Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132390
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la apelada resolución de fecha 01/06/2022 y se dispone que en la instancia de origen deberán regularse honorarios provisorios a la mediadora prejudicial, doctora Romina Elena Ausili, que ha intervenido en estos obrados. Sin costas, por tratarse de agravios generados de oficio y atento la falta de contradicción (art. 68 y su doct., CPCC).
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 132390; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº23 - LA PLATA
DE LA PORTILLA HECTOR DANIEL C/ MOABRO CARLOS EDUARDO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)
La Plata, 01 de Noviembre de 2022.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a fin de tratar el recurso de apelación en subsidio interpuesto y fundado en el escrito electrónico del día 03/06/2022 por la mediadora doctora Romina Elena Ausili, contra la resolución del 01/06/2022 en cuanto desestima la fijación arancelaria a su favor con fundamento en que la ley 13.951 (que establece el régimen de mediación como método alternativo de resolución de conflictos judiciales en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires) y su decreto reglamentario 2530/10 de aplicación al caso (luego derogado por el decreto 43/2019 y este último posteriormente por el decreto 600/2021) no prevén la posibilidad de que por el sólo hecho de haber fracasado la instancia prejudicial el magistrado deba establecer, ya iniciado el proceso judicial, honorarios “provisorios” o “a cuenta” de los que luego se fijen en carácter definitivos. El remedio se concedió -previo rechazo de la revocatoria deducida- y se ordenó sustanciar a través del proveído del 09/06/2022, mereciendo el silencio de las partes intervinientes (ver trámite del 08/07/2022, sistema Augusta).
2. En prieta síntesis, se agravia la recurrente sosteniendo que su petición de regulación de honorarios en carácter de mínimos y provisorios, a cargo del requirente por la suma equivalente a nueve jus arancelarios o la menor cantidad que corresponda en función del importe del reclamo y a cuenta de lo que correspondiese si se dictase sentencia o se arribase a un acuerdo según el art. 27 del decreto 2530/10 reglamentario del art. 31 de la ley 13.951 vigente al momento de realización de los trabajos profesionales, encuentra sustento en la norma procesal del art. 31 inc. 8 del Dec. 600/21, aplicable al caso de manera inmediata en virtud del art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación -en adelante, CCyC-, que habilita dicha solicitud ante la inactividad procesal imputable al requirente por más de noventa (90) días corridos.
Alega que el juicio permaneció paralizado desde el 17/07/2018, con último impulso procesal de la parte actora en fecha 30/05/2017, quedando pendiente notificación e integración de la litis a su cargo desde el día 17/08/2017.
Manifiesta que la paralización de las actuaciones no le fue notificada, generando vulneración de su derecho remuneratorio por verse impedida en virtud de dicha omisión de impulsar gestiones tendientes a materializar la determinación y cobro de los honorarios devengados.
Refiere que el acta de cierre de mediación data del día 08/10/2014 y las actuaciones judiciales fueron iniciadas el 09/12/2014, dos días posteriores de vencido el plazo de 60 días para hacerlo.
Por último, solicita se intime a las partes a denunciar si han arribado a un acuerdo (ver escrito electrónico de fecha 03/06/2022, sist. Augusta).
3. A. Abordando la labor revisora, cuadra señalar que tratándose de tareas profesionales llevadas a cabo con anterioridad a la entrada en vigencia de los decretos 43/19 y 600/21 -invocado por la apelante-, y por ende consumadas bajo la vigencia del régimen anterior, la normativa específica aplicable al caso es el decreto 2530/10 (arts. 3, Código Civil -CC-; 7, Código Civil y Comercial de la Nación -CCyC-; esta Sala, doct. causas 122800, RSD 218/17, sent. del 06/11/2017; 112755, RSD 287/18, sent. del 09/10/2018; 126926, RSI 54/20, sent. int. del 10/03/2020; 130115, RSI 388/21, sent. int. del 02/09/2021).
Si bien esta Sala en la causa "Consentino, Eduardo David c/ Cervan Carlos Diego s/ Daños Y Perj. Autom. c/ Les. O Muerte (Exc. Estado)", causa 120368 (RSD 261/2016 del 23/11/2016) declaró la inconstitucionalidad del artículo 27 del decreto 2530/2010 respecto a la regulación de honorarios definitivos de mediadores, se anticipa que no es aplicable en la especie el criterio allí sustentado, en tanto el presente caso se trata de los honorarios provisorios de la mediadora (arts. 31 ley 13.951, 27 del decreto 2530/10).
B. Con relación al agravio referido a la oportunidad para la regulación de los honorarios, cabe señalar que esta Sala tiene dicho que, no estando establecidos en el acta de cierre de mediación los recaudos referenciados, el mediador puede solicitar válidamente regulación provisoria de honorarios, sin supeditar ello a ningún plazo o acto procesal, interpretación que se impone como exigencia a fin de asegurar la garantía constitucional de la justa retribución del trabajo dispuesta por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional (arts. 14 bis cit. y 17, Const. Nac.; 27 y 28, decreto 2.530/10; causas 121400, sent. del 04/04/2017, RSD 57/17; 126926 y 130115 citadas).
Así, en el caso, habiendo concluido la mediación y no conteniendo el acta de cierre los elementos necesarios para ser considerado un título que habilita la percepción de honorarios (ver copia digital en formato “.pdf” adjunta a la presentación electrónica del 26/05/2022), corresponde se establezcan los estipendios de la mediadora por la tarea desempeñada, con carácter de provisorios y a cuenta del monto que en definitiva le corresponda según la sentencia o acuerdo transaccional que pudiera arribarse en el proceso (conf. arts. 31, ley 13951, 27 y 28, decreto reglamentario 2530/10; 7, CCyC; esta Sala, causas 121400, 126926 y 130115 citadas).
En el expediente que nos ocupa y según surge de la mencionada acta de cierre acompañada (ver aludido “.pdf” del 26/05/2022), se ha cumplido con la etapa de mediación a través de dos audiencias, no realizadas por incomparecencia del requerido, desde el 11/07/2014 al 08/10/2014.
El artículo 27 del decreto 2530/10 establece que se regulará la suma de 9 jus “…o la menor cantidad que correspondiere en función del importe del reclamo…" . Tal regulación es provisoria, en tanto es a cuenta de los que correspondiese si se iniciara posteriormente la acción (art. 27 decreto 2530/2010).
C. Por último, destácase que la intimación solicitada en forma subsidiaria ahora introducida en la última parte del escrito del 03/06/2022 deviene novedosa y -eventualmente- deberá ser planteada en el juzgado de origen, máxime que dicho requerimiento fue incoado en el trámite recursivo sin haber sido previamente sometido al tratamiento de la instancia anterior, debiendo tenerse en cuenta en dicho aspecto la función revisora de esta Alzada (arts. 248, 260, 272, CPCC).
4. Conforme todo lo anterior, es que corresponde revocar la apelada resolución de fecha 01/06/2022, debiendo en la instancia de origen regularse honorarios provisorios a la mediadora prejudicial, doctora Romina Elena Ausili, que ha intervenido en estos obrados (arts. 260, 272, CPCC). Sin costas, por tratarse de agravios generados de oficio y atento la falta de contradicción (art. 68 y su doct., CPCC).
POR ELLO , se revoca la apelada resolución de fecha 01/06/2022 y se dispone que en la instancia de origen deberán regularse honorarios provisorios a la mediadora prejudicial, doctora Romina Elena Ausili, que ha intervenido en estos obrados. Sin costas, por tratarse de agravios generados de oficio y atento la falta de contradicción (art. 68 y su doct., CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia