Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125257
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 29 de marzo de 2023 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 125.257 "PAMPIN JUAN RAMÓN Y OTRO/A C/ ZAPATA GUSTAVO ARIEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)" y sus acumuladas.
I. Con la presentación electrónica de fecha 31 de marzo de 2023, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 29 de marzo del mismo año.
II. El apoderado de la demandada y la citada en garantía deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación y la inexistencia de una cuestión federal que suscite la apertura de la instancia (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC; v. resol. de 9-II-2023, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 8-III-2023 y su archivo adjunto identificado como "recurso+pampin.pdf").
En el caso, en el marco de un juicio de daños y perjuicios, la Cámara interviniente revocó el fallo -único- de primera instancia que, a su turno, había desestimado las acciones incoadas por Juan Ramón Pampín y Estela Mónica Chaves y Transportes None S.A. contra la firma Speed Agro S.R.L., Gustavo Ariel Zapata y la citada en garantía San Cristóbal Seguros, estimándolas -en las proporciones que fijó- al encontrar acreditados los extremos necesarios para su progreso (v. sent. de 6-VIII-2020 conjuntamente con su aclaratoria de 19-VIII-2020 y sent. de 31-VIII-2021).
III.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, acceso a la justicia, debido proceso y razonabilidad (arts. 17, 18, 28 y 75 inc. 22, Const. nac.; 1.1 y 8, CADH; v. págs. 2, 10, 13/14, 35 y 38, adjunto cit.).
III.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria, no constituye una derivación razonada del derecho aplicable con las circunstancias comprobadas de la causa y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -dogmáticamente- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 341:261; 330:133; 329:3761 y 2206; 328:957; 254:40; entre otros; v. págs. 10/36, adjunto cit.).
En tal sentido, por un lado, cuestiona que -previo a resolver- no se le haya conferido el traslado previsto por el art. 283 del Código Procesal Civil y Comercial provincial. Afirma que ello afectó su derecho de defensa en juicio, pues se le privó la posibilidad de presentar una memoria -a fin de ampliar los fundamentos dados en su impugnación- tal cual lo establece -según su modo de ver- el art. 284 de dicho cuerpo normativo. En consecuencia, desarrolla los agravios que aquella pieza habría tenido, si se le hubiera dado la oportunidad de presentarla (v. págs. 10/14 y 20/32, adjunto cit.).
Por el otro, aduce que la decisión objetada omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos a la revisión de las circunstancias fácticas de la litis, las pruebas del litigio -en particular la pericial y la testimonial- y al progreso de la acción. Y asevera que dichos planteos resultaban suficientes para acreditar que el Tribunal de Alzada había realizado un estudio parcializado de las constancias de la causa y, en consecuencia, refutar las razones dadas por la Cámara y demostrar el absurdo de su fallo (v. págs. 33/36, adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 16-III-2023), el mismo fue contestado por el apoderado de la parte actora (v. trámites de fechas 22 y 31-III-2023).
V.1. En lo que refiere al remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias, la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión y las formalidades del trámite previo al dictado de la sentencia por esta Corte), son ajenas, por regla y naturaleza, al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el interesado se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso de inaplicabilidad de ley intentado. En efecto, de un lado, reitera cuestionamientos expuestos en el referido remedio local, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada y, del otro, pretende introducir alegaciones que habría podido formular si hubiera presentado memoria, los cuales devienen inadmisibles, toda vez que resultan fruto de una reflexión tardía y novedosa que no ha sido planteada en la oportunidad pertinente (v. págs. 10/36, adjunto cit. y resol. en crisis cit.).
V.3. En lo que atañe a la pretendida vulneración del derecho de defensa en juicio, debido a la supuesta falta de notificación de la resolución prevista en el art. 283 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. págs. 10/14 y 20/32, adjunto cit.), se adelanta que no asiste razón al impugnante.
Ello por cuanto, la figura prevista por el citado art. 31 bis de la ley provincial 5.827, faculta a esta Suprema Corte de Justicia a que en cualquier estado de su tramitación y sin necesidad de llamar autos para sentencia, a rechazar los recursos extraordinarios locales, si considera que no reúnen los requisitos esenciales, que han sido insuficientemente fundados, que plantean agravios desestimados por el mismo tribunal en otros casos análogos o que la cuestión que someten a su conocimiento es insustancial o carece de trascendencia. Siendo -así- suficiente la sola invocación de dicha norma y la referencia a cualquiera de las circunstancias precedentemente expuestas (SCBA, causa C. 94.363, "Fisco de La Prov. de Buenos Aires contra Azurix", resol. de 20-III-2013; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010; doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
V.4. Finalmente, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 17, 18, 28 y 75 inc. 22, Const. nac.; 1.1 y 8, CADH; v. págs. 2, 10, 13/14, 35 y 38, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal nacional que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 123.501, "Gutiérrez", resol. de 18-II-2021; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021, C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; C. 122.580, "Cedraschi", resol. de 23-IX-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodríguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.510, "Italcred S.A.", resol. de 5-IV-2023, entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 29 de marzo de 2023 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/09/2023 09:03:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/09/2023 13:37:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 11:18:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/09/2023 15:26:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2023 16:07:32 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/10/2023 12:14:30 hs. bajo el número RR-620-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia