Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 143577
En la ciudad de La Plata, a los 6 días del mes de octubre de dos mil veintiséis, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "DIAZ VALERIA ESTHER Y OTROS c/SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA s/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)" (causa 143.577), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la sentencia apelada del 30/6/2026?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. El Juzgado en lo Civil y Comercial n° 27 dictó sentencia el 30/6/2026 (RS-70-2026), por la que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida a raíz del accidente de tránsito ocurrido el 12/7/2022 y condenó a Enzo Nicolás Sosa Aguirre y, en la medida del seguro, a la citada en garantía Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada -aclarando que el tope de cobertura no podrá ser inferior a la cobertura básica mínima vigente al tiempo del pronunciamiento- a abonar: a) a Roberto Nahuel Eseiza, la suma de $ 5.600.000 por la destrucción total del rodado, desestimando el rubro privación de uso; y b) a Valeria Esther Díaz y a Luis Roberto Piedra, la suma de $ 13.820.000 para cada uno de ellos, comprensiva de $ 9.000.000 por incapacidad sobreviniente física, $ 1.920.000 por el costo del tratamiento psicoterapéutico futuro, $ 2.500.000 por daño moral y $ 400.000 por gastos médicos, de traslado y movilidad. Desestimó, en cambio, el reconocimiento de una incapacidad psíquica como rubro indemnizatorio autónomo.
Dispuso asimismo que sobre el capital de condena se aplique una tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho (12/7/2022) y hasta el dictado de la sentencia, y desde allí y hasta el efectivo pago la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) fijada por el Banco Central de la República Argentina mediante Resolución 1/2026 del 7/1/2026, en los términos del art. 768 inc. "c" del C.C.C.N., sin capitalización de los accesorios (considerando 8°). Rechazó el planteo de actualización e inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 (considerando 9°) e impuso las costas al demandado y a la aseguradora citada en garantía.
1.2. Apelaron el demandado y la citada en garantía (30/6/2026), recursos que fueron concedidos libremente el 6/7/2026. Expresaron agravios el 14/8/2026, los que fueron contestados por la parte actora el 25/8/2026.
1.3. Se llamaron "autos para sentencia" el 31/8/2026, providencia que se encuentra firme, consentida el 9/9/2026.
II. Tratamiento del recurso.
2.1. Normativa aplicable. Siendo que el accidente ocurrió el 12/7/2022, esto es bajo la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, dicha normativa rige el análisis del caso (art. 7, C.C.C.N.), tal como se decidió en la instancia de origen.
Sentado ello, pasaré a analizar los cuestionamientos vertidos.
2.2. Los agravios de la parte demandada y de la citada en garantía.
2.2.1. Sostienen, en primer lugar, que la sentencia tuvo por acreditado un nexo causal que no surge demostrado de la pericia médica, pues la mera constatación de alteraciones cervicales en un examen practicado casi tres años después del hecho no autoriza a atribuirles origen traumático, sin que el experto haya explicado por qué no se trata de modificaciones preexistentes, constitucionales o degenerativas.
2.2.2. En segundo término, cuestionan la falta de fundamentación científica del porcentaje del 10%, asignado por igual a ambos actores pese a que los estudios por imágenes arrojan hallazgos distintos, y sin precisar limitación funcional, maniobras semiológicas, rangos de movilidad ni carácter permanente de las secuelas.
2.2.3. En tercer lugar, afirman que el fallo convierte un hallazgo de resonancia magnética en una incapacidad permanente, y, en cuarto lugar, que ha aplicado indebidamente el art. 474 del C.P.C.C., al estar a las conclusiones periciales por la sola ausencia de prueba de signo contrario.
2.2.4. En quinto lugar, postulan la improcedencia o, subsidiariamente, la reducción del rubro incapacidad sobreviniente, por resultar excesiva la suma de $ 9.000.000 para cada actor frente a la ausencia de prueba de ingresos y de la concreta incidencia de las secuelas en sus actividades.
2.2.5. En sexto y séptimo lugar, impugnan el reconocimiento del tratamiento psicoterapéutico futuro ($ 1.920.000 para cada actor), en tanto el perito psiquiatra determinó una incapacidad parcial y transitoria con pronóstico favorable, ninguno de los actores había iniciado tratamiento especializado y la experticia fue oportunamente impugnada; y cuestionan la relación causal del cuadro psíquico con el accidente.
2.2.6. En octavo lugar, solicitan la reducción del monto total de condena como consecuencia de los agravios precedentes.
2.2.7. Finalmente, se agravian de la tasa de interés, postulando que, por haberse cuantificado los rubros a valores actuales, corresponde aplicar una tasa pura del 6% anual desde el hecho y hasta la sentencia que actualiza los montos, y desde allí la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, conforme la doctrina legal de la S.C.B.A. en las causas "Vera" y "Nidera".
2.3. La contestación de la parte actora.
Los actores solicitan, en primer término, que se declare desierto el recurso por no contener una crítica concreta y razonada (arts. 260 y 261, C.P.C.C.) y, subsidiariamente, el rechazo de los agravios. Destacan que la apelante no ofreció consultor técnico ni pericia de control, que reedita los cuestionamientos ya respondidos por los expertos, que el nexo causal surge de la valoración integral del plexo probatorio y que el agravio sobre intereses ataca una decisión que la sentencia no adoptó, en tanto el fallo ya aplicó la tasa pura del 6% desde el hecho hasta el pronunciamiento. Formulan reserva del caso federal.
2.4. Tratamiento.
2.4.1. El pedido de deserción. Si bien buena parte de la crítica desarrollada por los recurrentes reedita los términos de la impugnación deducida contra los dictámenes periciales -lo que podría considerarse insuficiente para conmover lo decidido, por no satisfacer estrictamente la exigencia de una crítica concreta y razonada del fallo (arts. 260 y 261, C.P.C.C.)-, analizado el memorial globalmente y con criterio amplio, por encontrarse en juego el derecho de defensa en juicio, alcanza a superar el test de admisibilidad.
En consecuencia, corresponde desestimar el pedido de deserción total efectuado por la parte actora (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.; 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
2.4.2. Cuestiones que arriban firmes. Conviene precisar el ámbito de conocimiento de esta Alzada. La atribución de responsabilidad decidida en la instancia de origen no ha sido objeto de agravio, por lo que llega firme a esta sede, al igual que la determinación del límite de cobertura y la condena dictada en favor del coactor Roberto Nahuel Eseiza. Tampoco recurrió la parte actora, de modo que quedan igualmente firmes el rechazo del rubro privación de uso y la desestimación de la incapacidad psíquica como rubro autónomo. El recurso queda así circunscripto a los capítulos reseñados (arts. 260, 266 y 272, C.P.C.C.).
2.4.3. La prueba pericial médica. Nexo causal, porcentaje y valor probatorio (agravios primero a cuarto).
2.4.3.1. Por su estrecha vinculación, trataré conjuntamente los cuatro primeros agravios, que reconocen un tronco común: la pretendida insuficiencia del dictamen del perito médico legista Dr. Oscar Roberto Gatti y el modo en que fue valorado. Adelanto que habrán de prosperar parcialmente: no en cuanto cuestionan la existencia misma de las dolencias cervicales y su vinculación causal con el siniestro, mas sí en cuanto objetan la fundamentación del porcentaje de incapacidad asignado.
Cabe recordar que el dictamen pericial no obliga al juez, quien debe valorarlo conforme las reglas de la sana crítica, ponderando la competencia del perito, los principios científicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de dicha sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca (art. 474, C.P.C.C.). Pero, correlativamente, para apartarse de sus conclusiones se requiere la existencia de razones serias, esto es, de fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión del experto se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, o de la existencia en el proceso de elementos probatorios de mayor eficacia para provocar convicción sobre los hechos controvertidos.
Sentado ello, corresponde distinguir dos planos. En cuanto a la existencia de las dolencias cervicales y a su atribución causal al hecho, los recurrentes no aportaron elemento alguno que permita contradecir las conclusiones del experto: no ofrecieron prueba de control ni arrimaron documentación médica anterior, historia clínica o estudio que abone la etiología alternativa que invocan. En cambio, el apartamiento parcial de lo dictaminado en punto a la magnitud del menoscabo no requiere prueba de signo contrario, pues reposa en deficiencias internas del propio dictamen —su falta de fundamentación científica y sus inconsistencias—, supuesto que la norma citada expresamente contempla y que desarrollaré en el punto 2.4.4.3. Cabe señalar, por lo demás, que impugnado el dictamen el 18/8/2025, el perito contestó el traslado el 9/2/2026 ratificando sus conclusiones, sin que la impugnante solicitara luego explicaciones adicionales (arts. 473, 474 y 384, C.P.C.C.).
En la pericia médica se tuvo en cuenta que el médico especialista en diagnóstico por imágenes Dr. Antonio Guevara, M.P. Nº 336576, M.N. 148895, informa respecto de la Sra. Valeria Esther Diaz que se exploró la columna cervical con cortes axiales y sagitales en secuencias de T1, T2 y STIR. Rectificación de la lordosis. Las pequeñas articulaciones y estructuras del arco posterior se hallan acorde a la edad del paciente. Los discos intervertebrales presentan disminución de la intensidad de la señal en secuencias T2. Abombamiento difuso del anillo fibroso de C3/C4 y C4/C5 con insinuacion foraminal bilateral en el nivel C4/C5. El resto de los discos intervertebrales no presentan desplazamientos significativos. El resto del cilindro y canal medular conservados. Conclusión: RM de columna cervical con abombamiento de los discos mencionados. Que ante lo informado precedentemente, el perito dictamina que surge del informe rectificación de la lordosis cervical y abombamiento de disco y atento al Baremo de Altube Rinaldi otorga 10% de incapacidad.
En relación al coactor Sr. Luis Roberto Piedra, el mismo medico especialista en diagnóstico por imágenes, informa que se exploró la columna cervical con cortes axiales y sagitales en secuencias de T1, T2 y STIR. Rectificación de la lordosis. Las pequeñas articulaciones y estructuras del arco posterior se hallan acorde a la edad del paciente. Los discos intervertebrales presentan disminución de la intensidad de la señal en secuencias T2, sin desplazamientos significativos. Cilindro y canal medular conservados. No se evidenciaron lesiones en tejidos blandos de la región. Conclusión: RM de columna cervical con rectificación de la lordosis. Que ante lo informado precedentemente, el perito dictamina que surge del informe perdida de la lordosis cervical, rectificación de la lordosis cervical y abombamiento de disco y atento al Baremo de Altube Rinaldi otorga 10% de incapacidad.
La jueza de la instancia de origen, sobre la base del informe del perito médico legista y de lo que surge de los estudios de RMN practicados a los actores, y no mediando en la causa otros elementos de convicción que se opongan a dicha peritación, tuvo por probado que el Sr. Luis Roberto Piedra y la Sra. Valeria Esther Díaz portan, a raíz del hecho de autos, una incapacidad física del 10% cada uno (arts. 375 y 384, C.P.C.C.). Comparto esa conclusión en cuanto tiene por acreditadas las dolencias cervicales y su relación causal con el siniestro, mas no en lo relativo al porcentaje, por las razones que expondré.
2.4.3.2. El nexo causal. La relación de causalidad entre las dolencias cervicales y el siniestro no reposa exclusivamente en los informes de resonancia magnética, sino en la valoración conjunta de los elementos incorporados: a) la mecánica del hecho -colisión por alcance de entidad suficiente, según la pericia del ingeniero mecánico Juan José Calderari, cuyas conclusiones sobre este punto no fueron eficazmente rebatidas-, propia del mecanismo de aceleración-desaceleración conocido como latigazo cervical; b) la correspondencia entre ese mecanismo y las lesiones denunciadas desde el escrito inicial (rectificación de la lordosis cervical, cervicalgias y contracturas); c) las constancias médicas emitidas por el Dr. Hernán González respecto del Sr. Piedra y por el Dr. Franco Di Lorenzo respecto de la Sra. Díaz, cuya autenticidad fue reconocida por los profesionales al contestar los oficios librados; y d) el dictamen medico pericial (arts. 163 inc. 5, 375, 384, 401 y 474, C.P.C.C.).
Frente a ese cuadro, los apelantes se limitan a invocar la posibilidad abstracta de que las alteraciones obedezcan a causas preexistentes, constitucionales o degenerativas, con observaciones que remiten a la etapa probatoria, que ha precluido y sobre la cual no se puede volver. Además, quien alega la incidencia de una causa ajena carga con su prueba (arts. 1734, C.C.C.N.; 375, C.P.C.C.), y en autos no se ha arrimado documentación médica anterior, historia clínica ni estudio alguno que permita sostener la existencia de una patología cervical previa al hecho. La mera hipótesis, desprovista de respaldo probatorio, no basta para desvirtuar el dictamen.
Tampoco resulta decisivo el tiempo transcurrido entre el accidente y el examen pericial, pues lo que el experto evaluó fue la subsistencia de secuelas al momento del peritaje, en un contexto en el que la sintomatología fue denunciada desde el inicio y documentada por los profesionales tratantes.
2.4.3.3. La identidad del porcentaje. Asiste razón a los recurrentes en cuanto observan que el experto asignó un idéntico 10% a ambos actores pese a que los estudios por imágenes arrojan hallazgos distintos, sin explicar esa equiparación. Es cierto que la incapacidad no se determina por comparación aislada de estudios complementarios, sino a partir de la valoración integral de los hallazgos objetivos, el examen clínico, la sintomatología y las secuelas funcionales verificadas; pero precisamente por ello la asignación de un mismo guarismo a cuadros desiguales requería una fundamentación que el dictamen no brinda.
No obstante, la afirmación relativa a la ausencia de examen semiológico y de medición de la movilidad cervical no se corresponde con las constancias del dictamen, que contiene el examen físico de ambos actores confrontado con los valores normales de referencia. Mas de ese examen no surge consignada limitación funcional alguna, extremo que habré de ponderar al cuantificar el rubro.
2.4.3.4. Imagen, incapacidad y permanencia. También asiste razón a los apelantes en que un hallazgo radiológico no se traduce sin más en una incapacidad permanente. El dictamen, en efecto, transita del informe de imágenes al baremo sin explicitar el déficit funcional que justifique el guarismo asignado. Ello no priva de sustento a la existencia de las dolencias cervicales ni a su vinculación causal con el hecho, conforme lo analizado en el punto 2.4.3.2, pero sí a la magnitud que se les atribuyó.
2.4.3.5. En suma, los recurrentes no logran desvirtuar la existencia misma de las dolencias cervicales ni su vinculación causal con el siniestro, que surge de la valoración conjunta reseñada. Cuestión distinta es la entidad del menoscabo y el porcentaje asignado, que presenta los déficits que analizaré al tratar el quinto agravio, a cuyo desarrollo me remito (arts. 1726, 1727, 1734, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1744, 1746, 1757, 1758 y 1769, C.C.C.N.; 163, 164, 260, 261, 375, 384, 401, 473 y 474, C.P.C.C.).
2.4.4. Incapacidad sobreviniente. Cuantía (quinto agravio).
2.4.4.1. La incapacidad sobreviniente comprende toda disminución permanente de las aptitudes psicofísicas de la víctima, con proyección no sólo sobre su capacidad productiva sino también sobre las restantes actividades de su vida individual, familiar y social (arts. 17 y 19, Const. Nac.; 5.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1737, 1738 y 1740, C.C.C.N.), lo cual requiere alegación concreta (art. 330 inc. 4, C.P.C.C.) y prueba (arts. 375, C.P.C.C. y 1744, C.C.C.N.). La ausencia de prueba sobre la actividad productiva de la víctima y sobre la repercusión de las lesiones en las esferas no productivas no obsta al reconocimiento del rubro —pues la indemnización debe fijarse ponderando la incidencia de las secuelas en el desenvolvimiento integral del sujeto—, sino que impone que su cuantificación sea sumamente mesurada, a fin de no generar un enriquecimiento sin causa ni premiar la falta de diligencia (arts. 1738, 1740 y 1746, C.C.C.N.; 165, C.P.C.C.).
2.4.4.2. El porcentaje pericial constituye una pauta de orientación prudencial y no un factor de conversión automática, ya que indica una cifra orientativa de incapacidad, aunque cuando viene fundado no corresponde que el juez se aparte del mismo sin dar razones concretas.1
Sentado ello, tal como se destaca en la sentencia apelada, cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente,2 esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva -o de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral-, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende, a más de la actividad productiva o con valor económico, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (conf. CSJN, Fallos 327:2722; B.140.XXXVI; M.802.XXXV; "Mosca, Hugo Arnaldo c/ Pcia. de Bs. As. y otros", sent. de 6/3/2007, Fallos 330:563; "Baeza, Silvia Ofelia c/ Pcia. de Bs. As. y otros", sent. de 12/4/2011, Fallos 334:376; "Molina, Alejandro Agustín c/Pcia. de Santa Fe y otros", sent. de 20/12/2011, RCyS 2012-II-148; "Picón, Sergio Rafael c/ Fundición San Cayetano S.A. y otros", sent. de 24/9/2015, LL, 29/10/2015, p. 11),3 lo cual indudablemente constituye un daño material. En este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha descalificado la visión materialista de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, al sostener que en “[tal aspecto] no se agota la significación de la vida de las personas, pues las manifestaciones del espíritu insusceptibles de medida económica integran también aquel valor vital de los hombres" (Fallos: 292:428, 435, considerando 16; asimismo: Fallos: 303:820, 822, considerando 2°; 310:2103, 2111, considerando 10, y 312:1597, 1598, entre muchos otros).
2.4.4.3. El porcentaje de incapacidad. Puestos a controlar la razonabilidad del quantum, corresponde comenzar por el porcentaje que le sirve de base, desde que el quinto agravio postula expresamente su reducción. Y en ese punto el dictamen exhibe inconsistencias que no pueden ser pasadas por alto.
En primer lugar, el experto invoca el Baremo de Altube-Rinaldi y, al concluir, dice expedirse "de conformidad al Decreto 659/96", esto es, la tabla de evaluación de incapacidades laborales propia del régimen d
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