Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125856
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 22 de septiembre de 2023 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 125.856 "CAMURRI CARLOS ALFREDO C/ CASAL GUILLERMO JOSÉ Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. Con la presentación electrónica de fecha 25 de septiembre de 2023, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 22 de septiembre del mismo año.
II. El apoderado de los demandados deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, por un lado y con sustento en que no se trajeron agravios propios de los arts. 168 y 171 de la Constitución local, declaró mal concedido el de nulidad articulado y lo reputó inoficioso a los fines regulatorios y, por el otro, rechazó el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación, con costas (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; 60, 289 y 296, CPCC; 30, ley 14.967; v. resol. 1-VIII-2023; trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 28-VIII-2023 y su archivo adjunto titulado "CAMURRI...").
En el caso, en el marco de una acción de daños y perjuicios incoada por Carlos Alfredo Camurri contra Lucas Casal -hoy sus sucesores-, Guillermo Casal y el Progreso Seguros S.A., la Cámara interviniente modificó el fallo de primera instancia que, a su turno, había cuantificado los rubros a resarcir. En consecuencia, y en lo que interesa destacar, declaró prematuros los planteos respecto del valor del acoplado siniestrado, confirmó el lucro cesante y dispuso el diferimiento de la cuestión referida al límite de cobertura que había sido fijado en valores a la fecha de pago (v. sents. de 19-XI-2021 y 23-V-2022).
III.1. En la vía ahora intentada, los impugnantes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, debido proceso, legalidad, defensa en juicio, tutela judicial, razonabilidad y acceso a la justicia (arts. 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 3/5, 7, 21/23, 25/26 y 28/30, adjunto cit.).
III.2. Sostienen que el fallo en crisis no constituye una derivación razonada del derecho vigente, conforme a las circunstancias de la causa y debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido. Ello, por cuanto, esta Corte apartándose de las constancias del expediente y la normativa aplicable, omitió tratar y resolver cuestiones debidamente propuestas y conducentes a la resolución del caso -que ahora reproducen-. En consecuencia, rechazó -dogmáticamente y con exceso ritual- los recursos deducidos, con la consiguiente afectación de los derechos constitucionales mencionados. Y citan -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estiman atinentes al caso (CSJN, Fallos: 330:1529; 321:1754; 306:879;311:2077; 317:700; 320:2229, entre otros).
En tal sentido, cuestionan que se haya descartado el remedio de nulidad al ponderar -erróneamente, según su modo de ver- que el mismo había sido mal concedido. Aducen que la decisión atacada -al igual que los magistrados anteriores en grado- omitió tratar las cuestiones que entienden esenciales y, en consecuencia, descartó mediante fundamentos aparentes la vía anulativa.
Objetan, también, que se haya desestimado el recurso de inaplicabilidad de ley con base en su insuficiente fundamentación. Denuncian que este Tribunal soslayó tratar y resolver debidamente los planteos en él esgrimidos -que ahora reeditan- relacionados con la revisión de las circunstancias fácticas y las pruebas del litigio, la determinación de los rubros resarcitorios y el límite de la cobertura. Y aseveran que dichos agravios resultaban aptos para acreditar que el Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las pruebas aportadas y, en consecuencia, refutar las razones dadas por la Cámara y demostrar el absurdo de su fallo.
En razón de lo expuesto, concluyen que el caso suscita una cuestión federal suficiente y que la sentencia debe ser dejada sin efecto en tanto se sustentó -según su entender- en meros dogmatismos no susceptibles de ser considerados una derivación razonada del derecho vigente en orden con las circunstancias acreditadas en la causa y eludió -sin guardar la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces- el tratamiento de cuestiones conducentes para una adecuada solución del litigio (v. págs. 4/7 y 20/31, adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 31-VIII-2023) el mismo fue contestado por el apoderado del actor (v. adjunto al escrito electrónico de fecha 12-IX-2023).
V.1. En lo que refiere a la vía federal intentada, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones referidas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, como así también las de hecho y prueba, las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local y con el modo en que emiten sus votos los jueces de los tribunales colegiados (en el presente, el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por el Tribunal de Alzada, la inadmisibilidad de la vía de nulidad y la insuficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, resueltas conforme a lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por los impugnantes no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que los recurrentes se limitan -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar los recursos intentados, alegando que se ha incurrido en dogmatismo y exceso ritual. En efecto, sólo insisten los agraviantes con cuestionamientos expuestos en los remedios locales que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 20/31, adjunto cit.; págs. 6/19 del trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 8-VI-2022; resol. de fecha 1-VIII-2023 cit.).
V.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 3/5, 7, 21/23, 25/26 y 28/30, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; C. 124.505, "Aquino", resol. de 15-III-2022; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.021, "Stradella", resol. de 19-XII-2022 y C. 125.381, "Banco De La Pampa", resol. de 1-VIII-2023, entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 22 de septiembre de 2023 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/04/2024 13:57:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2024 08:36:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 12:26:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/04/2024 19:02:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/05/2024 09:06:24 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/05/2024 10:50:03 hs. bajo el número RR-274-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia