Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 128458
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja traída por encontrarse insuficientemente fundada (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 292, CPCC) y 2) declararla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
C. 128.458 "ROMERO HÉCTOR RODOLFO (SUS SUCESORES) Y OTROS C/ DEL VALLE VENIALGO VÍCTOR FREDI Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Matanza, en el marco de un proceso de daños y perjuicios iniciado por Diana Nancy Mazzo, María Antonia Chávez y Héctor Rodolfo Romero (luego seguido por sus sucesores Olga Chávez, Micaela y Diego Romero) contra Víctor Fredi del Valle Venialgo y la citada en garantía Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, revocó parcialmente el fallo dictado en la instancia de inicio y, en consecuencia, rechazó la acción deducida por Mazzo y Chávez y confirmó la procedencia y cuantía del daño moral establecido a favor del coactor Héctor Rodolfo Romero (hoy sus sucesores). Asimismo determinó que los intereses habrán de computarse con los alcances previstos en esa sentencia (v. fallo de 2-V-2024, adjunto a la queja de 14-VI-2024).
Frente a tal pronunciamiento, las accionantes Mazzo y Chávez dedujeron recurso extraordinario de nulidad. El Tribunal de Alzada valoró que del escrito recursivo se advierte que las impugnantes rotulan y nombran al remedio como uno de nulidad, sin embargo de los argumentos en que se sustenta el mismo se desprende claramente que lo deducido es un recurso de inaplicabilidad de ley (conf. art. 278, CPCC), y por ello destacó que sería tratado como tal en el análisis de admisibilidad. Así, en ese entendimiento, lo denegó con fundamento en la insuficiencia del valor del agravio (v. presentación de 10-V-2024 y resol. de 11-VI-2023).
Contra dicha decisión las accionantes Diana Nancy Mazzo, María Antonia Chávez y los sucesores de Héctor Rodolfo Romero (Olga Chávez, Micaela y Diego Romero) dedujeron una queja ante esta sede con cita de los arts. 275 y 276 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentación de 14-VI-2024 y adjunto suscripto por los patrocinados).
II. Sin perjuicio de las consideraciones que cabrían respecto del escrito presentado ante esta Corte, y aun cuando se entendiera que se trata de la queja prevista en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, cabe señalar que este Tribunal reiteradamente ha sostenido que para cumplir con la exigencia del mencionado art. 292 los impugnantes deben atacar los fundamentos que diera la Cámara al desestimar el remedio interpuesto, a fin de que el escrito tenga la suficiencia necesaria para ser considerada por esta Corte (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; conf. doctr. causas C. 124.019, "Hernández", resol. de 19-VIII-2020; C. 124.310, "Malaplat", resol. de 2-III-2021; C. 124.534, "Hoteles y Resorts International S.A", resol. de 23-IX-2021; C. 126.927, "Ferraiuolo", resol. de 27-XI-2023 y C. 127.235, "Carrera", resol. de 4-VII-2024).
En el caso, los recurrentes no cumplen con dicha carga técnica desde que en su presentación no rebaten de manera específica y contundente el fundamento dado por la Cámara para denegar la vía extraordinaria (v. escrito electrónico de 14-VI-2024).
Así, frente a la resolución desestimatoria, se advierte que las manifestaciones vertidas en el recurso de hecho omiten toda consideración sobre el fundamento claramente expresado por el Tribunal de Alzada al denegar la vía revisora -la insuficiencia del valor del agravio-, desentendiéndose del mismo, con lo cual no se satisface cabalmente la carga técnica mencionada, lo que determina sin más el rechazo de la queja debido a la insuficiencia de su fundamentación (conf. doctr. causas C. 120.546, "Demarco", resol. de 1-VI-2016, C. 122.022, "Szabady", resol. de 7-III-2018; C. 122.453, "Acha Plast S.A.", resol. de 27-VI-2018; C. 122.872, "Mena", resol. de 13-III-2019; C. 123.811, "Fernandez", resol. de 11-II-2021; C. 126.927 y C. 127.235, cits.).
Por lo demás, en virtud de lo expuesto en la vía de hecho, corresponde agregar que en el supuesto de autos no se advierte -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que -en el marco procesal descripto- se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. doctr. causas C. 121.885, "Andersen", resol. de 11-X-2017; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 124.316, "Israel Silicaro", resol. de 1-XII-2020; C. 125.703, "Giammaría", resol. de 31-III-2023 y C. 127.389, "Musotto", resol. de 24-IV-2024).
En consecuencia de lo expuesto, se desestima la queja traída (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 292, CPCC).
Se impone, asimismo, reputar inoficioso a los fines regulatorios el escrito que contiene el recurso presentado ante esta Corte (art. 30, ley 14.967; conf. doctr. causas C. 121.635, "Rodríguez Vigo", resol. de 28-VI-2017; C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018; C. 124.153, "Manzo", resol. de 1-XII-2020; C. 125.555, "Menegozzi", resol. de 10-VIII-2022; C. 126.927 y C. 127.235, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar la queja traída por encontrarse insuficientemente fundada (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 292, CPCC) y 2) declararla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/03/2025 15:28:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/03/2025 15:03:32 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2025 08:42:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2025 17:01:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 12:10:31 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/03/2025 13:14:08 hs. bajo el número RR-157-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia