Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126377
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley deducidos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a los recurrentes vencidos (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
C. 126.277 "ORTIZ IGNACIO RAÚL C/ CHIAPELLO RICARDO ALBERTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, en lo que importa destacar, confirmó el fallo de origen que -a su turno- hiciera lugar a la acción de daños y perjuicios incoada por Raúl Ignacio Ortiz contra Municipalidad de General Villegas y la citada en garantía Federación Patronal Seguros S.A, al encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. sentencias de fecha 4-VII-2022 y 14-X-2022).
II. Frente a ello, los letrados apoderados de las accionadas vencidas interponen sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 16-XII-2020 y 17-XII-2020, respectivamente).
III. Ingresando en el análisis del recurso del municipio, por el que se aduce absurdo y arbitrariedad, se anticipa que éste no puede prosperar, en atención a la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada que -a la luz del material probatorio colectado- le permitieran confirmar la decisión de grado en torno a la responsabilidad por el evento dañoso (v. págs. 11/19), no logran ser conmovidos eficazmente por los agravios volcados en las págs. 3/13 (art. 279, CPCC). Pues bien, su detenida lectura deja advertir que tales ataques (emparentados con la responsabilidad de la cooperativa, la valoración de los escritos postulatorios, el alcance de las expresiones de agravios y la revisión de las circunstancias fácticas que rodearon el hecho) se limitan a discrepar con las razones expuestas por el sentenciante de grado, exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la responsabilidad atribuida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
Sabido es que para revisar las cuestiones de hecho es indispensable evidenciar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto que derivan en afirmaciones insostenibles a la luz de los instrumentos objetivos de la causa, situación que no ocurre en autos. Por más respetable que sea la opinión de la agraviada, ello no autoriza -por sí solo- para que este Superior Tribunal sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. doctr. causas C. 118.133, "L., M. F.", sent. de 8-IV-2015; C. 120.322, "Galván", resol. de 29-VI-2016 y C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017).
Asimismo, debe adicionarse que el canal bajo estudio exhibe un absoluto desentendimiento sobre las normas legales expresamente actuadas en la solución recurrida (v. págs. cits. de la sentencia en crisis). En esa dirección, ha manifestado esta Corte que es insuficiente la vía revisora que no sólo no formula una réplica de las razones estructurales y definitorias del fallo sino que -además- omite denunciar como violados los artículos utilizados en él (conf. doctr. causas C. 119.728, "Sandoval", resol. de 20-V-2015; C. 119.856, "Ríos", resol. de 17-VI-2015 y C. 120.761, "Gauna", resol. de 13-VII-2016; entre varias).
Lo dicho, alcanza para desestimar este fragmento revisor (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Tampoco puede ser de recibo la alegación de arbitrariedad (v. págs. 3 y sigs. del embate), ya que ella no se erige en elemento útil a los fines de enervar lo decidido. Conviene recordar que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra -como sucede en el caso- que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; entre otras).
IV. Abordando el medio impugnativo de la aseguradora, mediante el cual se esgrime absurdo en la valoración de la prueba, conculcación de doctrina legal e infracción a los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional y 10 de su par local, se adelanta que éste tampoco puede ser atendido, en atención a su insuficiencia técnica (conf. art. 279, CPCC).
IV.1. Tal como se dijera, esta Suprema Corte reiteradamente ha dicho que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), extremo que se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, los fundamentos expuestos por la Cámara de Apelación que -a la luz de las probanzas reunidas en la especie y en sede penal- le permitieran confirmar la condena contra la compañía de seguros (v. págs. 19/24), no logran ser conmovidos por los reproches expuestos en las págs. 4/9 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que éstos (vinculados con la revisión de las circunstancias fácticas de la litis, la mecánica del suceso lesivo, la prioridad de paso, la culpa de la víctima y la presunción omitida) se desentienden de los expuestos por el Tribunal de Alzadas, limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
Cabe rememorar que discrepar con las motivaciones brindadas por los sentenciantes no es base idónea de agravios, ni constituye el supuesto de absurdo, causal de procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal, ya que esa anomalía queda configurada cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental en el discurrir del juez, dando lugar así a la única vía que autoriza la apertura de la casación para el examen de temáticas de hecho y prueba (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 118.426, "Dignani", sent. de 12-VII-2017; C. 121.282, "Club Atlético All Boys", sent. de 21-III-2018 y C. 122.323, "Suelgaray", sent. de 6-XI-2019; e. o.).
Lo dicho, basta para desestimar esta porción impugnativa y permite, a su vez, descartar la infracción normativa indicada en la pág. 10 del embate (arts. 279 y 289, CPCC).
IV.2. Igual suerte adversa debe seguir la denuncia de transgresión a las garantías constitucionales que se expresan en la pag. 10 del escrito electrónico, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del interesado -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
IV.3. Finalmente, tampoco cabe atender la alegada violación a la doctrina legal expuesta a lo largo de la pieza recursiva, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga ésta última no abastecida por el impugnante que conlleva a repeler también este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley deducidos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a los recurrentes vencidos (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/03/2023 14:30:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/03/2023 12:22:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2023 10:41:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2023 13:39:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2023 13:28:20 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 31/03/2023 14:35:03 hs. bajo el número RR-131-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia