Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126138
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC). Con costas.
C. 126.138 "SEBASTIÁN JIMENA SUSANA C/ SANTILLÁN JESÚS JAVIER Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. En el marco de un reclamo de daños y perjuicios promovido por Jimena Susana Sebastián contra Jesús Javier Santillán y Micro Ómnibus Norte S.A., el Juzgado en lo Civil y Comercial n°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la demanda por la suma de cuatrocientos cincuenta mil ochocientos pesos ($450.800), más intereses. Hizo extensiva la condena, en la medida de la cobertura contratada, a la citada en garantía Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros (v. resol. de 13-VIII-2020).
Dicho pronunciamiento fue apelado por todas las partes (v. escritos electrónicos de 21-VIII-2020, 7-IX-2020, 27-VIII-2020 y 14-VIII-2020).
Recibidos los autos en la Sala III de la Cámara de Apelación del fuero departamental, se dictó una providencia ordenando su remisión a la instancia de origen al solo efecto de que, previa liquidación de capital, intereses y costas, a practicarse de oficio por Secretaría y de conformidad con la sentencia dictada en autos, se intimara por el plazo de diez días a las demandadas Micrómnibus Norte S.A. y la citada en garantía Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, a depositar a embargo la suma resultante -descontando el dinero ya retenido, producto de las medidas adoptadas con anterioridad- bajo apercibimiento de tenerlas por desistidas de su recurso de apelación contra la sentencia definitiva. Ello con fundamento en lo normado en el art. 29 de la ley 13.133 (v. proveído de 12-V-2022).
Contra dicho proveído las mencionadas apelantes interpusieron revocatoria (v. escrito electrónico de 17-V-2022) y el Tribunal de Alzada desestimó tal remedio, confirmando la decisión impugnada. Para así decidir, la Cámara resaltó que la cuestión traída a juzgamiento, regida -en principio- bajo los postulados del derecho del consumo, debía ser subsumida en lo dispuesto por el art. 29 de la ley 13.133 y, consecuentemente, satisfacerse el requisito del depósito previo. Asimismo, con fundamento en precedentes dictados por esta Corte, concluyó que la citada norma no conculca derechos o garantías previstas en la Constitución nacional o provincial (v. resol. de 14-VII-2022).
Frente a lo así resuelto, la firma demandada y la citada en garantía dedujeron, en forma conjunta, recursos extraordinarios de nulidad, inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. escrito electrónico de 9-VIII-2022), los que fueron denegados con fundamento en la falta de definitividad del auto impugnado (v. resol. de 25-X-2022). Ello motivó la articulación de una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 3-XI-2022), la que fue agregada a los autos principales requeridos (v. proveído de 14-VI-2023).
II. Entrando al análisis de los requisitos de admisibilidad de las impugnaciones extraordinarias intentadas, cabe señalar que, más allá de los motivos que fundaron su denegatoria, las mismas resultan inadmisibles.
II.1. Con relación al recurso extraordinario de nulidad, es del caso señalar que, conforme ha resuelto este Tribunal en repetidas oportunidades, éste sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; causas C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020; C. 124.775, "Acosta", resol. de 24-VIII-2021; C. 125.254, "Ferraris", resol. de 15-VII-2022 y C. 125.767, "Lasarte", resol. de 24-VIII-2022).
En el caso, de la lectura del escrito por el que se articularon los remedios extraordinarios intentados surge que, no obstante mencionarse los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, las argumentaciones efectuadas en sustento del planteo anulatorio apuntan, en rigor, a controvertir el acierto jurídico de la decisión, haciendo referencia a que la fundamentación del pronunciamiento es incorrecta y cuestionando la normativa aplicada en el fallo (v. escrito electrónico de 9-VIII-2022, apartado III). Tales planteos, referidos a presuntos errores de juzgamiento, no son propios del carril recursivo en consideración, sino del de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 122.547, "Martínez", resol. de 15-VIII-2018; C. 123.992, "Russo", resol. de 1-XII-2020; C. 124.421, "Ramírez", resol. de 24-VIII-2021 y C. 125.652, "Demare", resol. de 19-XII-2022).
A su vez, deviene pertinente adunar que reiteradamente ha sostenido este Tribunal que son ajenas al ámbito del recurso que se considera las alegaciones referidas a la eventual vulneración de las garantías constitucionales que se mencionan (conf. doctr. causas C. 122.689, "Gonzalez", resol. de 19-IX-2018; C. 123.073, "Niño de Reisner", resol. de 14-VIII-2019; C. 123.630, "Malin", resol. de 4-III-2020; C. 123.900, "Cabrera", resol. de 29-VII-2020; C. 124.830, "Anagonos", resol. de 18-XI-2021 y C. 126.125, "Piperino", resol. de 5-IV-2023).
En tales condiciones, el carril extraordinario de nulidad articulado deviene inadmisible (art. 296, CPCC).
II.2. Acerca del recurso de inconstitucionalidad también impetrado, del análisis del escrito impugnativo resulta que, no obstante enunciarlo, no se ha fundado remedio extraordinario alguno basado en el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial o en su contenido normativo (art. 161 inc. 1, Const. Provincial; conf. doctr. causas C. 105.388, "Microómnibus General Pacheco S.A", resol. de 1-IX-2010; C. 118.269, "Almar de Martínez", resol. de 18-XII-2013; C. 121.078, "Olmedo", resol. de 28-XII-2016 y C. 125.676, "Legajo Registro Notarial N°8 del Partido de Ayacucho", resol. de 28-X-2022).
De la lectura de la pieza recursiva, se aprecia que no obstante alegarse en forma genérica la inconstitucionalidad de la norma aplicada, lo cierto es que no se han desarrollado agravios propios de tal vía en relación con la decisión atacada. En tal sentido, se observa que, las accionadas se limitan a exponer en el carril impugnativo intentado que el pronunciamiento en crisis resulta violatorio de garantías constitucionales y convencionales, sin identificar correctamente cuáles son los fundamentos traídos, en particular, en sustento de la vía de inconstitucionalidad deducida y en el marco de la normativa que la regula (art. 299 cit.; v. escrito electrónico de 9-VIII-2023, punto IV; conf. doctr. causas cits.).
Se impone, así, considerar inadmisible el recurso extraordinario en análisis (art. 299, CPCC).
II.3. Respecto del recurso de inaplicabilidad de ley cabe observar que, en el caso, de acuerdo a los planteos traídos, el valor del agravio está representado para los impugnantes por el importe que se ordenara depositar en los términos del art. 29 de la ley 13.133, descontando las sumas ya retenidas, cuya exigencia cuestionan (conf. doctr. causas C. 123.069, "Elicalde", resol. de 20-III-2019; C. 123.854, "Soraide", resol. de 6-VII-2020; C. 124.046, "Dahl", resol. de 23-X-2020; C. 124.385, "Sakalis", resol. de 9-XI-2021). Así, de la compulsa de las actuaciones (v. liquidación practicada en el juzgado el 31-VIII-2022 por un total de capital, intereses y gastos de $1.756.885,03; escrito electrónico de 7-IX-2022 y despacho de 29-IX-2022 y sumas a descontar según medidas adoptadas con fechas 26-VIII y 30-XI-2020 conforme se indica), se desprende que el monto, individualmente considerado para cada uno de los recurrentes, contrariamente a lo manifestado en la pieza recursiva (v. escrito electrónico de 9-VIII-2022, punto II.b), no permite tener por cumplido el recaudo en análisis -de $2.448.500, texto según ley 14.141 y Acordada 4065/2022, vigentes al momento de la interposición del carril extraordinario- para acceder a la revisión por la vía intentada.
Ello determina la inadmisibilidad de la vía de inaplicabilidad de ley (art. 278, CPCC, según ley 14.141 y Ac. 4065/22 cit.).
Finalmente, es del caso resaltar que, en el supuesto de autos y en el contexto descripto, no se advierte, en principio, la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia. Ello, toda vez que, si bien se denuncia arbitrariedad, absurdo y se alega la supuesta afectación de garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (CSJN, Fallos: 310:1542, 325:2192; conf. doctr. causas C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019; C. 124.320, "Ramos", resol. de 11-XII-2020; C. 124.594, "Bourdieu", resol. de 10-III-2021; C. 122.192, "Barco", resol. de 19-IV-2021, C. 123.761 "Gourriet", resol. 8-VI-2021; C. 125.085, "Malimowcka", resol. de 29-XII-2021 y C. 125.486, "Maciel Cabral", resol. de 10-VIII-2022).
En virtud de lo expuesto, cabe concluir que las vías extraordinarias articuladas resultan inadmisibles y se impone, en consecuencia, el rechazo de la queja incoada (arts. 278, 292, 296 y 299, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/03/2024 11:48:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/03/2024 19:50:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 09:12:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 16:03:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 11:38:22 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:43:09 hs. bajo el número RR-214-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia