Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125984
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
C. 125.984 "BUCETA CARLOS MANUEL C/ ROCCATAGLIATA FERNANDO ANDRÉS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata modificó la solución de primera instancia que -a su turno- hiciera lugar a la acción de daños y perjuicios incoada por Carlos Manuel Buceta contra Fernando Andrés Roccatagliata y la citada en garantía Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. En tal sentido, incrementó el importe de condena en la forma que allí estableció (v. sentencias de fecha 15-X-2021 y 16-VI-2022).
II. Frente a ello, la letrada apoderada del accionado y la empresa de seguros interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce absurdo, arbitrariedad, infracción al principio de congruencia y afectación de garantías constitucionales que cita (v. escrito electrónico de fecha 4-VII-2022).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha dicho este Superior Tribunal -en reiteradas ocasiones- que los cuestionamientos vinculados a los montos indemnizatorios constituyen típicas cuestiones de hecho, privativas de los jueces de las instancias ordinarias e irrevisables en sede extraordinaria, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo (conf. doctr. causas C. 119.472, "Dallorso", resol. de 14-X-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016 y C. 121.680, "Córdoba", resol. de 6-IX-2017; e. o.), yerro valorativo que, si bien ha sido esbozado, no se avizora configurado en la especie.
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de los elementos fácticos habidos en la especie- para modificar el pronunciamiento de origen sostuvo "En concreto, se hizo caso omiso del actual régimen legal y no se tomaron en cuenta los parámetros previstos en el nuevo Código.- La redacción del art. 1746 del Código Civil y Comercial conduce necesariamente al empleo de fórmulas matemáticas para evaluar la cuantía del resarcimiento por incapacidad, pues únicamente por medio de ese instrumento puede mensurarse el capital al que alude la norma." (v. pág. 7). Al mismo tiempo, para poder cuantificar en la forma en que lo hizo, manifestó "Propugno al acuerdo la aplicación de la fórmula "Acciarri" para calcular el parcial ..." (v. pág. 11).
Tales fundamentos, que se erige en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logran ser conmovidos por los reproches expuestos en las págs. 3/13 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la utilización de las fórmulas matemáticas para cuantificar los daños punitivos, el principio de congruencia, la petición de la parte actora y el alcance de la condena) se desentienden de aquél dado por el sentenciante de grado anterior, limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
Es sabido que para revisar cuestiones de hecho es indispensable demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto que derivan en afirmaciones insostenibles a la luz de las constancias objetivas de la causa. Por más respetable que sea la opinión de la aquí impugnante, ello no autoriza -por sí solo- para que este Superior Tribunal sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. doctr. causas C. 120.655, "B., C. E.", resol. de 15-XI-2016; C. 121.526, "Godoy", resol. de 21-VI-2017 y C. 122.230, "Muñoz", resol. de 11-IV-2018).
Lo dicho, basta para repeler esta parcela recursiva (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Tampoco puede ser de recibo la alegada arbitrariedad (v. págs. 1 y sigs. del embate), ya que ella no se erige en elemento útil a los fines de enervar lo decidido. Conviene recordar que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra -como sucede en el caso- que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; entre otras).
III.3. Por último, igual suerte adversa debe seguir la denuncia de transgresión a las garantías constitucionales que se expresan a lo largo del escrito electrónico, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de la interesada -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/02/2023 16:39:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 14:13:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 15:33:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2023 09:03:45 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 11:57:57 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/02/2023 12:53:58 hs. bajo el número RR-35-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia