Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 130332
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja interpuesta (art. 292, CPCC), con costas y 2) declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad interpuesto mediante presentación electrónica de 11 de febrero de 2025 (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967); 3) ordenar el libramiento de los oficios referidos en el punto III, anteúltimo párrafo.
C. 130.332 "LEGARRETA NANCY RENEE C/ SORIANO JOSÉ MARÍA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
I. En estas actuaciones, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°1 del departamento Judicial de Necochea, en el marco de un reclamo por daños y perjuicios iniciado por la señora Nancy Renee Legarreta contra el señor José María Soriano y la citada en garantía Providencia Compañía Argentina de Seguros S.A., hizo lugar a la pretensión y condenó a los demandados a abonar a la actora la suma de $58.991.724 con más los intereses fijados. Asimismo, dispuso que el límite de cobertura del seguro deberá ajustarse a las normas vigentes al momento del efectivo pago (v. sent. de 27-VIII-2024).
Dicho fallo fue apelado por ambas partes (v. sendos escritos de 1-IX-2024).
El Juzgado concedió el recurso de la actora y, con relación al de la demandada, intimó a efectuar -en el plazo de dos días- el depósito del capital e intereses y costas establecido por el art. 29 de la ley 13.133, bajo apercibimiento legal (v. proveído de 2-IX-2024).
Frente a ello, doctor Alejandro Jorge Geretto -apoderado del demandado y de la citada en garantía-, dedujo reposición y apelación en subsidio (v. escrito de 7-IX-2024). El órgano rechazó la revocatoria y denegó la apelación (v. proveído de 9-IX-2024).
Contra esta última resolución, el doctor Geretto interpuso una queja que fue desestimada por la Cámara de Apelación del fuero departamental con fundamento en la inapelabilidad del auto apelado en el marco del trámite sumarísimo impreso al proceso (v. resol. de 12-IX-2024, en causa n°14694, disponible en la MEV) y frente a tal decisión, articuló recurso extraordinario de nulidad (v. presentación de 13-IX-2024), el que denegado con sustento en la falta de definitividad del fallo atacado (v. resol. de 17-IX-2024), motivó la articulación de un recurso directo ante esta sede, identificado como C. 129.142 (art. 292, CPCC; v. escrito de 19-VIII-2024).
Más adelante, el Tribunal de Alzada, abordando la apelación deducida por la parte actora, confirmó parcialmente lo decidido en primera instancia, elevando los montos otorgados (v. fallo de 20-XII-2024).
Frente a ello, el mencionado abogado -como apoderado de la citada en garantía- interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. presentación de 11-II-2025), el que fue concedido (v. resol. de 13-II-2025).
En esta sede, se procedió a agregar la queja identificada como C. 129.142 (v. proveído de 1-X-2025) al presente expediente.
II. Respecto al carril de hecho intentado, más allá del fundamento en que la Cámara sustentara la desestimación de la vía extraordinaria de nulidad, lo cierto es que en el caso, la misma, resulta de todos modos inadmisible (art. 296, CPCC).
Cabe recordar que esta Corte ha sostenido el remedio extraordinario regulado por el art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; conf. doctr. causas C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020; C. 123.872, "Arato", resol. de 28-IX-2020; C. 125.256, "Platero", resol. de 10-VIII-2022; C. 126.235, "Abdala", resol. de 9-II-2023; C. 126.045, "BBVA Banco Francés S.A.", resol. de 13-VI-2023; C. 126.590, "Conosciuto", resol. de 1-VIII-2023 y C. 128.679, "Pernas", resol. de 14-VII-2025).
En el escrito traído, no obstante denunciar la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, no se han expuesto ni desarrollado agravios apoyados en el contenido normativo de esos preceptos. Así, bajo la denuncia de una supuesta preterición de cuestiones esenciales, los planteos allí expuestos apuntan, en rigor, a controvertir el mérito de lo resuelto por el Tribunal de Alzada al desestimar la queja por considerar inapelable la resolución impugnada, alegando que dicho órgano no ha analizado si resulta ajustado a derecho denegar la apelación por no efectuar el depósito previsto en las leyes de Defensa al Consumidor a un tercero manifiestamente ajeno a la supuesta relación de consumo como lo es la citada en garantía y que ha limitado a rechazar la queja mediante afirmaciones dogmáticas y de un excesivo rigor formal. Tales manifestaciones, así como la denuncia de arbitrariedad e infracción al principio de congruencia, se erigen en cuestionamientos al acierto jurídico de la sentencia y resultan, de tal modo, ajenas al carril recursivo en consideración y propios del de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 122.814, "Mauleón", resol. de 19-IV-2021; C. 124.572, "Escalante", resol. de 9-XI-2021; C. 125.319, "González", resol. de 10-VI-2022; C. 125.614, "Esquivel", resol. de 15-VII-2022; C. 120.375, "Echenique", resol. de 12-VIII-2022; C. 126.756, "Gross", resol. de 24-IV-2024 y C. 128.476 "Jorge", resol. de 28-X-2024).
A su vez, en cuanto a la alegada ausencia de cita legal, deviene necesario observar que reiteradamente ha sostenido este Tribunal que la transgresión del art. 171 de la Constitución provincial sólo se produce cuando la decisión carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes. Dicha circunstancia no se configura en el caso, ya que la simple lectura del pronunciamiento impugnado demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. fallo de 12-IX-2024, en causa n°14694, en la MEV; conf. doctr. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 123.992, "Russo", resol. de 1-XII-2020; C. 124.520, "Fernández", resol. de 23-IX-2021; C. 126.638, "Pellizzari", resol. de 24-IV-2024; C. 128.784, "Pérez", resol. de 10-IX-2024, C. 126.756 y C. 128.476, cits.).
Finalmente, deviene pertinente agregar que también se ha dicho en reiteradas oportunidades que son impropias de este recurso las alegaciones referidas a la vulneración de las garantías constitucionales que se mencionan en el escrito impugnativo (conf. doctr. causas C. 123.900, "Cabrera", resol. de 29-VII-2020; C. 124.953, "Curto", resol. de 15-III-2022; C. 125.652, "Demare", resol. de 19-XII-2022; C. 127.691, "Núñez", resol. de 9-VIII-2024 y C. 129.443 "F.D. AGRO S.R.L.", resol. de 2-VI-2025).
Lo expuesto determina, tal como se anticipó, la inadmisibilidad del remedio extraordinario de nulidad intentado (art. 296 CPCC y doctr. causas cits.) y, consecuentemente, conduce al rechazo de la queja en consideración por los motivos aquí expuestos (art. 292, CPCC).
III. Luego, con relación al recurso extraordinario de nulidad concedido y, previo al análisis de su admisibilidad, se impone efectuar una breve referencia a la actuación profesional desplegada en estos autos por el apoderado de la empresa de seguros -citada en garantía-, en lo que hace a la defensa técnica de los intereses en juicio de la parte demandada.
El demandado, señor José María Soriano, se presentó en autos por medio de apoderado, el citado letrado Alejandro Jorge Geretto, quien ya representaba en la causa a Providencia Compañía Argentina de Seguros SA escritos electrónicos de escrito de 26-III-2024 y de 25-VII-2024, y a tenor de los agravios desplegados en el recurso extraordinario (v. escrito electrónico de 11-II-2025, apdo. IV., punto 1.3) se exhibe un evidente conflicto de intereses abierto entre la compañía de seguros y su asegurado -el demandado- en cuanto ha pretendido la primera ceñir su responsabilidad al límite de cobertura contratado, frente a la presumible vocación de total indemnidad patrimonial que el segundo pudo albergar en las diferentes etapas procesales.
Tal conflicto no correspondía ser soslayado por el profesional a cargo de la defensa técnica de ambas. En todo caso, debió declinar -y no lo hizo- la representación ejercida en favor de una u otra de las partes cuyos intereses se vieron así confrontados (conf. doctr. causas C. 122.960, "Rabanal", resol. de 13-VIII-2020 y C. 123.996, "Alaniz", resol. de 29-X-2021).
En dicho sentido, no es ocioso recordar lo preceptuado por el art. 28 de las Normas de Ética Profesional dictadas por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires que en lo pertinente reza:
"ART. 28: ACLARACIONES AL CLIENTE. CONFLICTO DE INTERESES.
Es deber del abogado enterar al cliente de todas las circunstancias que puedan influir sobre él, respecto de la elección de abogado.
Es contrario a la profesión representar intereses opuestos, excepto mediando consentimiento unánime prestado, después de completa aclaración de los hechos. Dentro del sentido de esta regla, existen intereses encontrados cuando se debe simultáneamente defender e impugnar una misma medida...".
Tampoco debió pasar inadvertido para los jueces de segunda instancia, a quienes correspondía, una vez percatados de la situación de intereses encontrados, disponer las medidas procesales necesarias para superar la incompatibilidad (doctr. arts. 36, CPCC y 18, Const. nac.), lo que no ocurrió.
Dicho todo lo anterior, vaya entonces una especial recomendación al referido letrado, que se hace extensiva -en la medida de lo señalado- a los jueces intervinientes en este proceso (a cuyo efecto, corresponderá librar los correspondientes oficios con transcripción del presente acápite), para que en el futuro, en sus respectivos ámbitos de actuación, extremen la diligencia técnica necesaria a fin de evitar situaciones que, como la de autos, conlleven un claro menoscabo de la debida defensa en juicio de los protagonistas principales del proceso (art. 34 inc. 5 apdo. "c", CPCC; conf. doctr. causas C. 120.534, "Puga", sent. de 11-III-2020 y C. 122.594, "Albarracín", sent. de 24-VIII-2020 -por mayoría-).
Asimismo, deberá la Cámara interviniente tomar las medidas necesarias con el objeto de informar al Colegio de Abogados respectivo sobre la actuación del letrado mencionado, a los fines que corresponda.
IV. Pasando ahora a analizar la admisibilidad de la vía otorgada, cabe realizar las mismas consideraciones efectuadas en relación al remedio interpuesto en fecha 13 de septiembre de 2024 que fuera denegado, en cuanto a que resultan impropios de la vía anulatoria los planteos que, bajo la denuncia de preterición de cuestiones esenciales, en rigor, cuestionan el mérito de la decisión.
En efecto, en la vía ahora en examen, se observa que, bajo la denuncia de una supuesta omisión de cuestiones esenciales, las argumentaciones que sostiene el impugnante se dirigen en realidad a controvertir el mérito de lo resuelto por la Cámara en el fallo puesto en crisis. En efecto, se despliegan planteos cuestionando la indemnización de los rubros otorgados y la violación al alcance y límite de cobertura del contrato de seguro, invocando errores de juzgamiento, infracción al principio de congruencia y arbitrariedad. Tales manifestaciones, orientadas a exponer la disconformidad del recurrente con lo establecido por el Tribunal de Alzada, se erigen en cuestionamientos al acierto jurídico de la sentencia y resultan, de tal modo, ajenas al carril recursivo en consideración y propios del de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causa C. 123.453, "Millach", resol. de 6-XI-2019; C. 123.659, "Lanfranchi", resol. de 26-II-2020; C. 124.308, "Leyros", resol. de 17-XI-2020; C. 124.716 "Famca S.A.", resol. de 12-XI-2021; C. 126.833, "Figueroa", resol. de 5-VI-2024 y C. 129.546, "Melon Gil", resol. de 20-V-2025).
Asimismo, respecto del planteo de ausencia de cita legal, cabe señalar que en el caso no se verifica la infracción al art. 171 de la Constitución provincial, ya que la simple lectura del fallo demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. sent. de 20-XII-2024; conf. doctr. causas citadas en el punto II, cuarto párrafo de la presente).
Finalmente, tal como se expresó en el punto II, anteúltimo párrafo de la presente, resultan ajenas al ámbito del recurso que se considera las alegaciones relativas a la eventual vulneración de las garantías constitucionales (conf. doctr. causas cits.)
En consecuencia, cabe concluir que el intento anulatorio debe declararse mal concedido (art. 296, CPCC). Se impone, asimismo, reputarlo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; conf. doctr. causas C. 124.153, "Manzo", resol. de 1-XII-2020; C. 126.045; C. 126.756; C. 128.476 y C. 129.443, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar la queja interpuesta (art. 292, CPCC), con costas y 2) declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad interpuesto mediante presentación electrónica de 11 de febrero de 2025 (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967); 3) ordenar el libramiento de los oficios referidos en el punto III, anteúltimo párrafo.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/10/2025 13:29:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2025 13:31:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/10/2025 10:56:14 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 05/11/2025 09:35:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2025 13:26:11 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/11/2025 14:02:25 hs. bajo el número RR-884-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia