Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 5008
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 5008-23 caratulada "NICOLAI OSCAR RODRIGO Y OTRO/A C/ COOPERACION MUTUAL PATRONAL SMSG S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)", Expte. N° 84300 del Juzgado Civil y Comercial N° 2, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Roberto Manuel Degleue, Graciela Scaraffia, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor Juez Roberto Manuel Degleue dijo:
El magistrado de la anterior sede hace lugar a la demanda incoada por la parte actora, condenando a la demandada a abonar dentro de los diez (10) días de notificada la presente, la suma de $ 121.800 con más sus intereses. Impuso las costas a la demandada vencida. y difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes.
Disconforme con dicho decisorio apelan la parte actora el 1-6-2023 y el apoderado de Cooperación Mutual Patronal SMSG el 31-5-202, siendo concedidos ambos recursos libremente, con efecto suspensivo.
Ingresados los autos a esta Alzada el 3-7-2023, en fecha 11-7-2023 se ordena exprese agravios la parte actora haciéndolo el 3-8-2023, para luego el 8-8-2023 ordenar exprese agravios la codemandada Cooperación Mutual Patronal S.M.S.G. efectuándolo el 21-8-2023, para luego conferir traslado recíproco el 24-8-2023, contestando la parte actora el 4-9-2023, pero no la parte demandada y la citada en garantía evacuado el traslado conferido el 24-8-2023, dándosele por perdido el derecho que ha dejado de usar, llamándose autos para sentencia, providencia que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser resuelta.
Agravios parte actora: Se agravia la parte recurrente del monto indemnizatorio tomando como base para la determinación del Daño Patrimonial en el Punto IV a) y punto V de la sentencia en crisis en el 100% del valor del auto asegurado y que ascendía al momento de la contratación a $ 121.800,00 y debiendo aplicarse intereses a la suma asegurada desde el siniestro hasta el efectivo pago de la condena a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a treinta días, resultando a su entender contradictoria la determinación de la extensión del daño con el propio fundamento del juez de grado ya que sostiene con acertado criterio primero que los actores han de percibir "el 100% del valor del auto asegurado" y luego propone una solución tomando como referencia el valor del vehículo de una póliza que ha sido modificada de manera inconsulta por parte de la Cía de Seguros.
Refiere que se trata de la indemnización por destrucción total de un vehículo originariamente cubierto por contrato o póliza pero que después, y siendo el obrar ilegitimo por parte de la Cía. de Seguros que de modo unilateral, y sin cumplir con el deber de información, modificó los términos y alcances del contrato y de la cobertura.
Sostiene que sin fundamento el sentenciante fijó el monto de dicha indemnización en base a ese contrato, a pesar de que ello resultaba inequitativo en perjuicio del asegurado, y en beneficio de la aseguradora, la cual viene aumentando sus primas, y condenando la sentencia a pagar un valor desactualizado, que solo beneficia a la parte demandada.
Peticiona se revoque parcialmente la sentencia dictada en autos y se deje sin efecto el monto fijado por la sentencia para el rubro daño patrimonial, y se ordene que el monto a abonar sea el que surja de la liquidación a practicarse en base a los mismos valores contractuales pero a la fecha de la sentencia, con más intereses.
En su responde la parte actora solicita se rechacen los agravios expuestos por la demandada, con costas.-
Agravios parte demandada:
Como crítica principal, aduce que el Sr. Juez de grado incurrió en autocontradicción al considerar que el actor no estaba notificado de los nuevos riesgos cubiertos soslayando que el Sr. Nicolai contaba con ambas pólizas de las cuales no es cierto que sea difícil advertir el riesgo cubierto y los montos conforme la documental que se encuentra en autos.
Expresa que en los frentes de póliza, acreditados mediante la pericial contable y anexados por la contraria y su parte al contestar la demanda, los mismos dicen de manera clara y con una redacción muy fácilmente legible: "Coberturas: responsabilidad civil hacia terceros transportados y no transportados; daño total y parcial por incendio", etc. y al lado de cada uno el monto de cobertura. Es decir, es muy claro y la reglamentación de la materia así lo prescribe que se debe hacer para que el asegurado pueda interpretar y saber el alcance de su seguro; Más técnicamente que riesgo tiene cubierto y cual no.
Considera que tal circunstancia evidencia que el asegurado tuvo frente a sí las condiciones de cobertura de cada contrato estando de tal manera, o contando con los elementos objetivos para estar informado de manera cierta, clara y precisa del alcance de la cobertura y, sin perjuicio de ello, nada dijo hasta que le aconteció el siniestro tres meses luego de la renovación.
Agrega que la legislación no impone ningún medio de notificación del nuevo contrato para que este surta efecto. Sólo la entrega de la póliza para que vista, leída, estudiada y/o hecha ver por el asegurado, en el plazo de 30 días de recibida, pueda requerir se amplíen o modifiquen las coberturas (art. 12 y ccds. ley 17.418). Sin embargo, señala que nada de esto ha sucedido con lo cual la falta de notificación que endilga el Juez de grado para hacer valer un contrato vencido con coberturas diferentes al vigente no cuestionado luego de 3 meses de ejecución es totalmente dogmática, arbitraria, ilegal e inconstitucional en tanto crea, invadiendo el poder legislativo, un nuevo requisito para hacer surtir efectos a un contrato vigente todo lo cual le quita cualquier validez que se le intente dotar como sentencia.
Especifica que con la efectiva entrega de las pólizas se notificó en forma clara, cierta y detallada de las características del seguro que carecía de pérdida total por accidente dando con ello cabal cumplimiento al deber de información. Por lo que el actor tuvo ambas pólizas y con ello se encontraba notificado de las coberturas que contenían cada una no encontrándose amparado la pérdida total por accidente en la póliza vigente al momento del hecho.
Achaca la omisión de tratamiento de la defensa de prescripción y de la exceptio non adimpleti contractus. En este punto, sostiene que el Judicante de grado, al haber hecho lugar a la demanda debería haber analizado la defensa opuesta más totalmente por alto paso la misma y su prueba. No obstante, refiere que ningún renglón le dedicó, nada dijo sobre tal planteo conducente incurriendo en incongruencia (citra petita) violando de plano el derecho de defensa en juicio de mi parte circunstancia que echa por tierra, como se dijo a lo largo del presente, la sentencia que se critica como acto jurisdiccional válido debiendo declararse la nulidad de la misma. I.- Entrando a resolver, he de advertir en primer término que efectivamente, y como refiriera la parte demandada en su expresión de agravios, las excepciones de prescripción e incumplimiento contractual no han sido tratadas en la sentencia apelada a pesar de haber sido oportunamente deducidas en la contestación de demanda de fecha 26/9/2019 tal y como surge incluso de las propias resultas de la resolución recurrida.
Frente a la omisión señalada, la parte demandada pide la nulidad de la sentencia por incongruencia objetiva. Sin embargo, entiendo desde aquí que, aunque es cierto que se ha omitido el abordaje de sendas cuestiones relevantes para la resolución de la causa, la consecuencia jurídica de la falta de tratamiento de las mismas no ha de ser la anulación del fallo apelado, sino su tratamiento efectivo en esta instancia, por aplicación normativa directa del art. 273 del CPCC que habilita al tribunal a decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria, y siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios.
Lo expuesto nos reconduce a recuperar aquí las argumentaciones vertidas por el apelante al momento de deducir las referidas defensas.
II. Así pues, en punto a la prescripción, el recurrente había dicho que, dado que el accidente se produjo en fecha 16 de mayo de 2018 y la demanda se interpuso en fecha 16 de agosto de 2019 -y aún teniendo en cuenta el plazo suspendido a raíz de la mediación-, al momento de la interposición de la demanda ya había transcurrido holgadamente el año previsto por la ley de seguros (art. 58 de la ley 17.418). Y, que no obstante el intento de subsumir la pretensión en la ley de defensa del consumidor, el plazo prescriptivo especial previsto en la Ley de Seguros tuvo en miras la valoración del riesgo económico específico que el contrato implica, el que no podría quedar alterado -sin más- por la Ley de Defensa de los Consumidores.
Al respecto, he de anticipar que no coincido con lo expresado por el apelante por cuanto ante la disyuntiva normativa planteada entre el plazo anual previsto por el art. 58 de la ley de seguros 17.418 y el plazo de 3 años contemplado por el art. 50 de la ley del consumidor, ha de prevalecer aquel término prescriptivo que resulte más favorable al consumidor -categoría en la que encuadra el actor como destinatario final del servicio contratado (art. 1 de la ley 24.240)-, pues así lo dispone la pauta de prelación interpretativa (art. 3 de la ley 24.240) y normativa (art. 1094) que resuelven los conflictos jurídicos suscitados en los supuestos de concurrencia legal.
En esta línea, ha dicho la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes que: "... en materia de prescripción de acciones derivadas de un contrato de seguro, planteándose una disyuntiva entre dos leyes especiales, como lo son la Ley de Seguros que contempla un plazo de prescripción de un (1) año y la Ley de Defensa Del Consumidor que establece un plazo de prescripción de tres (3) años, la opción ha de deber decantarse por el plazo más favorable al consumidor, por ende, el plazo más largo (arts. 58 ley 17.418 y 50 ley 24.240, sustituido por la ley 26.361). Ello así, toda vez que el presente caso se encuadra dentro del plexo normativo protectorio del consumidor y el Código Civil y Comercial vigente a la fecha del hecho generador del reclamo, establece en su art. 1094, bajo el título "Interpretación y prelación normativa", que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el del acceso sustentable, agregando seguidamente que en caso de duda sobre la interpretación de este código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor (CC0202 LP 128845 RSD 40/21 S 09/03/2021). En ese sentido, tiene dicho el Superior provincial que, a partir de la reforma introducida por la ley 26.361 al régimen normativo de usuarios y consumidores, ninguna duda cabe acerca de que el plazo de prescripción establecido por el art. 50 de la ley 24.240 incluye a las acciones judiciales emergentes de los contratos de consumo, entre los que cabe contabilizar, según las circunstancias, a los contratos de seguro (SCBA LP C 107516 S 11/07/2012). En igual dirección se han expedido diversas Cámara de Apelación (v. CC0103 MP 161294 113 S 23/06/2016; CC0100 SN 4879 S 04/02/2020; entre otras)".
III. En lo concerniente a la excepción de incumplimiento arguye que la legislación prevé un procedimiento previo consistente en la baja de la unidad y la entrega de la documentación a la aseguradora para que luego esta pueda abonar la indemnización por daño total. Al respecto, precisa que con la pericial contable producida en autos su parte acreditó la existencia de tal recaudo previo y el incumplimiento del mismo por parte de la actora circunstancias objetivas éstas que nutren y tornan viable la mencionada defensa. Puntualiza que el experto en su pericia de fecha 16/3/2022, en el punto j), manifestó que para poder percibir la indemnización era necesario que de manera previa se dé de baja el vehículo y fundó lo expuesto en las normas correspondientes que describe y, párrafo aparte, en el punto k), dictaminó que el hoy actor no adjuntó a la aseguradora constancia de titularidad del automotor ni certificado de baja del mismo.
En este aspecto, entiendo que la mentada defensa tampoco habrá de tener favorable acogida. Es que, si se considera el contexto general de la relación contractual trabada entre las partes, no ha habido estrictamente un incumplimiento imputable a la accionante en relación a la acreditación del requisito de referencia.
Más ello no obedece a que ésta última ha cumplido con el recaudo analizado -cuestión no acreditada en autos-, sino a que la parte demandada, en lugar de solicitar la entrega del certificado de baja, ha adoptado la postura de negar la procedencia de la cobertura contratada. Y toda vez que el requerimiento por parte de la aseguradora de presentación del certificado de baja constituye una condición necesaria para invocar la mora del acreedor, la omisión de hacerlo impide que la compañía aseguradora pueda valerse de tal circunstancia para fundar el incumplimiento del asegurado y eximirse del deber de indemnidad a su cargo. Tal circunstancia se desprende del art. 5 de la ley 17.418 que establece que: "Las compañías o empresas de seguros en el caso de ser titulares o poseedoras de un rodado que calificaren en categoría de "destrucción total" estarán obligadas a inscribirlo en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, acompañando un acta de inspección que así lo acredite y solicitando el certificado de baja".
A mayor abundamiento, e íntimamente vinculado con lo anterior, es menester agregar que la pretensión del asegurador de exonerarse de la obligación de indemnidad con base en la alegada falta de baja de la unidad, importa una contradicción con el propio comportamiento asumido en las tratativas desarrolladas con el asegurado, cual fuera rechazar la cobertura por no inclusión del rubro destrucción total como riesgo asegurado. Es que mal podía pretender el asegurador que el asegurado haya dado de baja la unidad como parte del trámite tendiente a cobrar la indemnización por el concepto aludido, cuando de antemano le comunicó que no asumiría la cobertura de dicha contingencia. Todo ello sin perjuicio de la obligación de éste de proceder en tal sentido una vez declarada la responsabilidad obligacional de aquél.
Tal proceder encuentra un límite infranqueable en el principio de buena fe (art. 9 del C.C.yC.) a partir del cual se funda la doctrina de los actos propios cuya lógica determina que: "Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (v. SCBA, "Carpinetti, Raúl Jorge c/Fisco de la Prov. de Buenos Aires s/Daños y perjuicios", 17/06/1993). La consecuencia sistémica que deriva de ello es la desestimación del motivo de queja esgrimido en violación al mentado principio (conf. CAP causas Nº 1962. RSD 84/2013 del 26-8-14, Nº 1426 RSD 181/2012 del 14/8-2014, N° 2959 del 20-12-2018 RSD 199/2018, entre otras).-
IV. Dilucidadas estas cuestiones previas, se impone avanzar sobre los temas resueltos que han sido materia de agravio y que abren el campo de la tarea estrictamente revisora.
Por razones de índole metodológica, me abocaré primeramente al tratamiento del agravio vertido por el demandado en relación a que el asegurado no habría sido informado de la modificación del alcance de la cobertura contratada, a lo cual el apelante contrariamente aduce que el accionante fue efectivamente anoticiado respecto a la modificación contractual señalada.
A los efectos de ponderar debidamente la procedencia de la crítica recursiva aquí esbozada, es preciso señalar que el fundamento de la decisión cuestionada no radicó en la omisión de brindar información respecto a la alteración contractual en punto a los riesgos cubiertos (aspecto que hasta el propio sentenciante tiene por efectuado en las condiciones de la póliza), sino en un déficit respecto a la entidad y calidad de la información jurídicamente exigible por el consumidor. Dicho de otro modo, el a quo no basó su decisión en un incumplimiento absoluto, sino en un cumplimiento defectuoso del deber de información.
Efectuada tal aclaración, corresponde determinar si la indicación del riesgo cubierto por la póliza en el instrumento de referencia puede calificarse como suficiente para tener por cumplido el deber de información en cuanto a tal aspecto incumbe.
En aras de pronunciarme sobre tal cuestión, deviene útil efectuar una aproximación conceptual y jurídica al deber de información. En este sentido, se lo ha calificado como un deber jurídico obligacional, de causa diversa, que incumbe al poseedor de la información vinculada con una relación jurídica o con la cosa involucrada en la prestación, o atinente a actividades susceptibles de causar daños a terceros o a uno de los contratantes, derivado de dicha información, y cuyo contenido es el de poner en conocimiento de la otra parte una cantidad de datos suficientes como para evitar los daños o mitigar la inferioridad negocial que pueda generarse en la otra parte si no son suministrados (PÉREZ GARCÍA, Pedro Antonio, El deber de información en la contratación privada, Ministerio de Sanidad y Consumo, Instituto Nacional del Consumo de España, Madrid, pag. 56).
En el estado actual del derecho, el deber de información se ha constituido como un presupuesto básico de las relaciones jurídicas, y su violación puede aparejar efectos relevantes, llegando incluso a anular el consentimiento prestado (y por tanto el acto jurídico al que éste se vincula) y/o generar obligaciones indemnizatorias (Cf. HEDEMANN, J. W., Tratado de Derecho Civil. Derecho de las Obligaciones, vol. III, RDP, Madrid, 1958, pag. 51).
En cuanto a su fundamento jurídico general, este deber deriva del principio de buena fe, el cual ha sido tipificado en el artículo 9º del Código Civil y Comercial, y cuenta con numerosas proyecciones transversales en todas las relaciones jurídicas que regula este nuevo cuerpo normativo.
En punto a su extensión operativa en las diversas fases de la relación jurídica obligacional, la doctrina nacional y extranjera coincide en que el deber de información actúa no sólo en la etapa "precontractual", sino también durante la "ejecución del contrato". Mientras que, en el primer supuesto, la información de todas aquellas circunstancias que refieren a la prestación en sí, y a las condiciones económicas y jurídicas de adquisición del producto o contratación del servicio, tiende a facilitar la emisión de un consentimiento esclarecido, informado y por tanto plenamente eficaz, en el segundo caso, básicamente se presenta como un efecto del contrato perfeccionado, que persigue, principalmente, que el consumidor o usuario pueda hacer valer sus derechos (HERNÁNDEZ, Carlos A. - QUAGLIA, Marcelo C. , Consideraciones sobre las recientes reformas a la LDC. Una mirada desde el subsistema de protección del consumidor. Publicado en: SJA 02/11/2016, 02/11/2016, 30 Cita Online: AP/DOC/1111/2016).
Cuando nos trasladamos a la esfera de los consumidores, el deber de información adquiere una hondura especial, no bien se constata que: “…el objetivo prioritario del movimiento viene configurado por la necesidad de profundizar las comunicaciones al público, sobre el complejo de los elementos determinantes para la libre elección de las operaciones económicas más convenientes” (STIGLITZ, Gabriel A., P
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.