su derecha y fue embestido en su extremo trasero derecho por el frente del Palio, que circulaba a más de 80 km/h y que, pese a un frenaje de emergencia, no logró detenerse. Tras el impacto el Fiat Argo giró unos 90 grados (un cuarto de “trompo”) y el Palio unos 135 (casi medio “trompo”), ambos en sentido horario.
3.3. La conducta de Soñez. En las avenidas la velocidad máxima es de 60 km/h (art. 51 inc. a.2, ley 24.449; ley 13.927). Soñez la superaba, como mínimo, en un tercio. A ello se suman el deber de circular a una velocidad que permita conservar en todo momento el dominio del vehículo (arts. 39 inc. b y 50) y la prohibición de conducir a una distancia del vehículo precedente menor de la prudente según la velocidad de marcha (art. 48 inc. g). La ley presume responsable del accidente a quien cometió una infracción relacionada con su causa (art. 64).
El apelante sostiene que una infracción administrativa no equivale a causa exclusiva y que faltó un juicio contrafáctico. No comparto la objeción. La velocidad no es aquí un dato reglamentario desvinculado del resultado: determina la distancia que el vehículo recorre mientras su conductor percibe el obstáculo y reacciona, y la que necesita para detenerse. A 80 km/h se recorren más de 22 metros por segundo. Las huellas muestran que Soñez frenó a lo largo de casi 28 metros y, aun así, llegó al punto de contacto con energía suficiente para hacer girar un cuarto de vuelta al vehículo embestido y casi media vuelta al propio. El juicio contrafáctico que reclama surge de la misma prueba: quien circula un tercio por encima del máximo permitido se priva del margen de detención que la norma procura asegurar, y esa privación es la que explica el choque.
3.4. La versión del actor. La tesis del giro intempestivo desde el carril rápido, a diez metros y sin señalización, no encuentra sustento en la prueba, y el memorial no indica cuál sería.
En primer lugar, para afirmar que el Argo provenía de la mano rápida el apelante se limita a recordar que "desde el inicio se afirmó" tal cosa. Remite, pues, a su propia demanda. Las afirmaciones unilaterales de una parte, negadas por la contraria, no constituyen prueba (arts. 354 inc. 1, 362 y 375, CPCC).
En segundo lugar, la pericia mecánica no describe una trayectoria diagonal desde el carril izquierdo, sino un vehículo que detiene su marcha para ingresar a un inmueble ubicado a su derecha. El apelante reprocha al fallo no haber determinado el carril del impacto, la posición angular de los rodados ni el tiempo transcurrido entre el inicio de la maniobra y la colisión; pero no señala qué elemento de la causa permitiría responder esos interrogantes en el sentido que propone. La falta de prueba de un hecho no se suple con la enumeración de lo que habría sido útil probar.
En tercer lugar, la queja sobre la valoración de los testimonios es fundada en cuanto a la forma —la sentencia los despacha con una sola frase—, pero el memorial incurre en la misma generalidad que critica: no identifica al testigo, no transcribe ni resume sus dichos y no explica por qué acreditarían la falta de señalización o la procedencia del Argo desde el otro carril. La crítica concreta y razonada que exige el art. 260 del CPCC imponía hacerlo. Los reconvinientes, al contestar, señalan que el actor aportó un único testigo (audiencia del 10/3/2025) y que su declaración careció de contundencia. En ese sentido, no se evidencia por parte de la actora reconvenida probanza alguna que pueda disminuir la responsabilidad atribuida, ni que permita apartarse de la valoración del juez de grado, que calificó las testimoniales rendidas en autos como contradictorias en lo atinente a la señalización de la maniobra efectuada por el demandado reconviniente.
En cuarto lugar, la versión es difícilmente conciliable con los datos objetivos. Si el Argo hubiera irrumpido en la línea de marcha del Palio a diez metros de distancia, no se explica una frenada de 27,70 metros previa al contacto: la extensión de la huella indica que el obstáculo fue advertido desde bastante más lejos. Y aun en la hipótesis del propio actor, circular a más de 80 km/h a diez metros de otro vehículo importa, por sí, la infracción del art. 48 inc. g. Tampoco la localización del impacto en el extremo trasero —y no en el lateral— favorece la tesis del cruce transversal.
A mayor abundamiento, en la anamnesis que recogió la perito psicóloga Paula Andrea Ruiz (dictamen del 20/6/2023) el propio actor relató que transitaba por la mano lenta "cuando el vehículo que circulaba por delante se mete en una cochera". El relato, con el valor limitado que cabe asignar a una manifestación referida por un experto, no menciona un cruce desde el otro carril, lo que es coherente con lo expuesto.
3.5. La duda sobre la señalización. El apelante sostiene que, si la advertencia del giro no se probó de modo concluyente, la incertidumbre no podía jugar a favor de los Vampa. El argumento confunde los dos planos. En la reconvención, la maniobra antirreglamentaria es la eximente que invoca Soñez; la duda sobre su existencia pesa sobre él (art. 1734, CCCN). En la demanda, los Vampa debían probar el hecho del damnificado y lo hicieron con prueba objetiva —velocidad, huellas, carácter de embistente—, suficiente para explicar por sí sola la colisión. No les era exigible, además, la prueba negativa de no haber incurrido en la irregularidad que la contraria les imputó sin acreditarla.
El ingreso a un inmueble a mitad de cuadra es una contingencia del tránsito urbano que no ha sido la causa eficiente de la embestida, ya que esta pudo ser evitada por un conductor atento, que circulara a la velocidad permitida y a una distancia prudencial. Las reglas sobre velocidad y distancia existen precisamente para que quien circula detrás pueda afrontar dicha contingencia. La presunción que recae sobre quien embiste desde atrás no fue, entonces, aplicada de manera automática: aparece corroborada por la pericia, la planimetría y la infracción comprobada.
3.6. Conclusión. La conducta de Soñez fue la causa exclusiva del choque. Ello exime a los demandados frente a la demanda (art. 1729, CCCN) y deja al actor sin eximente frente a la reconvención (arts. 1734, 1757 y 1758, CCCN), lo que desemboca en su plena responsabilidad por los daños causados en el siniestro (arts. 39 inc. b, 48 inc. g, 50, 51 inc. a.2 y 64, ley 24.449; 1722, 1729, 1734, 1757, 1758 y 1769, CCCN; 163 incs. 5 y 6, 375, 384 y 474, CPCC). Propongo confirmar la sentencia en este aspecto, con la rectificación normativa indicada en el apartado 2.
4.1. La sentencia admitió la defensa de Escudo Seguros S.A. porque: (i) en la causa penal (fs. 16) sólo obran copias de cuatro comprobantes emitidos para el pago del seguro, póliza n° 8.206.628, a nombre de Soñez, con vigencias entre el 29/1/2020 y el 29/5/2020, "sin sus respectivos comprobantes de pago"; (ii) el 22/5/2020, tres días después del hecho, se labró a Soñez un acta de infracción por falta de comprobante del último pago del seguro obligatorio; y (iii) la póliza no fue agregada "no obstante lo proveído con fecha 28/04/2026 (art. 386 del C.P.C.C.)".
4.2. El agravio es fundado. La sentencia invoca la providencia del 28/4/2026 en un sentido opuesto al que tiene.
La secuencia es la siguiente. La pericia contable fue ofrecida por la propia aseguradora. El perito contador Juan Ignacio Bergaglio informó el 29/12/2025 que los correos dirigidos a los contactos que aquella había suministrado eran devueltos y que el teléfono estaba fuera de servicio, y el 6/3/2026 que no se le había puesto a disposición documentación alguna. El 31/3/2026 el juzgado, "atento el tiempo transcurrido y las diferentes intimaciones", intimó "por última vez" a los liquidadores para que en cinco días denunciaran datos de contacto vigentes o pusieran la documentación a disposición del experto, bajo apercibimiento de lo normado por el art. 386 del CPCC. El 20/4/2026 el perito informó que no hubo respuesta. El 28/4/2026 se hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo presente "la conducta omisiva en los términos del art. 386 CPCC", para ser mensurada al dictar sentencia.
Quien no trajo la documentación fue, entonces, la aseguradora. Y la consecuencia que la ley asigna a esa conducta es una presunción en su contra, no a su favor.
4.3. La presunción del art. 386. La norma dispone que, cuando por otros elementos de juicio resulta manifiestamente verosímil la existencia y el contenido del documento, la negativa a presentarlo constituye una presunción en contra de quien lo retiene. Esos otros elementos existen: cuatro comprobantes emitidos para el pago del seguro, con número de póliza, nombre del asegurado y un período de vigencia —29/1/2020 a 29/5/2020— que comprende la fecha del siniestro. La sentencia no dice que hayan sido desconocidos, y de la lectura de la contestación no surge una negativa expresa, por lo que cabe aplicar el reconocimiento del art. 354 inc. 1 del ritual. Valen, además, como principio de prueba por escrito del contrato (art. 11, ley 17.418). Sumada a ellos la presunción legal, tengo por acreditada la existencia del seguro y su vigencia al 19/5/2020.
4.4. El pago de la prima. La sentencia puso el acento en la falta de recibos y en el acta de infracción. Ninguno de los dos datos alcanza.
La suspensión de cobertura por mora es una defensa anterior al siniestro y, como tal, oponible (arts. 31 y 118, ley 17.418); pero su presupuesto de hecho debe ser probado por la aseguradora que la invoca (art. 375, CPCC). El medio idóneo era, precisamente, la pericia sobre sus registros de emisión y cobranza, que ella misma ofreció y ella misma frustró. Quien impide la producción de la prueba de la que depende su defensa no puede beneficiarse con la incertidumbre resultante.
El acta del 22/5/2020 acredita que, en un control posterior, el conductor no exhibió el comprobante del último pago. No prueba que la cuota estuviera impaga el día 19 ni que la cobertura se hallara suspendida. Equiparar la falta de portación del recibo con la falta de seguro excede lo que el instrumento permite inferir.
4.5. La liquidación. El estado de liquidación de la compañía no modifica la conclusión. Los liquidadores sustituyen a sus órganos, fueron notificados de las intimaciones y su silencio es imputable a la entidad.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.