Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79613
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº7 del Departamento Judicial de San Martín para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA).
Asimismo, líbrese al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
B.79.613 "CAMPAÑA RIZZO MATÍAS MAXIMILIANO C/ COORDINACIÓN ECOLÓGICA ÁREA METROPOLITANA SOCIEDAD DEL ESTADO (C. S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. ESTADO) -CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-"
I. Matías Maximiliano Rizzo Campaña dedujo una pretensión indemnizatoria contra Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), con miras a obtener una reparación pecuniaria por las lesiones que -según alega- sufrió a raíz del siniestro vial ocurrido el 3 de marzo de 2022, mientras conducía la motocicleta -de la cual afirma ser su legítimo tenedor- por el Camino del Buen Ayre, cuando, a la altura de la localidad de Loma Hermosa, del Partido Tres de Febrero, cayó debido a la presencia de una mancha de combustible sobre la calzada.
Según expone, el fundamento de su presentación reside en el hecho de que la entidad demandada habría incumplido con el deber de seguridad que pesaba sobre ella en virtud del régimen de defensa del consumidor (arts. 42, Const. nac.; 1, 2, 5 y 40, ley 24.240 y sus modificatorias), dado que no habría garantizado las condiciones adecuadas para la circulación vehicular (v. escrito electrónico de fecha 8-II-2024).
II. La causa se radicó por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°7 del Departamento Judicial de San Martín, cuyo titular declaró oficiosamente su incompetencia por entender que, en razón de la "...naturaleza de los hechos invocados en el libelo postulatorio y la entidad de la persona demandada", el caso subsumía en la cláusula general del contencioso administrativo contenida en los arts. 166, último párrafo, de la Constitución bonaerense y 1 y 2 inc. 4 de la ley 12.008 (v. sent. interlocutoria de fecha 15-II-2024).
Contra dicho pronunciamiento, la actora dedujo un recurso de apelación y, siendo este concedido, se remitieron las actuaciones a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental.
Pero los integrantes que conforman su Sala Tercera, tras declarar la inadmisibilidad de la vía impugnatoria intentada, en tanto -sostuvieron- no eran competentes para resolver las apelaciones articuladas en relación con la declaración de incompetencia en el sub lite , devolvieron las actuaciones a la instancia de grado a los efectos de que el expediente siguiera su curso procesal. Ello, sin previamente dejar de advertir que ante una eventual contienda negativa de competencia entre los juzgados involucrados en la controversia, dicho incidente debía ser remitido a esta Suprema Corte de Justicia por resultar el "tribunal supremo común" entre ambos órganos (v. sent. interlocutoria de fecha 18-VI-2024).
Recaídos los actuados nuevamente en el juzgado de origen, su magistrado a cargo los pasó -en atención a su desplazamiento competencial- a la Receptoría General de Expedientes, para que se efectuara el correspondiente sorteo entre los órganos del fuero especializado de aquel departamento judicial, resultando adjudicado al Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 (v. proveído electrónico de fecha 15-VIII-2024).
Por su parte, cabe señalar que el juez de este último declinó la competencia para conocer en el asunto, con el argumento de que: a) el reclamo del demandante se encontraba sustentado en las previsiones de la Ley de Defensa del Consumidor -lo que le otorgaría a la controversia un claro enfoque de derecho privado-; y b) el CEAMSE, si bien se constituía como una Sociedad del Estado conforme a su normativa fundacional, contaba con un patrimonio y personalidad jurídica propios, con capacidad para actuar tanto en el ámbito "público" como "privado", y se encontraba sometido -en su constitución y funcionamiento- al régimen de las normas que regulan las sociedades anónimas (art. 2, ley 20.705). A su vez, destacó que en la controversia no se había denunciado la "...violación de un deber público a cargo de la provincia o de la Ciudad".
De esta forma, planteó la contienda negativa y ordenó elevar los actuados a esta Corte para que la dirima con arreglo a la facultad que le atribuye el art. 7 inc. 1 del código adjetivo (v. resol. electrónica de fecha de 28-VIII-2024).
III. El art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
IV. Precisando las reglas básicas que diagraman la jurisdicción contencioso administrativa, el código respectivo determina que corresponde al fuero especializado decidir en las controversias suscitadas "...entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren regidas por el derecho administrativo" (art. 2 inc. 2, CCA). Lo mismo es reiterado en el art. 30 de la ley 13.133 -texto según ley 14.514-, previendo específicamente bajo ese régimen la competencia de los juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo (conf. causa B. 75.824, "Pestrin", resol. de 21-VIII-2019).
V. Sobre la base de esas directrices, este Tribunal se ha inclinado por la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer en aquellas demandas dirigidas contra un concesionario de obra pública que explota una autopista provincial en virtud de un contrato suscripto con las autoridades locales, cuando se alega que el hecho dañoso se produjo por el presunto incumplimiento de los deberes y obligaciones de seguridad vial que rigen la concesión (conf. doctr. causas B. 72.422, "Pravaz", resol. de 11-IX-2013; B. 75.824, cit.; B. 76.962, "Rosso", resol. de 27-V-2021; B. 78.936, "Coronado", resol. de 6-IX-2023; B. 79.169, "Alonso", resol. de 19-IV-2024 y B. 79.603, "Calbo", resol. de 13-II-2025, e.o.). Lo anterior, puesto que tales controversias se han considerado -como la norma estatutaria dispone- "regidas por el derecho administrativo".
En la especie, cabe apartarse de tal criterio, en tanto que del escrito inicial surge que el accidente que motiva la pretensión de autos habría ocurrido en el "Camino del Buen Ayre", cuya administración fue transferida al Estado Nacional por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en virtud del convenio celebrado en 2006 e instrumentado a través del decreto GPBA 1.121/2006 (conf. cláusula primera), por un plazo de 30 años, siendo su autoridad de aplicación la Dirección Nacional de Vialidad.
De modo tal que es posible presumir en esta instancia, al solo efecto de determinar qué juez deberá entender en los presentes actuados, que el caso es ajeno a la competencia de los juzgados en lo contencioso administrativo (doctr. causa B. 70.747, "Don Jacinto SA Agropecuaria", resol. del 30-III-2010).
VI. Por los fundamentos arriba expuestos, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº7 del Departamento Judicial de San Martín el órgano que siga conociendo en las presentes actuaciones
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº7 del Departamento Judicial de San Martín para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA).
Asimismo, líbrese al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/05/2025 12:49:08 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2025 13:22:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/05/2025 12:18:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/05/2025 12:18:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/05/2025 13:40:37 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/05/2025 13:44:38 hs. bajo el número RR-235-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia