Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 129266
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso extraordinario interpuesto, reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) ordenar el libramiento de los oficios referidos en el punto II anteúltimo párrafo.
C. 129.266 "TORRES GAONA DANTE ALIGHIERI C/ SUÁREZ FERNANDO LUIS Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, en el marco de este juicio de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto había hecho lugar a la demanda iniciada por Dante Alighieri Torres Gaona contra Fernando Luis Suárez y extendido la condena a la citada en garantía Caledonia Argentina Compañía de Seguros S.A. conforme a lo allí dispuesto; a su vez, la revocó parcialmente elevando los montos indemnizatorios por incapacidad sobreviniente, daño moral y gastos médicos, de farmacia y traslados (v. sentencias 19-IV-2023 y 2-VIII-2024).
Frente a tal pronunciamiento, el apoderado de la entidad aseguradora interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. escrito electrónico de fecha 7-VIII-2024), el que fue concedido (v. resol. de 26-IX-2024).
II. Previo a todo análisis relativo a la admisibilidad del recurso que viene concedido, se impone efectuar una breve referencia a la actuación profesional desplegada en estos autos por los apoderados de la aseguradora citada en garantía, en lo que hace a la defensa técnica de los intereses en juicio del demandado.
En estos autos se reclamó inicialmente la suma de $ 8.900.000 o lo que en más o en menos surgiera de la prueba a producirse (v. escrito de inicio de 7-V-2021). La demanda y la citación en garantía de la aseguradora fueron contestadas por la abogada Marcela María Tiribelli -como apoderada de la entidad aseguradora y del accionado-, quien al responder la citación puso de manifiesto que la suma máxima asegurada era de $ 10.000.000 (v. escritos electrónicos de fechas 26-VI-2021, 13-VII-2021 y 4-VIII-2021 y archs. adjs.). Con anterioridad al dictado de la sentencia de primera instancia, la mencionada profesional renunció a ambas representaciones y se dispuso que siguiera interviniendo hasta que comparecieran al juicio sus poderdantes (v. escrito electrónico de fecha 7-III-2023 y prov. de 10-III-2023). El fallo de primera instancia condenó al accionado al pago de $7.696.000 con más intereses y costas; a su vez, extendió la condena a la citada estableciendo que debía ajustarse la limitación de cobertura pactada a las normas vigentes al momento del efectivo pago (v. sent. de 19-IV-2023). El pronunciamiento fue apelado por la referida abogada en representación del demandado y de la entidad aseguradora (v. escrito electrónico de fecha 24-IV-2023). Puede advertirse de lo expuesto que respecto de la actuación de dicha profesional, no surgía patente un conflicto de intereses.
Posteriormente, entre otros trámites procesales, se presentaron, por la aseguradora el abogado Alejando Jorge Geretto (v. escrito electrónico de fecha 9-V-2023 y arch. adj.) y por el demandado la abogada Gisela Constanza Soriano con el patrocinio letrado del mencionado Alejandro Jorge Geretto, (v. escritos electrónicos de fechas 9-V-2023 y 6-X-2023 y archs. adjs.). En un escrito único, los letrados presentaron agravios contra la sentencia tanto en representación del accionado como de la aseguradora y, entre otras quejas, cuestionaron lo atinente al límite de cobertura (v. escrito electrónico de fecha 16-X-2023, punto 4 "VIOLACIÓN DEL LÍMITE DE COBERTURA DE LA PÓLIZA). Luego, se presentó como apoderado del accionado, Alejandro Jorge Geretto (v. escrito electrónico de fecha 4-II-2024 y arch. adj.).
La Cámara dictó sentencia revocando parcialmente el fallo de primera instancia. Elevó las indemnizaciones por incapacidad sobreviniente, daño moral y gastos médicos, de farmacia y traslados, fijándolos en las sumas de $9.000.000, $3.600.000 y $60.000 respectivamente; la confirmó en lo demás que había sido materia de recurso y agravio (v. sent. de 2-VIII-2024).
Contra dicha decisión, interpuso recurso extraordinario de nulidad solamente la aseguradora citada, representada por el letrado Alejandro Jorge Geretto, planteando -entre otras impugnaciones- la violación del límite de cobertura (v. escrito electrónico de fecha 7-VIII-2024, punto 4).
De lo expuesto, se exhibe un evidente conflicto de intereses entre la compañía de seguros y su asegurado -el demandado- en cuanto la primera pretende ceñir su responsabilidad al límite de cobertura contratado, frente a la presumible vocación de total indemnidad patrimonial que el segundo pudiera albergar.
Tal conflicto no correspondía ser soslayado por los profesionales que estuvieron a cargo de la defensa técnica de ambos luego del dictado de la sentencia de primera instancia, abogados Soriano y Geretto. En todo caso, debieron declinar -y no lo hicieron- la representación ejercida en favor de una u otra de las partes cuyos intereses se ven así confrontados (conf. doctr. causas C. 120.534, "Puga", sent. de 11-III-2020; C. 122.594, "Albarracín", sent. de 24-VIII-2020; C. 122.960, "Rabanal", resol. de 13-VIII-2020; C. 123.996, "Alaniz", resol. de 29-X-2021).
En dicho sentido no es ocioso recordar lo preceptuado por el art. 28 de las Normas de Ética Profesional dictadas por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires que en lo pertinente reza: "ART. 28: ACLARACIONES AL CLIENTE. CONFLICTO DE INTERESES. Es deber del abogado enterar al cliente de todas las circunstancias que puedan influir sobre él, respecto de la elección de abogado. Es contrario a la profesión representar intereses opuestos, excepto mediando consentimiento unánime prestado, después de completa aclaración de los hechos. Dentro del sentido de esta regla, existen intereses encontrados cuando se debe simultáneamente defender e impugnar una misma medida...".
Tampoco debió pasar inadvertido para los jueces de segunda instancia, a quienes correspondía, una vez percatados de la situación de intereses encontrados, disponer las medidas procesales necesarias para superar la incompatibilidad (doctr. arts. 36, CPCC y 18, Const. nac.), lo que no ocurrió.
Dicho todo lo anterior, vaya entonces una especial recomendación a los referidos letrados, que se hace extensiva -en la medida de lo señalado- a los jueces intervinientes en este proceso (a cuyo efecto, corresponderá librar los correspondientes oficios con transcripción del presente acápite), para que en el futuro, en sus respectivos ámbitos de actuación, extremen la diligencia técnica necesaria a fin de evitar situaciones que, como la de autos, conlleven un claro menoscabo de la debida defensa en juicio de los protagonistas principales del proceso (art. 34 inc. 5 apdo. "c", CPCC).
Asimismo, deberá la Cámara interviniente tomar las medidas necesarias con el objeto de informar al Colegio de Abogados respectivo sobre la actuación de los letrados mencionados, a los fines que corresponda.
Por otra parte, cabe aclarar que no se manda a subsanar la anomalía indicada debido a que el remedido de nulidad extraordinario -se adelanta- ha sido mal concedido, conforme se expone en el punto que sigue.
III. Con relación a la vía anulativa intentada, es oportuno recordar que la misma sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; conf. doctr. causas C. 124.490 "Agorreca", resol. de 10-III-2021; C. 124.505, "Aquino", resol. 24-VIII-2021; C. 127.413, "Gutman", resol. de 4-VII-2024; C. 127.722, "G. B. S.", resol. de 9-VIII-2024).
En el caso, del análisis del escrito impugnativo resulta que, no obstante invocarse la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, no se han expuesto ni desarrollado agravios sustentados en el contenido normativo de tales preceptos. Así, de su lectura se observa que las argumentaciones traídas en sostén de la referida vía apuntan a controvertir el acierto jurídico de lo resuelto en el fallo puesto en crisis.
En efecto, si bien la impugnante denuncia la transgresión del art. 168 del Código Procesal Civil y Comercial, en rigor, cuestiona el obrar del Tribunal de Alzada al establecer la responsabilidad del demandado, la cuantía del resarcimiento fijado, a la vez que alega violación del marco regulatorio del seguro; todo lo cual resulta ajeno al carril recursivo bajo estudio y propio del de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 125.568, "Grilli", resol. de 22-XI-2022; C. 125.703, "Giammaría", resol. de 31-III-2023; C 126.590; C. 127.099, "Altamirano", resol. de 4-VII-2024; C. 128.442, "Helvig", resol. de 28-X-2024).
En cuanto a la denuncia de transgresión del art. 171 de la Constitución provincial, cabe recordar que reiteradamente ha sostenido esta Corte que ella solamente se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. sent. de 2-VIII-2024; conf. doctr. causas C. 125.092, "Martin", resol. de 19-XII-2022; C. 126.305, "Zalazar", resol. de 14-XI-2023; C. 126.898, "Icedream S.R.L.", resol. de 24-IV-2024; C. 126.825, "Iparraguirre", resol. de 5-VI-2024), exponiendo en realidad la recurrente lo que considera una indebida fundamentación de las conclusiones del Tribunal de Alzada, que -como ya se señalara- resulta una argumentación impropia de este carril recursivo.
Con relación a las alegaciones de arbitrariedad, falta de motivación suficiente de la sentencia, violación del principio de congruencia, falta de valoración de los antecedentes del caso y del derecho aplicable, y vulneración de los derechos constitucionales que se mencionan en el escrito recursivo, deviene pertinente recordar que se ha sostenido reiteradamente que resultan agravios ajenos al ámbito de esta vía impugnativa (conf. doctr. causas C. 123.630, "Malin", resol. de 4-III-2020; C. 125.862, "Minervino", resol. de 29-XII-2022; C. 126.462, "González", resol. de 27-XI-2023; C. 127.225, "S. A. A.", resol. de 28-X-2024).
En tales condiciones, el intento anulatorio articulado resulta inadmisible (art. 296, CPCC). Se impone, asimismo, reputarlo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; conf. doctr. causas C. 123.725, "Vera", resol. de 11-V-2020; C. 125.985, "Ávalo", resol. de 5-IV-2023; C. 126.750, "Genchi", resol. de 5-VI-2024; C. 127.396, "Rojo", resol. de 4-VII-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedido el recurso extraordinario interpuesto, reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) ordenar el libramiento de los oficios referidos en el punto II anteúltimo párrafo.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/12/2024 10:08:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2024 11:41:31 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2024 13:01:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/12/2024 20:39:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2024 11:02:08 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/12/2024 12:07:30 hs. bajo el número RR-925-2024 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia