Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125598
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaOído lo dictaminado por el Procurador General, ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
C. 125.598 "VALDEZ GUSTAVO DAMIÁN C/ PADER LUIS ARIEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón confirmó el fallo de origen que -a su turno- rechazara la acción de daños y perjuicios incoada por Gustavo Damián Valdez contra Luis Ariel Pader, la firma Empresa del Oeste S.A. y la citada en garantía Metropol Sociedad de Seguros Mutuos, al no encontrar acreditados los extremos necesarios para su progreso (v. sentencias de fecha 28-V-2021 y 29-XII-2021).
II. Frente a ello, el accionante vencido -por medio de asistencia letrada- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2 y 3 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales; 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 31 de la Constitución nacional y 1291, 1716, 1723, 1740, 1746 y 1757 del Código Civil y Comercial. Asimismo, alega absurdo y arbitrariedad (v. escrito electrónico de fecha 15-II-2022).
III. Oído lo expuesto por el Procurador General en su dictamen electrónico de fecha 23 de marzo de 2023, se anticipa que la impugnación intentada no puede ser de recibo, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
III.1. Tanto el análisis de las circunstancias y de las pruebas que llevan a establecer la responsabilidad, como determinar la relación de causalidad entre éste y el daño, o reconocer en su caso la culpa de la víctima, conforman -como quiera que se trata de un estudio fáctico- típicas cuestiones de hecho extrañas a la competencia de esta Corte a menos que a su respecto concurra la denuncia y consecuente demostración del vicio de absurdo (conf. doctr. causas C. 120.312, "Seco", resol. de 2-XII-2015; C. 120.509, "Vouilloud", resol. de 24-II-2016; C. 121.116, "Cisterna", resol. de 22-III-2017; entre muchas), yerro lógico que, más allá de haber sido esbozado, no se avizora configurado en la especie (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de las pruebas colectadas en la especie- para confirmar el pronunciamiento de primer grado y, en consecuencia, mantener el rechazo de la acción indemnizatoria sostuvo "En la especie, no es que -acaecido el hecho de inseguridad (vgr. un tiroteo)- la víctima terminara lesionada en el interior del transporte público; tampoco que la víctima haya sido objeto de un robo y allí se la lesionara; en realidad, lo que aquí sucedió es algo diverso como lo he manifestado a lo largo de mi voto. Aquí los pasajeros (15 o 20 de ellos) arrojaron a la vereda a otro pasajero por la puesta trasera y el colectivo detenido, por una discusión entre ellos. Se da, entonces, un supuesto de responsabilidad de otras personas, por las cuales ni el chofer ni la empresa están obligados a responder. Paralelamente, no veo responsabilidad del chofer ni la empresa de colectivo." (v. págs. 10/11).
Tal fundamento, que constituye el eje central del pronunciamiento atacado, no logra ser conmovido por los escasos reproches expuestos en las págs. 12/21 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (emparentados con las circunstancias fácticas del evento, la calificación como hecho de inseguridad, la revisión del material probatorio, particularmente el testimonial, la responsabilidad atribuida y la participación de los pasajeros) se han limitado a discrepar con las razones expuestas por el sentenciante de grado anterior, exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la responsabilidad atribuida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para repeler esta parcela revisora y permite, además, descartar las infracciones legales que se aducen en la pág. 2 de la pieza en estudio (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Igual suerte adverse debe seguir la denuncia de transgresión a las garantías constitucionales y a los Tratados internacionales que se expresan en las págs. 2 y 21 del embate, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del interesado -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.3. Finalmente, la misma respuesta merece el achaque de arbitrariedad (v. págs. 15 de la impugnación), ya que ella no se erige en elemento útil a los fines de enervar lo decidido. Conviene recordar que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra -como sucede en el caso- que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Oído lo dictaminado por el Procurador General, ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2023 12:45:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/04/2023 13:01:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/04/2023 23:23:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2023 10:37:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2023 13:26:19 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/04/2023 13:49:21 hs. bajo el número RR-169-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia