Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 4321
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 4321-21 caratulada "SERVEDIA CARLOS ALBERTO C/ CORREDOR CENTRAL S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)", Expte. N° 62.363 del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia, Roberto Degleue y Bernardo Louise, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia rechazó la demanda que instaurara Carlos Alberto Servedia por vía de juicio sumario contra Corredor Central S. A.. Aplicó las costas a la parte actora, que resulta vencida (Art. 68 C.P.C.). Difirió la regulación de los honorarios profesionales a los letrados, y demás profesionales intervinientes, hasta que exista liquidación para ello (Art. 23 y 51 ley 14.967).-
Tal decisorio fue objeto del recurso de apelación por la parte actora mediante el escrito electrónico de fecha 06/07/2021, concedido libremente y en ambos efectos el 15/07/2021. El 03/08/2021 se ordenó expresar a agravios a la apelante, quien los fundó el 26/08/2021. Con fecha 31/08/2021 se dio traslado a la contraparte. El 23/09/2021 no habiendo la parte demandada evacuado el traslado conferido se le dio por perdido el derecho dejado de usar y se llamo autos para dictar sentencia, providencia, que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.-
Se duele el quejoso señalando que el plexo probatorio no ha sido meritado en su conjunto, achacando como inconsistencia del operador que haya señalado el incumplimiento del deber de seguridad a modo de hipótesis y en el segundo punto que no se ha demostrado que el daño fuera el resultado del menoscabo.-
Afirma que oportunamente se sostuvo que la responsabilidad de la empresa es palmaria respecto de las plantaciones de árboles de mas de 15 / 20 mts de altura, al costado de la ruta y esparcidos por 3 km, que genera un riesgo permanente, pues la caída o una rama puede atravesar la ruta de lado a lado, que dicha prueba se pretendió acreditar mediante mandamiento de constatación, señalando que el juzgador le difirió la producción para después de las testimoniales, y que producidas estas en la vista de causa el operador señaló que evaluaría la necesidad de producción de la misma. Explica que no lo hizo por no considerarlo necesario y que de ese modo el magistrado perdió la oportunidad de constatar la vedad objetiva y su propia inactividad lo llevo a concluir en una hipótesis de que la afirmación del incumplimiento contractual se cumple en autos.-
El segundo agravio lo apontoca sobre la meritación de la prueba testimonial de la pasajera transportada, única testigo del evento, indicando porque tiene valor su relato el que no fue atendido por el a-quo, afirmando que SS no permitió a su parte realización de diversas preguntas, agraviándose también dela valoración dada a los dichos de aquella relativo a los árboles caídos en la ruta y que formaban parte del ambiente cuando el actor da la vuelta para regresar a Pergamino.
Y el tercer punto lo sitúa sobre el análisis de las planas fotográficas en tanto fueron tomadas por el operador para fundar su postura desestimatoria, refiriendo a la ausencia de rayones o raspaduras de ramas. Señala que la zona de terminación del capot donde comienza la zona de parrilla y luces, que conforman la parte frontal, son las que se enfrentaron con la parte del árbol que cae como una guillotina justo de la mano de circulación del vehículo que iba hacia CABA.
Por último se duele de que se haya descartado la pericia técnica en cuanto dice que se trata de afirmaciones dogmáticas vacías de contenido, y pone en cabeza del operador la carga de reenviarle o requerirle explicaciones y no desautorizar las conclusiones.-
3. En los antecedentes surge que el actor es de profesión taxista, quien se desempeña en una parada de la Estación terminal de Ómnibus de Pergamino, que además y principalmente realiza traslados de larga distancia para diversas personas y empresas que habitualmente requieren sus servicios. Relata que el día 11 de febrero de 2019 había sido contratado por la empresa Rizobacter S. A. para trasladar a la Sra. Marisa C Diaz al aeropuerto de Ezeiza. Que emprendido el viaje, a la altura del km 211,5 "una de las partes de uno de los árboles que se encuentran a la vera de la ruta cae por encima de la parte fronto delantera del vehículo, por efecto de la tormenta que se desarrollaba en tales momentos, con fuertes vientos y lluvia". Explica que circulaba a velocidad adecuada y pese a las maniobras no pudo evitar el daño, explicando que esos árboles se encuentra a unos 6 a 8 metros de la ruta que cuentan con aproximadamente 20 m de altura, añadiendo que la caída de ramas representa un peligro permanente, atribuyendo la responsabilidad a la demandada, a título de culpa por el incumplimiento de la obligación de cuidado respecto de las plantaciones linderas a la ruta y por el incumplimiento del deber de seguridad en el marco de una relación de consumo.-
Liminarmente he de señalar que al ser el peaje una típica relación de consumo, también la obligación de seguridad se halla incorporada a su contenido virtual, en tanto así lo establecen expresamente los arts. 42 de la Constitución Nación y 5 de la Ley 24.240, por lo que no es necesario recurrir a la normativa del art. 1198 del Cód. Civil y la prevista en el CCCyN para dar fundamento a su existencia en este tipo de contrato.-
"El vínculo existente entre quien contrata o usa el servicio y el concesionario vial, es una relación de consumo, pues el que paga el peaje es consumidor en la medida que reúna los requisitos de los arts. 1° y 2° de la ley 24.240 de defensa del consumidor" (Del voto de la Dra. Díaz de Vivar)
Sigo aquí el precedente de la Cámara citada en cuanto trátase de conceptos aplicables en la especie, en punto a la responsabilidad del concesionario. "Esta Sala ha sostenido reiteradamente que la relación entre el concesionario y el usuario de un peaje, resulta ser una relación típica de consumo. Así, nacen para el concesionario dos obligaciones, una principal que es la de habilitar el tránsito por el corredor vial y otra de seguridad, por los daños que el usuario pudiera sufrir durante la circulación a través del trayecto concesionado. En este contexto, el incumplimiento de cualquiera de estos deberes negociales hace nacer la responsabilidad contractual.-
Al resultar el peaje una típica relación de consumo, también la obligación de seguridad se halla indudablemente incorporada a su contenido virtual, en tanto expresamente lo establece la normativa de los arts. 42 C.N. y 5 de la ley 24.240 de Protección al Consumidor. Consecuentemente, en orden a la normativa vigente, no resulta necesario recurrir a la normativa del art. 1198 Código Civil para dar fundamento a su existencia en este tipo de contrato (conf. esta Sala, "Minervino, Hugo G. v. Red Vial Centro S.A.", del 06/07/2006; "Croceri Héctor Julio y otro c/Autopistas Urbanas S.A. y otros s/daños y perjuicios", del 15/02/2007; "Flores, Alicia Irene c/COVISUR S.A. y otro s/daños y perjuicios", del 08/06/2010, entre otros)."
En la especie el actor invocó en forma concreta la aplicación de las normas específicas que regulan el consumo, aludiendo en su reclamo a un incumplimiento del deber de seguridad.-
Precisamente y a partir de dicho deber se obliga al prestador a adoptar aquellas medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten previsibles.-
" La apuntada previsibilidad puede variar de un supuesto a otro, pues no todas las concesiones viales tienen las mismas características operativas, ni idénticos flujos de tránsito, extensión lineal, condiciones geográficas, grados de peligrosidad o siniestralidad conocidos y ponderados, etc.. En muchos casos, podrá establecerse un deber de previsión en atención al art. 902 del Código Civil que no puede ser exigido en otros, lo cual vendrá justificado por las circunstancias propias de cada situación, siendo notorio que no puede ser igual el tratamiento de la responsabilidad del concesionario vial de una autopista urbana, que la del concesionario de una ruta interurbana, ni la del concesionario de una carretera en zona rural, que la del concesionario de una ruta en zona desértica. Como consecuencia de ello, incumbe al juez hacer las discriminaciones correspondientes para evitar fallos que resulten de formulaciones abstractas y genéricas (CSJN, Fallos 329:4944)." Cfr fallo citado .-
Entonces, la fuente normativa del deber de reparar en el caso concreto surge de la existencia del deber de seguridad puesto en cabeza de la empresa concesionaria que fuera descripta.-
También voy a atender la queja ensayada por el doliente respecto de la valoración probatoria dada por el operador de grado, en cuanto de los elementos colectados surge la existencia del siniestro y el modo de acaecencia, descripto por el actor.-
La experticia técnica fue presentada electrónicamente el 19/12/2019 por el Perito Oficial Ingeniero Mecánico Javier Ferretti, quien tuvo en cuenta los elementos que reseña, tales como las fotografías del automóvil de fs 10/15, Fs. 67 – Presupuesto “Damore Servicios” 20/2/19, Fs. 68 – Presupuesto “N y F” 19/2/19, Fs. 70 – Fotocopia “Título del automotor”, quien contestando los puntos de pericia propuestos indica que "Los daños que se observan en las placas fotográficas de fs. 10 a 15 que se adjuntan se compadecen con la mecánica del siniestro relatada en fs. 76 del presente expediente y "Los valores de repuesto y mano de obra del presupuesto presentado a fs. 67 y 68 del presente expediente (cabe aclarar que son comparativos entre si siendo el más completo en ítems el de fs. 67), resultan coherentes y se compadecen con los valores razonables de mercado de repuestos originales dentro del margen de fecha citada.".-
La impugnación presentada por el letrado de la demandada en forma electrónica en fecha 19/02/2020 no logra conmover el informe técnico del experto.-
Las fotografiás de fs. 10/15 son coincidentes con la descripción de los elementos reseñados (pericia y presupuesto de fs. 67/68) que también van a reforzar la postura probatoria de la parte actora.-
Sobre esta base ha de aditarse la testimonial prestada por quien era la persona transportada por el actor, que declara en la vista de causa, y cuya valoración fue desestimada por el operador, motivando también el agravio.-
Ciertamente la deponente vino a corroborar circunstancias de tiempo, lugar y modo.- El hecho de que se escuche en el audio " un aut...un árbol" en nada desmerece el crédito del relato, en tanto se encargó de apuntar en forma certera descripciones puntuales del viaje contratado, de la tormenta existente, de la lluvia, del lugar cuando describe que arrancaron por la Ruta 8 y que fue pasando Fontezuela cuando sintieron un golpe fuerte, describiendo que había árboles caídos en la ruta, que desaceleró la marcha, que pararon al costado del camino, que el conductor se bajó, que vio los árboles caídos sobre la ruta, en fin, una serie de apuntes sobre el modo de acaecimiento que muestran la credibilidad de su relato.-
Pues bien, en mi opinión, la valoración de los elementos probatorios analizados en forma conjunta a la luz de la sana crítica permite concluir que en el caso existió una causalidad fáctica entre el daño que recibió el vehículo del actor y la violación al deber de seguridad por parte de la concesionaria, provocada por la caída de árboles sobre el vehículo que concurrieron en la producción el accidente.-
Entiendo que ello debe ser así, en tanto nuestro sistema de responsabilidad civil ha adoptado la teoría de la causalidad adecuada, que conduce a una valoración más amplia que la que otorga la de la causa próxima que sigue la visión mecanicista de los hechos. Sino también considerar otras circunstancias relevantes vinculadas adecuadamente con el hecho de marras, es decir, con todos aquellos hechos que, en el curso normal y habitual de los acontecimientos, son susceptibles de producir el resultado en cuestión (esta Sala, "Ayala, Luis Eduardo c/García, Raúl Oscar y otros s/daños y perjuicios", del 03/10/2007, rec. n° 468.922).-
La lógica indica que la existencia de árboles de mucha altura a la vera de una ruta configuran per se una situación de peligro previsible para un prestador de servicios concesionados, circunstancia que en el caso se encuentra también causalmente vinculada con la producción del daño. En ese sentido, cabe destacar que las fotografías obrantes en la causa penal dan cuenta de que la altura de los árboles que había en el lugar tornaba peligroso en caso de tormenta que se desprendiera las ramas o se cayeran esos arboles por sus grandes dimensiones difícil la visualización del tronco, aún cuando era de grandes dimensiones. Lo expuesto demuestra un incumplimiento a los deberes de seguridad y prevención que le son exigibles a la recurrente, tanto más tratándose la vía concesionada de una ruta nacional (v. CSJN, Fallos 330:2533, voto del juez Lorenzetti).-
Sobre el punto, no me caben dudas de que pesaba sobre la concesionaria la obligación de remover no solo los objetos que se encontrasen sobre el corredor, sino también sobre la zona próxima al mismo.-
Nótese que en el responde del oficio agregado a fs. 232/234 signado por el revisor técnico de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones de la Dirección nacional de Vialidad se informa que "El corredor central realiza tareas de mantenimiento y conservación. Una de las tareas es de conservar y mantener la forestación existente con podas y/o extracciones en caso de ser necesarias.", agregando que en este caso puntual no estaba contemplado en el cronograma de trabajo a realizar ninguna de las tareas mencionadas; expresión ésta de modo alguno releva a la empresa concesionaria de su deber de seguridad.-
III. Rubros reclamados:
Como consecuencia lógica de la distinta valoración de la responsabilidad civil que desde aquí se propicia, se torna necesario abocarse a la tarea de determinación de la procedencia y cuantificación de los rubros resarcitorios reclamados.-
Respecto al daño material, teniendo en cuenta los presupuestos de reparación de fs. 67 y 68 de cuyo contenido resulta un valor mínimo de refacción de $ 108.000, las fotografías obrantes a fs. 10/15 que devienen demostrativas de la avería del vehículo en cuestión, la pericia mecánica de fecha 19/12/2019 que avala la razonabilidad del monto pretendido en concepto de reparación y el certificado de título automotor que consta a fs. 70/71, surge que el actor es titular del vehículo interviniente en el accidente de autos y que el monto reclamado en concepto de reparación guarda razonable congruencia con las constancias de la causa, por lo que cabe establecerlo en la suma de $ 108.000 con más intereses a la tasa pasiva más alta que paga el Banco Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a 30 días, desde la fecha del hecho (11/2/2019) hasta el efectivo pago.-
En cuanto a la pérdida del valor venal del automotor siniestrado, he de adoptar un criterio distinto y habré de descartar su procedencia. Para decidir de tal modo, tengo en consideración que el actor no ha alegado ni probado que la reparación efectuada no ha resultado apta para la plena reconstitución material y funcional del automóvil, siendo ello - a mi criterio- un presupuesto necesario para justificar una pérdida de valor venal del vehículo en cuestión.-
Es que si el automóvil hubiera sido restablecido a la misma condición que tenía con carácter previo al accidente en estudio no se observa por qué el mismo habría perdido valor y, aún cuando ello fuese así por cualquier circunstancia ajena al estado del vehículo, le correspondía al actor la carga de acreditarlo, circunstancia que no se evidencia en autos. Por su parte, el dictamen pericial del Ing. Ferreti obrante en presentación electrónica de fecha 19/12/2019 se limita a afirmar la razonabilidad de los valores de "repuesto y mano de obra", pero no se pronuncia respecto a la pérdida de valor venal del automóvil.-
En cuanto al lucro cesante, habrá de coincidir en su procedencia, por cuanto con base en las constancias indicadas ut supra, ha quedado probado el menoscabo operado sobre el vehículo, la necesidad de afectarlo a un proceso de reparación, que el actor le otorgaba al automóvil un destino laboral (ver facturas de fs. 16/66), y partiendo de la base de que el plazo de 45 días necesario para ello no luce desproporcionado teniendo en cuenta la entidad de las averías existentes, puedo afirmar con el grado de plausibilidad que exige el ordenamiento procesal civil para tener por reputada cierta una hipótesis de hecho (art. 386 del CPCCBA), que el lucro cesante se ha verificado como un perjuicio indemnizable.-
No obstante, discreparé en la cuantía que el accionante pretende asignarle al rubro de referencia. Sin dejar de reconocer la mayor dificultad que acarrea la determinación numérica de este concepto en supuestos de ingresos variables como el que acontece en la especie, entiendo que la estimación de referencia puede alcanzarse a través de un promedio de la actividad habitual realizada por el actor durante períodos próximos a los del accidente para lo cual tendré en cuenta los importes informados en las facturas obrantes a fs. 16/66.-
Al mismo tiempo, ponderaré el monto que el propio actor reclamó por este rubro en la carta documento de fecha 20 de febrero de 2019 para compensar la merma de su utilidad. En tal oportunidad, dicho importe ascendió a la suma de $ 60.000 pesos mensuales.-
Por lo que a razón de 45 días, la suma perdida sería de $ 90.000, lo cual a su vez guarda relativa proporcionalidad con los emolumentos obtenidos por el afectado en lapsos temporales similares. Ello así, habré de cuantificar el concepto de referencia en dicha suma con más intereses a la tasa pasiva más alta que paga el Banco Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a 30 días, desde la fecha del hecho (11/2/2019) hasta el efectivo pago.-
En sustento de lo decidido, no puedo dejar de observar que la pretensión posterior de reclamar en demanda un monto superior al estimado extrajudicialmente sin justificar el fundamento de tal variación, resulta contraria a la teoría de los actos propios que exige una coherencia lógica entre las pretensiones de las partes y sus actuaciones pretéritas. Tal proceder encuentra un límite infranqueable en el principio de buena fe (art. 9 del C.C.yC.) a partir del cual se funda la doctrina de los actos propios cuya lógica determina que: "Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (v. SCBA, "Carpinetti, Raúl Jorge c/Fisco de la Prov. de Buenos Aires s/Daños y perjuicios", 17/06/1993). La consecuencia sistémica que deriva de ello es la desestimación del motivo de queja esgrimido en violación al mentado principio (conf. CAP causas Nº 1962. RSD 84/2013 del 26-8-14, Nº 1426 RSD 181/2012 del 14/8-2014, N° 2959 del 20-12-2018 RSD 199/2018, entre otras).-
Respecto a la procedencia del lucro cesante por privación de uso y las cargas probatorias a cargo del reclamante, la jurisprudencia provincial tiene dicho que: "En lo atinente a la privación de uso, resulta lógico presumir la existencia del daño que le importa al titular del vehículo el hecho de no contar con él, pero la circunstancia relacionada a las ganancias que hubiera generado con el uso del rodado, ahora truncadas, sólo puede resultar procedente si ello es demostrado ac
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.