Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 127292
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja traída por encontrarse insuficientemente fundada (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 292, CPCC) y declararla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) llamar autos para resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la citada en garantía (art. 283, CPCC).
C. 127.292 "CERECEDO CARLOS ALBERTO C/ LIZZI ÁNGEL ALBERTO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°5 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Carlos Alberto Cerecedo contra Ángel Alberto Lizzi, condenando al accionado a hacer íntegro pago de la suma de tres millones noventa y siete mil pesos ($3.097.000), con intereses. Hizo extensiva la condena a la citada en garantía Sancor Cooperativa de Seguros Limitada (v. sentencia de 30-VI-2022 y aclaratoria de 4-VII-2022).
Apelado dicho fallo por la parte actora y la citada en garantía, la Sala I de la Cámara de Apelación del fuero departamental hizo parcialmente lugar a los recursos deducidos y modificó la decisión (v. sentencia de 1-VIII-2023).
Frente a lo así resuelto, el demandado y la citada en garantía interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de 22-VIII-2023). Ambos carriles impugnativos fueron concedidos y, en lo que ahora es pertinente resaltar, se intimó a los recurrentes a integrar en forma individual el depósito previsto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (v. proveído de 21-IX-2023).
La citada en garantía acreditó la integración del depósito (v. escrito electrónico de 19-X-2023 y su archivo adjunto). El Tribunal de Alzada tuvo por cumplida la carga por la compañía de seguros y, encontrándose firme la intimación dictada el 21 de septiembre de 2023 y vencido el plazo otorgado, tras constatar la falta de integración por parte del demandado Ángel Alberto Lizzi, declaró desierto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el referido accionado (v. proveído de 1-XI-2023). Ello motivó una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 13-XI-2023), la que fue agregada a los autos principales (v. proveído de 21-II-2024).
II. Al respecto, sin perjuicio de las observaciones que podrían efectuarse en torno a la decisión impugnada por el recurso de hecho, cabe destacar que esta Corte ha sostenido reiteradamente que la vía establecida en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial debe atacar necesariamente los fundamentos que diera el tribunal de grado para desestimar el conducto revisor intentado, a fin de que la queja tenga la suficiencia necesaria para ser considerada en esta sede (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 292, CPCC; conf. doctr. causas C. 123.240, "Donadio", resol. de 8-V-2019; C. 124.200, "Artico", resol. de 25-XI-2020; C. 124.140, "Banco Santander Rio S.A.", resol. de 10-III-2021; C. 124.666, "Banco Santander Rio S.A.", resol. de 24-V-2022; C. 125.989, "Franco", resol. de 9-II-2023 y C. 126.905, "Poletti", resol. de 2-V-2024).
En el presente caso, el recurrente no cumple cabalmente con la carga técnica mencionada, desde que, sin desconocer el incumplimiento del emplazamiento individual oportunamente dictado, pretende que se deje sin efecto la declaración de deserción por considerar que el recaudo legal previsto en el art. 280 del Código adjetivo debe tenerse satisfecho con el depósito realizado por la citada en garantía (v. escrito electrónico de 13-XI-2023, apartado V).
En ese marco, no obstante las consideraciones que pudieran efectuarse en torno a la exigibilidad del depósito del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, se observa que en el supuesto de autos -y tal como fuera señalado en la decisión que ahora se pretende impugnar- la declaración de deserción es consecuencia de una intimación anterior que se encuentra firme (v. proveídos de 21-IX-2023 y 1-XI-2023). Así, se aprecia que en la queja incoada el recurrente se limita a cuestionar la procedencia de la intimación, denunciando la transgresión de garantías constitucionales y excesivo rigor formal, esgrimiendo argumentos ya mencionados al interponer la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, sin rebatir adecuadamente lo señalado por el Tribunal de Alzada al declarar la deserción de la vía de inaplicabilidad de ley. En consecuencia, los planteos traídos en esta oportunidad no resultan idóneos para conmover el pronunciamiento que se pretende atacar, en el que frente al incumplimiento del emplazamiento, la Cámara se limitó a hacer efectivo el apercibimiento anteriormente dispuesto y firme (conf. doct. Ac. 99.749, resol. del 27-III-2008; Ac. 105.230, resol. del 17-VI-2009; C. 97.246, "Feltrin", resol. de 9-V-2012; C. 125.247, "Fernandez", resol. de 7-IX-2022; C. 126.645, "LF La Tradición S.A.", resol. de 2-V-2024).
Por otra parte, es pertinente señalar que, conforme ha resuelto este Tribunal en reiteradas oportunidades, la mera denuncia de la doctrina de la arbitrariedad y el exceso ritual manifiesto, no constituye una razón facilitadora del acceso que eventualmente pudiera corresponder a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (conf. doctr. causas C. 119.523,"Raimundi", resol. de 15-VII-2015; C. 122.022, "Szabady", resol. de 7-III-2018; C. 123.642, "Israel Silicaro", resol. de 26-II-2020 y C. 127.195, "Fiorelli & Tonso S.A.", resol. de 2-V-2024).
Asimismo, cabe señalar que los antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se citan en la queja no resultan aplicables al supuesto de autos, toda vez que se refieren a situaciones diversas a la aquí planteada.
En tales condiciones, careciendo el recurso de hecho de desarrollo argumental suficiente a fin de demostrar el yerro de la Cámara al declarar desierto el recurso extraordinario articulado, se impone su desestimación (conf. doctr. causas C. 123.573, "Iacobelli", resol. de 6-XI-2019; C. 124.117, "Alagastino", resol. de 4-XI-2020; C. 124.411, "Presti", resol. de 23-IX-2021; C. 125.261, "Mineo", resol. de 11-V-2022 y C. 126.585, "Villarreal", resol. de 19-II-2024).
Por lo demás, en cuanto a las manifestaciones que se realizan en la presentación traída deviene pertinente adunar que en el supuesto de autos, no se advierte -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que -en el marco procesal descripto- se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. doctr. causas C. 121.885, "Andersen", resol. de 11-X-2017; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 124.316, "Israel Silicaro", resol. de 1-XII-2020; C. 125.180, "Valles", ambas resols. de 10-VIII-2022 y C. 125.703, "Giammaría", resol. de 31-III-2023).
Cabe así concluir en el rechazo de la queja traída (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 292, CPCC), reputando inoficioso a los fines regulatorios el escrito que contiene el recurso incoado ante esta Corte (art. 30, ley 14.967; conf. doctr. causas C. 124.116, "Wagner", resol. de 25-XI-2020; C. 126.598, "Musotto", resol. de 14-XI-2023 y C. 126.787, "Canosa", resol. de 24-IV-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar la queja traída por encontrarse insuficientemente fundada (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 292, CPCC) y declararla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) llamar autos para resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la citada en garantía (art. 283, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/02/2025 21:23:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/02/2025 10:57:30 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/02/2025 15:05:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2025 18:44:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2025 14:01:56 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/02/2025 10:38:20 hs. bajo el número RR-100-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia