Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125598
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 125.598 "VALDEZ GUSTAVO DAMIÁN C/ PADER LUIS ARIEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. La parte actora deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC; v. resol. de 5-IV-2023, Dictamen del Procurador de fecha 23-III-2023; trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 2-V-2023 y su archivo adjunto identificado como "REX...").
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, había rechazado la acción de daños y perjuicios incoada por Gustavo Damián Valdez contra Luis Ariel Pader, la firma Empresa del Oeste S.A. y la citada en garantía Metropol Sociedad de Seguros Mutuos, al no encontrar acreditados los extremos necesarios para su progreso (v. sents. de 28-V-2021 y 29-XII-2021)
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de protección a los consumidores y usuarios, propiedad, razonabilidad, igualdad ante la ley, debido proceso, no discriminación, legalidad, tutela judicial, vida y salud y de los principios de reparación plena, progresividad, no dañar a otro y pro persona (arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 42 y 75 inc. 22, Const. nac.; 2, DADDH: 2.1 y 26, PIDCyP; 2 y 3, PIDESC; 1.1, 8, 24 y 25, CADH; v. págs. 2/4, 6, 24/25, 27 y 31/32, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria, no constituye una derivación razonada del derecho aplicable con las circunstancias comprobadas del expediente y debe ser debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las constancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -erróneamente- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que, en tanto se vulneran los derechos constitucionales y convencionales mencionados, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 311:1227; 312:2412, 2413, 1379; 317:76, entre otros).
En tal sentido, aduce, con apoyo en el dictamen del señor Procurador General, que la decisión objetada omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos a la normativa aplicable, las circunstancias fácticas y las pruebas del litigio. Y asevera que dichos cuestionamientos resultaban aptos para dar cuenta que hubo responsabilidad de los accionados, en tanto el hecho generador del daño no puede ser tildado de imprevisible. En efecto, esgrime que el Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa y que -contrariamente a lo expuesto- se demostró el absurdo de su fallo y la violación de la doctrina legal invocada en el remedio local (v. págs. 24/34, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 5-V-2023), el mismo no fue contestado.
IV.1. En lo que refiere al remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local (en el caso, se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias y la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el impugnante se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo en crisis -y de las instancias anteriores en grado- y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para descartar el recurso de inaplicabilidad de ley. En efecto, reitera -en sustento de su postura- los cuestionamientos expuestos en el referido remedio local, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 12/21 del trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO - INTERPONE" de fecha 15-II-2022, págs. 24/34 del adjunto "REX..." cit. y resol. en crisis cit.).
IV.3. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 42 y 75 inc. 22, Const. nac.; 2, DADDH: 2.1 y 26, PIDCyP; 2 y 3, PIDESC; 1.1, 8, 24 y 25, CADH; v. págs. 2/4, 24/25, 27 y 31/32, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 123.501, "Gutierrez", resol. de 18-II-2021; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021, C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; C. 122.580, "Cedraschi", resol. de 23-IX-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.510, "Italcred S.A.", resol. de 5-IV-2023, entre otros).
IV.4. Resta agregar que tampoco se observan motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida sobre la base de la doctrina de la gravedad institucional. Independientemente de tratarse de un resorte hábil solamente para sortear aspectos formales, más no para suplir la ausencia de cuestión federal, lo cierto es que ella constituye un supuesto excepcional que no se encuentra configurado en el caso, pues sólo se discuten derechos patrimoniales que no exceden el ámbito de las partes, sin que se advierta la afectación -de modo directo- de intereses comunitarios (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799; v. pág. 6, adjunto "REX..." cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/11/2023 15:01:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2023 08:59:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2023 15:42:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2023 23:53:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2023 11:14:28 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/11/2023 12:15:06 hs. bajo el número RR-824-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia