Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132627
Causa N° 132627; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº22 - LA PLATA
CUELLO WALTER GUSTAVO C/ BUSQUETS JAVIER EDUARDO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)
En la ciudad de La Plata, a los diez días del mes de Noviembre de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 132627, caratulada: "CUELLO WALTER GUSTAVO C/ BUSQUETS JAVIER EDUARDO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)" , se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS .
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada dictada en fecha 18 de abril de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia que llega aquí apelada hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Walter Gustavo Cuello contra Eduardo Luis Busquets y Javier Eduardo Busquets por daños y perjuicios, condenando a los demandados y a la aseguradora citada en garantía, en la medida del seguro y con la salvedad establecida en el Considerando II del pronunciamiento "Federación Patronal Seguros S.A.", a pagarle al actor dentro del plazo de diez días de quedar firme el mismo, la suma de pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIEN ($492.100), con más intereses a la tasa del 6% anual desde el 10 de octubre de 2014 hasta la fecha del dictado de la sentencia, y de ahí hasta el efectivo pago la tasa pasiva más alta publicada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para pagar los depósitos a treinta días vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquéllos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado el cálculo será diario con igual tasa; difirió el tratamiento de la cuestión vinculada con el planteo de inconstitucionalidad de los artículos 31 de la Ley 13.959 [correctamente, 13.951] y 27 del Decreto 2530/2010 para el momento en que se practiquen las regulaciones de honorarios; impuso las costas del juicio a los demandados y a la aseguradora, por resultar sustancial y objetivamente vencidos y postergó las regulaciones de emolumentos profesionales para la oportunidad en que se confeccione la respectiva liquidación.
2. Esta forma de decidir viene apelada por el actor (presentación electrónica del 19 de abril de 2022) y por la demandada y citada en garantía (presentación electrónica del 21 de abril de 2022); este último recurso que fue posteriormente desistido (presentación electrónica del 7 de septiembre de 2022). El remedio de la legitimada activa fue concedido libremente (proveído del 27 de abril de 2022) y debidamente fundado en esta instancia (presentación electrónica del 26 de agosto de 2022); corrido el pertinente traslado (proveído del 8 de septiembre de 2022), recibió réplica de la contraparte (presentación electrónica del 13 de septiembre de 2022). Posteriormente, se llamó autos para sentencia (proveído del 15 de septiembre de 2022).
3. Los agravios del recurrente se centran en el monto de las indemnizaciones otorgadas y su cuantificación, como en el rechazo de reparación del daño psicológico, por privación de uso y gastos médicos.
Lo duele que, para fijar la indemnización por incapacidad física, se utilice como parámetro de cálculo el salario mínimo vital y móvil cuando se encuentra probado que trabajaba como auxiliar en una escuela.
Compara la reparación dispuesta en la sentencia de grado con la que correspondería en el ámbito laboral, concluyendo que la segunda de ellas resultaría más elevada. A partir de allí califica al decisorio apelado de erróneo.
Pone en crisis que no se hayan aplicado a la causa las pautas del Código Civil y Comercial, destacando que la determinación del daño (fecha de la pericia) data del año 2018, haciendo pie en la necesidad de aplicar pautas matemáticas. Menciona al efecto las fórmulas “Votto Mendez” y “Acciarri”, reclamando que se utilice esta última.
Considera que, a partir de la obligatoriedad de contratar seguro para poder circular, el demandado se convierte en consumidor y él en usuario, debiendo aplicarse las normas relativas al régimen tuitivo del consumo.
Sobre la indemnización por daño físico resalta que probó debidamente los ingresos del actor y que esta circunstancia fue soslayada por el sentenciante.
Alega que a partir de allí el resultado del cálculo efectuado es menor al que debiera producirse en caso de tomar el trabajo como auxiliar en educación.
También se queja que se haya establecido como tope para estimar la indemnización la edad de jubilación, pues allí no desaparece la incapacidad del damnificado.
Concluye que de esta forma no se cumple con el carácter de integral de la reparación.
Se agravia del monto otorgado en concepto de daño moral por exiguo. Discurre que éste debería prosperar en aproximadamente un 20% del total del monto del resto de los rubros.
Alega que en este caso surge del informe pericial que el actor sufrió incapacidad permanente psíquica, correspondiendo para la determinación del daño moral hacer mérito del dolor, los padecimientos, la angustia, el menoscabo, la inquietud espiritual, las molestias producidas en la víctima por los daños psíquicos y las secuelas de los mismos.
En lo tocante con el daño material, reclama que sea valuado al tiempo de la sentencia o momento más próximo a la época que sea posible, recalcando que la pericia mecánica fue presentada el 16/05/2021 y la sentencia se dictó en el mes de abril del 2022.
Aduna que en épocas de distorsión económica, con tanta inflación, con el problema que causa la cotización de dólar en los repuestos del automotor y que luego influyen en la mano de obra, el monto de la indemnización que se establece como actual no cumple con la función de reparación, ni es integral.
A ello suma que la tasa de actualización para el rubro en tratamiento se fijó en el 6% anual como si fuere un monto actual, cuando no lo es.
Desarrolla el método que debiera seguirse para la fijación de la reparación.
Se duele del rechazo de reparación por privación de uso, considerando que no se trata de un daño que no ha sido probado, alegando que la jurisprudencia entiende que no se requiere evidencia sobre su existencia.
No desconoce ni niega que exista jurisprudencia en consonancia con lo resuelto en la instancia, pero entiende acreditado que el actor, además de ser portero, suplementariamente hacía changas, circunstancia que acredita que al momento del accidente se desplazaba con un carro o tráiler.
Se disconforma del rechazo del daño psicológico, alegando que no resulta adecuado apartarse de las conclusiones diagnósticas a las que llegó la experta actuante.
Se queja que la forma en que se decide, afecta su derecho de defensa en juicio y además, -dada la circunstancia agravante- que la pericia no fue impugnada por la demandada, la vuelve parcial y suple, la actividad de la demandada, la reemplaza, la protege, la complementa, en perjuicio de la otra.
Agrega que considerar infundada una pericia, apartándose de su dictamen, sin previamente, solicitar alguna aclaración de los temas en los que razonablemente considera que le generan duda y el magistrado considera se apartan del sentido común, sin permitir bilateralizar sus cuestionamientos afectan el derecho de defensa de esta parte y suple el accionar de la demandada, que “paradójicamente”, no impugno el dictamen, ergo; consintió los términos y conclusiones de la pericia psicológica.
Destaca la declaración de los testigos en dirección de probar el menoscabo.
Relacionado con el agravio anterior, el actor se queja de la forma en la que la sentencia analiza la pericia psicológica, por resultarle prejuiciosa y que no se basó el informe únicamente en las denuncias del actor. Al respecto destaca que el informe técnico da cuenta de la realización del test de la personalidad o HTP y el cuestionario desiderativo, aplicando su bagaje técnico a la experticia en particular.
Reclama que, de otorgarse el rubro sea indemnizado conforme las pautas matemáticas que expone y que también el tratamiento psicológico incluya la reparación ya que ha sido expresamente determinado por el perito actuante.
Finalmente, pone en crisis la ausencia de resarcimiento por privación de uso, gastos de atención médica y lucro cesante, todo ello basado en la regulación del derecho del consumidor y el usuario.
4. Cuadra iniciar el tratamiento del recurso abordando los planteos relativos a la ley aplicable.
4.1. Al igual que lo decidido en la instancia anterior, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil anterior, por ser la ley aplicable al momento de la ocurrencia del evento -10 de octubre de 2014- (arts. 3, CC; 7, CCCN).
Aun así, asiste razón al apelante dado que, aun cuando el hecho dañoso se consumó durante la vigencia de la norma referida, no así las consecuencias que de él derivan. Por ello, se impone diferenciar la existencia del daño de su cuantificación. Como reseña Aída Kemelmajer de Carlucci, la segunda de estas operaciones debe realizarse acorde la ley vigente al momento en que la sentencia fija su extensión o medida (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, segunda parte, Editorial Rubinzal - Culzoni Editores, pág. 234).
Éste deviene un criterio ya compartido también por la jurisprudencia. Así se ha expresado que: “El art. 1746 del Código Civil y Comercial es aplicable a una acción de daños intentada antes de su entrada en vigencia, en tanto la norma no se refiere a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar) sino sólo a las consecuencias de ella (art. 7, CCyC), máxime cuando la regla no varía la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, sino que únicamente sienta una pauta para su liquidación” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re : “A. A. R. c. G. A. M. s/ daños y perjuicios”, sent. del 28/10/2015, publicado en: RCCyC 2016 (abril), 150; RCyS 2016-VII, 155, cita online: AR/JUR/63674/2015).
Por lo tanto, al tratar los rubros cuyos montos debate el recurrente, haciendo lugar a los agravios del actor en este extremo, se acudirá a los artículos pertinentes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (conf. esta Sala causas 121.394, sent. del 1/6/2017; 124.349, sent. del 19/02/2019 entre otras).
4.2. Distinta suerte ha de caberle el reclamo de aplicación de las reglas emanadas del régimen tuitivo del consumidor y el usuario.
Tal como lo he desarrollado en la causa 123885 (sent. del 30/04/2019, RSD 96-19), el hecho de que el seguro esté comprendido dentro de los contratos en donde existe una relación de consumo no implica desnaturalizarlo ni desoír sus características propias, sino integrarlo con los principios tutelares del derecho consumeril.
Es así que el asegurado tendrá con los principios interpretativos de su condición de consumidor, tutela adicional frente a cualquier forma de abuso y le jugará la interpretación favorable en caso de duda, pero la naturaleza y esencia del seguro no cambiará, pues ese ha sido el propósito al asociarlo al consumo (conf. Gregorini Clusellas, E. L. "El seguro y la relación de consumo", publicado en LA LEY 2009-A, 1130).
Ahora bien, desde el punto de vista del tercero damnificado, si bien el art. 1° de la ley 24.240 incluye dentro de la definición de consumidor "a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo" por lo que cabe incluir a la víctima de un siniestro vial en ese supuesto, el reclamo contra la aseguradora estará ligado a la medida del contrato de seguro, de conformidad con lo previsto por el art. 118 de la ley 17.418.
Ello toda vez que este convenio no constituye una estipulación en favor de terceros (art. 504 C.C.) porque es celebrado en interés del asegurado (SCBA L 70.757 S 25-10-00). El tercero debe aceptar todos los términos del contrato de seguro. Aún aquellos que eliminan o restrinjan la garantía de indemnidad (SCBA Ac. 33.329 S- 5-11-85).
En el Seguro de Responsabilidad Civil, la obligación del asegurador consiste en mantener la intangibilidad del patrimonio del contratante en razón de las demandas resarcitorias por hechos comprendidos en el seguro. Por ello, la víctima que ha sufrido un daño no puede pretender ignorar las exclusiones a la cobertura y límites indemnizatorios pactados por las partes, sin perjuicio de la obligación del autor del daño de soportar con su patrimonio la diferencia entre el monto asegurado y el adeudado con motivo del hecho dañoso del que haya sido declarado responsable (conf. CNCiv. Sala H 22/03/2000, publicado en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Edit. L.L., año II Nº IV, julio/agosto 2000, pág. 145. CALZ Sala I, RSD 464/01 sentencia del 18/12/01 entre otras).
En este mismo sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado establecido en el antecedente “Buffoni” que “Sin perjuicio de señalar que el acceso a una reparación integral de los daños sufridos por las víctimas de accidentes de tránsito constituye un principio constitucional que debe ser tutelado, y que esta Corte Suprema ha reforzado toda interpretación conducente a su plena satisfacción, ello no implica desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes (arts. 1137 y 1197 del Código Civil) y los damnificados revisten la condición de terceros frente a los mismos porque no participaron de su realización, por lo que si desean invocarlo deben circunscribirse a sus términos (arts. 1195 y 1199 del Código Civil, voto del juez Lorenzetti en la causa "Cuello" y Fallos: 330:3483)” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa “Buffoni, Osvaldo Omar c/ Castro, Ramiro Martín y otro s/daños y perjuicios”. Fallo 337:329 de fecha 08/08/2014).
Agregando que “Que no obsta a lo dicho la modificación introducida por la ley 26.361 a la Ley de Defensa del Consumidor, pues esta Corte ha considerado que una ley general posterior no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial anterior, tal como ocurre en el caso de la singularidad del régimen de los contratos de seguro (M.1319.XLIV "Martinez de Costa, Maria Esther cl Vallejos, Hugo Manuel y otros si daños y perjuicios", fallada el 9 de diciembre de 2009)” (causa citada).
A partir de allí es que no asiste razón al apelante en cuanto califica al accionante erróneamente como usuario cuando en realidad estamos frente a un contrato de seguro en favor del contratante -en este caso del demandado- destinado a mantener la intangibilidad en el patrimonio de éste último cuestión que resulta, en principio, ajena al reclamante.
5. Las disconformidades del actor giran en torno a distintos extremos -expuestos de modo reiterativo y confuso por el quejoso-, pero cuentan con un reclamo central que se erige como hilo conductor de todos ellos: la utilización de pautas y fórmulas matemáticas a los fines de tarifar los rubros indemnizatorios solicitados.
Sobre esta temática -la que he abordado en reiterados antecedentes de esta Sala (causas 125951, RSD 291-19, sent. del 5/11/2019; 126110 RDS 309/2019 sent. del 25/11/2019; 126361 RSD 332-19, sent. del 17/12/2019; 127098 RSD 101-20, sent. del 14/07/2020, e.o)- el art 1746 CCyC dispone que “En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades…”.
La aplicación de fórmulas aritméticas a los fines de indemnizar la incapacidad sobreviniente, ha despertado y despierta distintas posturas doctrinarias y jurisprudenciales, existentes aún desde antes de la sanción del Código Civil y Comercial.
A partir de esos desarrollos, encontramos las posturas receptivas, las que se resisten a la aplicación de las fórmulas matemáticas y quienes la receptan como una pauta orientadora pero no vinculante.
Adhiero a esta última corriente, toda vez que considero que el art. 1746 CCyC contempla una serie de circunstancias que debe ser necesariamente tenidas en cuenta para la determinación de la indemnización, pero de ningún modo una pauta matemática o financiera a la que deba atarse el Magistrado de forma obligatoria y única.
Es que, cuando el artículo 1740 CCyC desarrolla el concepto de reparación, indica expresamente que ésta debe ser “plena”, agregando que debe contemplar “la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie”.
De la interpretación armónica de ambas normativas y de los principios generales en la materia, se desprende que no basta con la aplicación de una fórmula que determine un capital en base a la actividad productiva o económicamente valorable del damnificado, sino que el resarcimiento en materia civil debe tener un marco de valoración más basto y amplio. No tiene como objeto -tal como las reparaciones en el ámbito del derecho del trabajo- solo las limitaciones del orden laborativo, relacionadas con la edad y grado de incapacidad, sino que debe incluir necesariamente las implicancias de la persona tanto desde su faz individual como desde su inserción social, su vida en relación, sus relaciones amorosas, familiares, deportivas, lúdicas, etc. Las que deben ser analizadas detalladamente en cada caso individual.
En este sentido, un aspecto importante de la nueva norma es la referencia a una pauta o criterio matemático de ponderación para determinar una suma global definitiva a título de capital que, invertido adecuadamente, produzca renta o ganancia que le permita al damnificado continuar percibiendo durante su vida útil un monto equivalente al que cobraba antes del hecho nocivo. Si bien la redacción de la norma podría dar margen a otra interpretación, concluyo que mantienen vigor los criterios interpretativos que confieren al razonable arbitrio judicial la función por excelencia de cuantificar los daños. Tanto los parámetros matemáticos como los porcentajes de incapacidad resultantes de prueba pericial han de ser valiosos aportes, pero no obligan matemáticamente al juez, porque -insisto- la cuantía por incapacidad sobreviniente no debe ceñirse a cálculos matemáticos rígidos, cerrados y herméticos, sino que debe fijarse sujeta al prudente arbitrio judicial ponderando la multiplicidad factores particulares de cada caso (enunciadas por el art. 1746 CCyC).
Asimismo, no resulta ocioso destacar que las fórmulas matemáticas predispuestas no están exentas de generar arbitrariedades por su nivel de abstracción.
La Justicia Nacional Civil tiene dicho sobre este tópico “La reparación, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias de cada caso y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza de un margen de valoración amplio, ello concuerda con las pautas de valoración establecidas en el art. 1746 del Código Civil y Comercial” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re : “A. A. R. c. G. A. M. s/ daños y perjuicios”, sent. del 28/10/2015, publicado en: RCCyC 2016 (abril), 150; RCyS 2016-VII, 155, cita online: AR/JUR/63674/2015).
En tanto que “Para decidir el monto de la indemnización, además de acudir a las fórmulas matemáticas y cálculos actuariales que surgieron como una herramienta de orientación para proporcionar mayor ob
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