Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126107
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja incoada y, en consecuencia, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278, 280 y 292, CPCC) y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazarlo (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 126.107 "S. M. J. F. C/ ABAN GABRIEL GERARDO S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. En el marco de un reclamo por daños y perjuicios, la Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la decisión de la instancia de origen que a su turno, hiciera lugar a la demanda promovida por J. F. S. M. -menor de edad, representado por la señora S. D. M. R.- contra Gabriel Gerardo Aban, haciendo extensiva la condena, en la medida del seguro, a la citada en garantía Río Uruguay Seguros Cooperativa Limitada (v. resols. de 20-IX-2022 y 25-II-2022).
Frente a dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 11-X-2022), el que fue denegado con sustento en la insuficiencia del valor del agravio (v. resol. de 13-X-2022). Ello motivó una queja ante esta sede (v. escrito electrónico de 23-X-2022).
II. Recibidos los autos principales requeridos, corresponde señalar que -más allá de los fundamentos de la resolución que desestimara la vía que llega cuestionada y las consideraciones que cabrían en torno a ellos- teniendo en cuenta los planteos expuestos en la impugnación, el valor del agravio se encuentra representado para el recurrente por la diferencia entre el capital reconocido como resarcimiento de los daños y perjuicios en la sentencia del Tribunal de Alzada y el monto requerido en la demanda por los rubros por cuya cuantificación se agravia, sin que corresponda actualizar tal suma (conf. art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561- y doctr. causas C. 107.135, "Hiclos S.R.L", resol. de 17-II-2010; C. 117.276, "Roldan", resol. de 19-XII-2012; C. 117.409, "Fernández", resol. de 27-III-2013; C. 119.515, "Ciro", resol. de 11-III-2015; C. 119.043, "Domínguez", resol. de 14-X-2015 y C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020); con más el importe correspondiente a la diferencia resultante de aplicar la tasa de interés establecida y la que el actor solicita se fije (doctr. causas C. 121.811, "Varela", resol. de 5-IX-2018; C. 123.261, "Ramirez", resol. de 19-II-2020 y C. 124.026, "Romero", resol. de 23-X-2020; C. 124.112, "Trillini", resol. de 11-XII-2020; C. 123.981, "Oviedo", resol. de 29-VI-2021 y C. 124.096, "Barrios", resol. de 23-V-2022).
En el caso, de la compulsa del trámite surge que la diferencia entre el monto reclamado en la demanda ($ 9.050.000; v. escrito electrónico de 28-V-2019) y las sumas reconocidas en la sentencia que fuera confirmada por la Cámara ($ 1.452.000; v. resols. de 25-II-2022 y 20-IX-2022), considerando los rubros por los que se agravia el accionante, así como la diferencia resultante de calcular los intereses según la tasa pretendida y la suma que arroja la aplicación del criterio fijado por el Tribunal de Alzada (v. escrito electrónico de 11-X-2022, apdo. "VI"), supera el mínimo previsto en el art. 278 CPCC, texto según ley 14.141 y Acordada 4.083/2022, vigente al momento de interposición del carril extraordinario.
En tales condiciones, corresponde hacer lugar a la queja traída y, encontrándose reunidos los restantes recaudos de admisibilidad, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278, 280 y 292, CPCC).
III. Ingresando al análisis del carril otorgado, a través del cual se denuncia absurdo e infracción a los arts. 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 552, 1738, 1740, 1741 y 1745 del Código Civil y Comercial de la Nación; 17 y 28 de la Constitución nacional y 31 de su par local; transgresión de doctrina legal y violación de la Convención de los Derechos del Niño, se anticipa que éste no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha dicho este Superior Tribunal -en reiteradas ocasiones- que los cuestionamientos vinculados a los montos indemnizatorios constituyen típicas cuestiones de hecho, privativas de los jueces de las instancias ordinarias e irrevisables en sede extraordinaria, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo (conf. doctr. causas C. 119.472, "Dallorso", resol. de 14-X-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016 y C. 121.680, "Córdoba", resol. de 6-IX-2017; e. o.), yerro valorativo que, si bien ha sido esbozado, no se avizora configurado en la especie.
En efecto, los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada que -a la luz de las pruebas colectadas en la especie- le permitieran confirmar el pronunciamiento de origen en torno al alance de los rubros concedidos por fallecimiento, daño psicológico, daño moral, lucro cesante y la tasa de interés aplicable (v. págs. 3/8), no logran ser conmovidos por los reproches expuestos en las págs. 7/17 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la valoración de las constancias, el alcance de las indemnizaciones, el derecho alimentario, las afecciones padecidas y su debida reparación) se desentienden de aquellos dados por el sentenciante de grado anterior, limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre el tema en debate (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
Es sabido que para revisar cuestiones de hecho es indispensable demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto que derivan en afirmaciones insostenibles a la luz de las constancias objetivas de la causa. Por más respetable que sea la opinión de la aquí impugnante, ello no autoriza -por sí solo- para que este Superior Tribunal sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. doctr. causas C. 120.655, "B., C. E.", resol. de 15-XI-2016; C. 121.526, "Godoy", resol. de 21-VI-2017 y C. 122.230, "Muñoz", resol. de 11-IV-2018).
Lo dicho, basta para repeler esta parcela recursiva y permite, asimismo, descartar las infracciones legales indicadas a lo largo del escrito electrónico (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Igual suerte adversa debe correr la aducida transgresión a las garantías constitucionales y a la Convención internacional que se expresan en las págs. 17/18 del embate, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de la interesada -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.3. Finalmente, no puede atenderse la alegada violación a la doctrina legal expuesta a lo largo del escrito recursivo, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción, es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga ésta última no abastecida por la quejosa que conlleva a repeler este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja incoada y, en consecuencia, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278, 280 y 292, CPCC) y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazarlo (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/02/2023 16:39:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 14:13:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 15:33:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2023 09:03:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 11:58:03 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/02/2023 12:54:08 hs. bajo el número RR-45-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia