Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 4600 2015
Cuenta corriente bancaria – Régimen de responsabilidad / derechos del consumidor – obligación de seguridad
Expte. n°: 4600-2015 SPERATI HUMBERTO LUJAN Y OTRO/A C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)
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N° Orden: 235
Libro de Sentencia nº: 61
En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, GASTON MARIO VOLTA y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa nº 4600-2015 caratulada: "SPERATI HUMBERTO LUJAN Y OTRO/A C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán, Volta Y Guardiola.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:
I. A fs. 291/297 la Sra. Jueza titular del Juzgado de primera instancia n° 3, Dra. Laura S. Morando, dictó sentencia, por la que desestimó la pretensión deducida por Huberto Luján Sperati y Eva Lorenza Veloz contra “Banco de la Provincia de Buenos Aires”. Impuso las costas a los accionantes y reguló honorarios profesionales.
De tal modo, se expidió respecto de la pretensión encaminada a la indemnización de los daños que alegaron haber padecido los accionantes, a causa de la utilización por parte de terceros, de cheques pertenecientes a un formulario correspondiente a la cuenta corriente de su titularidad, que nunca les fue entregado por la demandada.
Para adoptar tal decisión, la sentenciante sostuvo:
* que resultan aplicables al presente caso, los Códigos Civil y Comercial actualmente derogados, por haber estado vigentes en la época de acaecimiento de los hechos en los que los actores basan su reclamo indemnizatorio;
* que la responsabilidad del banco girado por el pago de cheques entregados a terceras personas sin que la chequera hubiera sido conformada, se encuentra regulada por los artículos 4 y 35 de la ley 24.452, que deben ser armonizados con el sistema de responsabilidad del Código Civil;
* que en el artículo 35 de la ley 24.452 se establece que el banco responderá por el pago de un cheque que no correspondiese a los cuadernos entregados oportunamente al titular de la cuenta corriente;
* que con los hechos reconocidos por ambas partes, la documentación acompañada, la pericia contable y las declaraciones testimoniales, se tiene por acreditada la relación contractual que vinculara a las partes, derivada de la cuenta corriente nº 6605-50020-3;
* que quedó reconocido por la persona jurídica demandada, que la chequera con los cheques individualizados desde el n° 47579201 al n° 47579250, nunca fue retirada por los actores;
* que el artículo 4 de la ley de cheques dispone que cuando el cuaderno de fórmulas de cheque no fuere retirado personalmente por quien lo solicitó, el girador no pagará los cheques que se le presentaren, hasta no obtener la conformidad del titular sobre la recepción del cuaderno;
* que la constancia de denuncia por extravío del formulario y la inexistencia en la cuenta corriente de movimientos vinculados a los cheques contenidos en el mismo; permiten tener por acreditado que la persona jurídica demandada, ante la primera noticia de que la referida chequera había sido utilizada, denunció su extravío y dio la orden de no pagar los cheques, impidiendo así que los mismos impactaran en la cuenta corriente de los actores;
* que el obrar del demandado fue ajustado a derecho, ya que el mismo día en que rechazó el primer cheque, denunció el extravío de la chequera y dio la orden de no pagar los demás cheques contenidos en ella; de modo que con su accionar impidió que el uso indebido de la chequera por parte de terceros generara perjuicios a los actores; quienes no probaron que esos cheques hubieran ingresado a su cuenta y generado un descubierto.
* que, además de no haber quedado acreditado el incumplimiento de las obligaciones de la persona jurídica demandada, tampoco puede tenerse por probada la imposibilidad de acceso al crédito invocada por los actores, dado que el perito contador informó que en el año 2013 se les concedió a los mismos, un préstamo para capital de trabajo;
* que tampoco quedó acreditado el daño psicológico, ya que la perito psicóloga dictaminó que no existen signos relacionados con el hecho, que demuestren la necesidad de realización de un tratamiento por parte de los actores;
* que más allá de que el Banco haya cumplido las obligaciones impuestas por la ley de cheques, no puede soslayarse que la chequera fue efectivamente sustraída mientras estaba en su poder; y ello denota, cuanto menos, un incumplimiento del deber de obrar con el máximo de prudencia y pleno conocimiento de las cosas;
* que, a pesar del reproche que pueda formulársele en este aspecto a la demandada, los actores no acreditaron los hechos invocados como causa del daño moral; ya que no probaron los descubiertos en su cuneta corriente, las llamadas telefónicas, su inclusión en el Veraz, ni los reclamos financieros en los que dicen haberse visto involucrados;
* que, aún cuando hubiesen probado sus padecimientos espirituales, no lograron acreditar la relación causal de los mismos con los hechos denunciados; ya que del expediente "Emerger Fertilizantes S.A. c/ Agropecuaria San Guillermo S.A. s/ Cobro Ejecutivo", surge que los tres cheques allí ejecutados (serie QB n° 47379218, n° 47379219 y n° 473792220) no corresponden a la chequera extraviada (que contenía los cheques con numeración del 47579201 al 47579250); motivo por el cual, si los actores se vieron involucrados en ese proceso, no ha sido por el extravío de la chequera.
* que, en conclusión, la acción entablada no puede prosperar, no sólo porque no quedó acreditado el incumplimiento por parte del banco demandado de las obligaciones derivadas de los artículos 4 y 35 de la ley de cheques; sino también porque, aún cuando pudiera reprochársele al mismo la falta de cuidado en la custodia de la chequera, los accionantes no acreditaron el padecimiento de los daños derivados del extravío de la misma.
II. Contra este pronunciamiento, el Dr. Marcelo Fabián Miano, en representación de los actores, dedujo apelación por medio del escrito electrónico de fecha 17/3/2020; recurso que, concedido libremente, motivó la elevación del expediente a esta Cámara,
III. Previa radicación de la causa, los Dres. Hugo Arnaldo Albertengo y Marcelo Fabián Miano presentaron el 27/7/2020, también por vía electrónica, la expresión de agravios.
En dicho escrito, se agraviaron por el rechazo de la pretensión deducida por sus representados, y solicitaron que, previa revocación de la sentencia apelada, se haga lugar a la misma.
En sustento de su argumentación recursiva, los Dres. Miano y Albertengo sostuvieron:
* que la sentenciante de origen realizó un erróneo encuadre jurídico de la responsabilidad atribuida a la demandada; puesto que, al no estar discutida la celebración del contrato de cuenta corriente bancaria, la cuestión relevante es el perjuicio provocado a los actores, por la utilización de chequeras sustraídas o robadas a la demandada;
* que la utilización de esa chequera extraviada o sustraída, provocó la iniciación de un juicio en contra de los accionantes, tal como quedó probado con el expediente "Emerger Fertilizantes S.A. c/ Agropecuaria San Guillermo S.A. y otros s/ Cobro Ejecutivo”;
* que, con el informe del perito contador, quedó probado que los tres cheques que, contra los aquí actores, se ejecutaron ilegítimamente en la causa "Emerger Fertilizantes S.A. c/ Agropecuaria San Guillermo S.A. s/ Cobro Ejecutivo”, pertenecían al formulario correspondiente a la cuenta corriente de los mismos, que fue extraviado por la demandada;
* que tal circunstancia se erige como causa adecuada del daño, ya que el banco, como propietario y emisor de las chequeras, tiene un deber de custodia sobre las mismas;
* que, partiendo de estos hechos, debe establecerse la responsabilidad de la accionada, en el marco de la ley 24.240 y del Código Civil;
* que los actores eran titulares de una cuenta corriente en la entidad accionada, la que jamás le entregó el formulario de cheques que a la postre fue utilizado por terceros en forma fraudulenta; y debido al rechazo bancario de esos cheques, a aquellos se les inició un juicio ejecutivo; como consecuencia del cual, quedaron incorporados como deudores del sistema financiero;
* que la responsabilidad objetiva de la demandada se funda en el riesgo de su actividad en el ámbito extracontractual, y en su deber de seguridad, en el ámbito contractual; en virtud del cual, banco asumió la obligación de no causar daño a los accionantes;
* que la responsabilidad contractual excede el incumplimiento de la prestación principal, y se convierte en la responsabilidad por el daño producido al otro contratante, por la violación de la obligación tácita de seguridad;
* que los actores, como usuarios del servicio financiero, se vieron afectados en sus derechos como consumidores, ya que el banco participa exclusivamente en la confección de las chequeras; por lo que la negligencia en la custodia de las mismas, conlleva su responsabilidad;
* que si se aplicara si se aplicara un factor subjetivo de atribución de responsabilidad, correspondería inferir que la accionada obró con culpa, ya que no tuvo la diligencia que las circunstancias del caso imponían, inconducta que queda agravada por su carácter de profesional, que le imponía obrar con la máxima prudencia;
* que si el banco, por falta de oportuno y adecuado control, permitió que una persona no titular de la cuenta corriente pudiera librar cheques contra la misma, debe responder por los daños y perjuicios ocasionados a los cuentacorrentistas;
* que los actores nunca tuvieron en su poder el formulario de cheques, pese a lo cual, fueron sujetos pasivos de procesos ejecutivos, sin que la entidad demandada les diera aviso oportuno del mencionado robo o extravío ocurrido en el año 2011; enterándose recién a fines del año 2013, que se encontraban registrados como deudores en el sistema "VERAZ", cuando se les denegó un préstamo bancario;
* que, más allá de que terminó siendo rechazado, es suficiente acreditación del daño, que los actores hayan tenido que, soportar en otra jurisdicción, la iniciación de un juicio ejecutivo en su contra, a causa del incumplimiento de la obligación de seguridad por la entidad demandada en la custodia de las chequeras;
* que el daño patrimonial por imposibilidad de acceso al crédito, se encuentra debidamente acreditado, con la inclusión de los accionantes en el Veraz, a causa de la iniciación del juicio ejecutivo en contra de los mismos;
* que resulta claro el beneficio que le hubiera reportado a los actores la accesibilidad al crédito, en el ámbito del consumo en la vida cotidiana y confort en electrodomésticos; y en el plano comercial, demás está decir que el daño se configuró por la imposibilidad de girar comercialmente sin crédito, siendo propietarios de un pequeño comercio;
* que el daño moral quedó acreditado con el dictamen de la perito psicóloga, quien sostuvo que ambos actores se vieron afectados anímicamente;
* que la señora Veloz evidencia un serio menoscabo en su esfera psicológica, que quedó acreditado con el informe de la perito psicóloga, quien sostuvo que la misma debió consultar y medicarse en su momento;
IV. Corrido traslado de la expresión de agravios reseñada precedentemente, la Dra. Julieta Francisquelo, mediante el escrito electrónico de fecha 10/8/2020, presentó la contestación, en la que, en representación de la persona jurídica demandada, solicitó el rechazo de la apelación de la parte actora; luego de lo cual, previo dictamen del Fiscal General Dr. Juan Manuel Mastrorilli, se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las presentes actuaciones en condiciones de resolver.
V-a) En tal labor, comienzo por señalar que en el presente caso resultan aplicables el Código Civil y el Código de Comercio actualmente derogados, porque ambos regían en la época en que se desarrolló la relación contractual, cuyo incumplimiento invoca la parte actora (art. 7 CCyC).
Sentado ello, considero útil mencionar que la actividad bancaria queda comprendida en el ámbito de la ley de defensa del consumidor, puesto que es desarrollada por personas jurídicas que revisten el carácter de proveedoras, dado que prestan, de manera profesional, servicios financieros (art. 2 ley 24.240).
Asimismo, en este caso, los accionantes encuadran en la categoría de consumidores, puesto que, si bien explotaban un “almacén en su propia casa” (ver declaración testimonial de Daniel Scropanich, fs. 275), el servicio financiero que les brindada el banco demandado no constituía un insumo utilizado de manera directa en esa actividad comercial, sino que sólo se relacionaba tangencialmente con ella; y tan es así, que la misma podría ser desplegada, prescindiéndose de dicho servicio (art. 1 ley 24.240).
Entonces, cabe concluir en que era de consumo, la relación que vinculaba a los actores y a la demandada (art. 3 ley 24.240).
En el marco de esta relación de consumo, el banco tenía como obligación principal, la de prestar los servicios financieros relacionados con el funcionamiento de la cuenta corriente contratada (art. 791 CCom); y a la par, pesaban sobre el mismo, los deberes inherentes a la obligación accesoria de seguridad, incorporada a la relación por el principio de la buena fe, cuya finalidad era garantizar a los cuentacorrentistas aquí accionantes, que no sufrirían daño alguno con motivo del desarrollo de la relación contractual (art. 1198 CC).
Esta obligación de seguridad es de resultado, y por lo tanto, apareja responsabilidad objetiva; pudiendo el obligado liberarse de ella, únicamente mediante la demostración de la ajenidad de la causa del daño.
Entre estos deberes inherentes a la obligación accesoria de seguridad a cargo de los bancos, se encuentra el de adoptar las medidas de prevención adecuadas a los riesgos previsibles en el desarrollo de su actividad profesional, a fin de evitar perjuicios a los usuarios (arts. 42 CN y 1198 CC).
Adoptando este criterio, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Quilmes ha expuesto que “… El deber de seguridad consagrado en el art. 42 de la Constitución Nacional, que corresponde a la relación de consumo, comprende las obligaciones contractuales y extracontractuales, por lo cual resulta indiferente discernir la naturaleza del vínculo que vincula al consumidor o usuario con el prestador del servicio. Las instituciones bancarias deben tomar, justamente, mayores recaudos en cuanto a la seguridad, dado que el manejo cotidiano de cuantiosas sumas dinerarias así lo requiere, motivo por el cual el robo a mano armada no puede considerarse un caso fortuito o de fuerza mayor que exima su responsabilidad… ” (sent. del 16-8-2015, recaída en la causa “Navarro, Jorge D. c/ Banco Galicia y Ots. s/ Daños y Perjuicios”, Sumario Juba B2953017).
Partiendo de esta plataforma normativa, cabe dejar sentado que no resulta controvertido, porque así lo reconoció la accionada en la contestación de demanda, que la chequera solicitada por los accionantes en fecha 23/11/2011, que contenía cheques con una numeración corrida desde el n° 47579201 al n° 47579250, se extravió antes de ser entregada a los mismos (ver fs. 75 punto b).
Asimismo, es importe resaltar que en el correo electrónico remitido por la persona jurídica demandada al perito contador Bentorino, quedó reconocido por la remitente que los cheques que se ejecutaron en la causa "Emerger Fertilizantes S.A. c/ Agropecuaria San Guillermo S.A. s/ Cobro Ejecutivo", “… pertenecen a la chequera extraviada y a su vez esos mismos fueron adulterados en su numeración …” (ver fs. 216, el entrecomillado encierra copia textual).
En consecuencia, cabe tener por probado que el cuaderno de fórmulas de cheque fue extraviado mientras estaba en poder de la persona jurídica demandada; extravío que demuestra a las claras el incumplimiento del deber de custodia que sobre la misma pesaba (art. 4 ley 24.452).
Por otra parte, la profesionalidad del demandado en el desarrollo de la actividad bancaria, posibilita que se le exija la máxima eficiencia en la seguridad de la documentación que está bajo su poder (art. 902 CC).
Este encuadre legal, descarta el encuadre legal realizado en la sentencia en revisión.
Es que el banco demandado dio exacto cumplimiento a la conducta que le impone el artículo 35 de la ley 24.452; ya que, cuando se le presentó al cobro, no pagó el cheque extendido en la fórmula que, por su extravío, no había sido entregada a los cuentacorrentistas.
Pero la responsabilidad que los accionantes le atribuyen, no se funda en el pago indebido del cheque; sino en la deficiencia en la custodia de los formularios, que tiene a su cargo emitir y entregar al cuentacorrentista (art. 4 ley 24.452).
Esto surge claramente de la demanda, donde se lee “… En definitiva, la responsabilidad del banco demandado proviene de la utilización de cheques de nuestra cuenta corriente, por parte de terceros desconocidos con un formulario de cheques que jamás llegó a nuestro poder …” (ver fs. 13, el entrecomillado encierra copia textual).
Como corolario de lo expuesto, emerge que quedó debidamente probado el incumplimiento de la obligación tácita de seguridad por parte del banco demandado, por la deficiente custodia de los formularios de cheques en su poder; incumplimiento que impone el resarcimiento de los daños que estén en relación de causalidad adecuada con el mismo (arts. 901, 903 y 904 CC).
V-b) Paso entonces al tratamiento de los reclamos indemnizatorios.
1.Adelanto que no puede prosperar el reclamo por la pérdida de chance por imposibilidad de acceso al crédito, ya que los actores no lograron acreditar el perjuicio invocado (art. 375 CPCC).
Llego a esta conclusión, valorando, por un lado, que los accionantes no demostraron que estuvieron incluidos en el registro de deudores de entidades financieras del BCRA; y por otro lado, que el perito contador designado en autos dictaminó que en el año 2013, aquellos obtuvieron de la entidad demandada, un préstamo de $ 20.000 (arts. 384 y 474 CPCC; ver fs. 205, resp. al punto e).
2. Paso ahora a abordar los reclamos indemnizatorios por los daños psicológico y moral.
i] En relación al primero de ellos, resulta útil puntualizar que la lesión psíquica se configura ante una alteración patológica de la personalidad, por lo que no constituyen daño psíquico, las meras perturbaciones emocionales. Éstas pueden contornear el daño moral, pero no el psíquico, que exige un matiz patológico (conf. Matilde Zavala de Gonzalez, "Resarcimiento de daños", T. 2-a "Daños a las personas", págs. 220/221)
Este introito permite desestimar el reclamo indemnizatorio de la parte actora por daño psicológico, por falta de prueba del perjuicio invocado (art. 375 CPCC).
Arribo a tal conclusión, valorando que la perito psicóloga expuso que "… Al presente no existen signos, ni síntomas, ni indicadores de un estado depresivo en ninguno de los actores…” (ver fs. 222vta., resp. al punto 4); a lo que agregó que “...No existen al presente signos que, relacionados con los hechos, muestren la necesidad de una indicación de tratamiento …” (ver fs. 223, resp. al punto 4, los entrecomillados encierran copa textual).
De este dictamen, del que no encuentro motivos para apartarme (arts. 384 y 474 CPCC), puede colegirse que no existe una alteración patológica en la personalidad de los actores; inexistencia que excluye la configuración de una lesión psíquica que dé lugar a indemnizacione
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.