Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 3631
CAUSA N° 3631-19 - FLORES NORMA BEATRIZ C/ MONTANARI AUTOMOTORES S.A. Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 1 -
Registro N° / 2019
Fojas
Pergamino, 17 de septiembre de 2019.
Para resolver la presentación que antecede, y
Que la parte actora interpuso recurso de revocatoria contra la resolución de fecha 3 de septiembre del corriente año, mediante la cual se ordenó la reanudación del llamamiento de autos para sentencia. Como fundamento del planteo recursivo, la actora criticó que V.E. había omitido cumplir con la vista previa al Ministerio Público Fiscal, quien debe intervenir en todas las instancias en su rol de fiscal de ley, conforme lo exige el art. 52 LDC, art. 27 Ley 13.133 y a tenor de lo dispuesto por la Resolución 315/18 de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires a cargo del Dr. Julio Conte Grand.
Que en la providencia de fecha 16 de Julio de 2019, este Tribunal había resuelto frente al pedido efectuado por el recurrente a fs. 394/395 para que se corriera vista al Ministerio Público Fiscal que el tratamiento de la solicitud fuera diferido para el momento procesal oportuno.
Que en fecha 3 de septiembre se reanudó el llamamiento de autos para resolver, que fuera suspendido a fs. 393 sin mediar pronunciamiento explícito respecto al pedido efectuado por la parte actora.
Que tras un reexamen del derrotero procesal que ha venido aconteciendo en el trámite de la presente causa, entiendo que asiste razón al recurrente en cuanto a que este órgano ha omitido en forma involuntaria considerar el pedido efectuado a fs. 394/395, habida cuenta de que la oportunidad procesal para adentrarse en el conocimiento de dicha cuestión se dio al momento de elevarse las presentes actuaciones a esta instancia con fecha 27 de Agosto del 2019, resultando extemporáneo el tratamiento del pedido tras la reanudación del llamamiento de autos para resolver suspendido a fs. 393.
Advertida esta circunstancia, y teniendo en cuenta además que el recurrente amplió el motivo de la presente revocatoria deducida renovando los motivos que su criterio justifican el otorgamiento de la vista a Fiscalía, razones de economía y concentración procesal (art. 34 inc. 5 a y e del CPCCBA) habilitan a este Tribunal para considerar en la presente resolución la procedencia de la solicitud efectuada en el escrito de fs. 394/395.
Encuadrada la cuestión en tales términos, ha de anticiparse que no corresponde hacer lugar al pedido de vista oportunamente formulado.
La conclusión precedente deviene como corolario lógico de una interpretación sistémica del ordenamiento jurídico en el marco del diálogo de fuentes entendido como método interpretativo armonizador que, evitando la exclusión de unas normas por otras, posibilita la aplicación simultánea, coherente y coordinada de fuentes normativas convergentes (cf. art. 2 del CCyC y JAYME, Erik, "Identité culturelle et intégratio: le droit international privé postmoderne", en Recueil des Tours, 1995, t. 251, p. 136).
Desde el prisma constitucional, el artículo 120 de nuestra Carta Magna establece: “El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República”.
Esto significa que el Ministerio Público dispone de autonomía funcional para promover ante la justicia, la defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad (Cf. GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina Comentada y concordada, Buenos Aires, Ed. La Ley, 2006, pag. 1000).
En similar sentido, Sagüés afirma que: “el Ministerio Público tiene por misión promover la actuación de la justicia para la defensa de los intereses generales de la sociedad” (SAGÜES, Nestor Pedro, Derecho Constitucional, Tomo II: Estatuto del poder, Buenos Aires, Ed. Astrea, 2017, pag. 461).
En suma, la competencia del Ministerio Público Fiscal resulta justificativa de su intervención en el proceso judicial cuando en dicho ámbito se discuten cuestiones que trasciendan los intereses particulares de los sujetos procesales involucrados y que atañen a los intereses generales de la sociedad.
En concordancia, el art. 29 de la ley 14.442 (Ley de Ministerio Público) ratifica el mandato constitucional al especificar dentro de los deberes y atribuciones del Agente Fiscal: “… 4. En materia civil, comercial, laboral y de justicia de paz, dictaminar en aquellos supuestos previstos por las leyes, cuando se manifestare afectación del interés público con gravedad institucional, o requerir medidas en defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad”.
A tenor del texto legal, el concepto de orden público que justifica la intervención del Ministerio Público Fiscal en causas civiles, comerciales, laborales y de justicia de paz es el de orden público como interés público general de la sociedad toda.
Dicho de otro modo, la noción de orden público habilitante de la competencia del Ministerio Público Fiscal en causas no penales es más restrictiva que la noción de orden público como norma imperativa. En rigor, las leyes imperativas no sólo tienen en mira el interés público general, sino también la protección de intereses privados.
De manera que, en el ámbito procesal, la razón que determina la institución del Ministerio Público se encuentra en el interés público involucrado en el proceso. El “presupuesto ontológico” de la intervención del Ministerio Público, la justificación de su accionar consiste pues en la defensa de los intereses vinculados al orden público y social, lo que conduce a concluir que si la controversia no se proyecta sobre los intereses generales de la sociedad no corresponderá acordar dicha intervención.
Vemos el repetido ejemplo de las leyes protectoras de los incapaces de hecho que, por no referirse a intereses públicos, su violación ocasiona nulidades relativas. No es que mediatamente la protección de los incapaces de hecho no le interese a la sociedad toda, pero el interés inmediato es el privado, el que prevalece y determina su sanción (Cf. PIÑON, Benjamín Pablo, El orden Público en la Constitución, en la ley y en el derecho. Publicado en Orden Público y buenas costumbres, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2007 -3.).
El orden público entendido como interés general de la sociedad se canaliza necesariamente en normas jurídicas imperativas. Pero éstas no aseguran per se la presencia del orden público en el sentido aludido. Por vía de extensión analógica, se advierte que similar situación se patentiza en el ámbito de la legislación de consumo.
Si bien es cierto -como expone el recurrente- que las normas generales de consumo tanto en el ámbito nacional como provincial prevén esta intervención, ello no debe interpretarse con un alcance indiscriminado y absoluto. Menos relevante aún es la referencia a la Resolución 315/18 de la Procuración General que, amén de constituir una fuente normativa jerárquicamente inferior a la Constitución Nacional y a las leyes en sentido formal y por ende resultar a fortiori pasible de la crítica aquí desarrollada, carece de vinculatoriedad respecto a los órganos judiciales atento a la autonomía funcional que media entre el Ministerio Público Fiscal y la Administración de Justicia (art. 116 y 120 de la CN).
La ley 24.240 prevé en su art. 52 que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, el consumidor y usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados. (…) La acción corresponderá al consumidor o usuario por su propio derecho, a las asociaciones de consumidores o usuarios autorizadas en los términos del artículo 56 de esta ley, a la autoridad de aplicación nacional o local, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público Fiscal. Dicho Ministerio, cuando no intervenga en el proceso como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley”. Por su parte, el art. 27 de la ley provincial 13.133 estatuye en su parte pertinente: “El Ministerio Público cuando no intervenga en el proceso como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley”.
Sobre el sentido de la citada disposición, este Tribunal entiende que la intervención del Ministerio Público como fiscal de ley debe ser interpretada en consonancia con el alcance que la Constitución Nacional y la ley orgánica n° 14.442 le atribuyen a la competencia funcional de este órgano, cuál es la defensa de la legalidad en el marco de los intereses generales de la sociedad.
Y toda vez que el concepto de legalidad de los intereses generales de la sociedad comprende todas las normas jurídicas positivas que integran el orden jurídico en la medida en que se proyecten sobre intereses jurídicos que excedan el interés particular de los sujetos procesales, deviene forzoso concluir que en aquellas controversias de derecho de consumidor en las que no se halle comprometido un interés general, no estará justificada la intervención del Ministerio Público Fiscal por cuanto ello excedería el ámbito de su competencia constitucional.
La solución propuesta encuentra sustento jurídico en los principios generales de derecho que rigen en materia de competencia. En este aspecto, cabe referenciar que la competencia es el conjunto de funciones que un órgano público puede legítimamente ejercer. La competencia determina la medida de las actividades que de acuerdo al ordenamiento jurídico corresponden a cada órgano. Se trata de la aptitud legal para obrar en la órbita institucional propia (Comp. Sayagués Laso, op. cit., p. 183; Linares, Juan Francisco, “La competencia y los postulados de la permisión”, RADA, 2: 13, Buenos Aires, 1971; Arnanz, Rafael A., De la competencia administrativa, Madrid, 1967, pp. 39-43; Comadira, Julio R., Procedimiento administrativo y denuncia de ilegitimidad, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1996, p. 19, nota 31; Acto administrativo municipal, 1992, p. 24; Colombo Campbell, Juan, La competencia, Santiago, Chile, 1959, p. 176 y ss.; González Arzac, Rafael M., “La competencia de los órganos administrativos,” ED, 49: 885, 1973; Hutchinson, Tomás, La ley nacional de procedimientos administrativos, Buenos Aires, Astrea, 1985, p. 92 y ss).
A mayor abundamiento, esta posición ha quedado robustecida a partir del fallo de la SCBA de fecha 29 de Mayo de 2019 en la causa I. 72.447, "Procuradora General contra Provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad ley 14.442". En tal oportunidad, el Máximo Tribunal Provincial resolvió a favor de la constitucionalidad de la autonomía funcional de la Defensa Pública consagrada en la Ley 14.442 y especificó que la finalidad de la norma es establecer un área funcionalmente autónoma encargada de la defensa pública no siendo razonable alojarla en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.
Así pues, la pretendida actuación coadyuvante de Fiscalía en el proceso dirigida a salvaguardar los derechos que la ley prevé para la parte débil de la relación jurídica constituye una intervención objetiva de defensa de los intereses del consumidor, aún cuando la ley utilice impropiamente la expresión nominal “Fiscal de ley”. Y a tenor del art. 120 de la CN, arts. 2, 3 y 4 de la ley 14.442 y el precedente de la SCBA citado ut supra, una intervención de tal índole excedería el ámbito de autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal.
En otro orden, no es ocioso referir que la doctrina legal sentada por la SCBA en el fallo “Cuevas” no resulta incompatible con la tesis que aquí se propicia. Es que en tal oportunidad, la Corte Provincial resolvió que la prórroga de competencia en materia de consumidor resultaba violatoria del art. 36 de la ley del consumidor en tanto disposición de orden público no sólo en los casos de acciones judiciales basadas en convenciones causales, sino también en aquellas que tengan por objeto la ejecución de un instrumento abstracto tras el cual se encubra una relación de consumo (ver SCBA, C. 109.305 "Cuevas, Eduardo Alberto contra Salcedo, Alejandro Rene. Cobro Ejecutivo", 1 de Septiembre de 2010).
Sin embargo, ello no implica que tal violación del orden público justifique la intervención del Ministerio Público Fiscal. Es que, en orden a determinar la procedencia de la vista a Fiscalía, es preciso analizar si en el caso concreto se encuentra comprometido el orden público en relación a los intereses generales de la sociedad.
Tal circunstancia se verifica cuando se afecta un bien de naturaleza colectiva (ej. acciones tendientes a la preservación del medioambiente o protección del patrimonio cultural), se trata de una acción que puede incidir sobre la confianza pública de una pluralidad indeterminada de personas (ej. acción de cambio de nombre) o en general de aquellas acciones en las que el orden público trasciende la esfera jurídica del sujeto individual y se proyecta sobre el interés de la sociedad como colectivo indeterminado de personas.
En la hipótesis de la declaración de oficio de la invalidez de la cláusula de prórroga de competencia en una ejecución individual que encubre una presunta relación de consumo, estamos frente a un conflicto de intereses entre sujetos procesales particulares que en principio no trasciende la esfera individual de las partes y que, por ende, no afecta los intereses generales de la sociedad, sin perjuicio de que resulten aplicables normas jurídicas de carácter imperativo. Decimos “en principio” por cuanto podrían verificarse circunstancias especiales que en el caso concreto importen afectación del interés público general, más la sola concurrencia del supuesto analizado no justifica en sí misma tal intervención.
Por vía transitiva, se advierte que en la especie tampoco se verifica una afectación de los intereses generales de la sociedad como manifestación específica del orden público habilitante de la intervención del Ministerio Público, toda vez que el conflicto suscitado en autos, aunque concierne al derecho de consumo, no trasciende la órbita de los intereses particulares de las partes litigantes.
A mayor abundamiento, y conforme a una interpretación teleológica, resulta excesivo acordar intervención al Ministerio Público Fiscal cuando los intereses en juego se circunscriben a los derechos subjetivos de las partes –máxime cuando la ley no lo prevé en forma expresa-, pues en tal caso su defensa queda asegurada mediante la asistencia letrada obligatoria (art. 56 CPCCBA).
En sustento de esta regla interpretativa, el Máximo Tribunal de nuestro país ha sostenido que: "Debe tenerse en cuenta el principio de hermenéutica jurídica según el cual debe preferirse la interpretación que concuerda y favorece -antes que aquella que prescinde y dificulta- los fines perseguidos por las normas constitucionales". (CS, "I-Hsing Ni", 23, 23/06/2009, Fallos: 285:60:293:154).
Un temperamento hermenéutico contrario al propiciado generaría una indebida sobrecarga funcional en el Ministerio Público que se vería obligado a intervenir en cualquier caso en que fuesen aplicables normas de orden público. A saber: en todos los casos de derecho de consumidor, en todos los casos de derecho laboral, en todos los casos de derecho de familia, y en la mayor parte de los casos de derecho civil y comercial atento a la presencia de numerosas disposiciones de orden público en el Código Civil y Comercial que inciden directa o indirectamente en la regulación de la situación jurídica controvertida.
Esto provocaría consecuencias altamente negativas para el sistema institucional: por un lado, la desviación de los recursos humanos, técnicos y financieros del Ministerio Público a causas en las que no está comprometida la defensa de los intereses generales de la sociedad y que por lo tanto no incumben al cometido específico de este órgano. Y por otro, ocasionaría demoras innecesarias en la tramitación de los procesos judiciales en los que la intervención del Ministerio Público Fiscal resulta injustificada.
Tal disfunción deviene, en consecuencia, violatoria del derecho a la duración razonable del proceso como manifestación específica de la garantía a la tutela judicial efectiva. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el concepto de plazo razonable contemplado en el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica debe apreciarse en relación a la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse. Conforme a reiterada jurisprudencia de ese Tribunal deben ser considerados cuatro aspectos para determinar en cada caso concreto el cumplimiento de esta regla: la complejidad del asunto; la conducta de las autoridades; la actividad procesal del interesado, y la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso (Cfr. caso "Suárez Rosero c. Ecuador", párr. 72, y caso "Luna López c. Honduras", párr. 189).
Cabe recordar, en tal sentido, que los arts. 1º y 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, sientan “deberes” específicos para los Estados a ella adheridos. El primero, esencialmente, establece dos: a) respetar los derechos de la Convención, y b) garantizarlos, sin discriminación alguna. A su turno, el art. 2º les obliga a adoptar ”disposiciones legislativas o de otro carácter” necesarias para efectivizar aquella garantía. Aquí se alude al “efecto útil” que debe tener el Pacto.
En el escenario interamericano, y con algunos antecedentes precisos en votos aislados emitidos en otros pronunciamientos (Ver por ejemplo los votos singulares del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, en los casos “Myrna Mack Chang”, 25/11/2003, y “Tibi”, 7/9/2004), la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Almonacid Arellano y otros vs. Gobierno de Chile”, dentro del marco de vigencia de la Convención Americana sobre derechos humanos, ha reconocido ampliamente la operatividad del “control de convencionalidad” a practicarse por los jueces nacionales (CIDH, “Almonacid Arellano y otros vs. Gobierno de Chile”, del 26 de septiembre de 2006).
Dicho “control de convencionalidad” se perfila como una herramienta sumamente eficaz para el respeto, la garantía y la efectivización de los derechos descriptos por el Pacto, tal como surge del considerando 124: “La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esa tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.
Al respecto, sostiene Sagües que si una cláusula de una constitución nacional o una norma subconstitucional –como ocurre con el art. 52 de la ley 24.240 y el art. 27 de la ley 13.133- permite por ejemplo dos o tres interpretaciones, el operador deberá preferir la que coincida, y no la que se oponga, a la Convención Americana de derechos humanos. A contrario sensu, ello significa que deberá desechar las interpretaciones de la norma constitucional o subconstitucional, que re
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.