Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126082
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 278, CPCC). Con costas.
C. 126.082 "J. G. A. Y OTROS C/ CORDAL OSVALDO ISMAEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 20 del Departamento Judicial La Plata, en el marco de un juicio por daños y perjuicios incoado por los señores G. A. J. (por sí y en representación de su hijo menor L. B. M.) y L. E. M. contra el señor Osvaldo Ismael Cordal y la citada en garantía Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda., hizo lugar parcialmente a la pretensión entablada y, en consecuencia, condenó a estos últimos a abonar a los actores la suma total de $ 1.472.000 -correspondiente al 80% de la responsabilidad- con más los intereses que estableció (v. sentencia de 18-II-2022).
Tal decisión fue recurrida por la actora y el demandado y la citada en garantía y, a su turno, la Sala I de la Cámara Segunda de Apelación departamental -por mayoría- la revocó y rechazó la acción intentada (v. fallo de 13-IX-2022).
Frente a tal pronunciamiento, los legitimados activos dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 3-X-2022), el que fue concedido (v. resolución de 11-X-2022).
II. Al respecto, es oportuno recordar que esta Corte ha sostenido que en los supuestos de litisconsorcio facultativo activo, el valor del agravio a los efectos de cumplir con el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial debe ser considerado en relación a cada coactor de manera individual (conf. doctr. causas C. 120.952, "Ledesma", resol. de 14-XII-2016; C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020; C. 124.641, "Suarez", resol. de 10-III-2021). Así, en el presente caso, dicho valor está representado para los accionantes -teniendo en cuenta los planteos traídos- por el importe individualmente fijado en la sentencia de la instancia de grado que fuera revocada, con más el incremento en función del porcentaje de responsabilidad pretendido y la elevación de los rubros daño moral y psicológico que en su oportunidad peticionaran (v. escrito de demanda, sent. de 18-II-2022 y expresión de agravios de 21-III-2022; conf. doctr. causas C. 117.284, "Amestoy", resol. de 20-III-2013; C. 119.515, "Ciro", resol. de 11-III-2015; C. 121.666, "Sánchez Deliens", resol. de 5-VII-2017; C. 122.161, "Panozzo", resol. de 7-III-2018; C. 122.746, "Pared", resol. de 19-IX-2018; C. 122.743, "Parodi", resol. de 20-III-2019 y C. 124.713, "Szutner", resol. de 10-VIII-2022).
En el caso, de las constancias de autos surge que las sumas solicitadas por los accionantes no alcanzan individualmente para ninguno de ellos el mínimo regulado por el art. 278 citado para acceder a su revisión por la vía intentada -de $ 2.893.500, según ley 14.141 y Acordada 4.083/22, vigente a la fecha de interposición de la misma- (doctr. causas C. 122.856, "Rodríguez", resol. de 18-II-2021; C. 123.084, "Administración Gral. de Ing. Públicos (DGI)", resol. de 31-III-2021; C. 122.236 "Chaparro", resol. de 4-V-2021; C. 122.656, "B. E. B.", resol. de 29-VI-2021 y C. 125.533, "Arce Paredes", resol. de 10-VIII-2022).
En tal sentido, deviene pertinente señalar que en numerosos precedentes se ha sostenido que a fin de evaluar el mentado recaudo de admisibilidad no corresponde adicionar intereses a dichas sumas ni actualizar (art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-; conf. doctr. causas C. 119.465, "Di Santo", resol. de 18-III-2015; C. 122.757, y C. 122.699, cits.; C. 122.670, "Weigel" y C. 122.856, "Rodríguez", ambas resols. de 18-II-2021; C. 123.084, "Administración Gral. de Ing. Públicos (DGI)", resol. de 31-III-2021).
Con relación a la inconstitucionalidad de la limitación establecida en el art. 278 citado, se impone destacar que esta Corte tiene dicho que las limitaciones establecidas por las normas procesales para la concesión de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que el art. 161 inc. 3 apartado "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del mencionado recurso extraordinario compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan ("Acuerdos y Sentencias", 1958-II-435; CSN, Fallos: 253:469; causas C. 119.390, "Canto", resol. de 29-IV-2015; C. 120.878, "Pita", resol. de 21-IX-2016; C. 123.570, "Marceillac", resol. de 13-XI-2019; C. 123.881, "Buchanan", resol. de 5-VI-2020; C. 123.885, "Pasquali", resol. de 23-X-2020). A ello se agrega que en numerosos pronunciamientos se ha sostenido que dicha norma resulta compatible con el citado art. 161, pues no impide deducir el recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas Ac. 83.198, "Tevez", resol. de 16-X-2002; Ac. 92.195, "Calesso", resol. de 2-II-2005; Ac. 96.343, "Birretto", resol. de 11-X-2006; C. 119.700, "Fratti", resol. de 20-V-2015).
Por otra parte, en atención a las alegaciones formuladas respecto al valor del jus, este Superior Tribunal ha sostenido insistentemente que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su deducción (conf. causas C. 120.403, "Romero", resol. de 11-II-2016; C. 122.084, "Romero", resol. de 6-XII-2017; C. 122.582, "Dioguardi", resol. de 15-VIII-2018; C. 122.495, "Feal", resol. de 29-V-2019; C. 123.900, "Cabrera", resol. de 29-VII-2020 y C. 123.150, "Bugallo", resol. de 19-IV-2021), por lo que no resultan atendibles los argumentos expuestos en la impugnación pretendiendo tomar el valor de la unidad arancelaria al tiempo de la demanda para superar tal recaudo de admisibilidad (conf. causas C. 114.679, "Cristalfin S.A.", resol. de 31-VIII-2011; C. 120.993, "González", resol. de 26-X-2016; C.122.699, C. 122.757 y C. 123.150, cits.).
Por último, corresponde agregar que la invocación de la existencia de cuestión federal a fin de sortear los requisitos formales con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación derivada de las causas "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490 y 311:2478; v. escrito del recurso extraordinario), en el caso, carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales.
En los presentes, no se advierte, en principio, la existencia de un agravio de ese tenor que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. causas C. 103.460, "Dispenza", resol. de 1-VI-2011; C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018; C. 123.883, "Israel Silicaro", resol. de 5-VI-2020 y C. 124.135, "Coppa", resol. de 11-XII-2020).
En tales condiciones, la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida deviene inadmisible (art. 278, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 278, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/02/2023 16:39:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 14:13:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 15:33:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2023 09:03:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 11:58:03 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/02/2023 12:54:07 hs. bajo el número RR-44-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia