Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125942
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 22 de septiembre de 2023 y 2) denegar el recurso extraordinario federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 3 inc. "d", Ac. 4/07; 14 y 15, ley 48).
C. 125.942 "PIÑON JOSÉ ELOY C/ ALFANO DENIS JOEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. Con la presentación electrónica de fecha 26 de septiembre de 2023, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 22 del mismo mes y año.
II. El demandado deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, con sustento en que no se habían expuesto ni desarrollado agravios sustentados en el contenido normativo de los art. 168 y 171 de la Constitución provincial y que los planteos traídos no eran propios de la vía incoada, declaró mal concedido el de nulidad y lo reputó inoficioso a los fines regulatorios (arts. 296, CPCC; 30, ley 14.967; v. resol. de 1-VIII-2023; trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 25-VIII-2023 y su documento adjunto identificado como "02-DEMANDADO...").
En el caso, la Cámara interviniente, por un lado, confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno había hecho lugar a la acción de daños y perjuicios articulada por José Eloy Piñon contra Denis Joel Alfano y, por el otro, elevó el monto del daño moral a la suma que fijó (v. sents. de 17-IX-2021 y 15-VI-2022).
III.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, propiedad, igualdad ante la ley, debido proceso, así como en la vulneración del principio de congruencia (v. págs. 4, 6 y 10/11, adjunto cit.).
III.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria, confiscatoria y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, declaró -con exceso ritual- mal concedido el remedio local. Afirma que, en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso.
En tal sentido, arguye que el fallo atacado soslayó -al igual que el de la instancia anterior en grado- tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de nulidad -que ahora reproduce- cuestionando el progreso de la acción, la valoración de las pruebas aportadas -en particular la testimonial- y la revisión de las circunstancias fácticas del caso. Y asegura que, tales agravios resultaban suficientes para demostrar que la sentencia de la Cámara omitió tratar y resolver cuestiones propuestas y conducentes para la solución del conflicto y, en consecuencia, correspondía declarar su nulidad (v. págs. 4/11, adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 31-VIII-2023), el mismo fue contestado por el apoderado del actor (v. adjunto al trámite titulado "ESCRITO ELECTRÓNICO" de fecha 26-IX-2023).
V.1. En lo que refiere a la vía federal intentada, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones referidas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, como así también las de hecho y prueba y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local (en el presente, el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por el Tribunal de Alzada, y la inadmisibilidad de la vía de nulidad provincial) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de exceso ritual, falta de fundamentación, irrazonable valoración de la prueba, omisión de tratamiento de cuestiones y apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, tampoco se observan motivos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la acreditación de un supuesto excepcional (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el interesado se limita a denunciar dicho vicio del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado-. En efecto, los agravios se centran en disentir con la postura de esta Corte para descartar el remedio de nulidad, alegando que se ha incurrido en un supuesto de excesivo rigor formal. Asimismo, reitera -en sustento de su postura- los cuestionamientos vertidos en la vía de nulidad, referidos a la denunciada omisión del Tribunal de Alzada, en tanto se apartó de las circunstancias objetivas de la causa e interpretó de manera irrazonable las pruebas aportadas (v. págs. 3/6 del trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 5-VII-2022 y págs. 4/11, adjunto cit.).
Y en dicha tarea soslayan rebatir -debidamente y conforme con el deber impuesto por el inc. "d" del art. 3 de la Acordada 4/2007- las puntuales razones brindadas en la decisión en crisis que destacan, por un lado, que si bien se invocó la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, no se han esgrimido, ni desarrollado agravios sustentados en el contenido normativo de tales preceptos y, por el otro, que los cuestionamientos traídos se dirigen a atacar el acierto jurídico del fallo objetado, resultando -por tanto- ajenos al carril anulativo incoado (v. resol. en crisis cit.).
V.3. Finalmente, es dable apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de garantías constitucionales (defensa en juicio, propiedad, igualdad ante la ley, debido proceso y congruencia; v. págs. 4, 6 y 10/11, adjunto cit.) y la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio deducido, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.884, "Silva", resol. de 26-VI-2019; C. 122.682, "Terminales y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 122.829, "Giménez", resol. de 29-IV-2020; C. 124.023, "Bertolin", resol. de 19-IV-2021; C. 121.891, "Aguirre Cruzado", resol. de 18-XI-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodríguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.295, "Serafini", resol. de 9-II-2023 y C. 125.381, "Banco De La Pampa", resol. de 1-VIII-2023, entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 22 de septiembre de 2023 y 2) denegar el recurso extraordinario federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 3 inc. "d", Ac. 4/07; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/05/2024 13:54:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/05/2024 18:46:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 11:24:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 10:53:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/06/2024 12:24:56 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/06/2024 13:07:58 hs. bajo el número RR-338-2024 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia