Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125006
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 30 de septiembre de 2022;
2Tener por no presentado el escrito de fecha 3 de octubre 2022, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 19 de septiembre del mismo año (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 125.006 "GUZMÁN VIVIANA MABEL Y OTRO/A C/ INSEGNA DANIEL OSCAR Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. Con la presentación electrónica de fecha 3 de octubre de 2022, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 30 de septiembre del mismo año.
II. Los apoderados de la citada en garantía Caja de Seguros S.A. deducen recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812; 279 y 289, CPCC; resol. de 10-VIII-2022, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 12-IX-2022 y su archivo adjunto identificado como "RECURSO+EXTRAORDINARIO.pdf").
En el caso, en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente modificó el fallo de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la acción de daños y perjuicios incoada por Pedro Miguel Sosa y Lorena Micaela Acosta contra Daniel Oscar Insegna y la citada en garantía Caja de Seguros S.A., al encontrar reunidos los extremos para su progreso. En tal sentido, incrementó las partidas indemnizatorias por incapacidad sobreviniente (v. sent. de 16-III-2020, proveído de 29-IV-2020 y sent. 30-III-2021).
III.1. En la vía ahora intentada, los impugnantes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, propiedad, igualdad ante la ley, congruencia, debido proceso y razonabilidad (arts. 14, 16, 17, 18, 19, 31 y 108, Const. nac.; v. págs. 2/3, 15/17, 19/22, 24/25 y 28/30, adjunto cit.).
III.2. Sostienen, que la resolución en crisis resulta arbitraria y debe ser descalificada como acto judicial válido. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -dogmáticamente y con exceso ritual- que había sido insuficientemente fundado. Afirman que en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura -a su entender- una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y citan, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 338:1252; 337:329; 340:765; 337:329; 319:3489; 324:3618; 327:5082 y 333:203; entre otros), en particular la causa "Colalillo" (Fallos: 238:550).
En tal sentido, alegan que la decisión objetada omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproducen- referidos a los rubros resarcitorios, el alcance de la condena y la valoración de la prueba, puntualmente la causa penal. Y agregan que la forma de decidir desconoce la legislación de seguros vigente, en tanto confirma una cuantificación de daños que excede el límite de cobertura estipulado en el contrato que une a las partes y que fue debidamente acompañado en el expediente penal. Aseveran, además, que dichos agravios resultaban suficientes para acreditar que el Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de la causa y de las pruebas aportadas y demostrar el absurdo de su fallo. Asimismo, esgrimen que lo resuelto contradice la doctrina de esta Corte y, particularmente, la del máximo Tribunal nacional en la materia.
En razón de todo lo expuesto, peticionan que el pronunciamiento atacado sea revocado y se ordene dictar uno nuevo (v. págs. 15/29, adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 14-IX-2022) el mismo fue contestado por la parte actora (v. escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de fecha 3-X-2022).
Respecto a dicha pieza, cabe destacar que en ella no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 1 a 3; v. archivo adjunto identificado como "PARTE_ACTORA..." del trámite cit.; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7. XLIX).
En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par escrito electrónico de fecha 19 de septiembre de 2022 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN).
V.1. En lo que refiere al remedio federal intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, la valoración efectuada por la Cámara de las circunstancias fáctico-probatorias en lo que hace a la limitación de la cobertura esgrimida por la aseguradora y la cuantificación de los montos resarcitorios, así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión) son ajenas -por regla y naturaleza- al recurso federal. Por lo que, en estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405 y 750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; 324:4349; 325:2192; 328:3878 y 330:133 y 4770; e.o.).
En el caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por los impugnantes no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación suficiente, omisión de pronunciamiento, irrazonable valoración del material probatorio, apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que los recurrentes se limitan -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso intentado, insistiendo los agraviantes con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 7/25, del trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO - INTERPONE" de fecha 21-IV-2021; v. págs. 15/29, adjunto cit. y resol. en crisis cit.).
V.3. Tampoco se advierte un apartamiento de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocados por los interesados (v. págs. 17/18, 21 y 25/28, adjunto cit.), toda vez que las circunstancias allí juzgadas no pueden asimilarse a las planteadas en el presente proceso. Ello dado que, en autos, la Cámara interviniente confirmó la extensión de la condena sin la limitación pretendida por la asegurada, al ponderar que no se efectuó petición en tal sentido ante la instancia de grado y, siendo un derecho que calificó como disponible, entendió que no existió omisión de pronunciamiento por parte del Juzgado de origen (v. pág. 23/26, sent. de 30-III-2021 cit.).
V.4. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de defensa en juicio, propiedad, igualdad ante la ley, congruencia, debido proceso y razonabilidad; arts. 14, 16, 17, 18, 19, 31 y 108, Const. nac.; v. págs. 2/3, 15/17, 19/22, 24/25 y 28/30, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, en particular la doctrina derivada de la causa "Colalillo", no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "C. 122.022, "Szabady", resol. de 13-III-2019; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; C. 123.466, "Pissoni", resol. de 20-IV-2022; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 30 de septiembre de 2022; 2) tener por no presentado el escrito de fecha 3 de octubre 2022, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 19 de septiembre del mismo año (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2023 12:45:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/04/2023 13:01:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/04/2023 23:23:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2023 10:37:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2023 13:26:16 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/04/2023 13:49:16 hs. bajo el número RR-164-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia