Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125167
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto por este Tribunal el 14 de octubre de 2022, tener por no presentada la contestación de fecha 4 de octubre de 2022 y reputarla inoficiosa a los fines regulatorios (arts. 11, Ac. 4/07; 34, inc. 5, 257 y sigs., Cód. cit.) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 125.167 "ANTUNEZ ELIANA AYELÉN C/ DI BASTIANI RUBEN DARÍO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. La apoderada de la parte actora deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que -en lo que resulta pertinente- rechazó el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC; v. resol. de 10-VIII-2022, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 14-IX-2022 y su arch. adj. "RECURSO+EXTRAORDINARIO+FEDERAL+FIRMADO.pdf").
En el caso, y en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente, por un lado, revocó el fallo de primera instancia que, a su turno, había rechazado la defensa de no seguro opuesta por la citada en garantía La Mercantil Andina Compañía de Seguros SA y, por el otro, modificó los montos indemnizatorios respecto de la incapacidad sobreviniente y el tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico (v. sents. de 8-III-2018 y 11-VI-2019).
II.1. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, debido proceso, defensa en juicio y del principio de congruencia y la afectación de la tutela especial de los sujetos involucrados en la ley 26.378 (arts. 14, 17 y 18, Const. nac. y Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad; págs. 4/5, 16/18 del escrito electrónico cit.).
II.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige el caso, rechazó el remedio local al ponderar que había sido insuficientemente fundado. Afirma que, en tanto se vulneran las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura -a su entender- una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 329:432; 311:786; 314:458; 324:1378; 318:198; 318:838; 321:2922; 322:3200; entre otros).
En tal sentido, aduce que la decisión objetada omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad -que ahora reproduce- referidos a la revisión de las circunstancias fáctico-probatorias -puntualmente, la valoración de la prueba confesional y testimonial por parte del Tribunal de Alzada-. Y asevera que dichos agravios resultaban suficientes para acreditar que se realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa y, así, refutar las razones dadas por la Cámara y demostrar el absurdo de su fallo (v. págs. 3/5 y 14/25, del escrito electrónico cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 21-IX-2022) el mismo fue contestado por el apoderado de la citada en garantía (v. trámites "Recurso extraordinario federal contesta traslado" de 4-X-2022).
Este Tribunal mediante la providencia simple de fecha 14 de octubre de 2022 intimó a la parte para que acompañe en el plazo de cinco (5) días como documento adjunto en PDF la contestación del recurso extraordinario federal enviado electrónicamente, cumplimentando las reglas fijadas en los arts. 1 y 11 de la Acordada 4/07 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que fue notificado en debida forma y bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito en cuestión (arts. 34, inc. 5, 257 y sigs. del Cód. cit. y Ac. 4/2007 de la CSJN; v. "PROVEÍDO" cit.).
Vencido el plazo fijado y ante el incumplimiento de la mentada intimación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto, tener por no presentada la contestación de fecha 4 de octubre de 2022 y reputarla inoficiosa a los fines regulatorios (arts. 11, Ac. 4/07; 34, inc. 5, 257 y sigs., Cód. cit.).
IV.1. En lo que refiere al remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias y la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por la impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de fundamentación suficiente, irrazonable valoración del material probatorio, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de cuestiones conducentes, tampoco se observan agravios que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la interesada se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo en crisis -y de las instancias anteriores en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso de inaplicabilidad de ley intentado, reiterando cuestionamientos expuestos en el referido remedio local, que ya han sido ponderados por esta Corte y merecido oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 14/25, escrito electrónico cit. y resol. en crisis cit.).
IV.3. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 14, 17 y 18, Const. nac. y ley 26.378; págs. 4/5, 16/18 del escrito electrónico cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal nacional que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 123.501, "Gutierrez", resol. de 18-II-2021; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021, C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; C. 122.580, "Cedraschi", resol. de 23-IX-2021; C. 124.872, "Sanchez Maria G.", resol. de 10-VIII-2022; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto por este Tribunal el 14 de octubre de 2022, tener por no presentada la contestación de fecha 4 de octubre de 2022 y reputarla inoficiosa a los fines regulatorios (arts. 11, Ac. 4/07; 34, inc. 5, 257 y sigs., Cód. cit.) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2023 12:45:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/04/2023 13:01:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/04/2023 23:23:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2023 10:37:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2023 13:26:16 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/04/2023 13:49:17 hs. bajo el número RR-165-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia