Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 128021
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
C. 128.021 "CARRIZO MIRANDA SILVIA RAMONA C/ ESPÍNDOLA MARCOS ISAÍAS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO"
I. El Juzgado en lo Civil y Comercial n°10 del Departamento Judicial de La Matanza, en el marco de un reclamo de daños y perjuicios, homologó el acuerdo transaccional y de honorarios celebrado por la actora Silvia Ramona Carrizo Miranda y la citada en garantía Seguros Sura SA y, en lo que ahora interesa destacar, reguló honorarios al mediador Duilio Oscar Carrizo Miranda en la suma de ciento setenta y un mil cuatrocientos sesenta y dos pesos con 96/100 ($171.462,96), con más aportes de ley e IVA en caso de corresponder (v. resol. de 18-IX-2023).
Apelado dicho pronunciamiento, la Sala I de la Cámara de Apelación del fuero departamental redujo los honorarios del mediador a la cantidad de dos con 50/100 jus arancelarios (2,5 jus), con más los aportes previsionales e IVA (v. resol. de 14-XII-2023).
Frente a lo así resuelto, el citado mediador interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. escrito electrónico de 19-XII-2023), el que fue concedido (v. resol. de 4-IV-2024).
II. Al respecto, es del caso señalar que, conforme ha resuelto este Tribunal en repetidas oportunidades, la vía extraordinaria de nulidad sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As; C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.071, "Mogaburu", resol. de 10-IV-2019; C. 120.375 "Echenique", resol. de 12-VIII-2022 y C. 125.881, "Alonso", resol. de 23-III-2023).
En el supuesto que se considera, si bien se denuncia la infracción del art. 171 de la Constitución provincial, lo cierto es que no se exponen ni desarrollan agravios sustentados en el contenido normativo de tal precepto normativo. Así, de la lectura del escrito impugnativo se aprecia que, bajo la invocación de la supuesta falta de fundamentación, el recurrente cuestiona el acierto de la decisión y expresa su desacuerdo con relación a la aplicación e interpretación de la normativa citada en el fallo, aduciendo la inobservancia del decreto 600/21, reglamentario de la ley 13.951 y del art. 22 de la ley 14.967. Tales planteos, referidos a presuntos errores de juzgamiento, no son propios del carril recursivo en consideración, sino del de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 123.208, "Guattini", resol. de 14-VIII-2019; C. 123.894, "Chulenmar S.R.L.", resol. de 16-VI-2020; C. 123.779, "Cartaman", resol. de 3-VIII-2020; C. 124.899, "Celta", resol. de 23-IX-2021 y C. 125.337, "Gerpe", resol. de 29-XII-2022).
A su vez, en cuanto a la invocada transgresión del art. 171 citado, corresponde agregar que esta Corte ha sostenido en numerosas oportunidades que aquélla solamente se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. resol. de 14-XII-2023; conf. doctr. causas C. 123.992, "Russo", resol. de 1-XII-2020; C. 124.520, "Fernández", resol. de 23-IX-2021; C. 125.205, "Arejola" resol. de 10-VIII-2022).
Finalmente, deviene pertinente indicar que, como también se ha señalado reiteradamente, resultan ajenas al ámbito de esta vía impugnativa la denuncia de arbitrariedad y las alegaciones que se esbozan referidas a la vulneración de garantías y derechos constitucionales, como el de propiedad y a trabajar que se mencionan (v. escrito electrónico de 19-XII-2023; conf. doctr. causas C. 121.186, "Ciolfi", resol. de 28-XII-2016; C. 121.765, "Unzué", resol. de 22-XI-2017; C. 122.902, "Hernández", resol. de 13-II-2019; C. 123.630, "Malin", resol. de 4-III-2020; C. 123.900, "Cabrera", resol. de 29-VII-2020; C. 125.325, "Álvarez", resol. de 10-VIII-2022 y C. 125.862, "Minervino", resol. de 29-XII-2022).
En tales condiciones, cabe concluir que la vía extraordinaria de nulidad ha sido mal otorgada (art. 296, CPCC).
Se impone, asimismo, reputarla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; conf. doctr. causas C. 121.635, "Rodríguez Vigo", resol. de 28-VI-2017; C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018; C. 123.725, "Vera", resol. de 11-V-2020 y C. 125.205, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/11/2024 11:43:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/11/2024 17:54:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2024 10:19:24 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 09:57:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 13:36:54 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/11/2024 14:16:43 hs. bajo el número RR-867-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia